SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 204/2013

EXPEDIENTE: S.79/2009                

PARTES: Emerson Aguado Aparicio c/ Cooperativa Agropecuaria 1ro de Septiembre

PROCESO: Beneficios Sociales

DISTRITO: Tarija

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VISTOS: El recurso de casación de fojas 96 a 99, interpuesto por Julio Octavio Villarroel Rosales en representación de la Cooperativa Agropecuaria Primero de Septiembre en mérito al Testimonio de Poder Nº 885/2008 de 18 de noviembre de 2008, (fojas 86 a 87 y vuelta) otorgado por los miembros del Directorio del Consejo de Administración de la Cooperativa Agropecuaria Primero de Septiembre, Señores Miguel Erazo Campos Valdemar Cardozo Retamozo, Roberto Sánchez Cardozo y Pastor Clímaco Ferreira Tórrez, en su calidad de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal respectivamente, del Auto de Vista de 22 de diciembre de 2008 (fojas 92 a 93), emitido por la Sala Social y administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Víctor Aguado contra la cooperativa recurrente, el memorial de contestación de fojas 103 a 104 y vuelta, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que luego del trámite procesal, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo-Tarija, dictó la Sentencia de 28 de octubre de 2008, (fojas 63 a 66), declarando PROBADA LA DEMANDA de derechos laborales de fojas 7 a 9, debiendo cancelar la parte demandada al actor, la suma de Bs.25.734,69, y costas de acuerdo a la siguiente liquidación:

Fecha de ingreso: junio de 1999

Fecha de despido: 30 de junio 2008

Salario Promedio Indemnizable: Bs. 1.421,95


Desahucio:                                                        Bs.        4.265,84

Indemnización:                                                Bs.        12.165,60

Bono de frontera reintegro:                                Bs.        12.014,00

Vacaciones                                                        Bs.        1.895.94

Aguinaldo reintegro doble                                        Bs.        5.412,98

Horas extras, nocturnos domingos y feriados                Bs.        19.643,48

SUB-TOTAL                                                        Bs.        55.397,84

Menos pagos parciales                                        Bs.        29.663,15

TOTAL:                                                        Bs.        25.734,69

Por incumplimiento en el pago de los derechos laborales dentro de los 15 días de haberse extinguido la relación laboral (por el saldo liquidado) conforme el Decreto Supremo Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992, multa del 30% a determinar y cancelarse una vez ejecutoriada la Sentencia.

En grado de apelación, deducida por la cooperativa demandada, la Sala Social Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció el Auto de Vista de fecha 22 de diciembre de 2008, (fojas 92 a 93) CONFIRMANDO TOTALMENTE la resolución apelada, con costas y RECHAZANDO el incidente prescripción por su improponibilidad.

Que, el referido fallo motivó a la cooperativa demandada a través de su apoderado la interposición del recurso de casación y planteamiento de excepción de prescripción (fojas 96 a 99), en el que señala lo siguiente:

Que, el Auto de Vista recurrido es lesivo a los intereses de la Cooperativa Agropecuaria, contrario en derecho por error en la valoración de la prueba y en la interpretación de las normas legales.

Expresa que, la Sentencia cursante de fojas 63 a 66 es contradictoria, porque reconoce que el trabajador comenzó su actividad el 20 de junio de 2002 hasta enero de 2007, sin embargo en el considerando tercero dice que comenzó a trabajar el año 1999 y fue despedido el 30 de junio de 2008, añade que, esta contradicción no fue considerada por el Auto de Vista recurrido.

Refiere que la Sentencia se basa fundamentalmente en el informe pericial de cargo, cursante de fojas 36 a 44 según el considerando segundo, a pesar que el perito, obtuvo un promedio de Bs. 1.421,95 mensuales en base a 4 sueldos mensuales y los divide entre 3 (fojas 38), aplicando erróneamente el artículo 19 de la Ley General del Trabajo, no habiendo los jueces de instancia revisado estos antecedentes, siendo el salario real previsto como indemnizable de Bs. 1200 y no el señalado erradamente por el perito.


Agrega que, con relación al tiempo trabajado, existen a lo largo de proceso tres fechas distintas de ingreso y conclusión de trabajo y sin embargo, tomando en cuenta la fecha que reconoce la Sentencia a fojas 64 (20 de julio de 2002 a 1 de enero de 2007), el monto que arroja la liquidación es contradictorio y errado, y pide a éste Tribunal, que luego de revisadas y comprobadas estas irregularidades, disponga la casación del Auto de Vista y anule obrados hasta antes de la Sentencia.

Señala que, por las planillas de pagos de haberes y liquidaciones presentados en calidad de prueba, se evidencia que la Cooperativa pagó el bono de frontera los últimos tres años, sin embargo, la Sentencia dispone el pago de la indemnización con datos errados.

Que, el Auto de Vista confirmó la Sentencia sin revisar el fundamento de los agravios sufridos, y sin que el Juez de primera instancia hubiera remitido a su conocimiento los cuadernos de prueba que corresponden a todos los descargos presentados, ni siquiera se observó la inexistencia de estos documentos, lo que expresa una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de la autoridad de segunda instancia.

Manifiesta que, en relación al pago de horas extraordinarias, vacaciones aguinaldo e indemnización no consideraron ni el Juez de primera instancia ni los Vocales, la prueba ofrecida en el otrosí 1 de la contestación a la demanda y ni siquiera fue adherida en el expediente, sin embargo es considerada por el perito la prueba que no fue arrimada al expediente, consistente en planillas de pago de sueldos desde el año 1999 a junio de 2008, comprobantes de pago de beneficios sociales, finiquitos, planillas de pagos de aguinaldos, liquidaciones de fin de año y partes diarios, en base a esta prueba extrañada se emitirá una Sentencia justa y se declarará probaba la excepción interpuesta.

Indica que no procede la multa, porque se canceló en su oportunidad los beneficios sociales mediante liquidaciones anuales siendo el último pago antes de transcurrido el plazo previsto en el Decreto Supremo Nº 28699.


Solicita que el Respetable Tribunal de Alzada “…se sirva casar el Auto de Vista recurrido, anulando obrados hasta antes de la sentencia de primera instancia, donde deberá disponerse el arrimo de la prueba ofrecida al expediente, para que en base a la misma, recién se pronuncie una sentencia justa, declarándose probada la excepción de pago que tenemos planteada, repito en base a la prueba documental que hasta la fecha se encuentra desaparecida” (sic)

Señala en el otrosí 1.- del memorial del recurso que, como legítimo medio de defensa interpone excepción de prescripción extintiva, del derecho al pago de los derecho y beneficios sociales demandados, con dos años de anterioridad a la presentación de la demanda, amparado en lo dispuesto por el artículo 1497 del Código Civil, 120 de la Ley General del Trabajo, artículos 143, 144 y 252 del  Código Procesal del Trabajo, 163 de su Decreto Reglamentario y del Decreto Supremo Nº 244 de 23 de agosto de 1943, respecto del bono de frontera, reintegro de aguinaldo, horas extraordinarias, feriados y domingos y salario dominical, por el periodo comprendido entre el año 1999 al 30 de junio de 2006, pidiendo a éste Tribunal que de no casarse el Auto de Vista recurrido, se pronuncie “…Auto Supremo, declarando probada la excepción y en consecuencia prescritos los derechos y beneficios sociales dispuestos en la sentencia de primera instancia y confirmado por el Auto  de Vista recurrido…” (Sic)

Finaliza el memorial de recurso ofreciendo en el otrosí 2 prueba en relación con la demanda de pago de derechos y beneficios sociales y la fecha de inicio de la acción.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Que, el memorial de interposición del recurso carece de técnica jurídica y pericia procesal, limitándose a efectuar una relación e hechos que se produjeron durante la tramitación del proceso, interponiendo al final curiosamente excepción de prescripción, pidiendo se considere la prueba aportada respecto de la demanda de pago de derechos y beneficios sociales y la fecha de inicio de la acción, además de ser ambiguo, confuso, innecesariamente extenso y pese a ellos absolutamente superficial y carente de relevancia jurídica, no cumple en absoluto con los requisitos descritos por el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, que claramente señala: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación el fondo, en la forma o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.” (Las negrillas son añadidas).

Del mismo modo, el recurso interpuesto carece de un petitorio expresado en términos claros, concretos y precisos, limitándose a señalar que “…se sirva casar el Auto de Vista recurrido, anulando obrados hasta antes de la sentencia…” (sic), con claro desconocimiento de los efectos de la casación y de la nulidad por una parte, y las formas de resolución descritas por el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, por otra, aspectos que hacen a la improcedencia del mismo. Esta confusión de ninguna manera puede ser considerada por este Tribunal, por las características que revisten el recurso de casación, su estudio y aplicación. Por otra parte, el recurso de casación, tanto en el fondo como en la forma, se sustentan en causas diferentes y persiguen efectos distintos que no pueden confundirse entre si como erróneamente plantea el recurrente, sin al menos establecer en que consisten las supuestas violaciones, sin especificarlas de manera concreta, separada y precisa, además que si bien cita algunas normas, no expresa y menos fundamenta cómo, por que y de qué manera hubieran sido vulneradas.

Que de conformidad con la amplia jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho, pues está orientada a que se restablezca el imperio de la ley infringida, que debe contener los requisitos descritos por el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, deben fundamentarse de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos casos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales sino demostrar en qué consiste la infracción que se acusa.

Asimismo, se debe tener presente que la doctrina y la jurisprudencia emitida por la Corte suprema de Justicia, aprehendida y expresada por este Supremo Tribunal a través de diversas resoluciones, ha dejado claramente establecido que el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores “in judicando” en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones debiendo estar debidamente identificadas en las causales señaladas en el artículo 253 del Código Adjetivo Civil, en tanto que para el recurso de casación en la forma, que se funda en errores “in procedendo”, tiene relación con la infrancción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, especificadas en el artículo 254 de la misma norma legal; en ese sentido se expresan los Autos Supremos Nº 322/2012 de 15 de noviembre de 2012, Nº 354/2012 de 29 de noviembre de 2012 y Nº 176/2013 de 25 de abril de 2013, todos de la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia entre otros.

A mayor abundamiento, también la jurisprudencia enseña que en casación se plantean cuestiones de derecho y que a ese efecto, el recurrente se encuentra obligado a examinar e impugnar todos y cada uno de los fundamentos de la resolución recurrida, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma hubieran sido violadas. Asimismo, tratándose de cuestiones de derecho, el memorial a través del cual se plantea el recurso de casación el fondo o en la forma, debe efectuar una CRÍTICA LEGAL de la resolución impugnada, no siendo suficiente la relación de hechos ocurridos en la tramitación del proceso, aun cuando ésta incluyera cita de disposiciones legales. Es importante dejar claramente establecido que el recurso de casación no constituye y no es un medio para la resolución de una controversia entre las partes, sino una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores.

Que, las excepciones evidentemente constituyen un mecanismo de defensa y que si bien el artículo 1497 del Código Civil dispone que “La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia…”, no es menos cierto que dicha norma establece como condición “…si está probada.” (negrillas añadidas). Del mismo modo, específicamente en el presente caso, como norma especial, el artículo 133 del Código Procesal del Trabajo, concordante con el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, dispone que las excepciones perentorias serán resueltas justamente con la causa principal. “En ejecución de sentencia sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos” (negrillas añadidas).

Respecto de lo anterior, Gonzalo Castellanos Trigo, en su obra Manual de Derecho Procesal Civil, manifiesta: “Lo que importa destacar es que la excepción de prescripción debe ser opuesta en la primera primera presentación en juicio, si se la pretende hacer valer, porque de lo contrario pierde su derecho en forma posterior, es decir, si la parte se presenta al proceso, no opone la excepción, posteriormente pierde la oportunidad de hacer valer la prescripción porque el derecho ha caducado”.

Desde el punto de vista jurisprudencial, el Auto Supremo Nº 28, correspondiente a la Sala Civil Segunda de la Corte Suprema e Justicia, de 27 de septiembre de 2004, señala: “…cuando el art. 1497 del Código sustantivo establece que: La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada, esa norma debe ser considerada con relación a la previsión del art. 344 del Código Adjetivo, según la cual En ejecución de sentencia sólo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos”. Más adelante continúa el mismo expresando: “…situación que podría darse tratándose de excepciones  perentorias como la transacción, conciliación, desistimiento del derecho, etc., pero no así respecto de una excepción perentoria de prescripción, pues la misma por su naturaleza no puede ser sobreviviente, por lo que necesariamente debe ser opuesta por la parte interesada cuando por primera vez se presenta en el proceso (sea durante la tramitación del proceso o en ejecución de sentencia)…”, lo que en la especie del presente caso no sucedió.

Resulta asimismo oportuno aclarar, como lo señala Pastor Ortiz Matto, en su obra “El Recurso de Casación en Bolivia”, en relación con los artículos 250 y 255 del Código de Procedimiento Civil, que “…El de casación o nulidad está considerado como un recurso extraordinario (así resulta de su regulación legal), porque está otorgado sólo para ciertos casos; por lo que se diferencia de los antiguos recursos de segunda súplica o de tercera instancia.”

Por lo anteriormente relacionado, se concluye que para recurrir de casación debe existir previamente una resolución pronunciada por un Juez o Tribunal inferior, la cual se impugna a través del recurso, ya sea en el fondo, en la forma o ambos a la vez, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 253 y 254, así como los requisitos señalados en el artículo 258, todos ellos del Código de Procedimiento Civil, reiterando que la abundante y uniforme jurisprudencia desarrollada en nuestro país, ha establecido que el recurso de casación no constituye y no es un medio para la resolución de una controversia entre las partes, sino una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores.

Finalmente, si las excepciones son un mecanismos de defensa dentro de un proceso y en el recurso de casación no existe contienda entre las partes, resulta ilógico pretender utilizar este mecanismo en un recurso extraordinario, que no es una instancia, sino una nueva demanda de puro derecho, dirigida como ya se manifestó ut supra, a que se restablezca el imperio de la ley infringida.

Que, a este efecto y de la revisión del recurso en análisis, se establece que el recurrente no cumplió con los requisitos señalados en el inciso 2) del artículo 258 del Código Adjetivo Civil, por lo que en el marco legal referido, el recurso de fojas 96 a 99 es insuficiente, haciendo inviable su consideración, pues impide a este Tribunal abrir su competencia, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por el inciso 2) del artículo 272 el Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 96 a 99, con costas.

MAGISTRADA RELATORA: Dra. María Arminda Ríos García

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 11 de abril de 2013

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora