SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 84

Sucre, 09 de marzo de 2.009

DISTRITO: La Paz PROCESO: Social

PARTES: Dilma Doly Vélez Guisbert c/ Caja de Salud de la Banca Privada.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linares.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Félix Rodrigo Escalante Eduardo y Liliana Selma Guardia Miranda, Administrador Regional La Paz y Jefe Médico Regional de la Caja de Salud de la Banca Privada, respectivamente, contra el Auto de Vista No. 156/07 de 15 de octubre de 2007, cursante a fs. 526-527, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral instaurado por Dilma Doly Vélez Guisbert contra la entidad recurrente, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitada la demanda señalada, el 3 de abril de 2006 el Juez Primero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia No. 30/2006 cursante a fs. 381-393, declarando probada en parte la demanda de fs. 6-7, disponiendo que la Caja de Salud de la Banca Privada cancele a la demandante la suma de Bs. 61.160,00 por concepto de indemnización, desahucio, vacación y aguinaldo, conforme la liquidación de fs. 392, que deberá ser indexada conforme el D.S. 23381 de 29 de diciembre de 1992.

Promovida la apelación por los representantes de la entidad demandada, la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista No. 156/07 de 15 de octubre de 2007, confirmó el auto de fs. 334 apelado en el efecto diferido y confirmó en todas sus partes la Sentencia No. 30/2006, con costas.

A consecuencia de esta decisión, los representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada formularon recurso de casación en el fondo y en la forma acusando que la relación con la demandante era netamente civil porque se suscribieron contratos civiles de prestación de servicios profesionales a cambio de honorarios que se cancelaban contra entrega de facturas, circunstancia que se enmarca en lo previsto en el art. 732 y siguientes del Código Civil, hechos demostrados por las facturas, los contratos privados de compra venta de servicios profesionales y términos de referencia de prestación de servicios profesionales médicos, que demuestran que la relación se rige por el Código Civil y no por las disposiciones laborales.

Agregan, que la Caja de Salud es una institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Salud y Deportes, conforme el art. 86 del D.S. No. 28631 Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo de 8 de marzo de 2006, que puede suscribir contratos que no caben en los alcances del art. 2 del D.L. 16187 de 16 de febrero de 1979.

Por otro lado, acusan la vulneración de los arts. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), 191, 204 y 209 del Código de Procedimiento Civil, merced a que el tribunal de apelación resolvió una impugnación diferente a la de la sentencia al emitir la resolución 68/07 de 14 de mayo de 2007 y luego pronunciar el Auto de Vista No. 40/07 de 7 de agosto de 2007, anulando la anterior resolución, lo que propició su pérdida de competencia por lo que no podía emitir el fallo No. 156/07 de 15 de octubre de 2007, resolviendo la apelación formulada contra la sentencia.

Continua, reiterando que no existe relación laboral con la demandante, por cuanto se trata de una contratación netamente civil, donde no hubo despido injustificado, que consiste en la decisión del empleador de terminar la relación laboral sin culpa grave del trabajador, en todo caso -aduce- se resolvió el contrato civil por cumplimiento del plazo acordado en el contrato.

Concluyó solicitando se case el auto de vista, previo el cumplimiento de las formalidades de ley.

CONSIDERANDO II: Que antes de resolver el recurso de casación anteriormente compendiado, es menester señalar que el recurrente interpuso tanto recurso de casación en el fondo como recurso de casación en la forma, empero, en el desarrollo de sus argumentos no realizó una exposición separada de aquellos que corresponden al recurso de casación en el fondo y de los que corresponden al recurso de casación en la forma, lo que implica que la formulación de sus denuncias están entremezcladas y confundidas unas con otras.

Por otro lado, como una muestra más del incumplimiento de los requisitos que se deben observar para la formulación de esta acción extraordinaria, se advierte que el recurso de casación en la forma fue planteado de manera incompleta, pues, no se formuló una petición concreta al respecto conforme los arts. 271-3) y 275 del CPC, circunstancia que ameritaría porque se resuelva la improcedencia de la acción extraordinaria formulada.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la potestad jurisdiccional no se agota en la aplicación mecánica de las normas sino que exige discriminar los distintos aspectos del litigio a fin de lograr en cada hipótesis la justicia concreta del caso, se llega a las siguientes conclusiones, en cuanto a las denuncias formuladas en el recurso de casación en el fondo se refiere, que se circunscriben a denunciar que la relación entre la demandante y la Caja de Salud de la Banca Privada es netamente civil.

En ese orden, se concluye de la revisión de antecedentes, que las denuncias formuladas por los recurrentes son infundadas, toda vez que, en virtud al principio de primacía de la realidad, que implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el ámbito de los hechos, situación concordante con el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, que supone la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en beneficio propio, los juzgadores de instancia determinaron que la relación existente entre Dilma Doly Vélez Gisbert y la Caja de Salud de la Banca Privada, se encuentra en el ámbito de aplicación de lo dispuesto en los arts. 1, 2 y 3 del D.S. 23570 de 26 de julio de 1993, que en términos generales establecen las características esenciales de la relación laboral (dependencia, subordinación respecto del empleador, prestación de trabajo por cuenta ajena y percepción de remuneración o salario), el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y, los pagos pactados o por efectuarse en contraprestación a los servicios acordados en cualquiera de sus modalidades, que constituyen una forma de remuneración o salario, criterios asumidos correctamente por los juzgadores de instancia en virtud a la valoración y compulsa del elenco probatorio, ejercicio que no fue objeto de impugnación en el recurso que se resuelve, por lo que no corresponde ingresar a su análisis.

Consiguientemente, la relación existente entre la demandante y la entidad demandada, si bien se la concretó en el marco de lo previsto en el art. 732 del Código Civil, empero, dadas las características de la misma, no se subsume dentro de la noción de contrato de obra que nos brinda la norma en análisis, sino, se encuentra dentro del ámbito del derecho laboral, por cuanto la actora realiza actividades propias del giro de la Caja de Salud de la Banca Privada como es la atención odontológica de los asegurados, circunstancia que se enmarca dentro de las condiciones consignadas en el art. 12 de la LGT y el art. 2 del D.L. 16187 de 16 de febrero de 1979, que prohíbe la suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo y en tareas propias y permanentes de la empresa.

Cabe destacar también, que los principios fundamentales del derecho del trabajo son líneas directrices o postulados básicos de la tarea interpretativa que inspiran el sentido con que han de aplicarse las normas laborales, desentrañando -en caso de duda- el contenido de las relaciones de trabajo o develada justamente la intención que presidiera la voluntad de los sujetos contratantes.

En consecuencia, por las cuestiones anteriormente apuntadas se concluye que no existe mérito para disponer la casación del auto de vista en los términos que denuncian los recurrentes, pues no se verifica la existencia de errores "in judicando" en la tramitación de la causa, por lo que las denuncias resultan infundadas.

Por otro lado, tampoco existen razones suficientes para disponer la anulación de obrados, toda vez que no existen vicios procesales o errores "in procedendo" que den mérito a ello, teniendo en cuenta que para la anulación del proceso se deben considerar principios esenciales como el de legalidad o especificidad y trascendencia, entre otros, concluyéndose que las denuncias formuladas en el recurso de casación en la forma no constituyen vicios procesales que estén expresamente sancionados con nulidad, conforme exige el art. 247 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y que, además, como se tiene expuesto, esta acción extraordinaria no cumple con los requisitos del art. 258 del CPC, por cuanto el recurrente no fundamentó conforme exige el procedimiento sobre aquellos actos procesales que implican la violación de las formas esenciales del proceso y que dan lugar a la anulación de obrados.

En consecuencia, al no haberse demostrado la veracidad de las denuncias formuladas en los recursos de casación en el fondo y en la forma, corresponde fallar conforme los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 60.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 534-539, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500 que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Relator: Ministro Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Julio Ortiz Linares.

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Sucre, 09 de marzo de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.