SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 009/2013

EXPEDIENTE: S.679/2008                        

PARTES: Oscar Javier Mariaca Mealla c/ Empresa Promotora de Eventos PROESA S.A.

PROCESO: Beneficios Sociales

DISTRITO: La Paz

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 342 a 343, interpuesto por Sergio Reynaldo Paz Córdova, representante legal de la Empresa Promotora de Eventos PROESA S.A., contra el Auto de Vista Nº 166/08 SSA-III de 15 de julio de 2008 (fojas 334 y vuelta), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales, seguido por Oscar Javier Mariaca Mealla contra la entidad recurrente, el auto de concesión del recurso de fojas 346, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la demanda laboral, la Jueza Quinto de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de La Paz, pronunció  Sentencia Nº 43/2007 de 30 de julio de 2007 (fojas 164 a 168), declarando probada en parte la demanda de fojas 16 y vuelta, aclaración de fojas 18 y 20, improbada la excepción perentoria de prescripción, disponiendo que la Empresa PROESA S.A. (PROMOTORA DE EVENTOS S.A.) por intermedio de su representante legal, cancelar al actor la suma de Bs.4.598,68 por concepto de beneficios sociales, conforme a la siguiente liquidación:

Tiempo de trabajo 1 año. 3 meses y 17 días

Salario indemnizable Bs. 821,20.-

Sueldos devengados marzo, abril, mayo

y 10 días de junio:                                                Bs. 2.737,33.-

Aguinaldo duodécimas Gestión 2004:                        Bs.    725,38.-

Vacaciones una gestión                                        Bs.    410,59.-                Primas duodécimas gestión 2004                        Bs.    725,38.-

TOTAL                                                        Bs. 4.598,68.-

En grado de apelación, deducida por la empresa demandada de fojas 228 y vuelta, la Sala Social y Administrativa Tercera del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 166/08 SSA-III de 15 de julio de 2008 (fojas 334 y vuelta), que confirmó la Sentencia Nº 043/2007 de 30 de julio de 2007.

Que, contra el referido Auto de Vista, el representante legal de la empresa demandada interpuso recurso de casación, acusando en lo principal que el Auto de Vista ha hecho una incorrecta valoración del memorándum cursante a fojas 15 que implica que el actor abandonó su trabajo a fines del mes de octubre de 2004, es decir dos años y 28 días antes de la presentación de la demanda laboral  y dos años, tres meses y 28 días antes de la notificación con la demanda, aplicable por mandato del Código de Procedimiento Civil, por lo que hubiere operado la prescripción.

Concluye el memorial del recurso, solicitando a este Tribunal case la Resolución recurrida y fallando en el fondo declare probada la excepción de prescripción.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los términos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:

Con relación al punto de controversia cual es la prescripción acusada por la empresa recurrente, es preciso señalar que uno de los principales problemas en materia laboral es el relativo al instituto de la prescripción de los derechos sociales del trabajador, que difiere de la prescripción en el Derecho Civil que, como se verá en el derecho laboral requiere de un estudio y tratamiento especial.

En ese marco, se define a la prescripción liberatoria como la "extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido por la inacción de su titular durante el tiempo señalado por ley" según (Carlos Alberto Etala, Contrato de Trabajo, Editorial Buenos Aires Astrea, Página 256). De esta definición se infiere que la prescripción no afecta el derecho en sí, sino que priva al acreedor de la acción, con lo cual la acción queda relegada a la condición meramente natural, quedando claro que dos son los elementos que requiere la ley para que se configure la prescripción: a) el transcurso del término legal preestablecido y, b) la inacción o silencio voluntario del acreedor durante ese plazo.

Que, la legislación nacional en materia laboral, regula este instituto en el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, determinando que "Las acciones y derechos provenientes de esta ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido ellas"; por su parte el artículo 163 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo establece: "Las acciones y derechos emergentes de la ley que se reglamenta se extinguirán en el término de dos años, a partir de la fecha en que nacieron (…)".

En el caso autos, la controversia radica en el hecho de haberse operado o no la prescripción. Al efecto la literal que el recurrente refiere como plazo de inactividad del actor, de fecha 16 de noviembre de 2004, expresa: “(…) hace 15 días su persona no se ha presentado en la empresa ni se ha reportado con su superior, lo que significa abandono injustificado de funciones. Sin embargo en el sistema de asistencia aparece el marcado de ingreso de todos los días (…)”(las negrillas son añadidas). Por otro lado, de la literal cursante a fojas 92, se colige que el actor se encontraba trabajando el 18 de noviembre de 2004 en la empresa demandada, por lo que se infiere que el demandante fue despedido el 18 de noviembre de 2004. El derecho para hacer exigible sus beneficios sociales, en aplicación del Decreto Supremo Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992, es 15 días después de dicho despido, es decir el 3 de diciembre de 2004, y considerando los artículos 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, la prescripción en el caso presente comenzó a correr efectivamente el 4 de diciembre de 2004 y concluía el 4 de diciembre de 2006.

La demanda, fue presentada el 14 de noviembre de 2006, conforme acredita el cargo de demandas nuevas cursante a fojas 16 y vuelta, es decir, conforme a la normativa citada precedentemente, la demanda fue presentada antes que la prescripción hubiese operado, conforme acertadamente determinó el Tribunal Ad quem, porque en materia laboral, no hace falta la citación con la pretensión del trabajador al empleador, sino solo la presentación de la solicitud del reclamo o demanda, sea ante la autoridad administrativa o jurisdiccional.

Al respecto la uniforme jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia ha establecido en los Autos Supremos Nº 157 de 1 de diciembre de 1985, Nº 170 de 30 de mayo de 2011 de la Sala Social y Administrativa Segunda, señala que “en materia social, la prescripción se interrumpe ya sea por cualquier misiva, nota dirigida al empleador u otro reclamo dirigido ante cualquier autoridad administrativa del trabajo y/o la presentación de la demanda judicial, aunque sea incompetente, no importando que sea legalmente notificada al empleador, inclusive una notificación telegráfica, en fin, toda acción que denote la intención de reclamar los derechos del trabajador (instrumento idóneo) que sirva para pretender cobrar sus beneficios laborales, es decir, que tenga una finalidad interpretativa, esto dado por la especialidad y la particularidad de los principios que rigen en materia laboral, singularizados por su carácter protectivo de los intereses de los trabajadores”. Con este antecedente, conviene considerar que, encontrándose la prescripción extintiva subordinada a la acción del trabajador, la presentación de la demanda importa también actividad que entraña intención y manifestación expresa del reclamo, lo que resulta suficiente para interrumpir la prescripción, independientemente de su notificación, debiendo tenerse presente que el artículo 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su Decreto Reglamentario, regulan la prescripción extintiva del derecho del trabajador, no así de la obligación del empleador.

En ese contexto, la excepción de prescripción fue resuelta correctamente por los de instancia a tiempo de emitir el fallo correspondiente, previa valoración de todos los medios de prueba aportados por las partes, dentro del marco establecido por los artículos 158 y 3 inciso j) del Código Procesal del Trabajo.

Por consiguiente, se concluye que el Auto de Vista recurrido se ajusta a las normas legales en vigencia y no se observa violación de norma legal alguna, al contrario realiza una correcta valoración y apreciación de la prueba adjuntada al proceso, como la interpretación y aplicación de las normas legales citadas. Por lo que, habiendo el Tribunal Ad quem obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso, correspondiendo en consecuencia aplicar el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, en cumplimiento de la norma remisiva prevista por el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO  el recurso de casación de fojas 342 a 343, con costas.

MAGISTRADO RELATOR: Dr. Delfin Humberto Betancourt Chinchilla

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.

Fdo. Dra. Carmen Nuñez Villegas

Fdo. Dra. María Arminda Ríos García

Fdo. Dr. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla

Sucre, 4 de enero de 2013

Ante mí: Abog. Soraya Ortega Aparicio. Secretaria de Sala Social y Administrativa Liquidadora