SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 185

Sucre, 30 de mayo de 2011

DISTRITO: La Paz PROCESO: Laboral

PARTES: Felipe Azurduy Bravo c/ Alcaldía Municipal de El Alto.

MINISTRA RELATORA: Beatriz Sandoval de Capobianco.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 182-184, interpuesto por FELIPE AZURDUY BRAVO, contra el Auto de Vista Nº 222/2007 SSA-II de 11 de octubre de 2007, cursante a fs. 180 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral seguido por el recurrente contra la H. ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de El Alto, emitió la Sentencia Nº 16/2000 de 2 de marzo de 2000, cursante a fs. 123-124, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 65, ordenando que la entidad edilicia cancele en favor del actor la suma de Bs. 961,72 por concepto de vacación y aguinaldo.

En grado de apelación suscitado por el demandante a fs. 156-158 vlta., la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Auto de Vista Nº 222/2007 SSA-II de 11 de octubre de 2007, de fs. 180 y vta., CONFIRMÓ la sentencia apelada.

En virtud a esta resolución, el actor interpuso recurso de casación en el fondo, a fs. 182-184, indicando que no es evidente la falta de fundamentación y expresión de agravios en su recurso de apelación, transgrediendo supuestamente lo dispuesto en el art. 219 del Cod. Proc. Civ., y es mas indica que al contrario el tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los puntos apelados, especialmente en relación al retiró intempestivo, violando los arts. 162 de la C.P.E. y 4 de la L.G.T.

Concluye solicitando se case o anule el proceso.

CONSIDERANDO II: Con carácter previo a considerar el recurso interpuesto, se debe recordar que en cumplimiento del art. 15 de la L.O.J., se estatuye: "Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquéllos, están obligados a revisar los procesos de oficio, al tiempo de conocer una causa, ver si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes". En su mérito aplicando dicha norma se puede disponer la sanción que corresponda o determinar la nulidad de oficio, conforme la previsión contenida en el art. 252 del Código de Pdto. Civil.

Que el art. 190 del Cód. Pdto. Civ., dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia; contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso..."; norma que es complementada con lo instituido en el art. 202 del Cód. Proc. Trab., que incluye las reglas que deben observarse para resolver una controversia laboral.

Estas normas se aplican igualmente por los tribunales de alzada, quienes deben resolver de la misma manera, ajustando su resolución y decidiendo la controversia en función del art. 236 del Cód. Pdto. Civ., con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la sentencia y la expresión de agravios del recurso, enmarcado su decisorio a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil.

En ese marco, es menester recordar que el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, constituyéndose en el remedió procesal a través del cual se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, es decir, supone una doble instancia donde el tribunal o el juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia; sin excluir que excepcionalmente, en segunda instancia también se recepcione nueva prueba.

Consiguientemente, la apelación como diría Couture busca la justicia porque "el agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio moral y material y supone el vencimiento, la insatisfacción total o parcial de todas o alguna de las pretensiones (principales o accesorias), oposiciones o simples peticiones formuladas en el proceso". El agravio o perjuicio es lo que mide el interés que se requiere como presupuesto para apelar con la finalidad de que se corrijan los errores u omisiones del a quo y se logre la eficacia del acto jurisdiccional.

El sustento legal de lo anteriormente afirmado encontramos en los preceptos de los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, que determina que la apelación deberá ser presentada fundamentando el agravió sufrido, ante el juez que lo hubiese pronunciado, nótese que las normas citadas no señalan taxativamente las causas especificas que autorizan la procedencia de la apelación, sino que indica la causa original que se traduce en el agravio que el fallo infiere a cualquiera de las partes que intervienen en el proceso. Asimismo el art. 236 del adjetivo civil, establece que el auto de vista que resuelve el recurso de casación debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubiese sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227, exceptuando lo dispuesto en la parte final del art. 343 del citado cuerpo legal.

En ese entendido analizando el caso presente y los fundamentos del recurso presentado se establece que el tribunal ad quem no cumplió con la debida motivación de su fallo, no observó los principios de motivación, especificidad y exhaustividad, es decir pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos que fueron objetos de apelación por la parte, circunstancia que impide a este tribunal emitir criterio sobre todos los fundamentos alegados en el recurso de casación, por que conllevaría una omisión contra el debido proceso.

Es decir, el tribunal de alzada decidió confirmar la sentencia de primera instancia sustentando su ratio decidendi en el hecho de que en el recurso de apelación de fs. 156-158, el recurrente omitió expresar o formular la fundamentación de los agravios sufridos a raíz del pronunciamiento que textualmente señala: "...de la revisión del recurso de apelación presentado por el actor se evidencia que el mismo, carece de la fundamentación de esta premisa traducida en agravios que se hubiese cometido en el fallo de primera instancia..." sic.

Por lo que se advierte que el recurrente se refirió a varios temas que no fueron considerados por el a quo a momento de emitir resolución, como ser: que si bien se declaro probada en parte su demanda, empero no se consignaron los beneficios sociales que por ley le corresponden; que la prueba relacionada con el proceso administrativo en el que lo sancionaron con 30 días de suspensión no cumple con lo previsto por el art. 1311 del Cód. Civ., por lo que no tienen eficacia jurídica; haber demostrado que en su contra no existe proceso administrativo alguno durante las gestiones 1.990-1.999; que el retiro de su fuente laboral fue intempestivo; entre otros.

Por ello se advierte que el tribunal ad quem no consideró todos los puntos objeto del recurso de apelación, y por ello no se resolvió los aspectos que fueron objeto de dicho recurso, incumpliendo la previsión contenida en el art. 107 numeral 1) de la L.O.J., que determina como atribución, resolver en grado de apelación la sentencia y autos interlocutorios pronunciados en primera instancia, cuyo fallo imprescindiblemente debe expresar no sólo las circunstancias que originaron el hecho, sino también las normas legales en las que se basa la resolución, absolviendo los aspectos cuestionados; vale decir, que en la emisión del fallo, no se tuvo presente las normas estatuidas en el ordenamiento jurídico laboral, dentro del cual se deben considerar todos los medios probatorios incorporados, así como los argumentos del actor y de la parte demandada, resultando dicha resolución incompleta, porque las circunstancias reclamadas en el recurso de alzada de fojas 156-158 vta., no fueron compulsadas, ni resueltas por la corte de alzada, sin observar de ésta manera disposiciones de orden público y de cumplimiento obligatorio que acarrean la nulidad de obrados, pues, incumplió la norma contenida en el art. 202 del Código Procesal del Trabajo.

Consiguientemente, también incumplió las previsiones de los arts. 190, 192, 236 del Cód. Proc. Civ., 202 del Cód. Proc. Trab., que al ser normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio corresponde acatarlas, conforme instituye el art. 90 del Cód. Proc. Civ., cuya inobservancia acarrea la nulidad de oficio, en aplicación a la norma remisiva del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 15 y 60 num. 1 de la L.O.J., ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 179 vta. inclusive, disponiendo que el ad quem, sin espera de turno ni dilación de ninguna naturaleza, bajo responsabilidad administrativa, sortee la causa y emita nueva resolución con la pertinencia de los arts. 192 y 236 del Cód. Proc. Civ. Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Relator: Ministra Beatriz Sandoval de Capobianco

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Beatriz Sandoval de Capobianco

Min. Esteban Miranda Terán

Sucre, 30 de mayo de 2011

Proveído: Sandra M. Mendivil Bejarano

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.