SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 150

Sucre, 24 de junio de 2.009

DISTRITO: La Paz PROCESO: Reclamación

PARTES: Luís Lima Maydana c/ SENASIR.

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 189-190, interpuesto por David Laura Bobarín, en representación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), en su calidad de Director General Ejecutivo a.i., contra el Auto de Vista Res. Nº 128/07 SSA-III de 27 de agosto de 2007, cursante a fs. 183 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de reclamación de Recálculo de Renta de Vejez, que sigue Luís Lima Maydana, contra el SENASIR, la formulación de la respuesta de fs. 193-195, el dictamen fiscal de fs. 199-200, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso administrativo, la Comisión Regional de Prestaciones del Ex - Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA), mediante Resolución Nº 003547 de 23 de febrero de 2005 (fs. 148), resolvió otorgar a favor de Luís Lima Maydana, recálculo de renta única de vejez, equivalente al 100% de su promedio salarial en el monto de Bs. 4.990,69 correspondiendo a la básica el 60% Bs. 2.430,64 y a la complementaria el 40% Bs. 1.620,42, más incrementos de ley, que se pagaran a partir del mes de julio de 1994.

Formulado el recurso de reclamación por el recálculo de renta única de vejez a fs. 149-150, la Comisión de Reclamación mediante Resolución Nº 381. 07 de 14 de marzo de 2007 (fs. 174-175), resolvió confirmar la Resolución Nº 003547 de 23 de febrero de 2005 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, cursante a fs. 148 por haber sido expedida de conformidad a normas que rigen la materia.

El recurso de apelación promovido por el demandante (fs. 178-179), fue resuelto por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante el Auto de Vista Res. Nº 128/07 SSA-III de 27 de agosto de 2007 (fs. 183 y vta.), por el que revocó la Resolución Nº 381.07 que confirmó la Resolución Nº 003547 de 23 de febrero de 2005 y dispuso el no cobro de la ilegal deuda y la devolución de las retenciones indebidas al asegurado del 20% de su renta única recalculada a partir del mes de febrero de 2005.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el representante del SENASIR a fs. 189-190, en el que acusó la interpretación errónea e indebida aplicación de la Ley Nº 2197 de 9 de mayo de 2001, modificatoria del art. 57 parágrafo III de la Ley de Pensiones, Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, art. 5 del D.S. Nº 27066 de 6 de junio de 2003, art. 4 de la Resolución Ministerial Nº 138 de 29 de marzo de 2004 y art. 3 de la Resolución Ministerial Nº 384 de 11 de junio de 2000.

Asimismo, manifestó que en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el D.S. Nº 27066 de 6 de junio de 2003, y por Resolución Ministerial Nº 138 de 29 de marzo de 2004, el SENASIR en coordinación con el Viceministerio de Pensiones y Seguros, hasta el 31 de mayo de 2004 debió proceder a la revisión de cada una de las rentas en curso de pago de la planilla de marzo de 2004, cuyo total ganado de renta única sea mayor a Bs. 5.000 y siendo que el asegurado percibía una renta de Bs. 5.239,36 desde marzo de 2004 y de Bs. 5.516,49 desde abril de 2000, se encontraba dentro de las prestaciones comprendidas como rentas altas, por lo que el SENASIR ejerció su facultad de revisión para constatar y corroborar su correcta otorgación.

Indicó también que el SENASIR está obligado a la recuperación de montos de prestaciones indebidamente otorgados de acuerdo a lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución Ministerial Nº 384 de 11 de junio de 2004, que de manera expresa establece que la recuperación se realizará con el descuento del 20%, más aún tratándose de recursos del Estado Boliviano, en concordancia con el art. 31 inc. b) de la Ley Nº 1178 (SAFCO), normas que fueron desconocidas por el tribunal ad quem, pretendiendo que el asegurado sea totalmente beneficiado con una prestación otorgada en base a hechos falsos, insertados dolosamente.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO II: Que de los antecedentes procesales se tiene lo siguiente:

1.- El asegurado Luís Lima Maydana, por Resolución Nº 002760 de 10 de julio de 1995, emitida por el Ex - Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA), desde aquella data, cobraba renta básica de vejez en el monto de Bs. 2.471,17 (fs. 137) así como también se le otorgó renta complementaria de vejez, mediante Resolución Nº 002/95 de 20 de febrero de 1995 (fs. 136), sin embargo, el SENASIR el año 2005, realizó una revisión del expediente del asegurado porque se encontraba percibiendo una renta de más de Bs. 5.000, (fs. 148) y como consecuencia de ello, otorgó recálculo de renta única de vejez, advirtiendo también un cobro indebido de Bs. 32.110,69 señalando que debe ser descontado de su renta recalculada en el equivalente al 20%.

Sobre el particular, la parte dispositiva de la Resolución Nº 003547 de 23 de febrero de 2005, no prevé el descuento del 20% de la renta única de vejez, siendo una actitud ilegal y arbitraria la asumida por el SENASIR, emergente del Informe Legal el que sugirió dicho descuento, pero no fue determinado expresamente en la parte resolutiva de la mencionada resolución administrativa, lo que extraña a este supremo tribunal la efectivización, pues se violó el art. 16 parágrafo IV de la Constitución Política del Estado, en su componente de vulneración del derecho al "debido proceso" y el derecho a la "defensa", toda vez que ilegalmente se viene descontando en forma mensual de la renta jubilatoria del recurrente la suma de Bs. 973,05 en forma injusta y arbitraria.

2.- De manera reiterada se advierten las imprecisiones legales y violación constante a la norma establecida en el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social cometidas por funcionarios del SENASIR, toda vez que si bien dicho artículo otorga al SENASIR la facultad de revisar las rentas y el respectivo cobro del monto indebido, debe dejarse claramente establecido que la disposición legal citada prescribe: "Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas."(sic); coligiéndose que el SENASIR tenía el deber de demostrar que el error de cálculo es atribuible al asegurado, además que hubiesen mediado declaraciones y datos falsos, caso en el cual procedía el descuento del 20% de su renta jubilatoria y para recuperar los montos irregularmente calculados por sus funcionarios, el SENASIR puede ejercer su facultad de repetición en contra de éstos, no siendo procedente que se realicen descuentos a los interesados que desconocen el procedimiento administrativo interno y lo único que pretenden es contar con una renta digna que les permita su subsistencia.

El descuento o pago retroactivo debe ser establecido a través de un proceso de conocimiento o penal que determine la existencia de fraude en los datos proporcionados por los beneficiarios, no la apreciación subjetiva de la entidad aseguradora, pues la revocatoria, reducción o modificación de la Renta Única de Vejez, importa una sanción que impone la entidad de reparto cuando advierte la existencia de contradicción entre los datos del asegurado por haber sido proporcionados fraudulentamente; empero para que se imponga la aludida sanción, la autoridad administrativa responsable deberá sustanciar un proceso respetando y resguardando el debido proceso, otorgándole así al asegurado, la facultad de asumir defensa y desvirtuar los extremos de la acusación, concluyéndose que la determinación de "fraude" al que hace alusión el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, debe ser una declaración de derecho, como consecuencia de un proceso y no de hecho, a libre discreción de la entidad gubernamental de reparto.

3.- En autos, la entidad recurrente no demostró de manera alguna que el asegurado - ahora demandante - hubiese proporcionado documentación o información fraudulenta a efecto de la calificación de su renta única de vejez, por el contrario, la documentación constante en obrados no consigna contradicciones entre sí, como bien lo denunció el interesado en sus recursos de reclamación (fs, 149-150) y de apelación (fs. 178-179), siendo de exclusiva responsabilidad del Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA), ahora SENASIR, la calificación de la prestación en los términos establecidos en la Resolución Nº 002760 de 10 de julio de 1995 y Resolución Nº 002/95 de 20 de febrero de 1995, de donde se infiere que el SENASIR no puede realizar el descuento del 20% de la renta única de vejez, después de diez años de otorgación de dicha prestación, máxime si dicha entidad de reparto no demostró que Luís Lima Maydana hubiere realizado fraude alguno.

4.- Por otra parte, el beneficiario cumplió con la formalidad de presentar toda su documentación a efecto de la calificación de su renta de vejez, por ello la Resolución Nº 003547 de 23 de febrero de 2005, pronunciada por la Comisión de Calificación de Rentas, en el afán de corregir el error incurrido por FOPEBA, no puede perjudicar al beneficiario, toda vez que en su pronunciamiento no estableció que obedece a la comprobación de la existencia de documentos o datos fraudulentos proporcionados por éste.

5.- respecto de la vulneración de varios artículos, entre ellos la Ley Nº 2197 de 9 de mayo de 2001, en su artículo único, modificatorio del art. 57 parágrafo III de la Ley de Pensiones, Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, relativo a que las rentas en curso de pago y adquisición, serán canceladas con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), art. 5 del D.S. Nº 27066 de 6 de junio de 2003, respecto de las atribuciones del SENASIR; art. 4 de la Resolución Ministerial Nº 138 de 29 de marzo de 2004, sobre revisión de rentas altas emitiendo a su conclusión un informe circunstanciado y art. 3 de la Resolución Ministerial Nº 384 de 11 de junio de 2000, no son evidentes y resulta impertinente su análisis, toda vez que el auto de vista impugnado determinó que el SENASIR no demostró que el asegurado hubiese presentado documentación, datos y declaraciones fraudulentas, por lo que no corresponde el descuento de su renta, precisamente en aplicación del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

Asimismo, se deja establecido que este supremo tribunal no puede suponer cuáles son los artículos vulnerados de las normas citadas y glosadas porque la entidad recurrente omitió especificar qué artículos son los infringidos, citando únicamente la ley y los decretos de manera general.

Que en ese marco legal se concluye que el auto de vista no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, correspondiendo resolver conforme prevén los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, por permisión de la norma remisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución conferida en el art. 60 numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 199-200, declara INFUNDADO el recurso de fs. 189-190.

Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de agosto de 1990 (SAFCO).

Para resolución interviene la Ministra Beatriz A. Sandoval Bascopé, Presidenta de la Sala Social Primera, según convocatoria de fs. 203 vta.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Beatriz Sandoval Bascopé.

Sucre, 24 de junio de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.