SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 092/2013

EXPEDIENTE: S.11/2009                        

PARTES: Darío Cáceres Orellana c/ Caja Nacional de Salud

PROCESO: Beneficios Sociales

DISTRITO: La Paz

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VISTOS: El recurso de casación de fojas 133 a 134, interpuesto por Jorge Ángel Fernández Gantier en representación de la Caja Nacional de Salud, contra el Auto de Vista No. 228/08 SSA-I de 03 de septiembre de 2008, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de Justicia de la Paz (fojas 130 a 131), dentro del proceso social por pago de beneficios sociales por remoción, seguido por Darío Cáceres Orellana contra la entidad recurrente, la contestación de fojas 135, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, la Jueza Quinto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia No. 30/2007 de 08 de junio de 2007 (fojas 96 a 99), declarando IMPROBADA la demanda de fojas 23 a 24, aclarada a fojas 26, subsanada a fojas 33 a 34 y subsanada, aclarada y ampliada a fojas 36 y vuelta  de obrados.

En grado de apelación, incoado por el demandante (fojas 116 y vuelta), por Auto de Vista No. 228/08 SSA-I de 03 de septiembre de 2008 (fojas 130 a 131), la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, REVOCÓ la Sentencia apelada No. 30/2007 de fojas 96 a 99 y deliberando en el fondo declaró PROBADA la demanda de fojas 23 a 24 y aclarada a fojas 26 la misma que fue subsanada y ampliada. Consiguientemente la entidad demandada cancelará a la parte actora la suma de Bs.3.084 conforme a la siguiente liquidación:

DARIO CACERES ORELLANA

Tiempo de Servicios: 4 años, 8 meses y 28 días.

Diferencia del Salario Promedio Indemnizable: Bs. 306.00.-

Indemnización                                Bs.  1.452.00.-

Desahucio                                        Bs.     918.00.-

Aguinaldo                                        Bs.     306.00.-

Vacación                                        Bs.     408.00.-

TOTAL A CANCELAR                        Bs.  3.084.00.-

Los fundamentos para la revocatoria por parte del Tribunal de Alzada, fueron que la entidad demandada no adjuntó los memorandums que enervan la prueba contraria, desde que se produjo la remoción en fecha 01 de diciembre de 1999 hasta que se regula el movimiento de personal en fecha 25 de agosto de 2004, es decir al ser trasladado el actor en otro ámbito laboral, recién se regulariza en fecha 25 de agosto de 2004, transcurriendo 4 años, 8 meses y 24 días que el actor continuó prestando servicios hasta su retiro en fecha 13 de febrero del 2006. El actor se apoya a lo establecido en el artículo 89 del Reglamento Interno de la Institución y el Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937.

Que, contra el referido Auto de Vista, la entidad demandada a través de su representante legal, interpone recurso de casación, de fojas 133 a 134, en el que señala los siguientes argumentos:

Acusa que el Auto de Vista impugnado no valoró las pruebas correctamente, acepta que el actor prestó servicios en dos periodos, desde el 1 de noviembre de 1992 hasta el 18 de noviembre de 1994, y del 18 de noviembre de 1997 hasta febrero del 2006, aduce que al demandante por un error se le asignó el nivel 19 que correspondía a la Jefatura de la Sección Coactiva del Departamento Nacional de Cotizaciones, que el demandante no optó por la desvinculación laboral y continuó prestando sus servicios hasta su retiro el 9 de febrero de 2006.

Argumenta que el demandante formuló desistimiento de la acción social, además que en aplicación del artículo 28 de la Ley No. 1178, todo servidor es responsable de sus funciones.

Concluye el memorial, pidiendo se realice una revisión de las pruebas por parte del Tribunal.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de la entidad demandada, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Antes de ingresar en el análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de interposición del recurso carece de técnica jurídica, toda vez que los argumentos expuestos se limitan a efectuar una escasa relación de hechos que se produjeron durante la tramitación del proceso, inclusive no especifica el folio donde se encuentran sus pruebas de descargo dentro del expediente judicial, además de no especificar en que consiste su recurso de casación, es decir; si es en el fondo o en la forma, observándose que no cumple con la fundamentación adecuada, concreta y precisa en cuanto al planteamiento del recurso de casación, lo cual es obligación de la entidad recurrente.

Que, conforme la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación es uno extraordinario, constituyéndose por esta razón en una nueva demanda de puro derecho, que debe contener y circunscribirse a los requisitos enumerados en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, el recurrente se encuentra obligado a fundamentar de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, no siendo suficiente la simple cita de normas legales y la relación de los hechos que se dieron a lo largo del proceso, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que se acusa. 

Al respecto es oportuno citar como ejemplo la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de Justicia-, que ésta enseña, a través del Auto Supremo No. 172 de 10 de mayo de 1995, correspondiente a la Sala Civil Segunda, dispone: “El recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, en la que se tiene que dar cumplimiento a una serie de presupuestos y condiciones insoslayables, como las de citar la Ley o Leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en que consiste la violación, falsead o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, o en la forma o ambos, conforme establece el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, que en el sub lite no ha sido observado”.

Que, las deficiencias relacionadas al memorial de la entidad recurrente, hacen inatendible el recurso, por cuanto conforme establece la doctrina y la jurisprudencia, la apreciación y valoración de la prueba es facultad privativa de los juzgadores de instancia, en cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, debiendo apreciarlas de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, y es incensurable en casación; extraordinariamente podrá procederse a una revaloración de la prueba, en la medida que el recurrente acuse y demuestre que se hubiera producido error de hecho o de derecho por los tribunales inferiores, lo que en la especie no sucedió.

La jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de Justicia-, nos enseña a través del Auto Supremo No. 18 de 9 de enero de 1996, correspondiente a la Sala Civil Segunda, dispone: “La Ley la doctrina y la uniforme jurisprudencia nacional, establecen que la valoración de la prueba compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración, con facultad incensurable en casación, para decidir la causa tomando en cuenta las pruebas esenciales, conforme a su prudente arbitrio o sana crítica, si no se acusa y se demuestra que hubiesen incurrido en error de derecho o de hecho, como se infiere de la exégesis de los artículos 397-I-II, 476 y 253-3 del Código de Procedimiento Civil, con referencia al artículo 1286 del Código Civil”.

En el marco legal señalado, el recurso de casación de fojas 133 a 134, es insuficiente, haciendo inviable su consideración, pues impide a este Tribunal abrir su competencia, correspondiendo en consecuencia resolver en la forma prevista por los artículos 271 inciso 1) y 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, con la facultad remisiva del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley No. 212 de 23 de diciembre de 2011, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 133 a 134, sin costas, en aplicación del artículo 39 de la Ley No. 1178.

MAGISTRADA RELATORA: Dra. María Arminda Ríos García

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 18 de marzo de 2013

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora