SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 188

Sucre, 10 de septiembre de 2.009

DISTRITO: La Paz PROCESO: Social

PARTES: Maribel Benigna Aliaga Villa y otra c/ ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS SRL.

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 264-265 interpuesto por Bernardo Remy Valdivia Baldomar, apoderado legal de la sociedad de Responsabilidad Limitada ACEVEDO & ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS SRL., contra el Auto de Vista Nº 95/05-SSA III, de 12 de mayo de 2005, cursante a fs. 260 dictado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso laboral sobre reconocimiento y pago de beneficios sociales por despido seguido por Maribel Benigna Aliaga Villa y Jenny Julieta Cavaría Reyes contra la entidad representada por el recurrente; sus antecedentes, lo alegado por las partes, y

CONSIDERANDO I: Que la Juez Quinto del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, en conocimiento del proceso, emitió la Sentencia Nº 09/2004 de 29 de enero de 2004, cursante a fs. 199-203, declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 17-18, subsanada a fs. 20 y PROBADA EN PARTE la excepción perentoria de pago de fs. 104-107, disponiendo el pago de Bs. 9.749, 98 a favor de Maribel B. Aliaga y Bs. 6.284,71 a favor de Jenny J. Chavarría, por conceptos de indemnización, desahucio, aguinaldo, vacación, sueldos devengados y horas extraordinarias.

Que, apelada esta Sentencia a fs. 213-214 por Bernardo Remy Valdivia Baldomar en representación de la entidad demandada y a fs. 218-219 por las demandantes, en alzada, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista de fs. 260, la confirma en todas sus partes.

Resolución contra la que se formula el recurso de casación en el fondo referido en el exordio, en el que se acusa:

interpretación errónea del art. 16-b) de la Ley General del Trabajo, al confirmar la sentencia, sin considerar que conforme a los testigos de descargo y la documentación aparejada demostraron que las actoras incurrieron en la causal contenida en dicho dispositivo legal y que, por consiguiente, no les corresponde ni el desahucio ni la indemnización, por cuanto no fueron despedidas intempestivamente.

Agrega que las mismas pruebas: literales con la eficacia de los arts. 159 y 160 del Código Procesal del Trabajo y las testificales de descargo, acreditan que a las actoras tampoco les corresponde las horas extraordinarias, conforme fueron reconocidos en la sentencia, al señalar que las "actoras no trabajaron las horas extras que señalan en su demanda..." y que tales aspectos se encontraban "sustentadas por la prueba literal de fs. 121, 184 y 196 del proceso..."

Infracción del art. 237-II del Código de Procedimiento Civil, por haber condenado en costas a la empresa, sin considerar que ambas partes fueron apelantes.

Señala por último que al haber confirmado el pago de desahucio, indemnización y horas extraordinarias, el tribunal de apelación interpretó y aplicó erróneamente los arts. 16-b) y 50 in fine de la Ley General del Trabajo y art. 9-b) y 41 de su Decreto Reglamentario, así como los arts. 159 y 169 del Código Procesal del Trabajo y art. 237-II del Código de Procedimiento Civil.

Concluye pidiendo del Supremo Tribunal, casar el Auto de Vista y, deliberando en el fondo, declarar improbada la demanda y dejar sin efecto la condenación de costas.

CONSIDERANDO II: Que de la revisión de obrados, la resolución de vista y el recurso de casación, se tiene:

1.- Respecto a las causales del despido, ha menester considerar que el recurrente se limitó a alegar una supuesta revelación de secretos industriales y un eventual daño empresarial, sin llegar a precisar que secretos industriales fueron revelados y cuál el daño ocasionado, menos ha demostrado la conexión entre los secretos revelados y la eventual y no probada disminución de clientela, propósito para el que resulta insuficiente la declaración de sus testigos, por cuanto todos ellos señalan un conocimiento referencial sobre tales aspectos, además que las meras estimaciones que intentan sobre el supuesto daño empresarial, no tienen el soporte técnico necesario, lo que no permite conocer el flujo -en términos materiales- anterior y posterior de la clientela en la empresa, de modo que el juzgador tenga un parámetro real para juzgar el daño alegado.

Asimismo, el despido por causa legal debe probarse preferentemente con prueba pre constituida, tal el caso de un memorándum de despido en el que consten expresamente las causales que la motivaron, de otro modo, bien podría el empleador despedir al trabajador sin justa causa, con la seguridad de que ex post le sea permitido recién alegar cualquier causal, lo que resulta contrario al principio de proteccionismo laboral.

2.- En cuanto a las horas extraordinarias, se debe considerar que cuando la juez de primera instancia refiere que las actoras "no trabajaron las horas extras que señalan en su demanda", no está significando que aquellas no hayan trabajado horas extras, por cuanto está haciendo referencia a aquellas horas extras pretendidas en la demanda, no así a las horas extras que fueron probadas como efectivamente trabajadas.

La realidad anterior, tampoco pudo ser desvirtuada con las declaraciones testificales, no sólo por las razones expuestas por la juez de primera instancia, sino por que tal circunstancia debió ser enervada con la presentación de las correspondientes tarjetas o libros de control de asistencia, lo que mal pudo suplirse con la excusa de que por política empresarial se contaba con una modalidad diferente, a mérito que se trata del cumplimiento de un mandato legal (art. 41 del Decreto Reglamentario de la LGT en relación con el art. 182-i) del Código Procesal del Trabajo).

3.- En cuanto a las costas condenadas en grado de apelación, este tribunal encuentra fundado el motivo casacional alegado por el recurrente, por cuanto conforme bien se advierte en el recurso, la sentencia fue apelada por ambas partes y, siendo así, correspondía dar aplicación a lo dispuesto por el art. 237-II del Código de Procedimiento Civil, aspecto que debe ser enmendado.

Consecuentemente y encontrándose fundado uno de los motivos casacionales expuestos en el recurso, corresponde aplicar lo establecido por el art. 274-II del Código de Procedimiento Civil en virtud a la permisión contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajado.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la atribución conferida por el art. 60-1 de la Ley de Organización Judicial, CASA parcialmente el Auto de Vista de fs. 260 y deliberando en el fondo, mantiene firme y subsistente la sentencia de primera instancia y habiendo ambas partes apelado de la sentencia, no corresponde la condenación en costas en aquella instancia conforme al art. 237-II del Código de Procedimiento Civil, por lo que se declara sin costas en ambas instancias.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Para sorteo y resolución, según convocatoria de fs. 276 interviene la Ministra Beatriz Sandoval de Capobianco, Presidenta de la Sala Social Primera.

Asimismo, para resolución, según convocatoria de fs. 278 interviene el Ministro Teófilo Tarquino Mujica de la Sala Penal Primera.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Beatriz Sandoval Bascopé.

Min. Teófilo Tarquino Mújica

Sucre, 10 de septiembre de 2009

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.