SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 206

Sucre, 09 de junio de 2011

DISTRITO: La Paz PROCESO: Social

PARTES: Carlos Alvarado Benítez c/ CORDEPAZ

MINISTRO RELATOR: Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo (fs. 121-123) interpuesto por José Luís Paredes Muñoz, Prefecto del Departamento de La Paz, contra el Auto de Vista Nº 233/2007 SSA-II de 19 de octubre de 2007, cursante a fs. 112-113, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social instaurado por Carlos Álvaro Benítez contra la entidad recurrente, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, el 17 de octubre de 2005 el Juez Cuarto de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia Nº 104/2005 de fs. 78-79, declarando probada en parte la demanda principal, con costas, improbada la excepción de prescripción, y ordenando que la institución demandada cancele al actor la suma de Bs. 19.065 por concepto de salarios durante el tiempo que tuvo vigencia el fuero sindical del demandante.

Deducida la apelación por el representante de la Prefectura de La Paz (fs. 97-98), la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de ese Distrito, mediante Auto de Vista Nº 233/2007 SSA-II de 19 de octubre de 2007, confirmó la sentencia apelada.

Esta resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 121-123, formulado por el representante de la entidad demandada, en el que acusó que los juzgadores de instancia otorgaron sueldos devengados que no corresponden al demandante de acuerdo a lo dispuesto por el art. 26 de Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa de 24 de julio de 1995, que determinó la disolución de las Corporaciones Regionales de Desarrollo y que conlleva la desaparición de cualquier ente sindical.

Agregó, que el auto de vista se contrapone al art. 2 de la L.G.T., porque el salario es una retribución por el trabajo efectivamente prestado, lo que no aconteció en el caso de autos, toda vez que el demandante nunca representó o reclamó cuando cesó en sus funciones por cumplimiento de contrato en CORDEPAZ, habiendo interpuesto la presente demanda luego de dos años.

También denunció, que la demanda presentada versa sobre reincorporación a su fuente laboral, cuestión inviable por la desaparición de CORDEPAZ, no obstante, se declaró probada en parte la demanda con costas, vulnerando lo previsto en el art. 39 de la Ley Nº 1178 toda vez que en los procesos en los que interviene el Estado y sus instituciones está exento del pago de costas y honorarios, conforme lo establecido en la SC Nº 1295/01.

Alegó que el demandante, suscribió voluntariamente un contrato a plazo fijo aceptando explícitamente la terminación de la relación laboral a la conclusión de la vigencia del contrato, aspecto que desvirtúa el hecho de que se le hubiese retirado unilateralmente. Señaló que el art. 100 de la L.G.T., determina que la finalidad del sindicato es la defensa de los intereses colectivos y no el interés individual de sus dirigentes.

Afirmó que se infringió el art. 1311 del Cód. Civ., concordante con el art. 161-c) del Cód. Proc. Trab., porque las pruebas de fs. 26 y 30 no son plenas ni tienen valor legal por ser fotocopias simples, extremo que fue observado al momento de interponer el recurso de apelación.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que así formulado el recurso, previa revisión minuciosa del expediente, se establece lo siguiente:

1.- El fuero sindical es la garantía que se otorga a los trabajadores que cumplen y desarrollan mandatos socio - sindicales, éstos son elegidos como representantes para la defensa de los derechos laborales e intereses socio - económicos vinculados con la prestación de la fuerza de trabajo al interior de una relación laboral, razón por la que no pueden ser destituidos sin previo proceso, conforme lo establecido en el art. 1 del D.L. Nº 38 de 7 de febrero de 1944.

En concordancia con esta disposición, la R.M. Nº 119/88 de 31 de mayo de 1988, determina que los dirigentes sindicales no pueden ser retirados después de su mandato por un periodo de tres meses, apreciándose que la finalidad de este mandato es otorgar ese tiempo para que rindan cuentas de su gestión, salvo que incurran en las infracciones previstas en los arts. 16 de la L.G.T. y 9 de su D.R.

2. En este marco legal, de la revisión de los antecedentes se establece que los de instancia no incurrieron en las infracciones denunciadas en el recurso de casación en el fondo, toda vez que se verificó que no se respetó el fuero sindical del demandante, quien fue retirado de su fuente laboral en vigencia de su mandato sindical, en franca inobservancia de la protección constitucional y legal glosada anteriormente.

En efecto, de la lectura del acta de reincorporación de fs. 13, de los memorandos de reincorporación de fs. 20-21 y especialmente del contrato de trabajo a plazo fijo de fs. 23, presentados por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Prefectura de La Paz, se infiere que se dispuso la reincorporación de Carlos Álvaro Benítez a la Corporación Regional de Desarrollo de La Paz, precisamente porque gozaba de fuero sindical, circunstancia corroborada por la sentencia emitida por el Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social el 24 de marzo de 1994, mencionada en dichos documentos, concluyéndose, que la aludida reincorporación, debía efectuársela en el marco de las disposiciones contenidas en el D.L. Nº 38 de 7 de febrero de 1944, es decir, teniendo en cuenta el fuero sindical del que gozaba el demandante, aspecto que se traduce en la imposibilidad de su despido hasta tres meses después de haber fenecido su mandato sindical, por lo que la suscripción del contrato a plazo fijo de fs. 23, constituye un acto que vulnera la protección especial que brinda nuestro ordenamiento jurídico, a quienes asumen funciones en las dirigencias sindicales y que la recontratación, se produjo por el periodo de cinco meses, en el que aún gozaba de fuero sindical, concluyéndose en definitiva que los de instancia resolvieron adecuadamente la controversia sometida a su conocimiento, al disponer el pago de los salarios correspondientes a dicho periodo.

En este contexto, tampoco es evidente la vulneración del art. 26 de la Ley Nº 1604, por la que se dispuso la disolución de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, en consideración a que el fuero que gozaba, persistía hasta la conclusión de su mandato, habiéndose determinado correctamente la cancelación de los sueldos o salarios por el periodo afectado a raíz de su retiro de CORDEPAZ, y que tampoco vulnera los arts. 2 y 100 de la L.G.T. y 1311 del sustantivo civil, en relación al art. 161-c) del Cód. Proc. Trab., relacionados con el valor asignado a la prueba, teniendo en cuenta que el recurrente no demostró que los de grado hubiesen incurrido en errores de hecho o de derecho en la compulsa de la misma, incumpliendo lo exigido por el art. 253-3) del Cód. Pdto. Civ.

3.- En cuanto a las costas procesales reclamadas por el representante de la Prefectura del Departamento de La Paz, ahora recurrente, corresponde señalar que el tribunal ad quem no se pronunció al respecto; empero, lo hizo el tribunal de primera instancia que declaró probada la demanda "con costas", siendo pertinente destacar que no corresponde determinar esa cancelación, en virtud a lo dispuesto por el art. 39 de la Ley 1178 y el entendimiento desarrollado en la SC 1295/01 de 7 de diciembre que dice: "(...) el art. 39 de la Ley 1178 señala que los procesos administrativos y judiciales previstos por esa Ley, en ninguno de sus grados e instancias darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales, corriendo éstos a cargo de las respectivas partes del proceso. Asimismo, el art. 52 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo N° 23215, aclarando lo anterior señala textualmente: "Los procesos a que se refiere la Ley en la segunda parte del art. 39, son todos aquellos en los cuales el Estado, sus instituciones y los organismos en que tiene participación, intervienen como parte".

Las disposiciones legales se limitan a los procesos previstos por la Ley Nº 1178, dando a entender en apariencia que sólo serían los procesos coactivos fiscales y ordinarios, empero ello no es así porque la norma referida no hace exclusión expresa de aquellos procesos judiciales tramitados respecto de los contratos en los que el Estado actúa como persona de derecho privado o público, sino que de manera genérica se considera que el Estado sea parte de un proceso judicial cualquiera sea su naturaleza".

Este aspecto debe ser enmendado en el presente fallo, sin afectar el fondo de la problemática sometida a juicio.

4.- En consecuencia, al ser evidentes parcialmente las denuncias formuladas en el recurso de casación en el fondo, corresponde fallar conforme los arts. 271-4) y 274-II del Cód. Pdto. Civ., aplicables por permisión del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 60 núm. 1 de la L.O.J., CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 233/2007-SSA-II de 19 de octubre de 2007 cursante a fs. 112-113 y deliberando en el fondo mantiene subsistente la referida resolución de vista, dejando sin efecto la sanción del pago de costas en todo el proceso, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 y SC Nº 1295/01.

Para resolución según convocatoria de fs. 138, interviene el Ministro de Sala Social y Administrativa Primera, Dr. Julio Ortiz Linares.

Relator: Ministro Esteban Miranda Terán

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Esteban Miranda Terán

Min. Beatriz Sandoval de Capobianco

Min. Julio Ortiz Linares

Sucre, 09 de junio de 2011

Proveído: Sandra M. Mendivil Bejarano

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.