SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 153

Sucre, 27 de abril de 2.011

DISTRITO: La Paz PROCESO: Reclamación.

PARTES: Hugo Aparicio Ardiles c/ SENASIR.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linarez


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 180-181, interpuesto por Yoni Yamil Exeni León, Director General Ejecutivo interino del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 270/2009 SSA-II de 24 de noviembre de 2009 (fs. 178), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Hugo Aparicio Ardiles contra el SENASIR, la respuesta de fs. 185-187, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que dentro del recurso de reclamación de recálculo de renta de vejez, interpuesto por Hugo Aparicio Ardiles, el Fondo de Pensiones Básicas, mediante Resolución Nº 006030 de 18 de marzo de 1994 (fs. 41), otorgó en favor de Hugo Aparicio Ardiles, renta básica de vejez, en el equivalente al 38 % de su promedio salarial cuyo monto fue de Bs. 337.25; que debería ser cancelado a partir del mes de octubre de 1993. Posteriormente la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección General de Pensiones, mediante Resolución Nº 002846 de 13 de enero de 1999 (fs 90), resolvió otorgar a favor de Hugo Aparicio Ardiles, pago global por vejez en el régimen complementario, equivalente a 22,84 mensualidades de la renta que por vejez le hubiese correspondido en el monto de Bs. 54.520.20. Tres días después, la misma comisión, mediante resolución Nº 000724 de 15 de enero de 1999 (fs. 92), resolvió otorgar a favor del interesado, mejora de renta básica de vejez, equivalente al 44 % de su salario en el monto de Bs. 2.855,83, que se pagará a partir del mes de diciembre de 1998.

Mediante Resolución Nº 001108 de 30 de enero de 2002 (fs. 122), la misma comisión, resolvió otorgar a favor de Hugo Aparicio Ardiles, plus de mayo/97 a diciembre/98, en el equivalente al 3.17 %, en el monto de Bs. 205.75, el mismo que forma parte de la renta básica de vejez, que se pagará a partir del mes de enero de 1999.

Posteriormente la Comisión de Calificación de Renta, mediante Resolución Nº 005006 de 14 de junio de 2006 (fs. 128), resolvió otorgar a favor de Hugo Aparicio Ardiles, recálculo de pago global complementario, equivalente a 17.67 mensualidades de la renta complementaria que por vejez le hubiere correspondido, en el monto de Bs. 45.874.85, deduciéndose el monto del pago global otorgado con Resolución Nº 002846 en Bs. 59.297.21, estableciéndose un monto por cobro indebido de Bs. 13.422.36., por lo que en la parte considerativa de dicha resolución se determinó que debe procederse al descuento del 20 % de la renta básica de vejez.

Formulado el recurso de reclamación por el interesado (fs. 129), la Comisión de Reclamación mediante Resolución Nº 237.07 de 8 de febrero de 2007 (fs. 139-140) resolvió confirmar la Resolución Nº 005006 de 14 de junio de 2006 emitida por la Comisión Calificadora de Rentas cursante a fs.127, por haber sido expedida de conformidad a normas que rigen la materia.

Interpuesto el recurso de apelación por el demandante (fs.141-142), la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio Nº 173 de 20 de agosto de 2009 (fs. 171-173) emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante Auto de Vista Nº 270/2009 SSA-II de 24 de noviembre de 2009, revocó la Resolución Nº 237/07 de 8 de febrero de 2007 y dispuso que el Servicio Nacional del Sistema de Reparto deje sin efecto el cobro de la suma de Bs. 13.422,36.- por no corresponder a derecho, restituyéndose los montos erradamente liquidados, a partir de la fecha en que se produjo el descuento del 20 % de su renta, sea con las formalidades de ley.

Esta resolución originó que el Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, formulase recurso de casación en el fondo (fs. 180-181), en el que alegó:

La vulneración de lo dispuesto en el art. 9 D.S. Nº 27991 de 28 de enero de 2005, referente a la potestad que tiene el SENASIR de revisión de rentas de oficio o por denuncia debidamente justificadas de las calificaciones y pagos globales concedidos, en virtud del cual se evidenció que el SENASIR al subsumir la norma al caso concreto aplicó la ley adecuadamente, situación jurídica no contemplada ni considerada por el tribunal ad quem, incurriendo de esta manera en violación y aplicación indebida de le ley.

Por otra parte indicó que el tribunal de alzada incurrió en error de derecho al no considerar que el SENASIR como ente liquidador, tiene la obligación de recuperar los montos de prestaciones otorgadas por errores de cálculo, conforme dispone la Resolución Administrativa Nº 044 art. 2 inc. b) de 18 de julio de 2001.

También acusó la vulneración del art. 3 de la Resolución Ministerial Nº 384 de 11 de junio de 2004 referida a la recuperación de los montos otorgados por errores de cálculo.

Finalmente denunció la vulneración del art. 8 del Decreto Supremo Nº 23215, "Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República", en concordancia con los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley Nº 1178.

Concluyó solicitando se conceda el recurso de casación por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que deliberando en el fondo dictará auto supremo, casando el auto de vista, previas las formalidades de ley.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso de casación, se establece lo siguiente:

Respecto a la denuncia de vulneración del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 27991 de 28 de enero de 2005 que determina: "El SENASIR cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, iniciando la revisión con el listado de casos registrados en la base de datos que entregará la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, en el marco de lo establecido en el presente Decreto Supremo. A este efecto, el SENASIR deberá aplicar lo dispuesto por el Artículo 198 del Código de Seguridad Social - Ley de 14 de diciembre de 1957 y, por los Artículos 423 y 477 del Decreto Supremo Nº 05315 de 30 de septiembre de 1959- Reglamento del Código de Seguridad Social".

Sobre este punto, de la atenta revisión de la resolución de vista impugnada en casación, se advierte que no se ha puesto en tela de juicio la facultad que tiene el SENASIR para proceder a la revisión de oficio o a denuncia, de las rentas en curso de pago y adquisición.

Con relación a la vulneración del art. 3 de la Resolución Ministerial Nº 384 de 11 de junio de 2004, no son evidentes las infracciones acusadas y resulta impertinente su análisis, toda vez que el auto de vista impugnado determinó que el SENASIR no demostró que el asegurado hubiese presentado documentación, datos y declaraciones fraudulentas, por lo que no corresponde el descuento de su renta, precisamente en aplicación del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social

Se aclara además, que las previsiones contenidas en el párrafo segundo del art. 3 de la mencionada R.M. Nº 383, definitivamente no autorizan a efectuar directamente descuentos del 20 % de las rentas de los beneficiarios, sino que este descuento solo puede efectuarse si, conforme establece el primer párrafo de la referida norma, se hubiese suscrito previamente de un convenio de pago, que autorizaba dichos descuentos por los montos de las rentas cobradas indebidamente; de lo contrario, ese cobro directo es antitético a las normas vigentes y de orden público como son los arts. 199 del Cod. Seg. Soc. y 179 inc. 2 del Cód. Pdto. Civ.

En cuanto a la infracción del inc. b) del art. 2 de la Resolución Administrativa Nº 044 de 18 de julio de 2001 que establece: "Para los casos de fusión de Rentas, Inconsistencias en los datos registrados en la base de datos y Diferencias Numéricas en los Cálculos y/o Procesamiento de la Renta, los montos recibidos por los beneficios en cuestión, serán sujetos a su devolución mediante descuento por planilla, en mérito a la valoración de los cálculos" (sic), corresponde señalar que la aplicación de este precepto debe realizársela en el marco de lo previsto por los arts. 477 del R. Cód. S.S. y 179 inc. 2) del Cód. Pdto. Civ., por cuanto se trata de una Resolución Administrativa que no puede modificar los alcances establecidos en dichas normas y el referido Reglamento que a la sazón fue promulgado vía Decreto Supremo, constituyendo un instrumento de mayor jerarquía normativa en relación a la Resolución Administrativa aludida.

Se concluye en definitiva que su aplicación debe obedecer a la interpretación armónica y sistematizada de su mandato en relación a las normas del Código de Seguridad Social y de su Reglamento, entre otras disposiciones legales, más aún si se trata de rentas de vejez que son inembargables, conforme establece la indicada norma.

Finalmente con respecto a la denuncia de vulneración del art. 8 del Decreto Supremo Nº 23215, "Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República", en concordancia con los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO), no es evidente, toda vez que estas normas son especialmente aplicables a los funcionarios públicos y toda persona que reciba recursos del Estado, empero, en el caso de autos, el beneficiario no tiene acceso a los registros ni documentos administrativos del SENASIR, por lo que al no demostrarse la mala fe en la presentación de documentos, sino solo errores de cálculo atribuibles a funcionarios del SENASIR, no se puede perjudicar al demandante, porque además no se puede ir contra la normativa legal, que a título de precautelar recursos del Estado (que en realidad se trata de dineros de los asegurados), se contraponen y vulneran derechos preferentes de aplicación como son la tutela del capital humano y las rentas de vejez, consagrado en los arts. 158 de la C.P.E. de 1967, 45 y 67 de la C.P.E. vigente.

Por ello, al haberse dispuesto en el caso presente la revocatoria de la resolución recurrida, el tribunal de alzada actuó adecuadamente, tanto porque el error incurrido no se debió a datos o declaraciones fraudulentas como exige el mencionado art. 477 del R. Cód. S.S. sino a una mala aplicación de las normas por parte de los funcionarios del SENASIR que procedieron al descuento arbitrario del 20 % de la renta básica de vejez otorgada al asegurado Hugo Aparicio Ardiles, por ello no podía determinarse la devolución de los pagos con efecto retroactivo, resultando ilegal el descuento ordenado, porque no es la vía legal para hacerlo.

En ese marco, el tribunal supremo no advierte que el auto de vista impugnado contenga violación, aplicación indebida, o errónea interpretación de la ley, por el contrario concluye que las razones de decisión del citado fallo, objeto del recurso, responden al espíritu proteccionista con que el legislador boliviano instituyó el régimen del Seguro Social, en aras del cuidado y protección del capital humano del Estado.

Consiguientemente, al concluir que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por disposición de los arts. 630 y 633 del R. del Cód. S. S.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad que le confiere el art. 60 núm. 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 180-181. Sin costas, en aplicación de lo previsto por el art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO)

Relator:Ministro Julio Ortiz Linarez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Julio Ortiz Linares.

Min. Esteban Miranda Terán

Sucre, 27 de abril de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.