SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 151/2013

EXPEDIENTE: A.23/2009                        

PARTES: Policía Nacional Boliviana c/ Tomas Velasco Zeballos

PROCESO: Coactivo Fiscal

DISTRITO: La Paz

**********************************************************************************************   

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 323 a 325 y vuelta, interpuesto por Héctor Macuaga Villavicencio, contra el Auto de Vista No. 117/08 SSA-I de 13 de abril de 2008 (fojas 316 a 317), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro de la demanda coactivo fiscal en aplicación del inciso h) del artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, seguido por la Policía Nacional representada por Emma Jacqueline Andia Fernández en contra de Tomas Luciano Velasco Zeballos y Héctor Macuaga Villavicencio, el memorial de respuesta de fojas 329 a 330 y vuelta, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso coactivo fiscal a demanda de la Policía Nacional mediante su representante legal Emma Jacqueline Andia Fernández de fojas 139 a 140 y vuelta, en base al Informe de Auditoria No. EX/EP35/Y00-R1, Informe Complementario No. EX/EP35/Y00-C1 y al Dictamen de Responsabilidad Civil CGR-1/D-015/2003 de fecha 31 de marzo de 2003, por concepto de APROPIACIÓN Y DISPOSICIÓN ARBITRARIA DE BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO, contra Tomas Luciano Velasco Zeballos en forma solidaria con Héctor Macuaga Villavicencio, por la suma de Bs.63.752,66 (Sesenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Dos 66/100 Bolivianos) equivalentes a $us.10.678,79 (Diez Mil Seiscientos Setenta y Ocho 79/100 Dólares Americanos), más intereses legales y costas procesales. Sujetos a la aplicación del inciso h) del artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal,  por lo que el Juez de Partido Tercero, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Corte Superior de La Paz, emitió la Sentencia No. 32/2006 de 14 de agosto de 2006 (fojas 276 a 294), donde falla declarando IMPROBADA la demanda coactiva fiscal de fojas 139 a 140, interpuesta por la Policía Nacional y en consecuencia, dispone:

Primero.- Dejar sin efecto la Nota de Cargo No. 079/2003 de fecha 12 de diciembre de 2003 girada contra Tomas Luciano Velasco Zeballos y Héctor  Macuaga Villavicencio.

Segundo.- Levantar todas las medidas precautorias ordenadas en contra de los coactivados, debiendo oficiarse al efecto, a las instituciones correspondientes.

En grado de apelación, formulada por la entidad coactivante a través de su representante legal (fojas 297 a 299 y vuelta), mediante Auto de Vista No. 117/08 SSA-I de fecha 13 de abril de 2008, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz (fojas 316 a 317), ANULA la Sentencia No. 32/2006 de fojas 276 a 294 y dispone que previos los informes complementarios señalados el Juez pronuncie nueva Sentencia con la pertinencia anotada. Sin multa por ser excusable.

Se releva al presente trámite de todo turno de espera, bajo responsabilidad.

Los fundamentos por los que el Tribunal de Alzada, ANULA la Sentencia de primera instancia, es que el referido fallo judicial no cumple con lo dispuesto por el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, al ser contradictorio y limitarse a justificar el valor de instrumento legal interno base de la autorización para que el personal de apoyo administrativo de la Policía Nacional autorizado pueda asignar provisión de combustible en forma mensual, sin que se haya planteado excepción alguna y que otra persona emitió el instrumento parte del litigio, por otro lado, se aparta de la opinión de los informes de Auditoria emitidos por la Contraloría General de la República. Es decir, no se requiere una fundamentación extensa de la validez de los instrumentos legales que autorizan la distribución de combustibles, sino se debe realizar análisis de los documentos de descargo. El criterio legal es insuficiente, toda vez que se debe analizar aspectos contenidos en los anexos adjuntos al proceso (6 anexos), requiriendo el apoyo de la especialidad profesional técnica, al respecto, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia mediante los Autos Supremos Nos.188, 189, 193, 204 de diciembre de 1996 y No. 305 de 5 de mayo de 1996, resaltan la imprescindible participación del personal de apoyo cuando se trata de documentos, informes y otros instrumentos contables cuya opinión es necesaria en la materia.

El artículo 16 del Procedimiento Coactivo Fiscal hace exigible que en una acción como ésta se cuente con los Informes Técnicos de Auditoria de juzgados y de no ser convincentes, se recurra a peritos u otros expertos.

Notificadas las partes con el referido Auto de Vista, el coactivado Héctor Macuaga Villavicencio interpuso recurso de casación en el fondo (fojas 323 a 325 y vuelta), el mismo que se pasa a examinar:

Acusa que la resolución impugnada realiza interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, obviando el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, toda vez que la Resolución de la Dirección Nacional Administrativa No. 021/98 ampara la distribución de vales de gasolina, por lo que el actuar de los coactivados es legal. Afirma que son las autoridades jurisdiccionales quienes deciden y no los técnicos, por lo que se estaría cediendo atribuciones de juzgadores al técnico, por lo que considera contradictorio.

Cita el Auto Supremo No. 128-SSA-C. Tributario, Sucre, 12 de junio de 2003, 135-SSA-C. Tributario, Sucre, 12 de junio de 2003., 087-SSA-C. Tributario, Sucre, 10 de abril de 2003.

Acusa que se hace una interpretación errónea del artículo 16 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, toda vez que esta disposición no hace exigible al juzgador apegarse a la opinión técnica, debiendo el juzgador ser el que aprecie la misma.

Concluye el memorial de recurso,  solicitando a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, CASE la resolución impugnada, y deliberando en el fondo CONFIRME la Sentencia de primera instancia que declara improbada la demanda coactiva fiscal y en consecuencia se deje sin efecto la NOTA DE CARGO No. 79/03 y se levanten las medidas precautorias, sea con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Antes de ingresar en el análisis de la problemática planteada, es evidente que el memorial de recurso ha sido presentado dentro del término legal, sin embargo, carece de técnica jurídica, limitándose a expresar que se vulneró disposiciones legales, observándose que no cumple con la fundamentación adecuada, concreta y precisa en cuanto al planteamiento del recurso de casación en el fondo, lo cual es obligación del recurrente; denotándose falta de crítica legal de los fundamentos expresados en la resolución impugnada, pese a estas limitaciones se pasa a fundamentar a objeto de dar una respuesta pronta y oportuna a las partes en litigio.

Que, en cuanto a la interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, se tiene que el recurrente no ha demostrado el error de derecho en cuanto a la aplicación equivocada de la Ley por parte del Tribunal de Alzada, en razón a limitarse citando el artículo 54 inciso e) y l), de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, Ley No.734 de 8 de abril de 1985, que dispone: “Los derechos fundamentales del policía son los siguientes: e) Ser dotado de los medios necesarios para el cumplimiento de sus específicas funciones. I) Recibir subsidios mientras se desarrollen actividades operativas, de acuerdo a Reglamento y de Transporte de acuerdo a Reglamento”. Expresa en cuanto a la distribución de vales de gasolina, actuó al amparo de la Resolución No. 021/98, por lo que sus actos son legales, sin poder enervar los fundamentos expuestos en la resolución impugnada, que los documentos de descargo acumulados en la fase administrativa y de control consistentes en 6 anexos, requieren de la valoración del asesor técnico de juzgados para que emita su correspondiente informe técnico, pese a esta situación, el juzgador de primera instancia se apartó de éste, abundando en fundamentos doctrinales  en cuanto al instrumento legal interno que aducen seria legal, reiterando que el recurrente no ha demostrado la interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, por parte del Tribunal de Alzada.

Que, en cuanto a la interpretación errónea del artículo 16 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, la referida norma dispone: “Presentados los descargos o justificativos, el juez coactivo, previa apreciación de los mismos, dictará Resolución Administrativa manteniendo el cargo original, dejándolo sin efecto o reduciéndolo”. Tal cual ya se mencionó, la citada norma orienta y dispone que el Juez coactivo previa apreciación de los mismos descargos o justificativos, dictará su correspondiente resolución debidamente fundamentada; en el caso de autos, los descargos presentados por el recurrente son seis anexos y las literales de fojas 160 a 186 de obrados, siendo necesario e imprescindible determinar si los vales de gasolina distribuidos al personal de apoyo administrativo y a la Asociación de Esposas de Generales, Jefes y Oficiales, tuvieron los controles necesarios para demostrar que el uso de éste combustible fue destinado a las operaciones propias de la institución policial; bajo ese razonamiento legal se determina y se reitera la necesidad de contar con el Informe Técnico del  Auditor de juzgados y cuando éste no es convincente, se recurrirá a peritos a los fines de poder verificar los descargos del co-coactivado y como expresa la norma citada, posteriormente el Juez dictará resolución debidamente fundamentada tomando en cuenta el referido informe técnico.

En cuanto a la cita de los Autos Supremos, no es aplicable al caso de autos, por ser un caso distinto a la presente litis. Por otro lado, la jurisprudencia desarrollada por la ex Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de Justicia-, nos enseña en los Autos Supremos No. 183 de 27 de octubre de 1995, No. 113 de 15 de mayo de 1996, No. 164/2008 de 6 de junio y No. 74/2011 de 4 de marzo de 2011, correspondientes estos dos últimos a su Sala Social y Administrativa Segunda, en sentido que el informe del Asesor Técnico adquiere características de opinión autorizada y fiable, en que tiene carácter de auditoria, mereciendo credibilidad por lo que los Tribunales de instancia fundan sus fallos en dicho informe.

Que, en el marco legal descrito, el Auto de Vista recurrido, no ha incurrido en interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, como se acusó en el memorial de recurso de fojas 323 a 325 y vuelta, correspondiendo, en consecuencia, aplicar los artículos 271 inciso 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva de los artículos 1 y 24 del Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley No. 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 323 a 325 y vuelta, sin costas.

MAGISTRADA RELATORA: Dra. María Arminda Ríos García.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 11 de abril de 2013

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora