SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 203/2013

EXPEDIENTE: S.85/2009                

PARTES: Bladimir Murillo Chávez c/ Empresa Constructora PROCOSUR

PROCESO: Beneficios Sociales

DISTRITO: Tarija

******************************************************************************************************   VISTOS: El recurso de nulidad y/o casación de fojas 171 a 175 y vuelta, interpuesto por René Segovia Fernández en representación legal de la Empresa PROCOSUR, del Auto de Vista de 13 de diciembre de 2008 (fojas 165 a 168), emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija dentro del proceso laboral por pago de derechos laborales seguido por Bladimir Murillo Chávez contra la empresa recurrente, el memorial de contestación de fojas 182 a 183, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que luego del trámite procesal, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo-Tarija, dictó nueva Sentencia el 15 de octubre de 2008, (fojas 139 a 142 y vuelta) y Auto Complementario de fojas 145, en cumplimiento al Auto de Vista de fojas 127 y vuelta que anuló la Sentencia dictada en fecha 19 de julio de 2008, en razón a adolecer de defectos atendibles que hacen a la nulidad. Esta nueva Sentencia, declara PROBADA EN PARTE LA DEMANDA de derechos laborales de fojas 15 a 16, debiendo cancelar la parte demandada al actor la suma de Bolivianos 31.443,90, mas costas de acuerdo a la siguiente liquidación:

PROMEDIO INDEMNIZABLE: Bs. 1.893,80

DESAHUCIO:                                                Bs.  5.681,40

INDEMNIZACIÓN:                                        Bs.  4.277,00

VACACIONES                                                Bs.  2.148,80

AGUINALDO doble:                                               Bs.  4.297,80

REINTEGRO BONO DE FRONTERA:                        Bs.  8.130,00

HORAS EXTRAS, con el recargo del 100%                Bs.  3.556,00                

SALARIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL:        Bs.  3.352,90

TOTAL DERECHOS:                                               Bs.31.443,90

Además deberá cancelar la parte demandada una vez ejecutoriado el fallo, la multa del 30% por incumplimiento que asciende a Bs. 9.433,00.

En grado de apelación, deducida por la empresa demandada, la Sala Social Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció el Auto de Vista de fecha 13 de diciembre de 2008, (fojas 165 a 168) CONFIRMANDO TOTALMENTE la Sentencia apelada, con costas.

Que, el referido fallo motivó a la Empresa demandada a través de su representante legal, la interposición del recurso de casación de fojas 171 a 175 y vuelta, en el que señala a través de su memorial, lo siguiente:

Primeramente realiza un resumen de la naturaleza y características del trabajo a destajo, así como la interpretación doctrinal que se aplica en el régimen laboral establecido por el artículo 32 de la Ley General del Trabajo, para expresar posteriormente que en ningún momento se ha desconocido la situación jurídica del demandante como empleado, la diferencia está en la clase de trabajo que este prestaba conforme la errónea interpretación de la Ley General del Trabajo que efectúa el Auto de Vista que siguiendo la línea de la Sentencia incurren en una transmutación de la relación laboral únicamente basados en la forma de pago y sin analizar la prueba documental y confesoria presentada por el propio demandante que señala ser empleado a jornal, que se analizó solo la remuneración periódica en la relación laboral, sin considerar los restantes elementos. Que tanto el actor como el demandado han demostrado su relación laboral a destajo y/o jornal, cancelándose semanal o quincenalmente y se encontraba registrado con las nóminas presentadas ante la Jefatura del Trabajo, situación no considerada en violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Posteriormente transcribe párrafos de la Sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo correspondientes al proceso 200009-Sala Social-1-341 por pago de beneficios sociales, para expresar que esta línea jurisprudencial concluye contrariamente a lo resuelto en el proceso, habiendo el Auto de Vista violado los artículos 32 y 34 de la Ley General del Trabajo y el principio de igualdad que deben regir todas las decisiones judiciales.

Que  el argumento más importante del Auto de Vista recurrido es la determinación y/o definición de la relación laboral efectuada en base a su forma de pago, y en obrados el actor confeso que percibía un salario por jornal diario, pero el Auto de Vista considera que hubo una relación ordinaria por su calidad de permanente y su pago que fue mayormente quincenal, en contrasentido al artículo 52 de la Ley General del Trabajo del cual no indicando. Que lo grave de esta errónea interpretación nace de la jurisprudencia que efectúa la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema en el Auto Supremo Nº 368 de 6 de diciembre de 2005, y que es desconocida por el Auto de Vista para definir las características y condiciones de aplicación del artículo 32, de la Ley General del Trabajo.

Agrega que el Auto de Vista al distorsionar la aplicación del artículo 34 de la Ley General del Trabajo y los caracteres del artículo 32 para efectuar la legal y correcta determinación de la naturaleza de la relación procesal ha ocasionado que esta sea considerada dentro del régimen laboral general en cuyo mérito obviamente que le asistirán al demandante y trabajador todos los derechos que legalmente se encuentren determinados a su favor. Que para el recurso es imprescindible determinar esta naturaleza, por cuanto si se aplica el artículo 32 de la Ley General del Trabajo, implica la retribución de un salario por jornada que incluye todas y cada una de los derechos que le asisten al trabajador quedando excluidos aquellos propios de la relación laboral común. Que el Auto de Vista ni siquiera señala, refiere o nombra la planilla de pago presentada que acredita el registro del demandante como empleado a jornal conforme al artículo 32, por lo que no le asiste derecho alguno a horas extras y bono de frontera.

Que el Auto de Vista ha violado el artículo 46 de la Ley General del Trabajo al reconocer que el empleado trabajó 48 horas semanales, pero simultáneamente condena al demandado al pago de horas extras, incurriendo en un exceso al favorecer al demandante con un derecho que jamás adquirió por cuanto cumplió con el total de horas semanales a las cuales se encuentra obligado que son 48 horas por semana, y que toda la prueba aportada y la propia confesión del demandante señalan que se trabajaba media hora diaria para compensar el sábado por la tarde y cumplir la semana laboral. Que al desconocer el régimen legal aplicable se ha ocasionando la errónea aplicación y violación del artículo 46 de la Ley General del Trabajo.

Con relación a la prueba de fojas 96 a 99 que el Auto de Vista señala que se encuentra fuera de plazo probatorio, indica el recurrente que no tiene por qué encontrarse dentro del periodo de prueba ya que no fue ofrecida por las partes, sino requerida por el Juez encontrándose el expediente en estado de resolución al amparo del artículo 157 del Código Procesal del Trabajo. Además  que el Auto de Vista sostiene que en el contrato de construcción que admite la subcontratación la responsabilidad legal del contratista principal resulta insoslayable,  y que estos dos argumentos ponen de manifiesto que el Auto de Vista desconoce el régimen laboral e induce a una errónea interpretación del régimen del contrato de obra.

Que en un contrasentido el Auto de Vista valora que no interesa que haya confesado el actor que hasta mayo de 2007 ha prestado sus servicios a favor del sub contratista William Amador, y recién a partir de mayo de 2007 a favor de la empresa demandada. Que tampoco se manifiesta con relación a los recibos de pago que demuestran el tiempo que este trabajó y el concepto por el cual se le cancelaba jornales de trabajo.

Que respecto al cálculo del salario que viola el artículo 19 de la Ley General del Trabajo, no se dice nada, siendo que de la confesión se tiene que el demandante percibía Bs. 35 por jornal y solo el último mes se subió a Bs. 50, violándose nuevamente el artículo 46 de la Ley General del Trabajo por cuanto si el trabajador percibía un salario por jornal de Bs. 50 trabajando de lunes a viernes totalizando 20 días de trabajo por mes, le correspondía Bs. 1000, sin embargo se saca un monto de Bs. 1300.

Por último expresa que el Auto de Vista señala que no se tiene certeza jurídica de la incapacidad, pero que esta existe, sin embargo, no se da cumplimiento al artículo 87 de la Ley General del Trabajo,  calificándose la incapacidad bajo un principio de objetividad y certeza técnica y legal.

Concluye su recurso solicitando se CASE el Auto de Vista recurrido y en el fondo se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, examinandos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, se hace constar que el memorial de interposición de recurso carece de técnica recursiva y pericia procesal, pues el recurrente no consideró que el recurso de casación se constituye en una nueva demanda de puro derecho que debe contener para su procedencia los requisitos descritos por el inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, debiendo fundamentarse de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma, en el fondo o en ambos casos.

Al respecto, es pertinente señalar que el Código Procesal del Trabajo reconoce a través del artículo 252 que “Los aspectos no previstos en la presente ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil  y siempre que no signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral”; por lo cual, en la práctica forense se tramita el recurso extraordinario de casación (señalado como de nulidad en el artículo 210 del Código Procesal del Trabajo), por lo regulado en el artículo 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, la doctrina y jurisprudencia, ha dejado claramente establecido que existen dos clases de recursos de casación, el primero denominado “casación en el fondo”, del que su objetivo es verificar la existencia de “errores in judicando” (de derecho), en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo el recurrente acomodar sus argumentos fácticos y jurídicos en uno de los numerales del artículo 253 del Adjetivo Procesal Civil. El segundo es “casación en la forma”, que se funda en los “errores in procedendo” (de procedimiento), tiene relación con la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, cuyas causales están contenidas en el artículo 254 de la misma norma legal.

En la presente causa, la empresa demandada recurre de casación en el fondo, sin embargo, confunde este recurso con la casación en la forma o de nulidad, al acusar la violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, por no considerar el Auto de Vista que se demostró que la relación laboral es a destajo y/o jornal, cancelándosele al trabajador semanal o quincenalmente y que se encontraba registrado con las nóminas presentadas ante la Jefatura del Trabajo, (motivo que en caso de evidenciarse dicha acusación, debe llevar al Tribunal a anular el proceso reponiéndolo hasta el vicio más antiguo, aplicando el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil). Esta contradicción la reitera en su petitorio cuando solicita que “se Case el Auto de Vista recurrido (solicitud por la cual el Tribunal deberá fallar en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas en conformidad al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil).

De lo que se colige que el recurrente no consideró ni distinguió ambos recursos (en la forma y en el fondo), los que se sustentan en causas diferentes y persiguen efectos distintos que no pueden confundirse entre sí como erróneamente lo plantea, sin especificar de manera concreta, separada y precisa, cada uno de ellos.

No obstante dichas observaciones, se ingresa al fondo a fin de resolver la causa.

Con relación a la acusación de violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, no corresponde su consideración, tomando en cuenta que el recurso de casación en el fondo versa sobre la violación, aplicación indebida o error de las disposiciones sustantivas, persiguiendo un pronunciamiento sobre el fondo y no así la nulidad de obrados por error en las formas procesales como pretende el recurso de casación en la forma, que en el presente caso no ha sido planteado.

En cuanto a la violación de los artículos 32 y 34 de la Ley General del Trabajo, los mismos expresan: artículo 32º.- “Se entiende por trabajo a domicilio, el que se realiza por cuenta ajena y con remuneración determinada, en el lugar de residencia del trabajador, en su taller doméstico o el domicilio del patrono. Se encuentran comprendidos dentro de esta definición: 1.- Los que trabajan aisladamente o formando taller de familia en su domicilio, a destajo por cuenta de un patrono. Taller de familia es el formado por parientes del jefe de la misma que habitualmente viven en él. 2.- Los que trabajan en compañía por cuenta de un patrono, a partir de ganancias y en el domicilio de uno de ellos; 3.- Los que trabajan a jornal, tarea o destajo en el domicilio de un patrono. No se considera trabajo a domicilio el que se realiza directamente para el público.” Y el artículo 34 dice: “Las retribuciones serán canceladas por entrega de labor no por períodos de tiempo no mayor de una semana.” De la lectura de estas normas se evidencia que el demandante no se enmarca en las funciones y características de ninguno de los tipos descritos en los mismos, pues el trabajador realizó el trabajo de albañil bajo la modalidad de obrero regular, con todas las características previstas en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y ratificados en la actualidad por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.

Se advierte del recurso planteado,  que la polémica principal reside en esclarecer si el actor cumplió el trabajo a destajo con remuneración a jornal como expresa el demandado ahora recurrente, o bajo la modalidad de obrero regular. Al respecto, se verifica que el Tribunal Ad quem al resolver el recurso de apelación de fojas 147 a 151, planteado por la parte demandada, determinó confirmar la Sentencia de 15 de octubre de 2008 y el Auto Complementario de 22 de octubre de 2008, basando su decisión en el hecho que el demandante trabajó de manera regular como albañil, bajo subordinación y dependencia, Sentencia en la cual el Juez expresa que apoya su conclusión en las presunciones judiciales previstas por el artículo 182 incisos a), b), c) y d) y los principios rectores del derecho laboral como el Principio Intervencionista del Estado a través del órgano jurisdiccional y el Principio de Primacía de la Realidad.

Ahora bien, entrando en análisis, cabe indicar que tal apreciación resulta correcta, porque en el caso, el demandante prestó sus servicios a partir del 13 de octubre de 2005 (conclusión arribada por constar a fojas 1, recibos de pago con el membrete de la Empresa Constructora PROCOSUR) al 15 de enero de 2008, fecha en la que sufrió un accidente de trabajo. Se colige además que la prestación de servicios fue bajo una relación obrero patronal, al haber concurrido las características esenciales de una relación laboral previstas en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y ratificados en la actualidad por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, evidenciándose de los antecedentes que el demandante prestó sus servicios bajo dependencia y subordinación de la Empresa PROCOSUR, prestando sus servicios por cuenta ajena en su calidad de albañil, percibiendo una remuneración mayormente quincenal en contraprestación al trabajo realizado y cumpliendo el horario de trabajo que se le impuso, con el consecuente reconocimiento de los beneficios sociales y derechos laborales liquidados que conlleva el despido intempestivo ocurrido, tal como establecieron los jueces de instancia acertadamente.

En cuanto a las observaciones referidas al alcance del salario a destajo y/o jornal y las planillas de pago presentadas, corresponde puntualizar que las mismas por el análisis efectuado precedentemente que estableció la concurrencia de la relación laboral regular, resultan irrelevantes, no siendo pertinente en consecuencia realizar mayor análisis sobre estos argumentos del recurso.

De la línea jurisprudencial correspondiente al expediente 200009-Sala Social-1-341, que expresa el recurrente concluye de manera contraria a lo resuelto en el caso de autos, cabe indicar que dicha jurisprudencia hace alusión al trabajo a destajo, ya que los actores realizaban el trabajo alguna vez, cuando se requería ese trabajo, deduciéndose que no eran obreros regulares. En obrados, se concluyó que el demandante trabajó bajo la modalidad de obrero regular y no así de destajista, por lo cual no puede ser considerada la presente jurisprudencia a efectos de resolver la litis.

Respecto al artículo 52 de la Ley General del Trabajo del cual conforme indica el recurrente, el Auto de Vista no dice nada, se debe indicar que de la lectura del indicado artículo se tiene que no discrepa con los argumentos y fundamentos establecidos en las resoluciones de instancia al determinar que: “Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo. No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos de trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio del Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad.”, pues el trabajador percibía una remuneración en pago de su trabajo la que se efectivizaba de manera quincenal.

El recurrente manifiesta que el Auto de Vista reconoce que el empleado trabajó 48 horas semanales, pero simultáneamente condena al demandado al pago de horas extras por lo que ha violado el artículo 46 de la Ley General del Trabajo; sin embargo, esta resolución de Vista, textualmente en el punto 3 del considerando II expresa: “La sentencia ha efectuado una correcta valoración de la prueba, al establecer la existencia de media hora diaria como trabajo extraordinario. Se ha establecido que el trabajo a jornal es para trabajadores no permanentes y eventuales, que no es el caso de autos, ya que al expresar que el empleado trabajó a jornal, resulta que sí trabajó los días sábados y cumplió 48 horas semanales, implícitamente se está reconociendo que asiste el pago de horas extraordinarias, porque el Art. 46 es claro al establecer que la jornada diaria no excederá de 8 horas. La situación del actor no se subsume en la segunda parte del artículo mencionado”. (Las negrillas son añadidas). De lo que se tiene que se trató de aclarar que el trabajo a jornal es para trabajadores no permanentes y eventuales, que no es el caso del demandante porque al expresar que este trabajó a jornal resulta que sí trabajó los días sábados y cumplió 48 horas semanales. Es decir, este añadido (en negrillas dentro de lo transcrito) es sólo una aclaración de lo que se daría si el trabajador fuera a jornal. Añadiendo posteriormente que implícitamente al establecer la existencia de media hora diaria como trabajo extraordinario se reconoce que le asiste al trabajador el pago de horas extras ya que el artículo 46 de la Ley General del Trabajo establece que la jornada diaria “no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana”, lo que significa que estas 8 horas por día y 48 por semana son tomadas como tope, de las cuales no se puede exceder, no expresando como el recurrente pretende forzar que “el trabajador tiene que cumplir 48 horas semanales de trabajo”, por lo que la conclusión de los de instancia es correcta.

Tomando en cuenta la acusación de que el Auto de Vista analiza los antecedentes de forma segmentada e imprecisa al señalar que la prueba de fojas 96 a 99 está fuera de plazo. Se debe indicar que revisado el expediente, evidentemente fue el Juez A quo que dispuso por providencia de 11 de julio de 2008 de fojas 75 vuelta, que la parte demandada presente “copias o fotocopias legalizadas” de los Sub contratos suscritos con los Srs. Willam Amador y Pedro Celestino Miranda Choque, y el contrato principal suscrito por la Empresa contratista con el contratante comitente, concediendo para dicho efecto el plazo de un día bajo apercibimiento de ley. Y, no habiéndose presentado dicho requerimiento, el expediente paso a despacho para dictar Sentencia en fecha 14 de julio del mismo año conforme consta del cargo de fojas 76 vuelta, habiendo, recién presentado la parte demandada el 16 de julio de 2008 mediante memorial de fojas 100 dichos documentos, cuando el expediente se encontraba ya en despacho, habiéndose dictado la Sentencia sin considerar los mismos.

Por otra parte, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo al artículo 158 del Código Procesal del Trabajo. Asimismo, conforme lo determina el artículo 3 inciso j) del Código Procesal del Trabajo, uno de los principios en los que se debe basar todo procedimiento y trámite en materia laboral es la: “libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados”, lo que sucedió en autos, pues la Sentencia de 18 de octubre de 2008 es clara al expresar que “el juzgador adquirió convicción de que los subcontratistas y a la vez testigos Pedro C. Miranda y Willam Amador solo son figurativos o simulados por las contradicciones en que incurrieron y que se tiene anotado (…) apreciación que está corroborada por la testifical de descargo de Mario Arias S. de fs. 67 vta.- 68 que trabaja como plomero en la Empresa desde noviembre de 2006 hasta la fecha, quien afirma y reitera que el actor trabajó para la Empresa y le pagaban a través del Capataz. También conoce a Willam Amador y Pedro C. Miranda mismos que trabajan para la Empresa como Encargado de Obra y Capataz.” Concluyendo en consecuencia que “la prueba documental no es lo suficientemente idónea ni legal para hacer fe probatoria, mucho menos los testigos y supuestos subcontratistas utilizados para defraudar derechos del actor, quienes no tuvieron la firmeza ni seguridad en sus declaraciones, denotando contradicciones pretendieron utilizar el mismo discurso y mostraron estrecha relación y dependencia con el actor, por lo que a juicio del juzgador no son creíbles.”  Y en mérito a lo expresado en la Sentencia, el Auto de Vista concluyó que no se ha probado que en la realización de la obra hubiesen participado sub contratistas, que luego resultan ser capataces de la misma empresa, y que sin embargo, “ni los supuestos sub contratistas ni la empresa, cumplen con el contrato principal y las leyes laborales aplicables.” Y, que en los contratos de construcción en los que se permita la sub contratación de parte de las obras, “resulta insoslayable la responsabilidad del contratista principal el cumplimiento de las leyes laborales, accidentes de trabajo, responsabilidad por daños causados a terceros, etc, que no pueden ser relevados de responsabilidad en ningún caso.” Aspectos que permiten corroborar que las acusaciones vertidas por el recurrente no son valederas, y que además el monto resarcitorio calificado en beneficio del obrero no fue por impedimento, sino únicamente por reposición del salario por días de incapacidad.

No resulta evidente el ilegal cálculo del salario que expresa el recurrente viola el artículo 19 de la Ley General del Trabajo, pues el mismo se realizó en cumplimiento de dicho artículo. Así se tiene que en la Sentencia el Juez expresa que el salario era cancelado cada quincena en la suma de 650 bolivianos, y al mes en Bs. 1300, conforme se tiene de la demanda, contestación y acta de conciliación, tomándose como salario básico los Bs. 1300. Asimismo que de la prueba referida y las testificales de cargo y descargo, se evidencia que al actor no se le pago el salario dominical previsto por el Decreto Supremo Nº 3691 de 3 de abril de 1954 elevado a rango de ley de fecha 29 de octubre de 1954 (artículos 1, 4, 6 y 23); y tomando como promedio cuatro domingos por mes y el salario de Bs. 50, que suma Bs. 200 se incrementa el salario mensual a Bs. 1500, el cual se tomó en cuenta para su liquidación.

Corrobora lo expresado en la Sentencia relativo al salario que percibía el demandante, lo manifestado por el propio demandado en su contestación a la demanda de fojas 38 a 39 vuelta en su punto VIII relativo al salario en el que expresa “los recibos adjuntos acreditan que el demandado percibía el pago de Bs. 50 por jornal de trabajo”, así como en el acta de audiencia de conciliación de fojas 50 en la que ofertó reincorporar a su fuente de trabajo al actor y de mantener su salario de un mil trescientos bolivianos mensuales, sin especificar en ninguno de estos actuados, que el salario indicado correspondía únicamente al último mes, por lo cual se tiene que se dio cumplimiento a lo establecido por el artículo 19 de la Ley General del Trabajo, de que “El cálculo de la indemnización se hará tomando en cuenta el término medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses.” Ahora bien, el Auto de Vista al confirmar totalmente la Sentencia, está dando por bien hecho lo resuelto por el Juez A quo, no siendo necesario reiterar el fundamento de lo predicho en el Auto de Vista.

Por último, es necesario enfatizar que, por mandato del parágrafo II del artículo 162 de la Constitución Política del Estado (1967), se tiene que: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”. A su vez el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, dispone que “Los derechos que esta Ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario”; es en alcance de tales principios que la legislación laboral vigente, orienta su sentido proteccionista hacia el trabajador, de donde se establece que el objeto del proceso laboral es el reconocimiento de los derechos consignados a favor del trabajador, por lo cual se establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio y que las mismas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de los trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de los trabajadores.

Por lo señalado a lo largo del presente Auto, resultan injustificables las acusaciones expresadas en el recurso, concluyéndose que el Auto de Vista se ajusta a las normas legales en vigencia, no siendo evidentes las vulneraciones acusadas, correspondiendo aplicar el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 171 a 175 y vuelta, con costas.

MAGISTRADA RELATORA: Dra. Carmen Nuñez Villegas

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 11 de abril de 2013

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora