SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 127

Sucre, 28 de marzo de 2011

DISTRITO: Oruro PROCESO: Social

PARTES: Cleto Jorge Ortega Bolaños c/ COMIBOL

MINISTRO RELATOR: Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de nulidad de fs. 89-90, interpuesto por Aly Agreda Vedia, en representación legal de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), contra el Auto de Vista Nº 312/2007 de 16 de noviembre de 2007 (fs. 85-86), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso social seguido por Cleto Jorge Ortega Bolaños, contra COMIBOL, la respuesta de fs. 94, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, emitió El Auto Interlocutorio Definitivo Nº 62/2007 de 15 septiembre de 2007 (fs. 70-71), declarando improbada la excepción previa de incompetencia opuesta por la parte demandada a fs. 66-68.

En grado de apelación, interpuesta por el representante de COMIBOL (fs. 74-75), por Auto de Vista Nº 312/2007 de 16 de noviembre de 2007 (fs. 85-86), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, confirmó el auto apelado de 15 de septiembre de 2007 de fs. 70, sin costas.

Que, contra el auto de vista, el representante de la empresa demandada, interpuso recurso de nulidad (fs. 89-90), en el que acusó que tanto el Juez a quo como el tribunal ad quem, al emitir el auto de vista recurrido obraron sin competencia, infringiendo los arts. 43 del Cód. Proc. Trab. y 152 de la L.O.J., referidos a la competencia de los jueces en materia del trabajo y seguridad social, normas que no fueron observadas incurriendo en la previsión contenida en el art. 31 de la C.P.E., porque no consideraron que los contratos suscritos entre COMIBOL y el actor, eran solo de prestación de servicios, sujeto a la legislación civil, regulados por el art. 732 del Cód. Civ., en consecuencia los de instancia han obrado sin jurisdicción ni competencia.

Concluyó solicitando que el tribunal supremo anule obrados por haberse violado normas procesales que son de orden público, declarando probada la excepción previa de incompetencia disponiendo la prosecución del juicio en la vía civil.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, corresponde su análisis, de donde se tiene:

Respecto a la denuncia de infracción del art. 43 de la Cód. Proc. Trab., que establece: "Los jueces de Trabajo y Seguridad Social, tienen competencia para conocer en primera instancia: inc .b) De las acciones sociales individuales o colectivas, suscitadas como emergencia de la aplicación de las leyes laborales, de los convenios, de los Laudos Arbitrales, del Código de Seguridad Social en los casos previstos en dicho cuerpo de leyes, su reglamento y demás prescripciones legales conexas a ambos", concordante con el art. 152 de la L.O.J., relativo a la competencia de los jueces laborales que en indica en el num. 2. "Conocer y decidir, en primera instancia, de las acciones individuales y colectivas, por derechos y beneficios sociales, indemnizaciones y compensaciones y, en general, conflictos que se susciten como emergencia de la aplicación de las leyes sociales, de los convenios y laudos arbitrales", normas que no habrían sido observadas por los de instancia, habiendo incurrido en lo previsto por el art. 31 de la C.P.E. de 1967 que establece: "son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley"; porque supuestamente, el a quo no tendría competencia para conocer la presenta acción, ya que los contratos celebrados entre partes, serían de carácter civil y no laboral.

Esta afirmación, no es evidente, puesto que de la revisión de los antecedentes y las pruebas presentadas en el desarrollo de la causa, como son los 4 contratos cursantes a fs. 1-10, bajo el nombre de "Contrato Civil de Prestación de Servicios Determinados, las literales de fs. 11-13, donde con el nombre de "Comprobante de Caja", se la cancela la suma de Bs. 3.500, así como las cartas de fs. 25 y 26 de 20 y 28 de febrero y a fs. 27 de 31 de marzo, firmadas por el Gerente Regional Oruro de COMIBOL, dirigida al Contador de Almacenes, para que proceda con el trámite para efectuar el "pago de salario" a favor de Jorge Ortega Bolaños, se evidencia que la relación entre el trabajador ahora demandante y la empresa demandada, existió una verdadera relación obrero-patronal, porqué se advierte que se establecieron una serie de condiciones impuestas a los trabajadores, que no puede ser considerado como una relación civil-comercial, por el contrario tomando en cuenta la naturaleza del trabajo realizado por el trabajador, se establece que reúne todas las características exigidas por art. 1º del D.S. Nº 23570, de 26 de julio de 1993, es decir, existió relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, la prestación de trabajo por cuenta ajena y la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas, por lo tanto, se establece que el presente proceso es de competencia de los jueces en materia laboral de acuerdo al art. 43 del Cód. Proc. Trab., concordante con el art. 152 de la L.O.J.

Se aclara que no corresponde la nulidad de obrados solicitada por la representante de COMIBOL, puesto que de la lectura del recurso de nulidad en análisis, se infiere que el mismo no cumple con la técnica jurídica relacionada a la interposición del recurso de casación en el fondo o en la forma establecido en el adjetivo civil, ya que el recurrente pidió la nulidad de obrados y denunció cuestiones que deben ser analizadas y dilucidadas a través del recurso de casación en el fondo, como la relativa a la competencia de los juzgados laborales.

En consecuencia, al advertirse que no se incumplieron normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde fallar conforme disponen los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida por el art. 60 num. 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de nulidad de fs. 89-90.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO).

Relator: Ministro Esteban Miranda Terán

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Esteban Miranda Terán

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Sucre, 28 de marzo de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

ecretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.