SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 181

Sucre, 2 de septiembre de 2.009

DISTRITO: La Paz PROCESO: Reclamación

PARTES: Honorina Chura Mamani de Quisbert c/ SENASIR.

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 116-118, interpuesto por Yoni Yamil Exeni León, Director General Ejecutivo interino del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 127/08 SSA-I de 26 de abril de 2008 (fs. 114 y vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Honorina Chura Mamani de Quisbert contra el SENASIR, la respuesta de fs. 121-122, el auto que concede el recurso (fs. 123), los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que después de haber solicitado Honorina Chura Mamani de Quisbert el 3 de diciembre de 2001, renta única de vejez, mediante Resolución Nº 003071 de 21 de febrero de 2005, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, se desestimó la solicitud de renta única de vejez, determinando que tampoco corresponde pago global (fs. 31-32).

Formulado el recurso de reclamación mediante carta presentada el 6 de abril d 2005 (fs. 35), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante R.S. Nº 703 05 de 14 de diciembre de 2005, confirmó la resolución recurrida (fs. 40-42).

Contra esta determinación, la solicitante, el 21 de diciembre de 2005, formuló recurso de apelación (fs. 46), habiendo presentado solicitud de revisión de antecedentes (fs. 49) y documentación referida a su filiación (94), disponiéndose la remisión del expediente al tribunal de alzada, el 30 de mayo de 2007 (fs. 104). Mediante Auto de Vista Nº 127/08-SSA-I de 26 de abril de 2008, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, se revocó la Resolución recurrida Nº 703 05 de 14 de diciembre de 2005, dejó sin efecto de Resolución Nº 003071 de 21 de febrero de 2005 y deliberando en el fondo, dispuso haber lugar al pago de la renta básica de vejez a favor de Honorina Chura Mamani de Quisbert, a partir de enero de 2006, previa liquidación en la unidad respectiva (fs. 114 y vta.).

Notificado con el señalado auto de vista, el Director General Ejecutivo Interino del SENASIR, Yoni Yamil Exeni León, formuló recurso de casación en el fondo, alegando que la resolución recurrida es contraria a los intereses económicos del Estado Boliviano, porque no se sujeta dentro de los alcances de la normativa vigente en materia de Seguridad Social.

Fundamenta que el SENASIR, no desconoce los periodos trabajados por la solicitante comprendidos del 8 de enero de 1945 al 22 de noviembre de 1961, sino que como estos se encuentran dentro del Régimen del Ahorro Obligatorio, tutelado por las previsiones contenidas en los arts. 260, 263 y 264 del Cód. S.S. y 655 de su Reglamento y el Instructivo DPCI Nº 001/99 de 21 de octubre de 1999, punto 3.A, en virtud de los cuales se establece que las personas que procedieron a retirar el monto acumulado en sus Libretas de Ahorro Obrero Obligatorio, conforme se verifique en los listados que pasaron primero al FOPEBA el año 1994 y luego al SENASIR, en aplicación de la Ley Nº 1732, no se les certificará ese periodo.

En autos la interesada no presentó la Libreta de Ahorro Obligatorio por el periodo 1945 a 1956, habiéndose acreditado en el listado que cursa en el SENASIR que se realizó la devolución de sus aportes correspondientes al Ahorro Obrero Obligatorio, pese a que figuraba como Honorina Mamani Mamani, Empresa Fábrica de Vidrios, cuya filiación se acreditó luego por el acta de reconocimiento de 11 de noviembre de 1957 (fs. 86).

Por lo afirmado, considera que se incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, al obviar las normas citadas, porque se certificó de acuerdo a la documentación que cuenta el SENASIR, conforme establece el art. 57 de la Ley Nº 1732 y punto 3.A del Instructivo UPCI Nº 001/99, porque las fotocopias de fs. 55 y 99, son fiel reflejo de sus originales conforme establece el art. 1296 del Cód. Civ.

Por otra parte, afirmó que el tribunal de alzada, infringió el art. 236 del Cód. Pdto. Civ., porque actuó de oficio y ultra e infra petita al aplicar el D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, pese a que no fue citado en el recurso y sin que la solicitante hubiese presentado documentación complementaria a la observada respecto de sus cotizaciones, habiéndolo hecho sólo respecto de su filiación.

Concluyó indicando se transgredieron todas las normas citadas en su recurso, solicitando se conceda el recurso para que este tribunal deliberando en el fondo, emita auto supremo casando el auto de vista, previas las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso de casación, se concluye lo siguiente:

1.- Es verdad que a momento de instituirse el Seguro Social Obligatorio en cumplimiento del Código de Seguridad Social promulgado mediante Ley de 14 de diciembre de 1956, se determinó en sus disposiciones transitorias finales, que las normas que instituye, se aplicarían en toda la República a partir del 1º de enero de 1957 (art. 260), instruyendo la inscripción o reinscripción de los empleadores y los trabajadores que aportaban al Ahorro Obrero Obligatorio, establecido por la Ley de 25 de enero de 1924, reconociéndose como tiempo de cotizaciones, los aportes acreditados en las libretas correspondientes conforme a los saldos al 31 de diciembre de 1956 (arts. 262, 263 y 264 Cód. S.S.), y si no se efectuaba la entrega correspondiente se perdería todo derecho sobre los ahorros que se efectuaron, y que el tiempo reconocido de ahorro, de acuerdo a la norma citada, se computaría como tiempo de cotizaciones para los seguros de invalidez, vejez y muerte dentro del régimen normal a que se refieren los títulos IV, V, y VI del Libro II del R. Cód. S.S., adquiriendo inmediatamente el trabajador los derchos que le correspondieran de acuerdo a dichos regímenes (arts. 655 y 657 del R. Cód. S.S.).

Sin embargo, el hecho de haberse efectuado la devolución de los referidos ahorros, no significa que las personas que hubiesen cotizado posteriormente, no puedan acceder a los seguros de invalidez, vejez y muerte instituidos por la referida normativa, para lo cual debe considerarse según corresponda los arts. 267 y 268 del citado Cód. S.S.

2.- En la especie, corresponde aplicar el art. 268 del Cód. S.S., que establece lo siguiente: "Durante los primeros 20 años, desde la fecha de aplicación de los seguros de invalidez, vejez y muerte, el asegurado que no tuviera una cuenta de ahorro o que la hubiese retirado antes de la referida fecha de aplicación (es decir el 1º de enero de 1957), tendrá derecho a una renta de vejez al llegar a las edades señaladas en el art. 45º, siempre que hubiere acreditado con cotizaciones por lo menos las tres cuartas partes del tiempo calendario transcurrido entre la antedicha fecha y la del cumplimiento de la edad requerida para tener derecho a la renta de vejez y que el número total de cotizaciones mensuales acreditadas fuese inferior a sesenta".

Por lo referido, se concluye que no es evidente que se hubiese incurrido en violación de los arts. 260, 263 y 264 del Cód. S.S. y 655 de su Reglamento y el Instructivo DPCI Nº 001/99 de 21 de octubre de 1999, punto 3.A, porque se demostró, conforme además reconoce el recurrente que la solicitante trabajó desde el 8 de enero de 1945 al 22 de noviembre de 1961, implicando con ello que el ejercicio de su actividad laboral, transcurrió, una primera parte, bajo el sistema previsto en la Ley del Ahorro Obrero, instituido por la Ley de 25 de enero de 1924 y el segundo periodo, bajo las previsiones del Código de Seguridad Social vigente a partir del 1º de enero de 1957.

Considerando las circunstancias anotadas, no puede desmerecerse el derecho que tiene la solicitante a acceder a la renta de vejez y porque se ha demostrado que cumple con los requisitos previstos en los arts. 45 del Cód. S.S. y 23 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, desestimándose por ello la violación denunciada respecto de estas normas y de las previstas por el art. 57 de la Ley Nº 1732 e Instructivo UPCI Nº 001/99 punto 3.A., porque no existe error de derecho en la apreciación de las pruebas cursantes en obrados, al haberse identificado claramente el periodo trabajado por la solicitante, consiguientemente se establece que no se obvió la prueba documental aparejada al proceso referida a las certificaciones sobre las listas de recojo del ahorro obrero.

3.- Por otra parte, pese a que la infracción denunciada, respecto de la aplicación del art. 236 del Cód. Pdto. Civ., constituye una causal de nulidad y no de casación como erróneamente alega el recurrente, previa revisión de la resolución recurrida, se concluye que no es evidente que el tribunal de alzada hubiese actuado "ultra e infra petita" porque el D.S. Nº 27543 se aplica a todos los procesos de rentas en curso de adquisición, para determinar previa revisión de los antecedentes cursantes en los expedientes, el reconocimiento o la negación de los derechos de los trabajadores, considerando además que al regir el principio de informalismo en la fase administrativa del proceso, el recurso de alzada, no se encuentra sujeto al rigor formal de los procesos comunes a momento de fundamentarse la apelación.

4.- Consiguientemente, al haberse verificado que no existe vulneración de norma alguna, corresponde fallar conforme prevén los arts. 271-2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., aplicables por disposición de los arts 630 y 633 del R. Cód. S.S. y 15 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el art. 60 núm. 1 de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 116-118.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

Para resolución, previa convocatoria de fs. 126 vta., interviene la Ministra Presidenta de la Sala Social y Administrativa Primera, Dra. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Beatriz Sandoval Bascopé.

Sucre, 2 de septiembre de 2009

Proveído: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua

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Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.