SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 56

Sucre, 8 de febrero de 2011

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Social

PARTES: Karin Icela Álvarez Paniagua c/ Empresa TRANSBEL S.A

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 50-53, interpuesto por María Teresa Pardo de Zela en representación legal de la Empresa TRANSBEL S.A., contra el Auto de Vista Nº 0228 de 27 de junio de 2007 (fs. 47 y vta), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso social seguido por Karin Icela Álvarez Paniagua contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 55-56, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO: Que interpuesta la demanda social, la parte demandada opuso excepciones previas de incompetencia e imprecisión en la demanda (fs. 13-16 del cuadernillo de fotocopias legalizadas), el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto Definitivo de 4 de diciembre de 2006 (fs. 25 del cuadernillo legalizado) rechazó las excepciones planteadas y se declaró competente para el conocimiento de la demanda, con costas.

En grado de apelación deducida por la empresa demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Santa Cruz emitió el Auto de Vista Nº 0228 de 27 de junio de 2007 (fs. 47 y vta) confirmando lo dispuesto en el auto de 4 de diciembre de 2006.

La referida resolución motivó el recurso de casación, en el que la empresa recurrente acusa la manifiesta violación del principio de legitimidad establecido en el art. 31 de la Constitución Política del Estado, art. 30 de la Ley de Organización Judicial, por cuanto el contrato suscrito con la actora es de corretaje, con estipulaciones por comisión y porcentajes como forma de pago, sin que medie relación de dependencia y subordinación con la empresa, es decir, de índole civil y regido por los arts. 450, 451, 454, 508, 519 y 96 del Código de Comercio, correspondiendo su conocimiento a la vía ordinaria.

Con esos razonamientos solicita se anule el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que con carácter previo, corresponde dejar establecido que este tribunal ha adquirido competencia para resolver el recurso de casación interpuesto en el presente caso, con la facultad prevista en el art. 255 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, porque se encuentra en controversia una cuestión de competencia, que es de orden público y pone fin al proceso.

Que, conforme ilustra la doctrina y la jurisprudencia establecida por este tribunal, el planteamiento de excepciones previas o dilatorias, fundadas por su objeto, naturaleza y efecto, como medio de defensa en lo formal, tiende a corregir errores (defecto legal en la demanda), a evitar un proceso inútil (litispendencia), a impedir un juicio nulo (incompetencia, falta de capacidad o personería); de manera que su finalidad es prevenir y subsanar oportunamente vicios de procedimiento, pero nunca para retardar o diferir el juicio; de ahí que, resultan de previo y especial pronunciamiento.

Que, conforme expuso el tratadista Eduardo Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, las excepciones previas "(...) son defensas previas alegadas in limine litis, y que, normalmente, versan sobre el proceso, no sobre el derecho material alegado por el actor (...)" p. 115, Ed. Depalma, Buenos Aires 1981.

Que en autos, tanto el a quo, como el ad quem, interpretaron en forma correcta las normas que rigen al procedimiento de las excepciones previas alegadas por el recurrente, siendo por ello que este tribunal siguiendo el razonamiento legal y doctrinal expuesto aplicado a la especie, establece, que los derechos y obligaciones emergentes del trabajo se encuentran dentro de la tutela del marco legal de la Ley General del Trabajo y del Código Procesal del Trabajo, siendo así, el a quo, a tiempo de admitir la demanda analizó su competencia y la capacidad de las partes, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en el art. 9 del Procedimiento Laboral, al asumir el conocimiento del caso litigado, en concordancia con lo que prevé el inc. 2) del art. 152 de la Ley de Organización Judicial, que establece que "(...) los jueces del trabajo y seguridad social, son competentes para (...) conocer y decidir, en primera instancia, de las acciones individuales o colectivas por derechos y beneficios sociales...conflictos que se susciten como emergencia de las leyes sociales (...)"; en consecuencia, se establece que no se vulneró la disposición aludida del art. 9 del Procedimiento Laboral.

La empresa recurrente parte del supuesto de que en los contratos de corretaje suscritos con la actora, no existe relación laboral, por cuanto no se dan ni concurren las características enunciadas como fundamentales y esenciales para considerar una relación laboral. Lo que obliga a revisar el concepto de corredor establecido en el art. 96 del Código de Comercio: "El Corredor es la persona natural o jurídica establecida por cuenta propia que media entre la oferta y la demanda para obtener el acercamiento de ambas, para la concreción directa del contrato por los interesados, sin tener relación de dependencia o de representación con las partes"

De dicho concepto se puede desglosar cinco características, a saber: 1.- El corredor se compromete a desplegar la actividad naturalmente necesaria para promover la conclusión del contrato, pero no se obliga a obtener el resultado deseado el cual escapa a sus posibilidades. 2.- El corredor actúa con absoluta independencia sin subordinación alguna a quien le formula el cargo. 3.- El corredor se limita a buscar y aproximar a las partes, no contrata en su nombre y por cuenta de sus clientes, cuyos nombres por lo general no se anuncian, como un deber de secreto que caracteriza su función. 4.- La actividad del corredor debe retribuirse cuando se obtiene el resultado deseado y previsto. 5.- El corredor debe ser imparcial o sea que no deba actuar ni a favor ni en contra de ninguna de las partes del contrato principal, ni aún estar previniendo a favor o en contra de alguna de ellas.

De la enumeración de las características, se concluye que la naturaleza el contrato de corretaje, es unilateral, en el que el corredor no se obliga a nada, ya que su actividad desarrollada no es una obligación sino un medio para lograr la consecuencia de un contrato, es decir, no es un contrato bilateral como equivocadamente sostiene la empresa demandada, es más, en las actividades descritas por la actora, como ser de "cobradora", "promotora" y hasta de "consultora" no se adecuan a las características y naturaleza del contrato de corretaje.

Lo que lleva a concluir que no son evidentes las vulneraciones a las normas invocadas ni del Código de Comercio ni del Código Civil, porque recién se entrará a discernir si efectivamente la función real y efectiva que cumplió la actora y de acuerdo al principio de "Primacía de la Realidad", que está referido principalmente a establecer la correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que se pactó o documentó, es decir, para el caso de discordancia, lo fáctico, lo que realmente ocurrió, sobre lo establecido en documentos o que ha sido asentado de alguna manera, es decir, se prescinde de las formas para hacer prevalecer lo que efectivamente sucedió.

Consecuentemente, los jueces de instancia obraron conforme a ley y serán los jueces de grado que valoren las pruebas correspondientes, a los efectos de dilucidar si ha existido relación laboral con las características esenciales de la ley, correspondiendo se aplique la disposición contenida en el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código

Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad conferida por el art. 60 num. 1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 50-53, con costas.

Sin multa por ser excusable.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Esteban Miranda Terán.

Sucre, 8 de febrero de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.