SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 200

Sucre, 21 de septiembre de 2.009

DISTRITO: Tarija PROCESO: Reclamación.

PARTES: Rogelio Fernández Miranda c/SENASIR.

MINISTRA RELATORA: Beatriz A. Sandoval Bascopé.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 299-300, interpuesto por Rogelio Fernández Miranda, contra el Auto de Vista de 21 de junio de 2008 (fs. 295-296), emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro el proceso administrativo de renta única de vejez con reducción de edad, seguido por el recurrente, contra el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso administrativo, la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones, emitió la Resolución Nº 016013 de 16 de noviembre de 2000, por la que otorgó a favor del solicitante Rogelio Fernández Miranda, renta única de vejez con reducción de edad, equivalente al 96% de su promedio salarial, en el monto de Bs. 1.991,94, correspondiendo 48% a la básica y 48% a la complementaria, más incrementos de Ley, la que se pagaría a partir del mes de marzo de 2000 (fs. 40).

Posteriormente, mediante Resolución Nº 004953 de 25 de abril de 2002, la misma Comisión, dispuso la suspensión definitiva de la renta por existir contradicción en la fecha de nacimiento (fs. 43).

Interpuesto el recurso de reclamación por el beneficiario presentado el 19 de junio de 2002 (fs. 46-51), reiterado el 16 de diciembre de 2002 (fs. 77), se concedió el recurso recién el 23 de marzo de 2004 (fs. 87).

La Comisión de Reclamación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, emitió la Resolución Nº 390.04 de 24 de agosto de 2004 (fs. 93-91), confirmando la resolución impugnada Nº 004953 de 25 de abril de 2002, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas.

Formulado el recurso de apelación presentado por el solicitante el 27 de septiembre de 2004 (fs. 95-102), después de haberse declarado ejecutoriada la resolución recurrida, mediante auto de 28 de septiembre de 2004, en base a informe verbal del asistente legal, por no haberse recurrido oportunamente (fs. 105), y tramitado muchas y reiteradas solicitudes del interesado, mediante Resolución de 7 de abril de 2008 (fs. 286), se concedió el recurso formulado, sobre la base del auto de 25 de junio de 2007, por el que se dejaba sin efecto la ejecutoria, por haberse demostrado documentalmente el impedimento por motivos de salud del solicitante (fs. 284).

La Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, mediante Auto de Vista de 21 de junio de 2008, confirmó totalmente la resolución apelada (295-296).

Dicho fallo, motivó que el indicado beneficiario Rogelio Fernández Miranda, interponga recurso de casación en el fondo (fs. 299-300), en el que fundamentó que el tribunal ad quem, incurrió en violación de los arts. 1534 del Cód. Civ., 25 de la Ley del Registro Civil (L.R.C.) y 66 del D.R. de la L.R.C., porque estas son las normas que otorgan la validez a los certificados de nacimiento, mientras que en obrados el tribunal de alzada, otorgó facultades o potestades a Instituciones ajenas al Registro Civil, contrarias a la normativa de aplicación preferente, más aún si la única fecha de nacimiento se encuentra probada a fs. 32, 33 y 74 de obrados. Es decir, afirma, que el SENASIR, no tiene facultades para otorgar o certificar fechas de nacimiento, sino que la única institución es el Registro Civil, por lo que al haberse incurrido en violación de las normas señaladas y constar que su nacimiento fue el 15 de septiembre de 1942, solicitó que se case el auto de vista y deliberando en el fondo, se otorgue las peticiones que refirió en su recurso a fs. 98-108 de obrados.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, ingresando a su revisión, en relación a los antecedentes del proceso, se concluye:

1.- El auto de vista recurrido, confirma las resoluciones recurridas, afirmando que en obrados no existe una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada sobre la rectificación de la fecha de nacimiento, sino solo de reposición de partida que en los hechos no hubo por existir otro registro.

2.- Revisando los fundamentos del recurso de casación, se advierte que la Comisión de Calificación de Rentas, de la Dirección de Pensiones, mediante la Resolución 004953 de 25 de abril de 2002, dejó sin efecto la Resolución Nº 016013 de 10 de noviembre de 2000, por la que se otorgó renta de vejez con reducción de edad, a favor del beneficiario Rogelio Fernández Miranda, porque se habría determinado que el beneficiario hubiese nacido el 15 de septiembre de 1951 y no así el 15 de septiembre de 1942, conforme se demostró en el trámite administrativo, fundamentando ese su decisorio en el informe o "Resultado de Consulta AVCs" de fs. 43, documento en el que no consta firma responsable alguna y que no reúne los requisitos de validez para su consideración.

Luego, la Comisión de Reclamación, mediante la Resolución Nº 390.04 de 24 de agosto de 2004, confirmó la Resolución Nº 004953 de 25 de abril de 2002 que suspende la anotada renta de vejez, refiriendo que en la certificación emitida por la Dirección Nacional del Registro Civil de fs. 90, se demuestra la existencia de la inscripción del nacimiento del beneficiario el 15 de septiembre de 1942, partida que fue registrada por orden judicial el 20 de octubre de 1999 y ratificada por otra orden judicial de 28 de septiembre de 2002, mientras que, anteriormente, en dos partidas inscritas el 22 de septiembre de 1951, se encuentra registrado el nacimiento del solicitante, como nacido el 15 de septiembre de 1951.

Estos documentos, según considera este Tribunal, no son suficientes para determinar la suspensión de la renta de vejez otorgada a favor del actor, porque conforme acreditan los documentos presentados por el beneficiario, tiene registrado su nacimiento el 15 de septiembre de 1942, conforme acreditan los documentos citados en el recurso (fs. 32, 33 y 74), que tienen el valor previsto en los arts. 1287, 1289 y 1534 del Cód. Civ., que en el curso del proceso administrativo no fueron desvirtuados y en la certificación de fs. 42, no existe firma responsable, consistiendo en una simple cita de una matrícula y datos de una persona, mientras que la certificación de fs. 90, conforme acertadamente advierte el recurrente, no invalida la certificación otorgada al inicio del trámite administrativo y que tiene el valor legal previsto por los arts.1534 del Cód. Civ., 24 de la L.R.C. y 66 de su D.R.

3.- Por otra parte, verdad que en cumplimiento del art. 477 del R. del Cód. S.S., el SENASIR, tiene facultad para revisar, de oficio, las rentas que otorga, para determinar la existencia de errores de cálculo o falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento; empero esta revocatoria, no podrá ser automática, sin previamente disponer la citación del solicitante para que asuma defensa y presente los descargos correspondientes, a cuya conclusión, previa verificación sumaria determine dicha suspensión, hasta que en un proceso de conocimiento se demuestre la inconsistencia evidente de dichos datos.

En autos, dichos presupuestos, no se acreditaron, pues consta en obrados sólo el formulario de fs. 42, sin firma ni sello de persona o autoridad responsable, que refiere que el beneficiario, ostenta una fecha diferente de nacimiento a la que se encuentra registrada en los documentos del proceso administrativo y, por otra parte, cursa a fs. 90 un certificado en el que refiere la existencia de tres partidas de nacimiento a nombre de Rogelio Fernández Miranda, cuyos datos de fecha y lugar de nacimiento si bien coinciden, no puede presumirse iuris tantum, que esas partidas fueran falsificadas, más aún si durante el proceso se demostró que se inscribió una partida por orden judicial, habiéndose ratificado posteriormente la misma, ordenando se deje sin efecto la partida del año 1951, presumiéndose que estas partidas correspondientes a la O.R.C. Nº 813, son idénticas, por tener la misma fecha, el mismo número de folio y partida, variando únicamente el Libro 1-46 y I-50-D.

4.- Por lo relacionado, al ser evidentes, las infracciones acusadas, corresponde resolver el recurso intentado en la forma prevista por los arts. 271 inc.4) y 274 del Pdto. Civ., aplicables por disposición del art. 633 norma remisiva del R. Cód. S.S.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el art. 60 núm. 1º de la L.O.J., CASA, el Auto de Vista de fs. 295-296, de 21 de junio de 2008 y deliberando en el fondo, deja sin efecto la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 390.04 de 24 de agosto de 2004 y mantiene subsistente y con todo el valor legal la Resolución Nº 016013 de 16 de noviembre de 2000 (fs. 41), por la que se otorgó renta de vejez, con reducción de edad a favor de Rogelio Fernández Miranda, debiendo en ejecución del presente fallo, restituirle todas las rentas impagas desde la determinación asumida el 25 de abril de 2002 mediante Resolución Nº 004953 (fs. 43).

Sin multa por ser excusable.

Para resolución, según convocatorias de fs. 306 y 308, intervienen la Ministra Presidenta de la Sala Social Primera, Dra. Beatriz Alcira Sandoval Bascopé de Capobianco y el Ministro de la Sala Penal Primera, Dr. Ángel Irusta Pérez.

Relatora: Ministra Beatriz A. Sandoval Bascopé.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Beatriz A. Sandoval Bascopé.

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Ángel Irusta Pérez.

Sucre, 21 de septiembre de 2009

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.