SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 28

Sucre, 01 de febrero de 2011

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Contencioso tributario

PARTES: Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE)c/ Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

MINISTRO RELATOR: Esteban Miranda Terán.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 569-571, interpuesto por Dolly Karina Salazar Pérez, Gerente de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra el Auto de Vista Nº 385 de 9 de septiembre de 2009 (fs. 566-567), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso contencioso Tributario que sigue la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE), contra la entidad que representa la recurrente, la respuesta de fs. 573-576, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso Tributario, el Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 23 de 12 de junio de 2009 (fs. 549-551), declarando probada la demanda de fs. 145-152, interpuesta por La Cooperativa Rural de Electrificación Ltda., y por consiguiente nula y sin valor la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 422/2007 de 4 de diciembre de 2007.

En grado de apelación deducida por la entidad demandada (fs. 554-556), por Auto de Vista Nº 385 de 9 de septiembre de 2009 (fs. 566-567), se confirmó la sentencia apelada de fs. 549-551, sin costas.

Que, contra el mencionado auto de vista, la administración demandada, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo (fs. 569-571), en el que acusó:

1.- En la forma, que el auto de vista incumplió la línea jurisprudencial sentada por el Auto Supremo Nº 819 de 29 de noviembre de 2009, por el que se establece que las resoluciones judiciales que ponen fin al litigio, debe cumplir una serie de principios y requisitos entre los que se encuentran la razonabilidad, la previsivilidad, la pertinencia y la exhaustividad porque al ser definitivas deben contener decisiones expresas, positivas y precisas.

Aspecto que en el caso presente no ocurrió porque el auto de vista impugnado, hizo caso omiso a los indicados principios incumpliendo los arts. 192 y siguientes y 236 del Cód. Pdto. Civ., incurriendo en la causal de nulidad prevista por el art. 254 inc. 4) del señalado código adjetivo.

2.- En el fondo, afirma que existió una mala interpretación y aplicación de la ley por el juez a quo y que fue homologado por el tribunal ad quem, porque no es verdad que no exista una norma que obligue a facturar a CRE por la "Tarifa Dignidad".

Que en la Ley Nº 843, arts. 1º y 5º, se creó en todo el territorio nacional el impuesto denominado "Impuesto al Valor Agregado" (IVA), que se aplica a todas las ventas, contratos de obra, prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza y las importaciones definitivas, cuya base imponible es el precio neto de la prestación de servicio y de toda prestación consignada en la factura.

Mientras que en los arts. 72 y 74 de la misma Ley Nº 843, se establece el Impuesto a las Transacciones (IT), que grava el ejercicio del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios de cualquier actividad lucrativa o no, cualquiera sea su naturaleza del sujeto que la preste, cuya base imponible está constituida por los ingresos brutos devengados por el ejercicio de la actividad gravada.

En el caso presente, en el art. 2 numeral II del D.S. que reglamentó la Tarifa Dignidad, se estableció que dicha tarifa, será financiada por las Empresas Eléctricas que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) sobre la base de un Convenio de Alianza Estratégica entre el Gobierno y dichas empresas, suscrito el 21 de mazo de 2006.

Es decir la empresa contribuyente realizó la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, la que se perfeccionó al momento de la ejecución mensual, que cuenta con una tarifa promedio que es el precio neto que debe ser facturado en su totalidad y considerando que el descuento promedio del 25% (monto no facturado) denominado "Tarifa Dignidad" es financiado por las Empresas Eléctricas, entre ellas la CRE que es una de estas empresas distribuidoras.

La Resolución Administrativa SSDE Nº 130/2006 emitida por la Superintendencia de Electricidad, aprobó el Procedimiento para la Determinación y Asignación de las Compensaciones por aplicación de la Tarifa Dignidad, en cuyos incisos b) y c) del párrafo VI, establece el procedimiento para dicha compensación del descuento realizado por las empresas distribuidoras a nivel nacional que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

La resolución establece en el inc. a) del parágrafo VII que las empresas distribuidoras que son simultáneamente aportantes y receptoras, en primera instancia deben compensar con sus aportes el descuento generado por la aplicación de la tarifa dignidad en sus propios consumidores, cuya compensación resulta ser el importe a ser financiado mensualmente por las empresas aportantes a cada empresa distribuidora que son aportes monetarios o en dinero conforme dispone el inc. b) del parágrafo VI del referido procedimiento.

En el caso presente, conforme se reconoció en la demanda CRE es una empresa aportante y receptora y por ello al operar en el MEM, debe compensar sus aportes, es decir el 25% que aplica como descuento por la de "Tarifa Dignidad", reintegrando por concepto del pago del servicio prestado de suministro de energía eléctrica a sus propios usuarios, resultando en consecuencia, con la percepción del 100% de la tarifa promedio actualmente vigente y por ello obligado a emitir la nota fiscal por la "Tarifa Dignidad" y realizar el pago del IVA y del IT, aspecto que no fue adecuadamente valorado por el juez a quo ni el tribunal ad quem.

Concluyó afirmando que el tribunal de alzada incurrió en una valoración e interpretación indebida de la Ley Nº 843 y del D.S. Nº 28653, solicitó a este tribunal anule obrados hasta el auto de vista o por el contrario, case la referida resolución declarando improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la R.D. GGSC-DJCC Nº 422/2007.

CONSIDERANDO II.- Que, así planteado el recurso, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso y de las disposiciones legales cuya infracción se acusa, se tiene:

1.- Que respecto a la presunta falta de fundamentación del auto de vista, en el que se habría incumplido los principios de razonabilidad, la previsivilidad, pertinencia y exhaustividad, vulnerando los arts. 192 y 236 del Cód. Pdto. Civ., previa minuciosa revisión de la referida resolución de vista, independientemente del razonamiento jurídico que contiene y sustenta para confirmar la sentencia que será motivo de análisis en el siguiente punto de esta resolución, se determina que si bien es escueto en su juicio, empero, cumple los referidos principios y la pertinencia establecida por las normas citadas, por ello a fin de no dilatar más la resolución final del presente proceso, corresponde desestimar la aludida causal de nulidad y resolver en el fondo la presente controversia.

2.- Decidiendo los fundamentos del recurso de casación en el fondo, se establece lo siguiente:

A momento de crearse la "Tarifa Dignidad" por D.S. Nº 28653 de 21 de marzo de 2006, que consiste en el descuento del 25 % promedio de la tarifa vigente para los consumidores domiciliarios atendidos tanto, por las Empresas de Distribución del Sistema Interconectado Nacional (SIN), que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con consumos de hasta 70 kWh por mes, como para los consumidores domiciliarios atendidos por otras empresas de Distribución del SIN y de Sistemas Aislados con consumos de hasta 30 kWh por mes.

Ésta tarifa, conforme refiere el art. 2 parágrafo II, del aludido D.S. es financiada por las Empresas Eléctricas que operan en el MEM, sobre la base del Convenio de Alianza Estratégica suscrito con Gobierno Nacional y dichas Empresas.

Esto quiere decir que el importe de la "Tarifa Dignidad", que consiste en el descuento del 25 % promedio de la tarifa vigente para consumidores domiciliarios, tanto del Sistema Interconectado Nacional, como por los atendidos por otras empresas del SIN y Sistemas Aislados, se paga por las Empresas Eléctricas que operan en el MEM y por ello, corresponde que las empresas distribuidoras, otorguen facturas por los importes cancelados por dichas empresas.

Sin embargo, la controversia surge cuando una empresa -como ocurrió en el caso presente-, es distribuidora de energía eléctrica y al mismo tiempo aportante por estar dentro de la MEM, para cancelar dicho concepto.

Es decir, surge la figura jurídica de la confusión o fusión, porque la empresa distribuidora CRE Ltda., que brindó el servicio eléctrico y que por cuyo importe debe emitir la factura a favor de una empresa aportante, se constituye en deudora de ese importe por estar incluida como una empresa que opera en el MEM y por ello, si cancelara ese concepto a otra empresa recibiría la correspondiente nota fiscal, pero como en el caso presente es la misma persona, CRE Ltda., consideró que no era necesario franquear dicha factura, porque lo único que realiza es un procedimiento contable, por el que identifica el importe de lo adeudado y luego, acredita el importe pagado emergente de los mismos recursos de la empresa.

La empresa demandante, no consideró que como emergencia de la extinción de la acreencia por la confusión emergente, al constituirse en acreedor y deudor al mismo tiempo, no era necesario emitir las notas fiscales pertinentes y por ello, se vería liberada del pago del IVA e IT, sin embargo, conforme refiere el art. 377 del Cód. Civ. aplicable al caso presente por analogía y determinación del art. 5 núm. 4 del Cód. Trib. Ley Nº 2492, la confusión no perjudica a terceros que han adquirido derechos sobre el crédito, en este caso, existe un derecho del Estado, para ser acreedor al pago de los impuestos IVA e IT, emergentes de la prestación de servicios de energía eléctrica, cuyo importe si bien es disminuido en un porcentaje en base a la norma que instituyó la "Tarifa Dignidad", sin embargo esa diferencia es cancelada por otras empresas o en el caso presente debía ser pagada por la misma empresa.

En definitiva, al realizarse el procedimiento contable para consolidar la fusión de la acreencia con el pago, todas las empresas, no pueden soslayar el derecho que tiene el Estado, para cobrar los impuestos que gravan el total de sus ingresos, como son lógicamente el IVA e IT, por ser contribuciones que se encuentran instituidos por una Ley del Estado, como es la Nº 843, estando obligados a emitir la nota fiscal a su nombre, es decir, a sí misma, adquiriendo el derecho a utilizar el cómputo del crédito fiscal correspondiente.

Por lo referido, se concluye que ciertamente el tribunal ad quem, incurrió en violación de los arts. 1, 5, 72 y 74 de la Ley Nº 843, y lógicamente del D.S. Nº 28653 mencionados en el recurso de casación, correspondiendo enmendar esta situación, casando dicha determinación.

3.- Revisando la R.D. Nº GGSC-DTJC Nº 0422/2007, se establece que en el artículo segundo de la parte resolutiva, el SIN, sancionó a la referida Cooperativa Rural de Electrificación Ltda., por la contravención tributaria de Omisión de Pago, con una multa igual al 100 % sobre el tributo omitido actualizado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, conforme establece el art. 165 del Cód. Trib. Ley No. 2492.

Sin embargo, este tribunal considera que no puede imponerse dicha multa, porque no existe una debida reglamentación del pago de los referidos tributos, cuando ocurre la confusión entre Empresas Eléctricas del MEM, que se constituyen en acreedoras y deudoras, como ocurrió en el caso presente, situación que llevó a una omisión en el pago, pero que no se la realizó por acción u omisión, conforme exige el art. 165 del Cód. Trib. citado, sino, como se hizo constar, por la falta de una adecuada reglamentación sobre este particular.

4.- Consiguientemente corresponde resolver el recurso en la forma prevista en los arts. 271 inc. 4) y 274-II del Cód. Proc. Civ., aplicables en cumplimiento de la norma remisiva del art. 297 del Cód. Trib. Ley Nº 1340.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución contenida en el art. 60 núm. 1 de la L.O.J., CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 385 de 9 de septiembre de 2009 cursante a fs. 566-567 y deliberando en el fondo, declara probada en parte la demanda de fs. 145-152, interpuesta por La Cooperativa Rural de Electrificación Ltda., manteniendo subsistente la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 422/2007, con la modificación que se deja sin efecto el Artículo Segundo de dicha Resolución Determinativa, referido a la sanción de la multa, conforme a los fundamentos precedentes.

Sin multa a los miembros del tribunal ad quem, por ser excusable y sin costas en todo el proceso, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990.

Para resolución, previa convocatoria de fs. 593, interviene el Ministro de la Sala Social y Administrativa Primera de este tribunal, Dr. Julio Ortiz Linares.

Relator: Ministro Esteban Miranda Terán

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Esteban Miranda Terán

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Julio Ortiz Linares

Sucre, 01 de febrero de 2011

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.