SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 210

Sucre, 28 de junio de 2011

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Social

PARTES: Rene Guillermo Arce del Castillo c/ Y.P.F.B.

PRIMER MINISTRO RELATOR: Esteban Miranda Terán.

SEGUNDO MINISTRO RELATOR: Beatriz Sandoval de Capobianco


VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 204 y 234-237, interpuestos por un lado por el demandante René Guillermo Arze del Castillo y por el otro lado Carlos Luís Pérez López conjuntamente con Oscar Pareja Marañón, en representación de la empresa demandada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) respectivamente, ambos contra el Auto de Vista Nº 0207 de 6 de junio de 2007, cursante a fs. 201-202, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso social sobre Reintegro de Beneficios Sociales, seguido por Rene Guillermo Arce del Castillo contra Y.P.F.B., la respuesta al primer recurso de fs. 234-237, los antecedentes del proceso, las leyes acudas de infringidas, lo alegado por las partes; y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Segundo de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, en cumplimiento del Auto de Vista Anulatorio Nº 161 de 25 de junio de 2003 (fs. 158), emitió la Sentencia Nº 64 de 7 de noviembre de 2006, cursante a fs. 180-183, declarando probada en parte la demanda de reliquidación de beneficios sociales e improbada la excepción perentoria de pago, con costas, disponiendo consecuentemente que la institución demandada a través de su actual presidente ejecutivo, reintegre los beneficios sociales a favor del actor en Bs. 94.495,36.- por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, sueldo de 13 días, refrigerios, menos recibido según finiquito, más la actualización y reajuste que fué determinado mediante el Auto Nº 88 de 1 de febrero de 2007, cursante a fs. 186, resolviendo la solicitud de complementación y enmienda solicitada por el demandante a fs. 185.

En grado de apelación formulado por el representante de Y.P.F.B., (fs. 188-190), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 0207 de 6 de junio de 2007 (fs. 201-202), revocando la Sentencia apelada y deliberando en el fondo, declaró improbada la demanda de fs. 27-30 y probada la excepción perentoria de pago documentado de fs. 75-78, sin costas por la revocatoria.

Dicho fallo motivó los recursos de casación interpuestos por René Guillermo Arze del Castillo (fs. 204), Carlos Luís Pérez López y Oscar Pareja Marañón en representación de la institución demandada (fs. 135-137), en el que acusaron:

1.- En el recurso formulado por René Guillermo Arze del Castillo (fs. 204), se acusa la violación del art. 134 del Cód. Proc. Trab., porque en al auto de vista recurrido, se aplicó la prescripción del derecho del trabajador establecida en el art. 120 de la L.G.T., sin haber sido invocada, es decir de oficio.

De igual manera denuncia la aplicación indebida del art. 160 de la L.G.T., en el entendido de ser inexistente dicho artículo y porque los arts. 120 del Cód. Proc. Trab. y 163 de su D.R., corresponden a la ley sustantiva laboral, demostrando así un daño y perjuicio causado.

Concluyó solicitando que este tribunal case el auto de vista recurrido, "declarando" firme y subsistente la sentencia de primera instancia, con costas.

2.- El recurso de casación en parte, interpuesto por los representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cursante a fs. 234-237, luego de realizar un análisis de los antecedentes procesales, denuncia la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de los arts. 120 de la L.G.T., 163 de su D.R., concordante con los arts. 1492, 1493 y 1497 del Cód. Civ. y 44 de la Ley T.C. y la violación del derecho fundamental de seguridad jurídica establecido en los arts. 7 inc. a) y 16 de la C.P.E. de 1967, referentes al instituto de la prescripción opuesto a fs. 189 vta., que no fue tomada en cuenta por el ad quem, porque si bien en el auto de vista recurrido, se reconoció dicha prescripción, no se la resolvió expresamente en la parte resolutiva.

Concluyen solicitando que este tribunal supremo declare "improbado" el recurso de casación interpuesto por el actor, sea con costas y en definitiva se declare probadas las excepciones de pago documentado y prescripción.

CONSIDERANDO II: Con carácter previo a considerar los recursos interpuestos, se debe recordar que en cumplimiento del art. 15 de la Ley de Organización Judicial que estatuye: "Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquéllos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los palazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes".

En su mérito aplicando dicha norma se puede disponer la sanción que corresponda o determinar la nulidad de oficio, conforme la previsión contenida en el art. 252 del Código de Pdto. Civil.

Que el art. 190 del Cód. Pdto. Civ., dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso..."; norma que es complementada con lo instituido en el art. 202 del Cód. Proc. Trab., que incluye las reglas que deben observarse para resolver una controversia laboral.

Estas normas se aplican igualmente por los Tribunales de alzada, quienes deben resolver de la misma manera, ajustando su resolución y decidiendo la controversia en función del art. 236 del Cód. Pdto. Civ., con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la sentencia y la expresión de agravios del recurso, enmarcado su decisorio a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil.

En ese entendido analizando el caso presente y los fundamentos de los recursos se establece que el Tribunal Ad quem no cumplió con la debida motivación de su fallo, en el que no se observó los principios de motivación, especificidad y exhaustividad, es decir pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos que fueron objetos de apelación por las partes y resueltos por el juez a quo, circunstancia que impide a este tribunal emitir criterio sobre todos los fundamentos alegados en los recursos de casación, por que conllevaría una omisión contra el debido proceso

En autos, como se tiene señalado, el Tribunal ad quem en grado de apelación, no se pronunció y mucho menos resolvió lo referente al instituto de la prescripción respaldada en su solicitud en los arts. 120 de la L.G.T. y 163 de su D.R., y que fuera acusada por el representante legal de la entidad demandada.

De igual manera se observa que el mencionado tribunal ad quem, en la fundamentación de su resolución incurre en una cita incorrecta de normas, toda vez que individualiza prescripción al tenor del art. 120 del Cod. Proc. Trab, cuando correspondía el art. 120 de la L.G.T.; de igual manera indica el art. 163 del D.R. del Cod. Proc. Trab, y correspondía serlo de la L.G.T.; por último también indica prescripción al tenor del art. 160 de la L.G.T. siendo lo correcto el citar al art. 163 del D.R. de la L.G.T.

Por lo que se advierte que el Tribunal ad quem no resolvió los puntos objeto del recurso de apelación, y por lo mismo no se resolvió aspectos fundamentales que lo motivaron, incumpliendo de esa manera la previsión contenida en el art. 107 numeral 1) de la L.O.J., que determina como atribución, resolver en grado de apelación la sentencia y/o autos interlocutorios pronunciados en primera instancia, cuyo fallo imprescindiblemente debe expresar no sólo las circunstancias que originaron el hecho, sino también las normas legales en las que se basa la resolución, absolviendo los aspectos cuestionados; vale decir, que en la emisión del fallo, no se tuvo presente las normas estatuidas en el ordenamiento jurídico laboral, dentro del cual se deben considerar todos los medios probatorios incorporados, así como los argumentos de la actora y de la parte demandada, resultando dicha resolución incompleta, porque las circunstancias reclamadas en el recurso de alzada de fojas 207-211, no fueron compulsadas ni resueltas por la Corte de alzada, sin observar de ésta manera disposiciones de orden público y de cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados, pues, incumplió la norma contenida en el art. 202 del Código Procesal del Trabajo.

Por lo expuesto, corresponde aplicar el art. 252 del Cód. Pdto. Civ., con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. del Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 15 y 60 inc. 1) de la L.O.J. y con la intervención del Ministro de Sala Social y Administrativa Primera, Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte convocado a fojas 244, ANULA obrados hasta fojas 200, disponiendo que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo de la causa, emita nueva resolución, en sujeción de los arts. 190, 192 y 236 del Cód. Pdto. Civ. y 202 del Cód. Proc. Trab., sin multa por ser excusable.

El Ministro Esteban Miranda Terán fue de voto disidente por haber propuesto se declaren infundados los recursos de casación de fs. 204 y 234-237.

Primer Relator: Ministro Esteban Miranda Terán

Segundo Relator: Ministra Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Beatriz Sandoval de Capobianco

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte

Min. Esteban Miranda Terán

Sucre, 28 de junio de 2011

Proveído: Sandra M. Mendivil Bejarano

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.