SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 131

Sucre, 30 de marzo de 2011

DISTRITO: La Paz PROCESO: Social

PARTES: César Beto Gonzáles Ávalos c/ Armando Paravicini Allerding

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 136-137, interpuesto por Armando Paravicini Allerding contra el Auto de Vista Nº 137/07, dictado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito de La Paz (fs. 133), dentro del proceso social sobre beneficios sociales seguido por César Beto Gonzáles Ávalos contra el recurrente, la respuesta de fs. 140-141, los antecedentes y

CONSIDERANDO I: Que admitida la demanda y absueltos los trámites del juicio, la Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, dictó la Sentencia Nº 051/2006 de 16 de septiembre de 2006 (fs. 111-115) declarando probada en parte la demanda e improbada la excepción de falta de acción y derecho, ordenando a la parte demandada a cancelar a favor del actor el monto de Bs. 4.610, por los conceptos de quinquenio, sueldo devengado, bono, aguinaldo y vacaciones.

En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 137/07 (fs. 133) revocó en parte la sentencia y modifica el monto indemnizable a la suma de Bs. 9.666 contemplando los conceptos de indemnización, desahucio, sueldo devengado, bonos, aguinaldo, vacación y la aplicación del D.S. Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.

Contra dicho fallo se deduce recurso de casación (fs. 136-137) argumentando que el ad quem no interpretó correctamente el art. 12 inc. 2) de la Ley General del Trabajo, toda vez que a fs. 70 cursa el memorando de PRE AVISO DE RETIRO mismo que fue recepcionado por el trabajador, por lo que habiendo el empleador cumplido con lo dispuesto por el ordenamiento laboral no corresponde pago alguno al trabajador por derechos de desahucio e indemnización, además que debe tenerse en cuenta que el trabajador dejó de concurrir a su fuente de trabajo incurriendo en abandono de trabajo y que en ningún momento hubo malos tratos, no siendo explicable la razón de por qué no ingresó al taller a desempeñar su trabajo en forma regular.

Finalmente pide que se case el auto de vista y se deje subsistente la sentencia de fs. 111-115.

CONSIDERANDO II: Que del examen del recurso de fs. 136-137, los antecedentes procesales y pruebas aportadas por las partes, se establece lo siguiente:

El recurrente se enfoca en el art. 12 de la Ley General del Trabajo cuya infracción le atribuye al tribunal de apelación, el cual versa sobre la obligación que tienen tanto el empleador como el trabajador de entregar un preaviso de rescisión del vínculo laboral, el primero con 90 días de anticipación (DS. 6813 de 03/07/64) y el segundo -el trabajador- con 30 días de anticipación. Asimismo, la citada disposición señala que la parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de esos períodos establecidos.

De autos, se advierte que sí se valoró la prueba cursante a fs. 70, que acredita que el 30 de mayo de 2005 efectivamente se le entregó el preaviso de retiro, en consecuencia el trabajador debía permanecer 90 días trabajando conforme dispone el art. 12-2) de la Ley General del Trabajo, aspecto ciertamente corroborado por el actor a tiempo de prestar su confesión provocada, empero esa permanencia fue perturbada por un hecho de agresión que en la misma confesión de fs. 82-83 se denunció: ".... al día siguiente yo fui al Ministerio de Trabajo y en el trabajo me dijeron que me vaya me empujaron y me echaron" sic. y es por esa razón que el trabajador acude a las instancias del Ministerio de Trabajo, cuyo informe cursa a fs. 7-8, en el que se advierte que se produjo un altercado y que este incidente dañó la moral y dignidad del trabajador al extremo de denunciar inmediatamente a las autoridades pertinentes.

Por lo indicado, se concluye que quien infringió el art. 12 de la Ley General del Trabajo es el empleador al interrumpir, obstaculizar o evitar que transcurran libremente y normalmente los 90 días establecidos por ley y que el trabajador concurra libremente a su fuente de trabajo de forma regular, puesto que en materia laboral no es suficiente el cumplimiento de formalidades legales sino que la conducta de los sujetos no contradiga la realidad de los hechos, por lo que, no habiéndose materializado el periodo de 90 días, se vulneró el art. 162 de la Constitución Política del Estado (abrogada) y art. 4 de la Ley General del Trabajo que determinan que los derechos y beneficios laborales reconocidos en favor de los trabajadores son de carácter irrenunciable y de orden público y cualquier acto malicioso o convenio que tienda a burlar sus efectos son nulos de pleno derecho, por lo que el pre aviso en los hechos ha quedado sin efecto, por acción del demandado.

Consiguientemente, al no haberse advertido la existencia de ninguna de las infracciones referidas en el recurso, corresponde resolverlo en la forma prevista por los arts. 271 inc. 2) y 273) del Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato de la norma remisiva del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en el num. 1 del art. 60 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 136-137, con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado, en Bs. 500.- que mandará pagar el tribunal de alzada.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Esteban Miranda Terán.

Sucre, 30 de marzo de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.