SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 258

Sucre, 18 de diciembre de 2.009

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Reclamación

PARTES: Doris Monasterios Vda. De Alquizaleth c/ SENASIR

MINISTRA RELATORA: Beatriz A. Sandoval Bascopé.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 142-145 vta., interpuesto por Doris Monasterio Vda. de Alquizaleth, contra el Auto de Vista Nº 292/2008 de 17 de septiembre de 2008 (fs. 139-140), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de reclamación instaurado por la recurrente por restitución de renta de viudedad contra el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), el auto que concede el recurso (fs. 148), los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que después de haber sido beneficiada la solicitante Doris Monasterios Moreno Vda. de Alquizaleth, con renta de viudedad otorgada por la Comisión de Prestaciones del Fondo de Pensiones Ferroviario y R.A. (fs. 10), emergente de la renta básica y complementaria de invalidez otorgada a su causante Gerardo Alquizaleth Vargas (fs. 32), la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 010155 de 5 de diciembre de 2006, dispuso la suspensión definitiva de la indicada Renta única de Viudedad por haberse acreditado que contrajo nuevas nupcias, ordenando que por el Área Revisión de Rentas, se proceda a determinar y luego recuperar mediante la Unidad de Asesoría Legal, lo indebidamente cobrado(fs. 60-61).

Formulado el recurso de reclamación por la beneficiaria (fs. 97-101) la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante la Resolución Nº 907 07 de 21 de junio de 2007, confirmó el la resolución recurrida (fs. 107-108).

Notificada la solicitante con la referida resolución, interpuso contra la misma, recurso de apelación (fs. 114-117), que fue resuelto mediante Auto de Vista Nº 292/2008 de 17 de septiembre de 2008, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que confirmó la Resolución Administrativa recurrida (fs. 139-140).

Esta determinación motivó el recurso de casación formulado por la beneficiaria Doris Monasterio Vda. de Alquizaleth (fs. 142-145 vta.), en el que luego de realizar un análisis de los antecedentes del proceso, realizando un extenso argumento, fundamenta que el tribunal de alzada incurrió en error de derecho a momento de apreciar el testimonio de la sentencia de anulabilidad absoluta de matrimonio cursante de fs. 69-71, que demuestra que al haber incurrido ambos esposos en mala fe, conforme instituye la tercera parte del art. 92, del Cód. Fam., se considera que el matrimonio no existió nunca respecto de ellos.

Considera que no se reconoció la cosa juzgada acreditada por dicho documento que hace fe probatoria que fue ignorada a momento de resolverse el recurso de alzada, refiriendo el tribunal de alzada, contradictoriamente, que hubiese existido buena fe de su parte, incumpliendo el art. 374 del Cód. Pdto. Civ., al ignorar pruebas que tienen el valor legal previsto por los arts. 397, 398, 399, 400 y 401 del Cód. Pdto. Civ., 1286, 1287 y 1289-I del Cód. Civ.

Concluyó solicitando que mediante auto supremo, se resuelva el recurso, casando el auto de vista, ordenando la revocatoria de la resolución recurrida y las resoluciones emitidas por las comisiones de reclamación y calificación de rentas, restituyendo y manteniendo vigente la renta de viudedad otorgada en su favor, más el pago retroactivo de la renta suspendida ilegalmente desde el mes de mayo de 2006.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso de casación, se concluye lo siguiente:

1.- El art. 92 del Cód. de Fam., en su tercer párrafo, instituye que si ambos esposos actuaron de mala fe a momento de contraer matrimonio civil, se considera que éste no existió "nunca respecto a ellos".

Sin embargo, esta norma no excluye ni afecta los derechos y deberes contraídos con terceras personas y que se suscitaron en vigencia del matrimonio que posteriormente fue anulado, pues éstas no pueden verse perjudicadas con la actuación de mala fe de los contrayentes, quienes conforme establecen los arts. 3º, 4º, 5º y 984 y siguientes del Cód. Civ., son responsables de sus actos, tanto por sí como mediante sus representantes, encargados de su cuidado, enseñanza, oficio, patronos y comitentes.

2.- En autos, es evidente que después de estar desvinculada de su primer esposo Jorge Hidalgo Aldunate, mediante sentencia ejecutoriada de Divorcio emitida el 23 de abril de 1979, se canceló su partida matrimonial el 7 de junio de 1980 (Testimonio y Certificación de fs. 83-87), por ello, al contar con libertad de estado, el 30 de enero de 1983 contrajo matrimonio civil con Gerardo Alquizaleth Vargas (certificado de fs. 39, repetido a fs. 83), circunstancia que le permitió percibir después del fallecimiento de su causante, la renta de viudedad otorgada por el Fondo de Pensiones Ferroviario y R.A. (fs. 10).

Luego de estar percibiendo la referida renta, voluntariamente, -aunque sea de mala fe-, el 12 de febrero de 2000, contrajo matrimonio civil con Carlos Hugo Ricther Ibáñez, que si bien fue posteriormente declarado nulo mediante sentencia judicial actualmente ejecutoriada, por la falta de libertad de estado del esposo contrayente, aspecto que era de conocimiento de ambos cónyuges, conforme se reconoce en la demanda de anulabilidad de dicha celebración y documento desvinculatorio que acredita que no hubo cohabitación entre ambos (certificado de matrimonio de fs. 80 y vta., documento privado desvinculatorio de fs. 37-38, repetido en original a fs. 77-78 y testimonio de fs. 69-77), sin embargo, esta manifestación de voluntad, en aplicación del art. 37 del Manual de Prestaciones en curso de Pago y Adquisición, implica la tácita y automática renuncia a la renta de viudedad que venia percibiendo, aunque dicho hecho jurídico no hubiese surtido efecto tanto por la falta de cohabitación, como por la causal de anulabilidad absoluta existente.

3.- Por lo referido, se concluye que no es evidente que el tribunal de alzada hubiese incurrido en el error de derecho alegado en el recurso, respecto de la apreciación de las pruebas cursantes en obrados, que efectivamente demuestran el acto de manifestación de voluntad de la beneficiaria para contraer nuevas nupcias, aspecto que en base a la normativa vigente, implica el cese del derecho a percibir la renta de viudedad que se le otorgó como esposa supérstite de Gerardo Alquizaleth Vargas, correspondiendo, fallar en la forma prevista por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por disposición de los arts. 630 y 633 del R. del Cód. S. S. y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el art. 60 núm. 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 142-145, sin costas.

Para resolución, previas convocatorias de fs. 150 y 152, intervienen la Presidenta de la Sala Social y Administrativa Primera y el Ministro de la Sala Penal Primera, Drs. Beatriz Sandoval Bascopé de Capobianco y Teófilo Tarquino Mújica.

El Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte, fue de voto disidente, sugiriendo la casación del auto de vista y que se restituya la renta de viudedad a la solicitante porque no se cumplen los presupuestos del art. 37 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición.

Relatora: Ministra Beatriz A. Sandoval Bascopé.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Beatriz A. Sandoval Bascopé.

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Teófilo Tarquino Mújica

Sucre, 18 de diciembre de 2009

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.