SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 195

Sucre, 30 de mayo de 2011

DISTRITO: La Paz PROCESO: Laboral

PARTES: David Ortega Ramírez y Guillermo Mamani Condori c/ Domingo Zeballos Perlacio y otros.

MINISTRA RELATORA: Beatriz Sandoval de Capobianco.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 489-492, interpuesto por Adolfo Quispe Ibáñez, Agustín Fernández Argandoña y Domingo Zeballos Perlacio, contra el Auto de Vista Nº 151/2007-SSA-II de 16 de junio de 2007 cursante a fs. 479-480 y Auto Complementario Nº 346/07 de 30 de julio de 2007 cursante a fs. 486, emitidos por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por David Ortega Ramírez, Guillermo Mamami Condori y Martín Alarcón Ríos, contra los recurrentes, el Auto que concedió el recurso de fs. 510, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso, la Juez Sexto de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, cumpliendo la nulidad determinada por Auto de Vista Nº 140/06-SSA-II de 14 de junio de 2006, cursante a fs. 416, emitió la Sentencia Nº 76/2006 de 7 de octubre de 2006, cursante a fs. 447-450, por la que declaró improbada la demanda de fs. 3-4, subsanada a fs. 7-8, 107-108, e improbadas las excepciones perentorias de prescripción y falta de acción y derecho opuesta por memorial de fs. 17-19.

Apelada la sentencia por el apoderado de los demandantes Martín Alarcón Ríos (fs. 454-455), la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 151/2007-SSA-II de 16 de junio de 2007 cursante a fs. 479-480 y Auto Complementario Nº 346/07 de 30 de julio de 2007 cursante a fs. 486, se revocó la sentencia apelada y deliberando en el fondo, declaró probada en parte la demanda ordenando que se pague a favor de David Ortega Ramírez, Guillermo Mamani Condori y Martín Alarcón Ríos las sumas de Bs. 10.771,75; 11.971,10 y 14.478,60 respectivamente por indemnización, desahucio, vacación dos gestiones y aguinaldo dos gestiones, más la aplicación del D.S. Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

Dichos fallos motivaron el recurso de casación en el fondo de fojas 489-492, interpuesto por los demandados Adolfo Quispe Ibáñez, Agustín Fernández Argandoña y Domingo Zeballos Perlacio, en el que denuncian la aplicación errónea de los arts. 1º del D.S. Nº 5207 de 29 de abril de 1959, 2 de la L.G.T. y 2 del D.S. Nº 23570, al considerar indebidamente a los actores empleados, porque no existía exclusividad, trabajaban por cuenta propia, no percibían un sueldo o salario, no tenían horario de trabajo y sólo registraban su ingreso y salida en la línea o zona, controlados en base a la hoja de ruta que emite la Asociación "Señor de Mayo", es decir no existía relación obrero patronal, al ser chóferes profesionales que trabajaban por cuenta ajena y por ello no pueden ser acreedores al pago del desahucio y otros beneficios sociales, como se determinó en el auto de vista, aplicando equivocadamente los arts. 12 y 13 de la L.G.T.

Denuncian también que se violó el art. 33 del D.R. de la L.G.T., porque no podía cancelarse la vacación al estar prohibida su compensación económica y que se infringió los arts. 66 y 150 del Cód. Proc. Trab., porque no se consideraron los documentos de fs. 211-212, que acredita que los demandantes no fueron trabajadores ni conductores asalariados, sino que eran conductores arrendatarios, conduciendo diferentes movilidades y para diferentes propietarios y porque en la demanda no aclararon con un petitorio mínimo sobre el tiempo de antigüedad, causa de retiro, sueldo, horario de trabajo, etc.

Fundamentaron también que se violaron los arts. 120 de la L.G.T. y 163 de su D.R., porque la demanda fue formulada luego de los dos años que los actores supuestamente habrían dejado de trabajar, es decir su acción se encuentra legalmente prescrita.

Concluyeron pidiendo que este tribunal case el auto de vista recurrido y deje firme y subsistente la sentencia de fs. 446-450, declarando improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, así formulado el recurso, previo análisis de los antecedentes del proceso, se establece lo siguiente:

1.- No es evidente que se hubiese incurrido en aplicación indebida o interpretación errónea de los arts. 1º del D.S. Nº 5207 de 29 de abril de 1959, 2 de la L.G.T., 2 del D.S. Nº 23570, 12 y 13 de la L.G.T. porque conforme se tiene demostrado en obrados, existió una relación laboral entre los demandantes y los demandados, habiéndose aclarado mediante la Resolución Nº 24/2003 de fs. 25-27, confirmada en alzada por el Auto de Vista Nº 066/03-SSA-II cursante a fs. 100, que evidentemente era inexistente la relación laboral entre los demandantes y la Asociación de Minibuses "Señor de Mayo" A.T.L., pero que sin embargo, los actores mantuvieron una relación de dependencia con los demandados Adolfo Quispe, Agustín Fernández y Domingo Zeballos, circunstancia que no ha podido ser desvirtuada por los indicados demandados, por el contrario han reconocido que los actores realizaban sus tareas diarias, pero manteniendo una relación encubierta de "conductores arrendatarios", que no ha sido demostrada en el curso del proceso, afirmando que la relación laboral era esporádica y discontinua, que se cancelaba a los demandantes por día y que esta relación no cumplía con los requisitos de una verdadera relación laboral, olvidando lo establecido por el D.S. Nº 5207 de 29 de abril de 1959, que en su art. 1 determina que "Todos los chóferes profesionales que trabajan por cuenta ajena, así como sus ayudantes, tienen la categoría de empleados para los efectos de las leyes sociales, cualquiera que fuese la forma de remuneración que reciben, sea sueldo, porcentaje, por viaje, forma mixta o combinada resultante de las anteriores formas de pago".

Por lo que, el Tribunal Ad quem, al determinar el pago de la indemnización por todo el tiempo en que estuvo vigente la relación laboral, ha obrado adecuadamente y con apego a la normativa legal vigente.

2.- En lo que corresponde a la vacación y aguinaldo determinados, la parte demandada no ha desvirtuado tampoco haber concedido y pagado dichos derechos, por lo que su pago corresponde en efectivo, sin vulnerar el art. 33 del D.R. de la L.G.T., pues esta norma, permite cancelar las vacaciones, cuando hubiese cesado el contrato de trabajo como aconteció en autos con los demandantes.

3.- Respecto de la presunta prescripción de los derechos de los actores, se debe considerar primero que, cuando se formuló la demanda de fs. 3-4, subsanada a fs. 7-8, se la dirigió contra la "Asociación de Minibuses Señor de Mayo", cuyo representante por memorial de fs. 17-18, opuso las excepciones previas de incompetencia e impersonería y las excepciones perentorias de prescripción y falta de acción y derecho.

Las dos primeras excepciones fueron resueltas por el Auto Definitivo Nº 24/2003 (fs. 27-29), declarando improbada la incompetencia y probada la impersonería, reservando la resolución de las otras excepciones para sentencia, cuando los actores adecuen su demanda contra las personas que corresponda.

Esta resolución judicial fue confirmada en alzada, conforme consta el Auto de Vista Nº 066/03-SSA-II de 2 de septiembre de 2003, cursante a fs. 100 de obrados, circunstancia que motivó que los actores rectifiquen su demanda dirigiéndola contra Adolfo Quispe, Agustín Fernández y Domingo Zeballos (fs. 107 y 108), con quienes se sustentó el proceso, implicando con ello que la "Asociación de Minubuses Señor de Mayo", ya no era sujeto pasivo del presente proceso.

Cuando se emitió la Sentencia Nº 48/2005 de 4 de mayo de 2005 (fs. 387-391), el juez de la causa declaró improbada la demanda, sin mencionar las excepciones perentorias de fs. 17-19, que fueron opuestas por el representante de la "Asociación de Minubuses Señor de Mayo", contra quien como se tiene señalado, ya no se sustentó el proceso, sin embargo, sin advertir este aspecto, mediante el Auto de Vista Nº 140/06-SSA-II de 14 de junio de 2006, cursante a fs. 416, el tribunal de alzada anuló obrados hasta referida la sentencia, para que se pronuncie sobre las indicadas excepciones, pese a que las mismas fueron opuestas por una persona jurídica, que ya no ostentaba la calidad de demandado, por haber sido apartada en base a una excepción de impersonería.

Consiguientemente la nueva juez a quo, al haberse ejecutoriado la resolución de vista, se vio obligada a pronunciar la Sentencia Nº 76/2006 cursante a fs. 446-450, declarando improbada la demanda y consideró innecesario referirse sobre la prescripción, al establecer que era inexistente la relación laboral, pero en la parte resolutiva, la declaró también improbada.

Este aspecto no fue analizado en alzada, porque sólo se resolvió los fundamentos de la apelación formulada por los actores, recurso que motivó la revocatoria de la sentencia.

En el curso del proceso, los demandados Adolfo Quispe Ibáñez, Agustín Fernández Argandoña y Domingo Zeballos Perlacio, no alegaron la prescripción de la acción, por ello es que a tiempo de emitirse el Auto de Vista Nº 151/2007-SSA-II y su Auto Complementario Nº 346/07, en ningún momento se aplicó los arts. 120 de la L.G.T. y 163 de su D.R., implicando con ello que ahora en casación este tribunal se vea impedido de realizar un análisis jurídico y fáctico de la aplicación de las referidas normas a ciertos hechos que no fueron objeto del proceso, pues los demandados no alegaron oportunamente y durante el proceso la prescripción, habiendo sido alegada por una tercera persona (jurídica) que fue apartada del proceso y que por consiguiente, no puede ser ya motivo del presente juzgamiento, porque en el curso del proceso no existió controversia respecto de su aplicación.

De lo analizado precedentemente, se establece que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso, correspondiendo resolver en la forma establecida en los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por permisión del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en el art. 60 núm. 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 489-492, con costas.

No se regula el honorario del profesional abogado, porque no fue respondido el recurso.

Relator: Ministra Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Beatriz Sandoval de Capobianco

Min. Esteban Miranda Terán

Sucre, 30 de mayo de 2011

Proveído: Sandra M. Mendivil Bejarano

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.