SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 041/2013

EXPEDIENTE: S.754/2008                        

PARTES: Juan Pedro Mamani Mamani c/ Empresa Siguani Gold Placer S.R.L.

PROCESO: Beneficios Sociales

DISTRITO: La Paz

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 206 a 209 y vuelta interpuesto por Gastón Montellano Camacho, en representación legal de la Empresa Siguani Gold Placer S.R.L. en virtud del Poder Notariado Nº 0114/2005 otorgado por ante la Notaría de Fe Pública Nº 020 del Distrito Judicial de la ciudad de La Paz, contra del Auto de Vista Res. Nº. 200/2008 SSA.II de 24 de septiembre de 2008 (fojas 202 y vuelta), pronunciado por la Sala Social Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral, por cobro de beneficios sociales seguido por Juan Pedro Mamani Mamani, contra la entidad recurrente, el memorial de responde de fojas 213 a 214, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Jueza Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 056/2006 de 19 de septiembre de 2006 (fojas 144 a 148), declarando PROBADA EN PARTE la demanda de pago de beneficios sociales y otros de fojas 7 a 8, empero este fallo fue anulado mediante Auto de Vista Res. Nº. 153/2007 SSA.II de 16 de junio de 2007, disponiendo se dicte nueva Sentencia. En ese sentido y en estricto cumplimiento a la referida Resolución de Vista, la Jueza A quo emitió la Sentencia Nº 2/2008 de 8 de enero de 2008 (fojas 176 a 181), declarando PROBADA EN PARTE la demanda de pago de beneficios sociales y otros de fojas  7 a 8 y PROBADA EN PARTE la excepción de pago e improbada la excepción de prescripción, formulada por la parte demandada en su memorial de fojas 60 y vuelta, debiendo la parte demandada proceder al pago de los siguientes beneficios y derechos sociales a favor del actor:

JUAN PEDRO MAMANI MAMANI

FECHA DE INGRESO:        1 de septiembre de 2000

FECHA DE RETIRO:        18 de noviembre de 2003

TIEMPO DE SERVICIOS:        3 años, 2 meses y 18 días

Sueldo Promedio Indemnizable:                $us.1.000.-

Indemnización 3 años $us. 3000.-

2 meses                     $us. 166.66

18 días                 $us.  49.99                                                       $us.3.216.65

Desahucio 3 sueldos                                                        $us.3.000.--        

                                                                               $us.6.216.65        

Menos lo recibido fojas 49 y 50, equivalentes en dólares                $us.1.156.25        

Total a cancelar                                                                $us.5.060.40

En grado de apelación interpuesto por ambas partes, la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Res. No. 200/2008 SSA.II, CONFIRMÓ la Sentencia No. 002/2008, de fojas 176 a 181 de obrados.

Que, contra el referido Auto de Vista, la empresa SIGUANI GOLD PLACER S.R.L., interpone recurso de casación en el fondo a fojas 206 a 209 y vuelta, con los  siguientes argumentos:

Inicialmente realiza una relación procesal, exponiendo resumidamente el contenido de la demanda, la correspondiente respuesta, estableciendo los puntos de discusión jurídica en el proceso, asimismo considera los puntos de prueba. Seguidamente enuncia las infracciones incurridas en el Auto de Vista y Sentencia, afirmando que el trabajo del actor fue por temporada, pero la Sentencia misteriosamente concluye que el  tiempo de servicios prestados por el actor fue de 3 años, 2 meses y 18 días, extremo que no fue desvirtuado ni probado por las partes. Señala que demostró ampliamente que los servicios de todos los trabajadores de la empresa incluido el actor, fueron por temporada, porque se interrumpían  anualmente por el período de lluvias como consta en el certificado de fojas 48, que acredita que los trabajos mineros en esa zona solo se realizan en época seca, de marzo/abril a diciembre. Si bien desde el ingreso del actor hasta su alejamiento ha transcurrido el referido tiempo, este no es el tiempo de servicios prestados, ya que se trabajó por temporada en cada año: de septiembre a diciembre año 2000, de febrero a diciembre 2001 a 2002, de febrero a noviembre año 2003, datos muy diferentes al cómputo en que concluye la Sentencia. Asimismo, afirma que el Auto de Vista se limita a señalar que los servicios prestados fueron en forma discontinua, basándose en las declaraciones de los testigos, prueba que la Jueza no consideró porque las testificales de cargo y descargo, son contradictorias. La Sentencia en ningún momento se refiere a ninguna contradicción entre las declaraciones testificales. Esa afirmación en el Auto de Vista es un invento de la Corte Superior, que sostiene el actor no trabajó por temporadas sino en forma continua, situación que está establecida en la Sentencia, avalada por el Tribunal de Alzada, sin indicar en que funda esa conclusión.

Concluye, citando las normas legales que fueron objeto de violación, interpretación errónea o aplicación indebida en el Auto de Vista, al confirmar la Sentencia de primer grado, según el siguiente detalle:

mencionado en la demanda que solo refiere el retiro intempestivo, que debió considerarse y no otra forma de retiro. Asimismo, por no haber considerado el Auto de Vista recurrido, los puntos de la apelación que justamente se referían a la falta de valoración de las pruebas y falta de retiro y contratación por temporada, que no fundamentó.

Finalmente, señala que al Supremo Tribunal le corresponde CASAR el Auto recurrido y pronunciándose en el fondo declarar improbada la demanda y por tanto, sin lugar a beneficios sociales para el actor, con responsabilidad para los firmantes del Auto de Vista.                                                                                                                                                                                                                

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo planteado por la entidad recurrente, para su respectiva resolución, amerita realizar las siguientes consideraciones:

Previamente, se establece que el recurso formulado por la empresa recurrente, redunda en una relación de hechos sin fundamentar por qué alega varias disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas, menos explica cuál es la aplicación que se pretende, en razón a que la entidad recurrente no expresa cómo, por qué y de qué manera cometió infracción el Tribunal de Alzada al emitir el Auto de Vista recurrido. No obstante de ello se ingresa al fondo de la causa a objeto de resolver.

En cuanto a la acusada violación, interpretación errónea e incorrecta aplicación del artículo 6 de la Ley General del Trabajo que estipula: "El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito...", a decir del recurrente no respetó el contrato por temporada; cabe aclarar que, para que los contratos a plazo fijo sean conceptuados como tales, es necesario que sean constituidos por escrito, de lo contrario se presume que el contrato es por tiempo indefinido, como lo tiene previsto el artículo 1 del Decreto Ley 16187 de 16 de febrero de 1979, por lo que se extraña el pre-aviso de rescisión de contrato previsto en el artículo 12 de La Ley General del Trabajo, deduciéndose el despido intempestivo. En relación a este punto el Juez A quo aplicó correctamente dicha disposición, puesto que no cursa en obrados el contrato por temporada aludido por la parte recurrente, habiendo las partes sujetado su relación laboral en un contrato verbal, en ese sentido, bajo el principio de primacía de la realidad formó su sano criterio sobre los elementos que le fueron proporcionados, de ahí que la Sentencia es correcta como también es el Auto de Vista que confirma la Resolución de primera instancia.

Con referencia al artículo 150 del Código Procesal del Trabajo concordante con los artículos 3º inciso h) y 66 del mismo cuerpo legal, de acuerdo a la disposición legal citada, en materia laboral rige el principio de la inversión de la prueba que atañe al empleador enervar, desvirtuar, contradecir la pretensión deducida por el trabajador, mediante todos los medios probatorios lícitos permitidos por ley, estableciendo que en todo juicio social incoado por el trabajador la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes; aspectos que deben ser valorados con el prudente criterio y la sana crítica que es una facultad conferida por ley al juzgador, lo que no implica que el Juez se someta a la tarifa legal de la prueba. Por lo que se establece que en la especie los Tribunales de instancia, realizaron una correcta apreciación y aplicación de la  referida norma legal. 

Respecto a la supuesta vulneración de los artículos 154, 166 y 167 del Código Procesal del Trabajo, porque no se tuvo por definitiva la confesión del actor en sentido que no se dio retiro verbal o escrito, precedentemente, se argumentó que ameritaba en el caso de autos el pre-aviso, al tratarse de un contrato verbal y por ende de carácter indefinido, y de acuerdo al memorial de la demanda de fojas 7 a 8, se deduce que el retiro fue intempestivo, toda vez que no se arrimaron pruebas que demuestren abandono de trabajo o retiro voluntario, no habiendo desvirtuado la parte recurrente este aspecto como lo establecen los artículo 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, los Juzgadores aplicaron correctamente los principios que rigen el derecho laboral y la normativa inherente al caso de autos.

Asimismo, no es evidente la violación del artículo 159 del Código Procesal del Trabajo, en lo que respecta a la valoración del certificado de fojas 48; que certifica sobre la temporalidad de los trabajos mineros en la zona, empero este documento carece de carácter representativo o declarativo (previsto en el citado artículo), específicamente en cuanto al trabajo continuo o temporal, que el actor desempeñaba en la empresa recurrente, en ese entendido, los Tribunales de instancia, no cuestionaron el citado documento, concluyéndose que la Jueza A quo como el Tribunal Ad quem, no vulneraron la nombrada norma.

Respecto a la vulneración del artículo 169 (fe probatoria de testigos) del Código Procesal del Trabajo, determina que: "Hacen fe probatoria las declaraciones de dos o mas testigos que concuerden en personas, cosas, hechos, tiempos y lugares". En la especie la parte recurrente reclama que no se admitió la fe probatoria de la prueba testifical, al respecto conforme lo ha establecido la jurisprudencia sentada por este Alto Tribunal de Justicia, la prueba en su sentido procesal se constituye en un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio, con la finalidad de crear la convicción del juzgador sobre el hecho o hechos demandados, misma que debe ser valorada en su conjunto, en ese entendido se observa que la Resolución de Vista impugnada, consideró las pruebas en su conjunto, resolviendo conforme la normativa y principios vigentes.

En cuanto a la acusada aplicación indebida de los artículos 13 de la Ley General del Trabajo y 8 de su Decreto Reglamentario, los fallos de instancia establecieron que la ruptura de la relación laboral fue de forma intempestiva, aspecto que no fue desvirtuado con prueba legal, eficaz y contundente, razón por la cual los Tribunales de instancia reconocieron a favor del actor los beneficios y derechos sociales que estipula el precepto legal citado.

Con relación a la denuncia de la violación del artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dispone: (relación procesal) “Presentados los escritos de demanda, reconvención y respuesta de ambas, quedará establecida la relación procesal que no podrá ser modificada posteriormente”. En el caso de autos, se establece que los fallos de instancia se sujetaron al contenido de la relación procesal, en ese contexto de derechos y deberes que tiene el Juzgador y las partes, evidenciándose que se aplicó correctamente la normativa  observada.

Además, cabe precisar que la doctrina consagrada en textos expresos de nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia, establecen que "nada que esté fuera de la relación procesal puede otorgarse en la Sentencia o en el Auto de Vista. Asimismo nada que esté fuera de la relación procesal, puede reclamarse en el recurso de casación"; concluyéndose en definitiva que no es cierta la violación de la norma legal aludida; asimismo el Tribunal de Alzada cumplió con lo que prevé el artículo 236 el Código de Procedimiento Civil, por la supuesta falta de fundamentación de los puntos apelados en el Auto de Vista recurrido, esta supuesta vulneración, no se observa en el citado fallo, por lo que es inconsistente el reclamo planteado en casación, pues en el recurso sólo pueden acusarse la infracción de la ley o leyes apeladas. En el caso de que el Ad quem no se hubiera pronunciado sobre dicha ley, correspondía a la parte pedir, dentro de las veinticuatro horas, la correspondiente complementación de acuerdo al artículo 196 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil con referencia al artículo 239 del mismo Cuerpo Legal, cumplido este procedimiento y sólo sobre esta base, se puede recurrir en casación. En ese orden, en el caso sub lite, las denuncias formuladas por la parte recurrente en su acción extraordinaria no se acomodan a las exigencias establecidas por los preceptos supra señalados.

Que, a efectos de resolver el recurso de casación planteado en el fondo, se advierte que la parte recurrente pretende que a través del análisis de las infracciones citadas y de la normativa invocada, se de una nueva valoración a la prueba aportada en el proceso. Cabe destacar que la valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación, más aún si se trata de materia laboral en la que el juez no se encuentra sujeto a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario que debe formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, conforme instituye el artículo 158 del Código Procesal del Trabajo, razón por la cual, cuando se denuncia su incorrecta valoración o apreciación, los recurrentes tienen la obligación procesal de demostrar si los de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho a efecto de que el Tribunal de Casación abra su competencia para realizar una nueva compulsa de la prueba, conforme exige el artículo 253 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, aspecto que en la especie no se invocó por la parte recurrente.

Además, debe tenerse presente que es deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo, in dubio pro operario e inversión de la prueba, aplicables en materia laboral; y que los trabajadores gozan del derecho fundamental a la materia judicial efectiva, consagrados en los artículos 162 de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley General del Trabajo, porque los  derechos de los trabajadores son irrenunciables y es nula cualquier convención que sea contraria a sus intereses.

Que, en el marco legal descrito, el Tribunal de Alzada, no incurrió en transgresión, violación o errónea aplicación de normas, ni en la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley al confirmar la Sentencia de primera instancia como se acusó en el recurso de fojas 206 a 209 y vuelta, correspondiendo en consecuencia aplicar el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, en cumplimiento de la norma remisiva prevista por el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO  el recurso de casación de fojas 206 a 209 y vuelta, con costas.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Delfin Humberto Betancourt Chinchilla

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 22 de febrero de 2013

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora