SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 214

Sucre, 05 de julio de 2011

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Coactivo Fiscal

PARTES: Aduana Nacional c/ Claure Blanco Roberto y otros

MINISTRA RELATORA: Beatriz Sandoval de Capobianco.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 410-414, interpuesto por los coactivados Serapio Zeballos Jaimes y Max Catacora Bernal contra el Auto de Vista Nº 108/2010 de 15 de septiembre de 2010 cursante a fs. 404-406, emitido por la Sala Social y Administrativa del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la Aduana Nacional contra Roberto Claure Blanco, Mario Unzueta Gualterio, Max Catacora Bernal, Serapio Zeballos Jaimes y Fernando Rivas Téllez, el Auto que concedió el recurso cursante a fs. 434, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso coactivo fiscal a demanda de la Aduana Nacional de fs. 99-100, en base al Informe de Auditoria Nº EC/EN03/Y99-R1, Informe Complementario Nº EC/EN03/Y99-C1, aprobados mediante Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR-1/D-013/00 de 9 de febrero de 2000, emitido por el Contralor General de la República todos cursantes de fs. 7 a 86, por los que se determinaron responsabilidad civil solidaria contra Roberto Claure Blanco, Mario Unzueta Gualterio, Max Catacora Bernal, Serapio Zeballos Jaimes y Fernando Rivas Téllez en representación de la Agencia Aduanera Atlas Internacional, por la suma de Bs. 127.467, sujetos a la aplicación del art. 77 inc. a) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, el Juez Primero Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Cochabamba, dando cumplimiento al Auto Supremo Nº 190 de 12 de junio de 2008, que dispuso la anulación de obrados hasta que se emita nueva sentencia, emitió la Sentencia de 11 de septiembre de 2008 cursante a fs. 343-350, por la que declaró probada la demanda de fs. 99-100, manteniendo la Nota de Cargo Nº 24/2000 de fecha 28 de julio de 2000 en la suma de Bs. 127.467 equivalentes a $us. 23.218, por defraudación de fondos públicos, con fundamento en el art. 77 inc. a) de la Ley del Sistema de Control Fiscal y art. 31 de la Ley Nº 1178, monto que deberá ser actualizado al momento de la cancelación, al tenor de lo dispuesto por el art. 39 de la Ley Nº 1178, y libró el correspondiente pliego de cargo en cumplimiento al Auto Supremo Nº 139.

En grado de apelación formulada por Serapio Zeballos Jaimes y Max Catacora Bernal (fs. 352-354), mediante Auto de Vista Nº 108/2010 de 15 de septiembre de 2010 cursante a fs. 404-406, emitido por la Sala Social y Administrativa del Distrito Judicial de Cochabamba, se confirmó la sentencia apelada.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por los coactivados Serapio Zeballos Jaimes y Max Catacora Bernal, bajo el siguiente fundamento:

En el fondo: Acusan que el auto de vista en el punto 2) del único considerando, evaluó igual que el informe complementario EC/EN03/Y99-C1 emitido por la Contraloría General, informe que no es más que una afirmación absolutamente errónea y mal intencionada, porque el agente de aduana en ningún momento proporciona documentación para la emisión del volante de tarja, ya que el único documento presentado para este fin es el MIC/DTA y quien lo presenta es el transportista. Asimismo señalan que la auditoria establece responsabilidad en el registro informático de los datos contenidos en el MIC/DTA de conformidad a la R.A. DNTL Nº 241/97 de 31 de julio de 1997, y que revisada esta disposición normativa, el despachante de aduana no es un usuario.

Señalan que los funcionarios de la CGR, confundieron los conceptos de "gestor de recinto" y "concesionario de zona franca", lo cual conduce a una evaluación errada y que fue base del juzgador en las diferentes instancias, ya que no comprendieron que Zofraco S.A. no es un gestor de recinto, sino la empresa concesionaria de la zona franca de Cochabamba, que cuenta con un sistema informático propio, por lo que no captura informaticamente los datos del MIC/DTA a la conclusión del transito aduanero internacional, pues esa tarea la realiza la administración aduanera y posterior a la captura, recién se inicia la participación de Zofraco S.A y por ende la de sus empleados, por lo que no hay modo de modificar los datos, siendo incorrecto atribuir esa conducta a los empleados de Zofraco S.A. por la firma y sello de descárguese estampado en la parte posterior del MIC/DTA.

Acusan también que en el punto 4) del auto de vista recurrido, se interpretó erróneamente que el ingreso del medio de transporte con la mercancía a los predios de Zofraco S.A., sus empleados acusaron la recepción del MIC/DTA por encontrarse el sello de descárguese, obviando que esa función es exclusiva de la Administración aduanera conforme señala el art. 32 del Decreto Supremo Nº 22526 de 13 junio de 1990.

Manifiestan que el punto 6) del auto de vista, interpretó erróneamente el art. 52 del Reglamento de Zonas Francas, con relación al MIC/DTA y pago de tributos aduaneros de importación.

Finalizan señalando que el punto 7) del auto de vista realizó una interpretación errónea de la parte conclusiva del Auto Supremo Nº 190 de 12 de junio de 2008.

En la forma: Acusan que la Sala Social y Administrativa a momento de la emisión del auto de vista, no consideró el memorial de alegatos de 25 de mayo de 2009.

Concluyen solicitando se case totalmente el auto de vista y fallando en lo principal se revoque la sentencia dictada en primera instancia y se les libre de toda responsabilidad, con costas y responsabilidad al tribunal de alzada.

CONSIDERANDO II: Que de la revisión de los antecedentes del proceso y lo fundamentado en el recurso, se establece lo siguiente:

En el fondo:

1.- De la compulsa de antecedentes se tiene que el Informe de Auditoria Nº EC/EN03/Y99-R1, Informe Complementario Nº EC/EN03/Y99-C1, establecieron indicios de responsabilidad civil contra los recurrentes por emitir Partes de Recepción y Factura de reexpedición, donde se describe una mercadería diferente a la señalada en los MIC/DTA, por Bs. 127.467; es decir, que los hallazgos de responsabilidad se debe a la modificación de los datos contenidos en el MIC/DTA para la emisión de los Volantes de Tarja.

Los recurrentes manifiestan que Zofraco S.A., no es un gestor de recinto y no captura informaticamente los datos del MIC/DTA, pues esa tarea es realizada por la administración tributaria y posterior a la captura recién se inicia la participación de Zofraco y por ende de sus empleados, por lo que no hay forma de modificar los datos.

Para analizar la problemática planteada, resulta importante señalar que las zonas francas son una parte del territorio nacional que se definen como áreas de terreno delimitadas sin solución de continuidad sometidas al principio de segregación aduanera y fiscal por el tiempo de concesión.

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 32 del Decreto Supremo Nº 22526, en el área de las zonas francas se pueden realizar los controles: a) El control oficial del ingreso y salida de personas, bienes, mercaderías y vehículos hacia y desde las zonas francas, será realizado por la aduana en cuya jurisdicción se encuentre la zona franca. b) La entidad administradora de la zona franca efectuará el control operativo del ingreso y salida de personas, bienes, mercaderías y vehículos. c) La unidad de control del CONZOF establecida en el artículo 34 del referido Decreto Supremo, realizará las verificaciones y evaluaciones periódicas o eventuales que considere convenientes o que el Consejo determine; es decir, que de acuerdo al referido precepto existen tres niveles de control (aduana, administradora de zona franca y CONZOF) que podrán efectuar, además, las verificaciones necesarias, en cualquier momento y en cualesquier oficina, bodega, depósito u otra instalación de la zona franca.

Según lo dispuesto en el capitulo V (anexos) de la Resolución Administrativa DNTL Nº 24/97-706 de 31 de julio de 1997, reciento aduanero es el lugar habilitado por la ley o por la Aduana Nacional donde se depositan las mercancías bajo su potestad y realizan las operaciones aduaneras, son el conjunto de edificios, construcciones, instalaciones y terrenos que se encuentran dentro de un predio cercado con una sola puerta de ingreso y salida, que permitan el control del movimiento de las mercancías, medios de transporte y personan que operan en el interior de los recintos. Bajo esta definición, se entiende que las zonas francas son recintos aduaneros, pues son una parte del territorio nacional habilitados por ley o por la Aduana Nacional donde se depositan las mercancías bajo su potestad y se realizan las operaciones aduaneras, y que permiten el control del movimiento de mercancías, medios de transporte y personas que operan en el interior de los recintos.

Por otra parte, la referida Resolución Administrativa, establece en el Capitulo I (aspectos generales) que tienen responsabilidad directa los funcionarios aduaneros, el transportista y el gestor de recinto, entendiéndose a este último como la administración de la zona franca, cada uno en sus respectivos campos de acción, conforme establecen los numerales 1.12.1., 1.12.2 y 1.12.3 y siguientes de la referida resolución.

Si bien los coactivados señalan que la administración aduanera es la responsable en las operaciones relacionadas con la MIC/DTA, no es menos cierto que Zofraco S.A., al ser un gestor de recinto conforme se expuso precedentemente, tiene la responsabilidad de realizar la captura, en forma expedita y correcta de los datos contenidos en los documentos aduaneros presentados por los usuarios; además de brindar espacios adecuados para el almacenamiento y protección de la mercancía ingresada a sus almacenes y de remitir mensualmente a la Dirección General de Aduana información relativa a los tránsitos aduaneros registrados, en suma es responsable a través de su Unidad de Admisión de Documentos de realizar el registro informático y proceder al pesaje de la unidad de transporte vacía para determinar la tara de la misma.

2. Con relación a las facturas de reexpedición, el Decreto Supremo Nº 23333 de 24 de noviembre de 1992, establece que esta factura es emitida a solicitud del usuario de la administración de las zonas francas que operan en territorio nacional, que tiene como puntos de referencia la factura comercial de origen y el aviso de conformidad de una de las verificadoras que prestan servicios en el país, cuyo valor de importación en ningún caso, puede ser inferior al valor de la mercancía que se tiene en el aviso de conformidad, y que es otorgada por las administraciones de las zonas francas, en sustitución de la factura comercial; es decir, que los responsables de la emisión de las facturas de reexpedición son los administradores de las zonas francas.

3. Respecto al art. 52 del Decreto Supremo Nº 22526, se establece que las mercadería, insumos y bienes de capital, admitidos en las terminales de deposito, pueden ser objeto de transferencia entre usuarios de la misma, con autorización de la Junta de Administración y de la administración aduanera; es decir, que el referido Decreto en concordancia con el Decreto Supremo Nº 23333, establece que es responsable de la factura de reexpedición los administradores de las zonas francas conjuntamente la administración aduanera.

4. Con relación a la errónea interpretación de la Sala Social y Administrativa respecto al Auto Supremo Nº 190 de 12 de junio de 2008, se debe señalar que la parte resolutiva de esta resolución, establece la nulidad de obrados a fin de que el juez de primera instancia emita la sentencia con razonamientos claros, precisos y adecuados, por lo que no existe una interpretación errónea por parte del tribunal de alzada, pues lo que se pretendió con la nulidad de obrados, es dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 192 del Código de Procedimiento Civil y no así eximir de responsabilidad a los coactivados.

De lo expuesto, se concluye que los coactivados son responsables por defraudación de fondos públicos, conforme se estableció en los informes de auditoria y dictamen de responsabilidad civil, realizados por la Contraloría General de la República.

En la forma:

Conforme se tiene de la línea jurisprudencial establecida por este tribunal, la casación en la forma reclama como solución jurídica la nulidad y el consiguiente reenvío, por cuanto se circunscribe a los aspectos que hacen a la instrumentalidad del proceso, esto es, a errores "in procedendo".

Para la admisibilidad del recurso de casación en la forma, es indispensable que el recurrente haya reclamado oportunamente las contravenciones en los tribunales inferiores, lo que en la especie no ocurrió, pues de autos se tiene que los coactivados no reclamaron al tribunal de alzada la supuesta falta de valoración del memorial de alegatos de 25 de mayo de 2009, no encontrándose justificado el recurso de casación en la forma, por no cumplir con lo dispuesto por el art. 258 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, se concluye que la resolución del tribunal de alzada, no ha violado las normas acusadas en el recurso en análisis, por lo que corresponde fallar conforme los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del art. 1 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el num. 1) del art. 60 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs.410-414.

Sin costas en todo el proceso, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990.

Relator: Ministra Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Beatriz Sandoval de Capobianco

Min. Esteban Miranda Terán

Sucre, 05 de julio de 2011

Proveído: Sandra M. Mendivil Bejarano

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.