SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 96

Sucre, 9 de marzo de 2011

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Beneficio social

PARTES: Javier Alfonso Santiago Jiménez Domínguez c/ BANCO DE LA UNION S.A

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 457-463, interpuesto por la Sra.Carmen Soraya Rodríguez Ibáñez en representación del BANCO DE LA UNION S.A., contra el Auto de Vista Nº 365 de 4 de octubre de 2007, (fs. 453-455), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso de reintegro de beneficios sociales seguido por Javier Alfonso Santiago Jiménez Domínguez, contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 469-473, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso social, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, dictó la Sentencia Nº 37 de 23 de abril de 2007 (fs. 397-399), por la que declaró probada la demanda de fs. 113-116 e improbada la excepción perentoria de prescripción de fs. 189-201, disponiendo que el BANCO DE LA UNION S.A., a través de su Gerente General cancele al actor la suma de $us. 36.205,97 por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación, prima, bono y sueldo devengado, con costas.

En grado de apelación formulada por la entidad bancaria a fs. 402-411, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz pronunció el Auto de Vista Nº 365 de 4 de octubre de 2007, (fs. 453-455), mediante el que confirmó la sentencia apelada, con costas.

En virtud a este fallo, la entidad demandada interpuso el recurso de casación en el fondo de fs. 457-463, en el que denunciaron:

1.- Interpretación errónea del art. 339 del Código de Comercio y otras disposiciones complementarias

2.- Aplicación indebida de los D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993 y Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.

3.- Error de derecho por apreciación errónea de la prueba de cargo y de descargo.

Concluyó pidiendo que se anule el auto de vista recurrido, se deje sin efecto la sentencia de primera instancia y se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, ingresando a su análisis con relación a los datos del proceso, se tiene:

1) De la revisión de los antecedentes del proceso se concluye que la denuncia formulada en relación a la vulneración del art. 339 del Código de Comercio, que dispone: "El cargo de sindico es remunerado y la remuneración la fija la junta general, sin considerar la existencia de utilidad del ejercicio" relacionado con el art. 172 del mismo cuerpo legal citado que prevé: "Los socios o accionistas que a la vez ejerzan funciones de directores, administradores y síndicos de la sociedad, pueden, salvo pacto en contrario, ser remunerados con una suma fija o un porcentaje de las utilidades del ejercicio, asignados en el contrato social o los estatutos o por resolución en junta de accionistas u órgano social competente, pero no por si mismos. No pueden tener remuneración los socios que por el tipo de sociedad, asuman esas funciones como una obligación en la que su labor integra el aporte social", no es evidente.

Porque según Vivante, citado por Carlos Morales Guillén en el Código de Comercio Concordado y Anotado, segunda edición, pág. 392, el síndico ejerce una función personal y continua de vigilancia de toda la administración social, como contralor permanente de ésta, delegado por los accionistas que no pueden ejercitar esa función individualmente y a quienes debe rendir cuentas de los resultados de sus funciones en reuniones periódicas de las asambleas. Sobre la naturaleza jurídica de dicha función, se considera a los síndicos en la doctrina y legislación clásicas, como mandatarios, aunque en aquella no hay uniformidad sobre sí lo son de la sociedad o de los accionistas.

Y en atención a normas del sistema bancario que obliga a entidades de intermediación financiera a contar con unidades de auditoria interna, la Junta de Accionistas del Banco Unión contrató los servicios de Javier Alfonso Santiago Jiménez Domínguez para que preste las funciones de sindico y realizar fiscalización interna, bajo una remuneración de $us. 4.166,67, es con el termino de renumeración que la entidad recurrente pretende desconocer la relación laboral, cuando en realidad conceptualmente renumeración o salario es lo mismo, pero para mejor comprensión se trae el art. 3 del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993 que señala: "Todo pago pactado o por efectuarse, en contraprestación a los servicios acordados a que se refiere el articulo precedente, en cualquiera de sus modalidades, constituye forma de remuneración o salario entre otros..." y de acuerdo al Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas la palabra "remuneración" equivale a sueldo o salario, y siendo que en la relación laboral entre el sindico y la entidad empleadora no se consideró ni estipuló utilidades a favor del sindico, lo que hace factible el pago de una remuneración o salario por el trabajo realizado.

De hecho la entidad empleadora en parte reconoció el pago de beneficios sociales, pero solo por el tiempo de 7 meses y 20 días, cuando lo que correspondía era de 1 año, 11 meses y 10 días, de ahí que la demanda solo sea por reintegro. Aspecto éste que definitivamente hace concluir que el actor mereció trato laboral, concurriendo las características esenciales de la relación laboral, por lo que se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo, habiendo aplicado el a quo y el ad quem, correctamente las normas referidas al momento de reconocer en parte los derechos demandados.

2) En cuanto a la existencia de la relación laboral precisamente el D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993 interpreta el art. 1º de la Ley General del Trabajo, establece que para la existencia de la relación laboral es necesario que se cumplan ciertos requisitos entre los cuales se encuentran: a) la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador; b) la prestación de trabajo por cuenta ajena y c) la percepción de remuneración o salario en cualquiera de su formas de manifestación, entre otros se encuentran la exclusividad, la profesionalidad, etc.; de obrados particularmente de la certificación de fs. 128, la testifical de descargo de fs. 341 y del acta de confesión provocada de fs. 343, se evidencia que el actor prestó sus servicios directa o indirectamente, bajo contrato y sujeto al Directorio o Junta de Accionistas efectuando la fiscalización respectiva existiendo relación laboral de dependencia y subordinación del trabajador para con su empleador, en consecuencia está acreditado en obrados suficientemente que existió relación de trabajo, por lo que el tribunal de alzada no ha incurrido en aplicación indebida del referido decreto supremo.

Respecto del D.S. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, cuya infracción el recurrente le atribuye al tribunal de apelación, referidos a la relación laboral, esta sala considera que la decisión del tribunal de apelación, al confirmar la sentencia de primer grado, se encuentra en el marco de la corrección, por cuanto: el actor al ejercer una actividad de control de la administración de la sociedad, el síndico y/o la Comisión Fiscalizadora, se encuentra sometido a las mismas obligaciones y derechos inherentes al resto de funcionarios o empleados y dependientes de comercio que se encargan de la referida administración, conforme establece el art. 79 del Cód. Com., cuando reconoce el derecho a remuneración convenida y a los beneficios sociales reconocidos por ley, norma que es concordante con La Ley de 21 de noviembre de 1924, que prevé derechos y obligaciones a esta clase de funcionarios, entre los que se encuentran las indemnizaciones establecidas por la Ley General del Trabajo, (art. 4), el derecho a la afiliación y al seguro social obligatorio (art. 6 del Cód. S.S.) y por ello mismo es que esta clase de empleados, forman parte, mediante representación legal, del Consejo de Administración de la Caja de Salud, (art. 171 inc. m) Cód. S.S.), consiguientemente al haber tenido un trato laboral, se encuentra sometido a las normas de la Ley General del Trabajo y otras normas conexas, por lo que el D.S. Nº 28699 fue aplicado correctamente por a quo, como por el ad quem, al declarar probada la demanda de reintegro de beneficios sociales previstos por ley.

3) En lo referente al error de derecho por apreciación errónea de la prueba de cargo y de descargo, la libre apreciación de la prueba que la ley consagra en materia laboral, no puede llegar al extremo de que en forma arbitraria el a quo desestime los elementos que arroje una evidencia indudable acerca de los hechos que se trata de demostrar, caso en el cual cabe la acusación por error de hecho o de derecho en la estimación de la prueba. Sin embargo, la entidad recurrente no especifica en concreto que prueba hubiese sido desestimada, resultando injustificables los argumentos, en sentido de que los de instancia, incurrieron en error de derecho en la apreciación de las pruebas dentro de la casación en el fondo que intenta, de lo que se concluye que el auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa violación de norma legal alguna, al contrario se realizó correcta valoración y apreciación de la prueba adjuntada al proceso, como interpretación y aplicación de las normas legales citadas; por consiguiente, el tribunal de alzada ha obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso.

Por lo que, corresponde dar cumplimiento a las previsiones contenidas en los arts. 271-2) y 273, ambos del Código de Procedimiento Civil, aplicables por disposición de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad conferida por el art. 60 num. 1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 457-463. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en Bs. 500, que mandará hacer efectivo el tribunal ad quem.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Esteban Miranda Terán.

Sucre, 9 de marzo de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.