SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 179

Sucre, 20 de agosto de 2.009

DISTRITO: Chuquisaca PROCESO: Social

PARTES: María Teresa Valdivieso Menacho c/ Empresa de Correos de Bolivia.

MINISTRA RELATORA: Beatriz A. Sandoval Bascopé.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 51-52 interpuestos por Ricardo Villca Fernández, en su condición de Gerente Regional de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL)-Sucre, contra Auto de Vista Nº 236/2005 de 18 de agosto de 2005, cursante a fs. 47-48, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, en el proceso laboral sobre beneficios sociales seguido por María Teresa Valdivieso Menacho contra la entidad recurrente; lo alegado por las partes, el dictamen fiscal de fs. 59-60, sus antecedentes, y

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Sucre, expidió la sentencia Nº 031/2005 de 11 de mayo de 2005, cursante a fs. 29-30, declarando PROBADA la demanda de fs. 4-5, con costas y, en consecuencia, disponiendo el pago de Bs. 29.018,45 a favor de la demandante, por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo y vacación.

En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, CONFIRMÓ la sentencia apelada mediante Auto de Vista Nº 236/2005 de 18 de agosto de 2005.

Resolución, la última, contra el que se interpone el recurso de casación materia de la presente resolución, en el que se acusa:

En el fondo.- Violación e interpretación errónea de la ley; por cuanto:

1.- No se valoró la literal de fs. 1 en el que consta que el despido se produjo por reestructuración administrativa y supresión de ítem, conforme al art. 41-g) de la Ley 2027.

2.- Habiéndose interpuesto tacha relativa respecto a la testigo Zoraida Guzmán, se permitió su declaración y se consideró la misma para fundar la sentencia.

3.- El auto de relación procesal no contempla que la actora se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2027 y que, en consecuencia, no fue objeto de prueba.

4.- Incorrecta valoración de la prueba testifical de cargo al no haber considerado que las testigos señalaron que no saben si la demandante está comprendida en el Estatuto del Funcionario Público.

En la forma.- Violación de las formas esenciales del proceso, por cuanto:

1.- La demanda se interpuso ante el órgano jurisdiccional desconociendo el Estatuto del Funcionario Público, por lo que no se utilizó un medio idóneo.

2.- El juez carece de competencia para conocer reclamos de funcionarios públicos.

3.- El juez se atribuyó competencias que sólo le compete al poder legislativo, conforme establece el art. 59-1ª de la Constitución Política del Estado y, en casos constitucionales, al Tribunal Constitucional, conforme al art. 4 de la Ley 1836.

4.- El art. 61 de la Ley 2027 otorga a la Superintendencia del Servicio Civil las atribuciones de resolver este tipo de conflictos y garantizar el principio de igualdad.

5.- El principio de la legalidad y sometimiento a la ley, como la norma positiva no está subordinada al criterio del juzgador.

6.- Dentro de las fuentes del derecho, la ley está por encima de la jurisprudencia.

Concluye señalando que el tribunal de apelación incurrió en indebida apreciación de la prueba, vulneró normas procesales de orden público, realizando una peor aplicación del art. 3-II, 7-d) y 61 de la Ley 2027.

Con los argumentos anteriores, demanda casación del auto de vista y, deliberando en el fondo, se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que analizado el recurso se advierte que el mismo no cumple a cabalidad los requisitos formales señalados por el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, al recurrir sobre el fondo, no acusa infracción legal alguna vinculada a un presupuesto determinado del decisorio materia de su recurso y si bien cita algunos dispositivos legales de la Ley 2027, lo hace de manera referencial, sin acusar su infracción.

Asimismo, como materia del recurso en el fondo trae aspectos in procedendo, tal el caso del auto de relación procesal que lo cuestiona como insuficiente.

En cuanto a su recurso en la forma acusa también en términos genéricos la violación de formas esenciales del proceso, sin exponer con precisión cuales de sus derechos fueron vulnerados y cual el perjuicio ocasionado, amén de que la mayor parte de sus argumentos los dedica a declaraciones ambiguas, tal el caso del principio de legalidad, el sometimiento a la ley y la norma positiva de los que señala no se encuentran subordinadas al criterio del juzgador, sin exponer las razones por las que cree necesaria tal definición, cual su pertenencia e incidencia en el resultado del fallo.

Sin embargo de lo anterior y aún prescindiendo consideraciones respecto de las deficiencias del recurso y tomando en cuenta sólo las simples alegaciones, en el marco del derecho que tienen los justiciables a ser oídos y que sus reclamos, aún deficientes, merecen una respuesta que absuelva su convicción de justicia, este tribunal, no encuentra mérito para la casación impetrada, conforme se expondrá más adelante.

CONSIDERANDO III: Considerando el contenido del recurso, en el marco de los fundamentos que anteceden, se tiene:

1.- Sobre la competencia del órgano en razón del estatus laboral de la demandante.-

El recurrente alega que la demandante se desempeñó como servidora pública y que en consecuencia se encontraba sometida a los alcances del Estatuto del Funcionario Público, de modo tal que el órgano jurisdiccional es incompetente para conocer la demanda y resolver la controversia.

Sobre el particular, se debe recordar que por DS. 22616 de 8 de octubre de 1990, se constituye la EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA (ECOBOL) como una empresa pública de administración descentralizada y con personalidad jurídica propia, el mismo que posteriormente es elevado a rango de Ley en fecha 29 de enero de 1993, por Ley Nº 1424; consiguientemente, a partir de aquella definición sus dependientes ingresan al ámbito de protección laboral establecido por la Ley General del Trabajo, conforme al art. 11 del citado Decreto Supremo, aspecto jurídico que es mantenido incólume por mandato expreso del art. 69-I del Estatuto del Funcionario Público, ratificado por el art. 38 del DS. 25749 de 20 de abril de 2000 que excluye del ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público a la Empresa de Correos de Bolivia y siendo así, devienen en inaplicables en el presente caso, todas las disposiciones legales de dicho Estatuto invocados por el recurrente.

Asimismo, encontrándose el demandante amparado por la Ley General del Trabajo, el órgano jurisdiccional en materia laboral es totalmente competente por efecto del art. 1 de la Ley General del Trabajo y art. 9 del Código Procesal del Trabajo.

2.- Sobre los demás puntos reclamados en el recurso.-

a) Errónea apreciación de la prueba.-

Resuelto como se encuentra la competencia del órgano jurisdiccional y el amparo de la Ley General del Trabajo con que cuenta el demandante, no tiene relevancia lo expresado en el memorándum de fs. 1 que el recurrente reclama como no considerado.

b) Las pruebas testificales.- Tanto la sentencia como el auto de vista se fundan en el hecho de que la actora se encuentra fuera de los alcances del Estatuto del Funcionario Público, en mérito a las estipulaciones expresas de dicho instrumento legal, más no en las deposiciones de los testigos; no siendo evidente que la sentencia se haya basado en la testifical de Zoraida Guzmán.

Sobre éste aspecto se debe aclarar que la naturaleza del hecho controvertido, esto es, la competencia del órgano jurisdiccional y el ámbito de aplicación tanto de la Ley General del Trabajo, como del Estatuto del funcionario Público, no reclaman probanza fáctica, por traducir una cuestión eminentemente jurídica y, siendo así, resulta irrelevante que la testigo haya declarado no conocer si la actora se encontraba bajo uno u otro régimen legal, debido a que esa tarea le correspondía a la administración demandada y ante la controversia, corresponde al juzgador.

c) Sobre el auto de relación procesal.-

También resulta irrelevante e inoportuno el tardío reclamo sobre el auto de relación procesal, toda vez que conforme al segundo párrafo del art. 149 del Código Procesal del Trabajo, debió hacerlas valer dentro de tercero día de su legal notificación con el mismo y al no haber obrado de ese modo, consintió con su ejecutoria.

d) Sobre el recurso en la forma.-

En cuanto al recurso en la forma referida de manera genérica a la competencia del órgano y el ámbito de aplicación tanto de la Ley General del Trabajo, como del Estatuto del funcionario Público, se encuentra ampliamente expuesto y consiguientemente, resuelto en el punto 1 de la presente parte considerativa.

3.- Sobre la nulidad de obrados sugerida por el Ministerio Público.-

En cuanto a la nulidad sugerida por el Ministerio Público, se debe tener presente que a partir de la instauración del nuevo sistema procesal penal en Bolivia, el Ministerio Público pasó a cumplir sus actuales específicos roles de persecución penal, de tal modo que conforme al art. 127 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Quinta Disposición Final de la Ley Orgánica del Ministerio Público de 13 de febrero de 2001, se excluye la obligatoriedad de notificar al Ministerio Público cuando la demanda es dirigida contra el Estado.

Sin embargo de lo anterior, se debe considerar que los arts. 34 y 35 del Código Procesal del Trabajo hacen referencia a la intervención del Ministerio Público en tanto el Estado sea demandado en algunos de sus ministerios o prefecturas a las que no podría equipararse ECOBOL.

Por otra parte, este Tribunal considera que no corresponde determinar la nulidad alegada en el dictamen fiscal de fs. 59-60, por la no intervención del Ministerio Público, por cuanto a partir de la Ley Nº 2175 de 13 de febrero de 2001, vigente desde la fecha de su publicación 18 de febrero de 2001, la intervención del Ministerio Público, como se tiene dicho, es obligatoria únicamente en materia penal y en todos aquellos procesos que se hubiesen iniciado con anterioridad a la mencionada Ley, por lo que la Sala Plena de este Tribunal ha emitido la Circular Nº 25/2004 de 21 de junio de 2004, disponiendo "la no intervención del ministerio público en las causas que no fueren penales", de donde queda claro que habiéndose iniciado el presente proceso el 12 de abril de 2005, conforme consta en el cargo de presentación de fs. 5, fecha posterior a la vigencia de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, su no intervención en la presente causa no es causal de nulidad.

Consiguientemente, no encontrándose fundados los motivos traídos en el recurso, corresponde dar aplicación lo preceptuado por el art. 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la materia en virtud de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad y atribución que le confiere el Art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, en aplicación del Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, en desacuerdo con el dictamen fiscal de Fs. 59-60, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 51-52. Sin costas.

Para resolución, previa convocatoria de fs. 67, interviene la Sra. Ministra Presidente de la Sala Social y Administrativa Primera, Dra. Beatriz A. Sandoval Bascopé.

Relatora: Ministra Beatriz A. Sandoval Bascopé.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Beatriz A. Sandoval Bascopé.

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Sucre, 20 de agosto de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.