SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº  238/2013

EXPEDIENTE: S.117/2009

PARTES: Gustavo Gutiérrez Cruz c/ Mendizábal & Asociados Consultores S.R.L.

PROCESO: Beneficios Sociales

DISTRITO: Cochabamba

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 76 a 77 y vuelta, interpuesto por Álvaro Alfredo Mendizábal Fiordoliva en representación de Mendizábal y Asociados Consultores SRL, en mérito al Testimonio de Poder Nº 910/2006 de 31 de mayo de 2006 emitido por ante el Notario de fe pública de primera clase Nº 35 a cargo del Dr. Hugo Melgar del Distrito Judicial de Cochabamba, del Auto de Vista Nº 028/2009 de 27 de enero de 2009, cursante de fojas 72 a 73 pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social de cancelación de sueldos devengados seguido por Gustavo Freddy Gutiérrez Cruz contra el Consorcio recurrente, el responde de fojas 80 y vuelta, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que presentada la demanda y luego del trámite procesal, la Jueza de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, dictó Sentencia el 3 de febrero de 2007, (fojas 53 a 55 y vuelta) declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fojas 16 a 17 de obrados, e IMPROBADA la excepción perentoria de prescripción opuesta por la entidad demandada mediante memorial de fojas 25 y vuelta de obrados, conminándose al Consorcio Mendizabal y Asociados SRL. para que por intermedio de su representante legal Vladimir Mendizábal Aguayo, de y pague a Gustavo Freddy Gutiérrez Cruz dentro del tercero día de ejecutoriada la Sentencia bajo conminatoria de ley el monto total de la liquidación que a continuación sigue:

TIEMPO DE SERVICIOS:                1 años, 3 meses y 2 días

SUELDO INDEMNIZABLE:                Bs. 3.100

Sueldos adeudados (enero/2004  al 12 de noviembre/2004)        Bs.   32.239,96

Menos pagos a cuenta s/fs, 5, 6, 11, 12, 13, 14                Bs.   13.271,60

MONTO TOTAL A CANCELAR:                                        Bs.   18.968,36

En grado de apelación, deducido por ambas partes, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista Nº 028/2009 de 27 de enero de 2009, (fojas 72 a 73) confirmando la Sentencia de 3 de febrero de 2007, sin costas por la doble apelación.

Que, el referido fallo motivó a la entidad demandada a interponer el recurso de casación en el fondo de fojas 76 a 77 y vuelta, en el cual el recurrente esgrime los siguientes argumentos:

Expresa que el Tribunal de Apelación ha violado el artículo 120 de la Ley General del Trabajo concordante con el artículo 1510 del Código Civil; artículo 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, así como el artículo 1503 del Código Civil, dado que conforme se evidencia en el tenor de la propia demanda, los conceptos que se reclaman son supuestos salarios del año 2004, y si se considera la diligencia de fojas 21 de 28 de noviembre de 2006, se colige que la prescripción liberatoria ha operado en forma plena por haber transcurrido más de dos años, por lo que el razonamiento del Tribunal Ad quem de expresar que en materia laboral bastaría la presentación de la demanda y no el acto de la citación, comporta alterar el régimen jurídico de la prescripción y vulnerar nuestro ordenamiento jurídico.

Añade que además, el Tribunal de Apelación ha incurrido en aplicación indebida de la Ley al aplicar injustificadamente disposiciones en el orden laboral a una relación jurídica de naturaleza comercial o a un acto comercial por conexión como lo define el artículo 6 y 9 del Código de Comercio, ignorando la actividad de profesionales libres. Que de la factura de fojas 35 se colige que este documento público, además de configurar una relación comercial, refleja que el demandante cuenta con su propia actividad productiva en Ingeniería como profesional independiente, y que en esta relación comercial no existe regularidad de pagos ni subordinación, y que concurre una factura por un importe y no una factura por el equivalente al supuesto salario mensual, por lo que se aplicó indebidamente el Decreto Supremo Nº 23570. Que la extensión de facturas comporta el desarrollo de actividad por cuenta propia, pues el ánimo de tributación por utilidades refleja lo señalado, y pretender que se encubre una relación laboral, importa un grave error porque el principio de primacía de la realidad no constituye base de criterios subjetivos que pueda generar especulación o meras afirmaciones sin sustento de naturaleza legal.

Además señala que en el Auto de Vista se ha incurrido en error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba de fojas 1 a 14, las que no demuestran una relación laboral, sino mas bien comercial por cuenta propia, además de que la factura de fojas 35 refleja que el pago es por honorarios profesionales por consultoría, destruyendo cualquier posibilidad de una relación de dependencia como se ha establecido en el desarrollo del proceso, factura que no ha sido considerada por los juzgadores de instancia, siendo que la misma tiene fuerza probatoria conforme al artículo 159 del Código Procesal del Trabajo.

Concluye su memorial de recurso señalando que al concurrir las causales de casación previstas por los incisos 1 y 3 del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, solicita se CASE el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare IMPROBADA en todas sus partes.

CONSIDERANDO II: Que, analizados los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es necesario realizar las siguientes consideraciones:

En cuanto a la prescripción que indica el recurrente se hubiera consumado, cabe señalar que de conformidad a lo establecido por el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, concordante con el artículo 163 de su Decreto Reglamentario se establece que “las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas”, y tomando en cuenta que nace el derecho del demandante a la conclusión de la relación laboral que se produjo el 12 de noviembre de 2004, y su acción y derecho comenzó en 5 de octubre de 2006, con la presentación de la demanda, actuación que suspende la prescripción aludida, por cuanto, la ley es clara al establecer que se extinguirán en el término de dos años las “acciones y derechos” provenientes de la ley, tomándose como acciones, la interposición de la demanda ante un juzgado, además de todas las actuaciones que conlleven a garantizar el cobro de sus derechos que por ley le corresponden. De lo que se desprende que conforme consta del cargo de fojas 17 vuelta, la demanda fue presentada ante el Auxiliar de la Sala de Reparos el 5 de octubre de 2006, deduciéndose por tanto que no se infringió las disposiciones legales alegadas en el recurso, siendo pertinente lo señalado en el Auto de Vista recurrido que expresa que la demanda: “…fue presentada en la Unidad de Reparos el 5 de octubre de 2006, (…) es decir en el término de 2 años que fija el artículo 120 de la Ley General del Trabajo para que se extingan los derechos y acciones provenientes de dicha ley, en el entendido de que el cobro de los salarios devengados se hizo exigible a partir del mes de diciembre de 2004 al concluir la relación laboral el mes de noviembre de 2004, debiendo tenerse presente además que conforme a la uniforme jurisprudencia nacional emitida por la Corte Suprema de Justicia, interrumpe la prescripción la presentación de la demanda, solicitudes, reclamos, etc., sin que sea necesaria la citación expresa con la demanda, tal como ocurre en materia civil que tiene su propia normativa al respecto.”

La jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia expresada en el Auto Supremo Nº 394 de 14 de octubre de 2010, dictado por la Sala Social y Administrativa Segunda señala: "Sobre el particular es menester indicar que los principios de protección y de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, se interrumpe la prescripción ya sea por cualquier misiva, nota dirigida al empleador u otro reclamo dirigido ante cualquier autoridad administrativa del trabajo y/o la presentación de la demanda judicial, aunque sea incompetente, no importando que sea legalmente notificada al empleador, inclusive una notificación telegráfica, en fin, toda acción que denote la intención de reclamar los derechos del trabajador (instrumento idóneo) que sirva para pretender cobrar sus beneficios laborales, es decir, que tenga una finalidad interpelativa" (Las negrillas son añadidas). De similar forma versan los Autos Supremos 144 de 31 de marzo de 2011 dictado por la Sala Social y Administrativa Segunda y 105 de 10 de julio de 2012 dictado por la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia.

Con relación a la acusación de que se aplicó injustificadamente disposiciones de orden legal a una relación jurídica de naturaleza comercial, aplicando indebidamente el Decreto Supremo Nº 23570, cabe señalar que el recurrente expresa la aplicación indebida del indicado Decreto Supremo, más no especifica cuál de los artículos que lo conforman ha sido aplicado indebidamente, haciendo improbable el que este Tribunal se exprese al respecto.

Sin embargo, conforme lo tiene establecido acertadamente el Auto de Vista en el numeral 2 de su primer considerando: “En sentencia, atendiendo al principio de la primacía de la realidad, se ha dejado establecido que el actor prestó sus servicios a la entidad demandada en condiciones de subordinación, exclusividad y otros caracteres a los que se refiere el artículo 2 de la Ley General del Trabajo y artículo 1º del D.S. 23570 de 26 de julio de 1993, y ante la situación que denuncia la apelación en sentido que el actor extendía facturas, se tiene que dicha situación por sí misma no demuestra la existencia de un vínculo civil y que a través de esta aparente realidad subyace una relación laboral con las características esenciales que prescriben las normas citadas precedentemente, mismas que fueron correctamente aplicadas en la sentencia apelada.”

Si bien la parte recurrente aduce que la relación laboral fue de naturaleza comercial por la factura extendida por el demandante, sin embargo, analizando las condiciones y características del trabajo realizado por el actor, aplicando el principio de primacía de la realidad, se advierte de manera irrefutable la existencia de elementos propios de una relación laboral, establecidos en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23570 como son: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador; b) la prestación de trabajo por cuenta ajena y c) la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación.

Además, es pertinente acotar que en obrados, la parte demandada no desvirtuó los argumentos de la demanda, ni presentó prueba que acredite lo contrario, toda vez que en materia laboral corresponde al empleador la carga de la prueba en cumplimiento a lo establecido por los artículos 3 inciso h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo.

Por lo que, evidenciándose que se adeudan al demandante los sueldos por el período comprendido entre enero a noviembre de 2004, independientemente de la naturaleza del contrato de trabajo que se hubiere pactado, de conformidad a lo preceptuado por los artículos 7 inciso j) y 162 de la Constitución Política del Estado, corresponde su reconocimiento al ser un derecho adquirido.

Respecto a la acusación de que el Tribunal de Apelación ha incurrido en error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba de fojas 1 a 14, “mismas que no demuestran una relación laboral”, es inexcusable indicar que se debe tomar en cuenta la uniforme jurisprudencia que señala que la apreciación y valoración de la misma por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador." (Las negrillas son añadidas).

En ese contexto, Pastor Ortiz Mattos, en su obra, El Recurso de Casación en Bolivia, expresa “…El error de hecho se da cuando la apreciación falsa recae sobre un hecho material; tal error, en el que incurre el juez de fondo en el fallo recurrido, cuando considera que no hay prueba eficiente de un hecho determinado siendo así que ella existe y que la equivocación está probada con un documento auténtico”, y “El error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. En el caso que nos interesa cuando el juez o tribunal de fondo, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto.”

Si se acusa error de hecho y de derecho, al no tratarse de un mismo y único concepto, conforme señala la doctrina y la jurisprudencia, estos deben desarrollarse de manera separada, objetiva y concreta, ya que en el primer caso, la especificación debe recaer en los medios de prueba aportados al proceso y a los que el juzgador de instancia no le atribuyó el valor que la ley le asigna; y en el segundo caso, el error debe quedar objetivamente demostrado y ser manifiesto como dispone la norma, por lo que debe ser contrastado dicho error con un documento auténtico que lo demuestre, a efectos de que de manera excepcional se proceda a una revalorización de esa prueba.

En el caso de autos, el recurrente expresa que el Auto de Vista incurre en error de hecho y derecho en apreciación de la prueba que cursa de fojas 1 a 14; y, examinado el proceso, se verifica que más bien, dicha prueba corrobora la relación laboral que existió con el demandante, como lo expresa el Auto de Vista en su fundamento, que “Si bien es cierto que la parte demandada al responder la demanda se limitó a oponer contra la misma la excepción de prescripción, ello no implica que la juez omita la valoración de la prueba aparejada al proceso entre ellas los recibos presentados por el mismo actor a fojas 5, 6, 11, 12, 13 y 14, acreditando pagos a cuenta respecto a los salarios de los meses reclamados, tomando como base que el salario fijado para estos meses ascendía a Bs. 3.100 mensual, teniendo esta prueba literal el valor que le asigna el artículo 159 del Código Procesal del Trabajo.”

Con relación a la factura que corre a fojas 35, la cual expresa el recurrente verifica la existencia de una relación comercial por cuenta propia, cabe señalar que en el recurso planteado, no se ha demostrado el error que se aduce en aplicación a lo establecido por el artículo 253 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, no correspondiendo por tanto su revalorización y consideración en esta instancia, además de que oportunamente los juzgadores de instancia de conformidad a lo establecido por el artículo 158 del Código Procesal del Trabajo valoraron en su conjunto toda la prueba aportada al proceso.

En mérito a lo fundamentado precedentemente, se concluye que al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso, el Auto de Vista se ajusta a las normas legales en vigencia, correspondiendo en consecuencia resolver de acuerdo a lo establecido por los artículos 271 inciso 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso con la permisión contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 76 a 77 y vuelta, con costas.

MAGISTRADA RELATORA: Dra. Carmen Nuñez Villegas

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 11 de abril de 2013

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora