SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 54

Sucre, 8 de febrero de 2011

DISTRITO: Tarija PROCESO: Social

PARTES: Estela Albornoz Delgado, c/ Administradora Regional de la Caja Petrolera de Salud Regional Tarija

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 157-159, interpuesto por Claudia Mariela Fernández Burgoa, Administradora Regional de la Caja Petrolera de Salud Regional Tarija, contra el Auto de Vista de 28 de septiembre de 2007 de fs. 153-154, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso social que sigue Estela Albornoz Delgado, contra la entidad que representa la recurrente, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de Bermejo, emitió la Sentencia de 4 de agosto de 2007 de fs. 126-129, declarando probada la demanda de fs. 14-15, con costas, disponiendo que la entidad demandada cancele a la actora la suma de Bs. 190.246, por concepto de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacaciones, bono de frontera, bono de antigüedad, sueldos devengados, domingos trabajados, mas el recargo del 25 %.

En grado de apelación, deducida por la representante de la entidad demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, por Auto de Vista de 28 de septiembre de 2007 (fs. 153-154), se confirmó totalmente la sentencia apelada, con costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, planteado por la representante de la entidad demandada (fs. 157-159), acusando violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, expresando que a partir de la contestación de la demanda se negó la existencia de una relación laboral, pues reconoce una relación civil, viabilizándose por ello excepción de incompetencia que no fue analizada en su contexto y que el tribunal constitucional interpretó el alcance de los arts. 568, 732 y siguientes del Cód. Civ. en la S.C. Nº 351/2003-R, definiendo la trascendencia del contrato civil de prestación de servicios y la vía en la que debe reclamarse el cumplimiento de un contrato de esa naturaleza, más el resarcimiento del daño, quedando en consecuencia librado a la autonomía de las partes acudir a la vía ordinaria, pero de ninguna manera se dan las características de un contrato de trabajo y mucho menos subordinación, según establece el D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993.

Manifestando también la violación de los arts. 90 y 91 del Cód. Pdto. Civ., expresando que existen normas de orden público de las cuales no puede apartarse el tribunal de alzada, razón por la cual todo el proceso se encuentra penado con nulidad y el auto de vista no dio cumplimiento a los requisitos de forma y fondo transgrediendo los incs. 2) y 3) del art. 192 del mismo cuerpo legal, advirtiéndose una insuficiente motivación, objetividad y equidad en la resolución impugnada puesto que el acuerdo de prestación de servicios suscrito con la actora fue enteramente civil.

Finalmente acusó en forma general que el tribunal de alzada incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba producida, conculcando los derechos de la institución que representa, por lo que refiere la infracción de los arts. 151, 153, 154, 155, 156 y 157 del Cód. Proc. Trab, y 1286 del Cód. Civ., siendo insuficiente la prueba de cargo, habiendo por el contrario dado cumplimiento a cabalidad con las previsiones de los Capítulos II, III y IV del adjetivo laboral.

Concluyó solicitando que este tribunal case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda principal y probada la excepción de incompetencia.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso, analizando si lo denunciado en relación a los antecedentes del proceso es evidente o no, se colige lo siguiente:

1.- Que para resolver el presente conflicto es menester dejar

establecido que, conforme orienta la doctrina y la jurisprudencia instituida por este supremo tribunal, el planteamiento de excepciones previas o dilatorias, fundadas por su objeto, naturaleza y efecto como medio de defensa en lo formal, tienden a corregir errores (defecto legal en la demanda), a evitar un proceso inútil (litispendencia), a impedir un juicio nulo (incompetencia, falta de capacidad o impersonería) de manera que su finalidad es prevenir y subsanar oportunamente vicios de procedimiento, pero nunca para retardar o diferir el juicio, de ahí que resultan de previo y especial pronunciamiento. Según lo expuso el tratadista Eduardo Couture en su obra "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", las excepciones previas "(...), son defensas previas alegadas in limine litis y que, normalmente, versan sobre el proceso, no sobre el derecho material alegado por el actor (...)" (Pag. 115, Ed. Desalma, Buenos Aires 1981).

Las excepciones contenidas en el art. 127 del Cód. Proc. Trab., se constituyen en hechos impeditivos, modificatorios del derecho del actor, que como se expuso, son de previo y especial pronunciamiento y, por esta razón, están sujetas a un procedimiento especial, entre las que se encuentra el plazo para su interposición, que debe ser antes de contestar la demanda y deben oponerse todas juntas, conforme establece el art. 128 del adjetivo laboral. Estas excepciones, si resultan probadas, modifican el trámite, pueden acarrear la sustitución del juez que conoce la causa o también se puede determinar su acumulación a otro proceso, que la demanda sea declarada como no presentada para que se reformule, se cite a una tercera persona para que se integre en la litis o, que se suspenda la demanda, hasta el cumplimiento del término o una condición que las partes hubieren acordado con anticipación.

2.- Ahora bien, relacionado como se encuentra el marco doctrinal y

legal sobre la finalidad y el alcance de las excepciones, ciertamente en el ámbito laboral contra las resoluciones que resuelven las excepciones procede el recurso de apelación sólo en el efecto devolutivo; empero, también es doctrina aceptada que cuando se formula la excepción de incompetencia se puede formular el recurso de casación ente la Corte Suprema de Justicia, pues se encuentra en conflicto la competencia del juez laboral, que es una cuestión de orden público y que por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Cód. Proc. Trab., es aplicable lo dispuesto por el art. 255 inc. 2) del Cód. Pdto. Civ.

En la especie si bien la entidad demandada a tiempo de contestar la demanda formuló excepción de incompetencia (fs. 21-22), que el juez de grado declaró improbada mediante auto motivado de 31 de mayo de 2007 (fs. 39-40), resolución que el tribunal de alzada confirmó por auto de vista de 4 de julio de 2007 (fs. 115), no se advierte que contra ese fallo se hubiera interpuesto ningún recurso extraordinario de casación, consintiendo en su ejecutoria y por ende, caducado su derecho para reclamar sobre la competencia del juez laboral en el conocimiento de la presente acción.

3.- No obstante de lo referido precedentemente, la entidad demandada como fundamento de la contestación a la demanda, reclamó que entre las partes no hubo relación laboral, sino civil, que es aplicable lo dispuesto por los arts. 568 y 732 del Cód. Civ. y no así el Decreto Supremo Nº 23570 de 26 de julio de 1993, afirmación que no es evidente, por cuanto se encuentra demostrado en autos que entre las partes siempre hubo relación de trabajo desde el comienzo de la prestación de servicios, es decir desde el 1º de octubre de 1996, hasta el momento en que se produjo la ruptura del vinculo laboral el 31 de marzo de 2007, no cabiendo ni siquiera forzadamente el razonamiento de que la parte actora debía acudir a la vía ordinaria para demandar el incumplimiento del "contrato civil", toda vez que se dieron todos los elementos y las características esenciales para legitimar los derechos y obligaciones de un contrato laboral como la relación de dependencia, subordinación, trabajar para tercera persona o cuenta ajena y percibir una remuneración, según establece el art. 1º del D.S. Nº 23570 de 26 de julio de 1993, concordante con el art. 2º del D.S. Nº 28699 de 1º de mayo de 2006 y, en ese marco, concurriendo dichas características, se infiere que la demandante siempre estuvo considerada como trabajadora dependiente, es decir, dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo.

4.- Cuando se acusa la falta de legalidad de la sentencia judicial por infracción de los arts. 190 y 192 incs. 2) y 3) del Cód. Pdto. Civ., por no haber advertido la relación civil entre las partes, no es evidente, debido a que tanto el juez a quo como el tribunal ad quem resolvieron el fondo de la causa y otorgaron a las partes una respuesta motivada en derecho, no precisamente para beneficiar a la trabajadora sino para demostrar que hubo un debido proceso y que se resolvió el conflicto en el límite entre lo que fue objeto de petición, pues es evidente que la resolución impugnada, ciertamente resuelve todos y cada uno de los agravios del recurso de apelación de fs. 131-133, permitiendo a las partes conocer criterios jurídicos en los que se sustentó el tribunal de alzada, pues los hechos fácticos relevantes dentro del acto jurídico (prestación de servicios), fue eminentemente laboral y no civil, lo que no reconoce la entidad recurrente que pretende encapsular forzadamente la realidad bajo la apariencia de una figura con supuestos aspectos de carácter civil, hasta exigir que el incumplimiento del contrato debe ser reclamado en la jurisdicción ordinaria, lo que es inaceptable pues prevalece la veracidad de los hechos ente la forma (art. 4 del D.S. Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, Principio de la Primacía de la Realidad), toda vez que los derechos de los trabajadores son irrenunciables conforme disponen los arts. 4º de la L.G.T. y 162- II de la C.P.E. de 1967.

5.- En ese sentido, estando establecido que la relación fue de subordinación y dependencia, conviene expresar también que como consecuencia de dicha conclusión, los principios básicos del derecho civil encuentran límites ante la presencia de la ley laboral, que restringe el ámbito de la negociación de partes, pues otorga a las normas el carácter de orden público, limitando la autonomía de la voluntad de las partes, porque ciertamente el principio de protección reconocido por nuestra legislación tiende a compensar las desigualdades materiales entre el empleador y el trabajador, con desigualdades jurídicas, por cuya razón no es posible dar cabida al razonamiento de la entidad recurrente en sentido de que existió autonomía para contratar.

En definitiva, lo resuelto en el auto de vista recurrido, se ajusta a las normas legales en vigencia, no se advierte violación de norma legal alguna, al contrario el tribunal de alzada realizó correcta interpretación y aplicación de las normas legales citadas, como correcta valoración y apreciación de la prueba adjuntada al proceso, por consiguiente, ha obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso.

En consecuencia corresponde resolver el recurso de acuerdo a los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por mandato del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en el num. 1 del art. 60 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de en el fondo de fs. 157-159; sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Esteban Miranda Terán.

Sucre, 8 de febrero de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.