SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 232

Sucre, 13 de noviembre de 2.009

DISTRITO: La Paz PROCESO: Reclamación

PARTES: Lola María Pardo Andrade c/ SENASIR.

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 88-91, interpuesto por Yoni Yamil Exeni León en representación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 121/08 SSA-I de fs. 85, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso de reclamación de renta de invalidez seguido por Lola María Pardo Andrade contra la entidad que representa el recurrente; los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que, tramitada la solicitud de calificación de renta de invalidez, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR pronunció la Resolución Nº 016537 de 14 de octubre de 2005 cursante a fs. 55-56, por la cual desestimó la solicitud de Renta Unica de Invalidez interpuesta por Lola María Pardo Andrade, porque consideró que no contaba con el número necesario de cotizaciones.

Esta resolución fue confirmada con el mismo fundamento, por la Comisión de Reclamación mediante la Resolución Nº 084 07 de 19 de enero de 2007, de fs. 66 a 68.

En grado de apelación interpuesta por Lola María Pardo Andrade (fs. 76-77), la Sala Social Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en 11 de abril de 2008, pronunció el Auto de Vista Nº 121/08 SSA-I (fs. 85), revocando la resolución Nº 084 07 de 19 de enero de 2007, dejando sin efecto la Resolución 016537 de 14 de octubre de 2005 dictada por la Comisión de Calificación de Rentas y dispuso que esta última emita nueva resolución otorgando Renta Básica de Invalidez a partir de marzo de 1994 y Renta Complementaria de Invalidez a partir del mes siguiente a la regularización de los últimos aportes, con los incrementos de ley.

Este último fallo dio lugar al recurso de casación en el fondo de fs. 88-91, que nos ocupa, en el que se acusa la violación de los arts. 57 y 69 de la Ley 1732 de 29 de noviembre de 1996; del art. 20 del Manual de Prestaciones y Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por R.S. Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, concordante con el art. 316 del D.S. Nº 24469 de 17 de enero de 1997 y del art. 475 del Reglamento del Código de Seguridad Social, con los argumentos contenidos en el recurso.

Concluyó solicitando se le conceda el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se dicte auto supremo casando el Auto de Vista Nº 121/08 SSA-I de 11 de abril de 2008, cursante a fs. 85.

CONSIDERANDO II: Que de la revisión de los antecedentes procesales en relación a los fundamentos del recurso que se analiza, se concluye lo siguiente:

1.- Luego de la derogatoria parcial de las disposiciones del Código de Seguridad Social y su Reglamento concernientes al Sistema de Reparto, por la Ley de Pensiones, se puso en vigencia, a través de la Resolución Secretarial Nº. 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, norma legal que recogió el espíritu de las indicadas disposiciones derogadas, introduciendo modificaciones específicas en cuanto a las rentas por invalidez o riesgos profesionales, prescribiendo, en su art. 57 que "A partir de la promulgación de la presente ley, la calificación de las Rentas en Curso de Adquisición se efectuará de conformidad a las normas legales del Sistema de Reparto y a un reglamento".

Es así que tenemos que el art. 42 del Código de Seguridad Social -que seguramente es la norma que el tribunal de apelación consideró que debía aplicarse y por ello observó la aplicación "retroactiva" de la Ley 1732 (no 1832 como erróneamente dice)- disponía que "Tiene derecho a la renta de invalidez el asegurado que se invalide después de haber acreditado un mínimo de 60 cotizaciones mensuales, de las cuales no menos de 18 estén comprendidas en los últimos 36 meses de calendario anteriores al reconocimiento de la invalidez, siempre que no hubiera cumplido las edades señaladas en el artículo 45 para la renta de vejez" (las negrillas son nuestras); es decir que para otorgarse la renta de invalidez, no solamente era necesario la acreditación de 60 cotizaciones mensuales o más, sino, fundamentalmente, que 18 de aquellas cotizaciones debían haberse cotizado en los últimos 36 meses anteriores al reconocimiento de la invalidez.

De manera similar, el art. 20 del ya citado Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, determina que se podrá acceder a la Renta Básica del seguro de invalidez "... siempre que el Rentista en Curso de Adquisición por invalidez tuviera, al 1º de mayo de 1997, acreditadas un mínimo de sesenta (60) cotizaciones mensuales al régimen básico del Sistema de Reparto, de los cuales no menos de dieciocho (18) estén comprendidas en los últimos treinta y seis (36) meses inmediatamente anteriores al reconocimiento de la invalidez" (las negrillas son nuestras).

De la misma forma, en cuanto a la Renta Complementaria del seguro de invalidez se refiere, dispone que se podrá acceder a ella "... siempre que el Rentista en Curso de Adquisición por invalidez acreditara, al 1º de mayo de 1997, un mínimo de setenta (60) cotizaciones mensuales a un régimen complementario del Sistema de Reparto de las cuales no menos de dieciocho (18) estén comprendidas en los últimos treinta y seis (36) meses, inmediatamente anteriores al reconocimiento de la invalidez" (las negrillas son nuestras).

Como claramente se puede apreciar, la normativa del Código de Seguridad Social (Art. 42) como del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición (Art. 20), son similares y el requisito exigido por cada una de ellas para acceder a la renta de invalidez es el mismo, esto es, acreditar un mínimo de 60 cotizaciones de las cuales no menos de 18 deben estar comprendidas en los últimos 36 meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se declaró la invalidez del trabajador.

2.- Ahora bien, en el caso de autos está establecido que la solicitante acreditó 131 cotizaciones y que de ellas más de 18 cotizaciones se encuentran comprendidas dentro de los 36 últimos meses inmediatamente anteriores a la fecha en la que se declaró la invalidez permanente.

En efecto, conforme se desprende del Finiquito de fs. 13, Record de Servicios de fs. 14 y Certificado de Trabajo de fs. 17 el retiro de la solicitante de su fuente laboral se produjo el 31 de enero de 1992, mientras que la determinación del estado de su invalidez por el Tribunal Médico Nacional Calificador de Incapacidades data de 24 de mayo de 1994 conforme consta a fs. 29, es decir que la declaratoria de invalidez de la solicitante se produjo 16 meses después de su última cotización, de donde resulta evidente que 20 de aquellas cotizaciones sí se encontraban dentro de los últimos 36 meses inmediatamente anteriores a su declaratoria de invalidez, dándose, de esa manera, cumplimiento a la previsión establecida tanto en el art. 42 del Código de Seguridad Social, como en el art. 20 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, haciendo viable el otorgamiento de la pretendida renta de invalidez.

De lo anterior se concluye que no es evidente que el tribunal de apelación hubiere incurrido en la vulneración de las disposiciones acusadas de violadas en el recurso de casación por la entidad recurrente, al determinar el pago de la renta básica y de la renta complementaria de invalidez

Para finalizar, en relación al criterio del ad quem que se hubieren aplicado normas con carácter retroactivo, violándose la irretroactividad establecida por el art. 33 de la abrogada Constitución Política del Estado, corresponde resaltar que sobre tal aspecto el Tribunal Supremo, mediante el A.S. Nº 274 de 2 de septiembre de 2005, expresó que "... el hecho de que el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, -cuya aplicación efectuada por la Comisión de Calificación desmerece el Tribunal de Apelación- haya entrado en vigencia con posterioridad al retiro del trabajador, no constituye sustento suficiente para descalificar las resoluciones tanto de la Comisión de Calificación como de la Comisión de Reclamación, por cuanto el dispositivo 20-a) de esa normativa, reitera los mismos presupuestos del art. 42 del Código de Seguridad anteriormente considerados y si algo agrega al texto primigenio no tiene otra finalidad que otorgarle aplicabilidad al mismo en la nueva realidad emergente del corte del sistema producido por la promulgación de la Ley de Pensiones", resultando inadecuada tal afirmación.

3.- Por lo precedentemente expuesto, no siendo evidentes las violaciones acusadas, corresponde resolver en la forma establecida en el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la materia con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 633 del R. Cód. S.S.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el art. 60 núm. 1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 88-91 interpuesto por Yoni Yamil Exeni León en representación del SENASIR, sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Para resolución, según convocatoria de fs. 97, interviene la señora Presidenta de la Sala Social y Administrativa Segunda de este Supremo Tribunal Ministra Beatriz Sandoval Bascopé.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min.Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Beatriz Sandoval Bascopé.

Sucre, 13 de noviembre de 2009

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.