SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 71

Sucre, 4 de marzo de 2011

DISTRITO: Chuquisaca PROCESO: Social

PARTES: Neida Ruiz Soliz c/ Farmacia San Agustín

MINISTRO RELATOR: Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 108-110, interpuesto por María Roxana Colque Céspedes de Amusquívar, propietaria de la Farmacia San Agustín, contra el Auto de Vista Nº 389/2007 de 2 de diciembre de 2007 (fs. 104-105), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso social seguido por Neida Ruiz Soliz, contra la recurrente, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de Sucre, emitió la Sentencia Nº 48/07 de 25 de septiembre de 2007 (fs. 85-87), declarando probada en parte la demanda de fs. 4-7 y 9, sin costas, disponiendo que la propietaria de la Farmacia San Agustín, cancele a favor de la actora Bs. 5.784,71 por concepto de indemnización, desahucio, vacación, aguinaldo y subsidio prenatal, más lo establecido en el art. 9 del D.S. Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.

En grado de apelación deducida por la parte demandada (fs. 91), por Auto de Vista Nº 389/2007 de 2 de diciembre de 2007 (fs. 104-105), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, confirmó la sentencia apelada de fs. 85-87, con costas en ambas instancias.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo (fs. 108-110), planteado por María Roxana Colque Céspedes de Amusquivar, en el que acusó la vulneración de los arts. 3 inc. j) del Cód. Proc. Trab. y 16-II de la C.P.E. de 1967, porque pese a que el tribunal de alzada reconoció que la juez a quo, no valoró correctamente la testifical de descargo, omitió referirse a dicha prueba, desconociendo que son declaraciones contestes y uniformes, que supuestamente estaban tachados, aspecto que no es cierto, porque los testigos, a la fecha de su atestación ya no eran trabajadores de la Farmacia San Agustín, estando habilitados para declarar libre de toda tacha.

Denunció también la aplicación indebida e incorrecta de la Ley Nº 975 de Inmovilidad de la Mujer Trabajadora, al reconocer incorrectamente que la protección de la mujer trabajadora, se extiende hasta que la hija cumpla un año de vida, siendo que en los contratos de trabajo a plazo fijo, tal protección comprende sólo hasta la fecha del vencimiento de dicho contrato, vulnerando la S.C. Nº 785/03 de 10/07/2003.

Manifestó además la vulneración de los arts. 2, 7 y 10 de la R.M. Nº 42/99 de 27 de enero de 1999, por haber dispuesto en el auto de vista recurrido la conversión del pago de la lactancia en dinero, siendo que la ley solo permite su pago en especie.

Lo propio ocurrió cuando la menor beneficiaria al haber estado asegurada en la Caja Nacional de Salud por parte de su padre para la provisión del subsidio de lactancia, no podía recibir prestaciones de esta naturaleza de manera adicional por parte de la madre, implicando con ello un pago doble de subsidio, aspecto prohibido por ley.

Concluyó solicitando que este tribunal case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, ingresando al análisis de lo fundamentado en el recurso de casación en el fondo, de los datos del proceso se tiene:

Es evidente que la Juez a quo en sentencia reconoció que la tacha opuesta contra los testigos de descargo de fs. 37, no fue probada, pero sin embargo analizando en su conjunto la prueba, determinó que la parte empleadora no probó las causales de despido.

Es también evidente que el tribunal ad quem ha considerado que la juez de primera instancia, restó validez a dichas declaraciones; pero sin embargo, coincidentemente con los fundamentos de la sentencia, determinó que el conjunto de las pruebas incluidas las testificales, no desvirtuaron los fundamentos de la demanda, tal como determinan los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Cód. Proc. Trab., referidos al principio de inversión de la prueba.

Concluyéndose que la actora dejó de trabajar por voluntad de la empleadora y no así por voluntad propia, aspecto éste que implica que hubo retiro intempestivo y que fue correcta la sanción con el pago del desahucio, de donde se establece que las pruebas testificales de descargo fueron adecuadamente consideradas pero junto a todo el elenco probatorio, conforme determina el art. 158 del adjetivo laboral, no siendo evidente la vulneración de los arts. 3 inc. j) el Cód. Proc. Trab. y 16-II de la C.P.E. de 1967.

Con relación a la denuncia de la aplicación indebida e incorrecta de la Ley Nº 975 de 2 de marzo de 1988, si bien es cierto esta ley reglamenta la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en periodo de gestación hasta un año de nacido el hijo, comprendiendo tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo, como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, cuya finalidad es la protección de la maternidad por parte del Estado conforme establece el art. 193 de la C.P.E. de 1967, sin embargo, como se señaló líneas arriba, la Ley Nº 975 sólo defiende la estabilidad laboral de la mujer embarazada y no está permitida la compensación en dinero, ya que aquél derecho nace a través del trabajo que genera la percepción del salario, conforme prescribe el art. 52 de la L.G.T., empero, de ninguna manera impide que se deba ordenar el reconocimiento de pago en efectivo del subsidio de prenatalidad, en aplicación de lo establecido en los arts. 37 del Cód. S.S. y 25 del D.S. Nº 21637 de 25 de junio de 1987, como acertadamente determinaron los tribunales de instancia; no siendo evidente las infracciones acusadas sobre este tópico.

Finalmente respecto a que la hija menor de la demandante, estaba asegurada a la Caja Nacional de Salud, como beneficiaria de su padre Alex Gustavo Rengel Patzi, conforme se evidencia por la certificación de fs 59; empero, por las certificaciones de fs. 56 y 57, se acredita que fue el padre de la menor que percibió el subsidio de natalidad y lactancia, sin embargo no se canceló el subsidio prenatal, debiendo la parte empleadora proceder a su cancelación, porque el hecho que mediante el seguro de su esposo se hubiesen percibido los demás subsidios determinados por ley, esto no libera a la demandada a cancelar el subsidio impago, consiguientemente la actora es acreedora de dicho beneficio, como acertadamente lo determinó la juez a quo en la sentencia de primera instancia y que fue confirmada por el tribunal ad quem.

Por lo relacionado precedentemente y al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso, corresponde resolver conforme establecen los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida por el num. 1 del art. 60 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 108-110, con costas.

Relator: Ministro Esteban Miranda Terán

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Esteban Miranda Terán

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Sucre, 4 de marzo de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

ecretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.