SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 163

Sucre, 30 de mayo de 2011

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Social

PARTES: Grover Cosme Soria Vargas c/ Empresa Casa Mayor y Asociados

MINISTRO RELATOR: Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 74-75, interpuesto por ROXANA G. SOLIS SALAZAR en representación de JORGE ANTONIO DEL CARPIO DAZA, contra el Auto de Vista Nº 390/2007 de 20 de diciembre de 2007, cursante a fs. 70-71, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social seguido por GROVER COSME SORIA VARGAS contra el ahora recurrente, la respuesta de fs. 79, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la demanda interpuesta, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 22 de agosto de 2005, cursante a fs. 49-52 vlta., declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 7, e IMPROBADA la excepción perentoria de prescripción de fs. 14, ordenando consecuentemente a Jorge Antonio Del Carpio Daza, en su calidad de Gerente General de la Empresa CASA MAYOR Y ASOCIADOS RC., cancelar al actor el monto de Bs. 12.660,00 por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo duodécimas, prima y sueldos devengados, con aplicación en ejecución de sentencia del D.S. Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992 y costas.

Deducida la apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista Nº 390/2007 de 20 de diciembre de 2007, cursante a fs. 70-71, por la que CONFIRMÓ la sentencia apelada, con costas.

En virtud al referido fallo, el demandado mediante su representante legal interpuso el recurso de casación a fs. 74-75, en el que acuso al tribunal de alzada de interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 52 inc. 3) del Código Civil, 56 de su Procedimiento, art. 117 inc. b) y 120 del Código Procesal del Trabajo, cuyos contenidos son claros en cuanto a la personaría de las partes y la responsabilidad que les atañe, toda vez que el demandado solo funge como gerente de la empresa "Casa Mayor Asociados R.C., no habiendo contratado a nadie a título personal, que al no aplicarse el art. 232 - I del Cód. Proc. Civ., se lo ha dejado en indefensión, que en la consideración de la improcedencia de la prescripción existe una contraposición de criterios entre el a quo y el ad quem.

Indica que ante las limitantes a la presentación de pruebas por parte del juez a quo, el tribunal ad quem también negó su derecho violando el art. 232 del Cod. Proc. Civ., considerando por ello se debe anular obrados hasta enmendar el error.

En cuanto a la excepción de prescripción planteada, considera haberse operado toda vez que fue abandonada la demanda por dos años y cinco días, operándose el art. 120 de la L.G.T., arts. 1503-I) y 1504 inc. 2) del Cod. Civ.

Concluye solicitando se case el auto de vista impugnado y se declare la prescripción de la obligación laboral.

CONSIDERANDO II: Que, del análisis de los fundamentos del recurso, el contenido del auto de vista impugnado y los antecedentes del proceso se tiene:

Al razonamiento adoptado por los jueces de instancia significando que la cuestión de personería reclamada no fue planteada en la forma y oportunidad prevista en el régimen procesal laboral, que el apersonamiento de la apoderada Roxana Geisha Solis Salazar por Jorge Antonio Del Carpio de acuerdo al testimonio Nº 213/2005 de fs. 14 y memorial de contestación de fs. 15, mediante el que asume defensa importa un reconocimiento implícito de su legitimación, y tal cual refiere el ad quem los subterfugios esbozados por el recurrente no son determinantes para acarrear nulidad. Es más, en materia laboral, los arts. 111, 112 y 113 del Código Procesal del Trabajo prevén que el demandante no está obligado a acreditar la existencia de la persona jurídica contra el que acciona, de hecho no se ha excepcionado el tema de la personería, cuando no exista controversia sobre ella, limita la decisión del juez o invalide lo actuado, en relación al punto no es evidente que se haya interpretado erróneamente o aplicado indebidamente disposición legal alguna. De igual manera el recurrente plantea Casación en el fondo, pero contrariamente concluye solicitando, que ante la supuesta violación de la personería del demandado se opere la nulidad, aspecto este que no corresponde conforme a derecho.

Por otro lado el parágrafo I del art. 232 del Código de Procedimiento Civil permite a las partes presentar "nuevos documentos o prueba literal" en segunda instancia, dentro de los cinco días de la radicatoria del proceso. De una revisión de obrados se establece que la providencia de radicatoria es de 15 de septiembre de 2005, la notificación con dicho actuado es de 16 de septiembre del mismo año a horas 14:45 y la presentación del memorial de presentación y apertura de prueba es del 21 de septiembre a horas 18, es decir, ni se ofreció dentro de los cinco días en función al plazo y obediencia del mismo, como tampoco se presentó nuevos documentos, por lo que resulta evidente ser la parte apelante quién incumplió lo dispuesto por el precepto y no el tribunal ad quem.

Que de la inteligencia de los arts. 1492 del Código Civil, art. 120 de la Ley General del Trabajo y art. 136 de su Decreto Reglamentario, la prescripción extintiva del derecho se opera en tanto su titular no los ejerce en el tiempo que la ley establece, computables a partir de la fecha en que éstos -los derechos- nacieron. En autos, el trabajador mantuvo una conducta activa desde que nació sus derechos, a saber: memorial de denuncia de retiro forzoso o injustificado de 13 de marzo de 2003, memorial de medidas precautorias de fs. 4-5, demanda de 23 de junio de 2003 de fs. 7 y representación efectuada por el oficial de diligencia de 4 de junio de 2005 de fs. 10, este conjunto de hechos demuestra que el actor no ha dejado vencer el plazo establecido de los dos años para que se opere la prescripción, en consecuencia, no corresponde lo reclamado por el recurrente.

En este marco legal, se concluye que el auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación alguna; al contrario se realizó correcta valoración y apreciación de la prueba adjuntada al proceso, como interpretación y aplicación de las normas legales citadas; estableciéndose que el tribunal de alzada ha obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso, y de acuerdo a los arts. 271 inc. 2) y 273 Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida del num. 1) del art. 60 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 74-75. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en Bs. 500, que mandará hacer efectivo el tribunal ad quem.

Relator: Ministro Esteban Miranda Terán

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Esteban Miranda Terán

Min. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 30 de mayo de 2011

Proveído: Sandra M. Mendivil Bejarano

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.