SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº  209/2013

EXPEDIENTE: S.97/2009        

PARTES: Gabriel Aguirre Velasco c/ Prisma Comunicaciones S.R.L

PROCESO: Beneficios Sociales

DISTRITO: La Paz

*******************************************************************************************************  

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 185 a 192, interpuesto por Gabriel Gonzalo Aguirre Velasco, del Auto de Vista Nº 236/08 SSA-I de 4 de septiembre de 2008 (fojas 181 y vuelta), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por el recurrente contra la Empresa PRISMA Comunicaciones S.R.L., el memorial de responde al recurso (fojas 193 a 194) los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Cuarto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 73/2006 de 22 de julio de 2006 (fojas 162 a 164 y vuelta), declarando PROBADA en parte la demanda principal, con costas, en consecuencia la entidad demandada a través de su representante legal deberá cancelar al actor la suma de Bs.34.242,72 por concepto de indemnización, desahucio, bono de antigüedad, aguinaldo por las gestiones 2004 y 2005, vacación por duodécimas de la gestión 2005 y prima anual de la gestión 2003, conforme la liquidación inserta en dicha resolución y la aplicación del Decreto Supremo Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

En grado de apelación, por Auto de Vista Nº 236/08 SSA-I de 4 de septiembre de 2008 (fojas 181 y vuelta), la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, REVOCÓ la Sentencia Nº 73/2006 de 22 de julio de 2006 de fojas 162 a 164 y vuelta, sin costas, basando su decisión en el hecho que del contenido del contrato de prestación de servicios cursante a fojas 3 a 6 repetido en fojas 110 a 113 de obrados, se establece que la naturaleza del contrato atañe al ámbito civil, documentos contractuales que no establecen las características propias de un contrato laboral como ser la dependencia y subordinación, así como los horarios de prestación de servicios, más aún  si de obrados se demuestra que el actor emitía facturas.

Que, contra el referido Auto de Vista, el demandante Gabriel Gonzalo Aguirre Velasco, interpuso recurso de casación en el fondo, en el que señala:

Que, el Auto de Vista al establecer que la relación entre la empresa PRISMA  Comunicaciones S.R.L. fue de carácter civil y no laboral y declarar improbada la demanda sin derecho al pago de beneficios sociales, infringió los artículos 4 de la Ley General del Trabajo, 162 de la Constitución Política del Estado, artículo 1 del Decreto Ley Nº 16187 de 16 de febrero de 1979 y artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993.

Señala que, ingresó a la empresa PRISMA Comunicaciones S.R.L. el 3 de enero de 2003 mediante contrato verbal por un tiempo indefinido, desde entonces prestó servicios como diseñador gráfico, sin embargo su empleador para eludir el pago de beneficios sociales en fecha 19 de abril de 2004 le hizo firmar un contrato civil por el plazo de un año hasta el 18 de abril del 2005, para realizar las mismas tareas propias de la empresa, pero al continuar trabajando  se operó la tácita reconducción prevista por el artículo 21 de la Ley General del Trabajo, que su relación laboral concluyó el 6 de junio de 2005 según la carta de despido intempestivo de fojas 8 como se procede en la materia laboral por esta razón aplicando el principio de primacía de la realidad, existen los requisitos esenciales que prevé el artículo 2 de la Ley General del Trabajo y 1 del Decreto Supremo 23570 de 26 de julio de 1993, de relación de dependencia, subordinación, prestación de trabajo por cuenta ajena, estar sujeto a remuneración o salario, además trabajo exclusivo con equipo y en ambientes de la empresa.

Agrega que el Auto de Vista recurrido no valoró correctamente las pruebas como el certificado de trabajo de fojas 1, las declaraciones de testigos de fojas 141 a 143 y vuelta, confesión provocada de fojas 147 y vuelta, que demuestran la existencia de la relación laboral con su empleador y no un contrato civil, que en virtud de los artículos 4 de la Ley General del Trabajo, el artículo 162 de la  Constitución Política del Estado, los derechos sociales son irrenunciables y cualquier acuerdo en contrario es nulo de pleno derecho cuando se pretende burlar la ley, debiendo aplicarse los principios protectores in dubio pro operario y la norma más favorable.

Concluye el memorial, solicitando “…Casar el Auto de Vista recurrido y por el contrario declaren PROBADA en todas sus partes la demanda de fs. 9-12 de obrados, disponiendo el pago de todos los beneficios sociales demandados, sea con imposición de costas…” (Sic.).

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Se advierte que la controversia principal traída en casación, reside en dilucidar si entre el actor y la empresa PRISMA Comunicaciones S.R.L., existió una relación de dependencia laboral sometida a la Ley General del Trabajo o una relación de tipo contractual civil.

Que a efecto de resolver el recurso planteado, y establecer si la relación laboral es de carácter laboral o al contrario de carácter civil, es imperativo hacer una distinción entre los trabajadores dependientes e independientes, los primeros son subordinados, realizan la actividad por cuenta ajena, con sujeción a un patrono, supeditados  a la prestación de un servicio personal, bajo una continua y permanente dependencia, en cambio los segundos, realizan una actividad por cuenta propia, sin sujeción a ningún patrono o empleador, mediante la celebración de actos, obras o contratos de derecho común.

Por otra parte, para resolver las acusaciones vertidas por el recurrente es necesario utilizar uno de los principios más relevantes del Derecho del Trabajo, cual es el de “primacía de la realidad”, toda vez que conforme tiene establecido este Tribunal Supremo, no es suficiente la existencia de un contrato, sino las consideraciones sobre la efectiva prestación del servicio, por lo que el juzgador en la formación racional de sus convicciones, además de ponderar la verdad formal de las probanzas, debe escudriñar en todos los aspectos circunscritos a esa verdad formal, para encontrar, en definitiva, la verdad material de los hechos, sobre la que aplicará el derecho, es decir que, debe primar el principio de la primacía de la realidad, por cuanto, en lo que concierne al tema en materia de análisis, no toda prestación de un servicio personal traduce siempre una relación de dependencia laboral o por cuenta ajena, sometida a la regulación especial de la Ley General del Trabajo y, viceversa, no todo lo que se identifica formalmente como relación civil, en los hechos, se presenta de ese modo.

Que, el principio de la primacía de la realidad importa que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos suscritos entre las partes, deba otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Así, en virtud de este principio laboral, aun cuando exista un contrato -formalizado por escrito- de naturaleza civil, lo que determina la naturaleza de una relación contractual entre las partes es la forma, como en la práctica se ejecuta dicho contrato, con preeminencia de la realidad sobre lo estipulado en el contrato.

Para estos efectos, es importante analizar las manifestaciones y rasgos sintomáticos de los “contratos civiles” y los “contratos de trabajo”. Veamos primero al contrato civil (contrato de obra). Este tipo de contrato, se encuentra regulado por los artículos 732 y siguientes del Código Civil. El contrato de obra, se realiza en forma independiente, sin presencia de subordinación o dependencia del contratante. El contratado se encuentra sujeto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato pero sin llegar a una situación de dependencia jurídica frente a quien lo contrata. Entre otras características de la prestación de servicios no subordinada, el contratado no está sujeto a horario alguno y realiza sus labores a su real saber y entender, es decir, sin seguir normas o directrices emanadas de su comitente, mucho menos puede ser pasible de sanciones disciplinarias por parte del comitente.

Teniendo en cuenta estos criterios, también debemos considerar un aspecto típico de los “contratos civiles de servicios” que es la prestación ejecutada de forma eventual y no exclusiva; es decir, los contratos de servicios civiles son temporales en tanto permiten cubrir necesidades eventuales o accidentales, o dicho de otro modo, son de suma utilidad en tanto permiten atender requerimientos coyunturales del contratante, no implica la configuración de una actividad reiterada y permanente en el tiempo lo que nos estaría indicando la existencia de servicios que constituyen las necesidades permanentes de la entidad y por lo tanto de la existencia de una relación de trabajo. Así, el elemento más común de prueba en este aspecto sería la periodicidad de los pagos.

Con relación al contrato de trabajo, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23570, establece tres elementos esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador; b) la prestación de trabajo por cuenta ajena y c) la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación.

.Al respecto la doctrina enseña que para verificar si una relación tiene características de dependencia laboral, es menester considerar otros aspectos referidos: a) La dependencia laboral y la autonomía técnica y directiva, en el primer caso el trabajador se somete a la estructura  jerarquizada del dador del empleo y, en el segundo caso, el prestador del servicio diseña sus propias estrategias técnicas establece su propia estructura jerarquizada en lo concerniente a la administración empresarial. b) la ajenidad de mercado y la asunción de riesgos, en el primer caso el prestador de servicios  y el emolumento recibido se encuentra desvinculado de las fluctuaciones del mercado y los demás riesgos emergentes en la comercialización del producto final; en el segundo caso, el prestador de servicios, asume el riesgo por su propia cuenta, de modo tal que cualquier eventualidad que suponga desfase económico incidirá directamente en sus ingresos; c) Aceptación tácita de las condiciones laborales, lo que supone que habiéndose pactado una relación laboral el prestador de servicios no reclame su condición de dependencia laboral durante todo el tiempo de esa relación.

Ahora bien, a fin de establecer si en la especie existió contrato laboral o no, es importante definir la prestación del servicio por cuenta ajena y la subordinación, elementos que no se encuentran en la relación contractual de tipo civil.

En este sentido Sanguineti Wilfredo indica que la prestación de servicios es “la obligación del trabajador de poner a disposición del empleador y propia actividad laborativa (operae) la cual es inseparable de su personalidad, y no un resultado de aplicación (opus) que se independice de la misma”. Es decir, la prestación de servicios que fluye de un contrato de trabajo es personal y directa y no puede ser delegada a un tercero. Los servicios que presta el trabajador son directos y concretos, no existiendo la posibilidad de efectuar delegaciones o ayuda de terceros, ya que no puede considerarse una relación contractual de tipo laboral si el servicio no se proporciona personalmente. En una relación laboral, la parte que recibe los servicios está no sólo interesada en la prestación de éstos por sí mismo, sino también en las capacidades personales de un individuo específico, pues se eliminará la existencia de una relación laboral si los servicios son prestados por personas diferentes a la que firma el contrato, no siendo necesario incluso determinar si los otros elementos que crean una relación laboral están o no presentes (como el pago y la subordinación) puesto que la sola ausencia del elemento “servicio personal” es considerado suficiente para eliminar la aplicación de la ley laboral, lo que no significa que una relación laboral puede ser evitada con sólo indicar en el acuerdo entre las partes que los servicios pueden ser realizados por otros individuos. Tal hecho debe confirmarse en la realidad del día a día de los servicios brindados y como tales, los servicios deben ser realizados por la parte contratante o por cualquier otro individuo seleccionado para ese propósito, si el reemplazo cumple el criterio establecido en el contrato.

Por otro lado, respecto a la subordinación, tenemos que es el elemento determinante para establecer la existencia de un vinculo laboral, ya que él constituye el matiz distintivo entre un contrato de trabajo y uno civil. Se define como la condición en la que la autonomía del empleado está limitada, con referencia a la prestación de los servicios, debido al acuerdo oral o escrito con el patrono, viniendo tal limitación de la capacidad del empleador de guiar las actividades del empleado. La subordinación también es considerada como una condición de dependencia real creada por el derecho del patrono de dirigir y dar órdenes, y la consecuente obligación del trabajador de seguir tales órdenes y direcciones y someterse a la voluntad del empleador.

Asimismo, es importante evaluar los siguientes elementos, para establecer la existencia de una relación laboral o no: (i) la exclusividad (como opuesto a la posibilidad de dar servicios a terceros); (ii) el lugar de trabajo bajo el mando del patrono; (iii) el pago fijo y periódico; (iv) la sumisión a jornadas y horarios; (v) no tener la posibilidad de aceptar o rechazar el brindar servicios específicos; (vi) la continuidad de la relación de servicio.

En este contexto, si bien en los hechos se estipuló una relación de carácter civil entre el actor y la Empresa PRISMA COMUNICACIONES S.R.L., haciendo constar expresamente que no existe relación obrero patronal conforme la literal cursante a fojas 3 a 7 repetida a fojas 110 a 114, sin embargo, analizando las condiciones y características del trabajo realizado por el actor, aplicando el principio de primacía de la realidad anteriormente glosado, se advierte de manera irrefutable la existencia de elementos propios de una relación laboral, como es el pago mensual y fijo de la contraprestación del servicio, la obligación de PRISMA COMUNICACIONES S.R.L. de proveer el espacio físico y los materiales de trabajo para la ejecución efectiva de los servicios contratados, la obligación del actor de prestar el servicio con eficiencia, guardando permanentemente una conducta ética, respetar los canales formales de información y las normas internas de la empresa, la suscripción del contrato con términos de referencia que establecen las capacidades personales de un individuo específico, directo y concreto no existiendo la posibilidad de efectuar delegaciones o ayuda de terceros.

Por otro lado, independientemente que el actor emitió mensualmente facturas, el contrato civil que suscribió el actor, y el tiempo de trabajo precedente y posterior a la firma del contrato no fueron para realizar una prestación de forma eventual y no exclusiva; advirtiéndose de la compulsa de antecedentes elementos característicos de laboralidad; es decir, el contrato no fue para cubrir necesidades eventuales o accidentales, que permiten atender requerimientos coyunturales del contratante, existiendo por el contrario, continuidad que implica la configuración de una actividad reiterada y permanente en el tiempo, lo que nos indica la existencia de servicios que constituyen las necesidades permanentes de la entidad y por lo tanto de la existencia de una relación de trabajo.

En consecuencia se advierte que PRISMA COMUNICACIONES S.R.L., ha intentado a través de la suscripción de contratos civiles, ocultar el verdadero contrato de trabajo, por evitar el pago de beneficios sociales, ya que por la naturaleza del cargo desempeñado, éste es de naturaleza laboral; en franca violación a lo impuesto por los artículos 162 de la Constitución Política del Estado (1967) y 4 de la Ley General del Trabajo, que de manera clara y precisa prescriben: "los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos", y artículo 48 I y II de la Constitución Política del Estado (2009) que dispone: "...Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio... Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral…. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”. Así como a lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 28699 que establece: “Cualquier forma de contrato civil o comercial que tienda a encubrir la relación laboral, como acontece en este caso, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente"

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la labor desempeñada por el recurrente se adecua a las previsiones contenidas en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23570, siendo evidentes las violaciones denunciadas en el recurso, por lo que corresponde aplicar los artículos 271 inciso 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, CASA el Auto de Vista Nº 236/08 de fojas 181 y vuelta, y mantiene firme y subsistente la Sentencia Nº 73/2006 de 22 de julio de 2006. Sin multa por ser excusable.

MAGISTRADA RELATORA: Dra. María Arminda Ríos García

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 11 de abril de 2013

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora