SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 67

Sucre, 26 de febrero de 2.009

DISTRITO: La Paz PROCESO: Reclamación

PARTES: Celso Javier Helguero Palomeque c/ SENASIR.

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 141-142, interpuesto por Yoni Yamil Exeni León, Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 21/08 de 26 de enero (fs. 138 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de reclamación seguido por Celso Javier Helguero Palomeque contra la entidad recurrente, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que dentro del recurso de reclamación antes señalado, el 19 de noviembre de 2004, la Comisión de Calificación de Rentas pronunció la Resolución No. 015922 (fs. 56), a través de la cual resolvió otorgar a favor de Celso Javier Helguero Palomeque renta básica de vejez, que se pagará a partir del mes de enero de 2002.

Por otro lado, la misma Comisión de Calificación de Rentas emitió la Resolución No. 012198 (fs. 62) de 23 de junio de 2005, resolviendo desestimar la renta complementaria de vejez impetrada por el asegurado antes mencionado así como el pago global complementario.

Contra esta resolución, el asegurado dedujo recurso de reclamación conforme consta a fs. 69-70, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación mediante Resolución No. 1532.06 de 29 de septiembre de 2006 (fs. 123-124), confirmando la resolución impugnada por haber sido expedida de conformidad a normas que rigen la materia.

Ante esta situación, el asegurado dedujo recurso de apelación (fs. 131-132), que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista No. 21/08 emitido el 26 de enero de 2008, revocando la resolución No. 1532.06 y disponiendo que el SENASIR expida nueva resolución tomando en consideración lo observado en el auto de vista.

Ante la revocatoria aludida, el representante legal del SENASIR dedujo recurso de casación en el fondo (fs. 141-142), denunciando la trasgresión de los arts. 45 del Código de Seguridad Social (CSS), concordante con el art. 87 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS); 23 inc. a) num. 3) del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, concordante con el punto 2.5 del Instructivo para la Calificación de Renta Única en curso de Adquisición, aprobado por R.A. No. 001 de 14 de enero de 1998; y 14 del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y se confirme la Resolución Administrativa No. 1532.06, con las formalidades de rigor.

CONSIDERANDO II: Que antes de considerar los fundamentos del recurso, se debe tener presente lo siguiente:

1.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si los jueces y tribunales inferiores observaron las leyes y plazos que rigen su tramitación y conclusión, para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes conforme establece el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y si correspondiere, disponer la nulidad de obrados de oficio, según lo prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Que es imperioso recordar que el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba. Supone una doble instancia donde el tribunal o juez debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia; pero esto no obsta que, excepcionalmente, en segunda instancia se recepcione nueva prueba.

En este contexto, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que se convierte en una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas. El Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación la "acción y efecto de motivar"; a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos. La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.

El incumplimiento de las exigencias expuestas ameritan que el tribunal supremo disponga la nulidad de obrados, en aras de una correcta administración de justicia.

A su vez, el art. 190 del citado adjetivo civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma de aplicación general, impone además que los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones de segunda instancia decidiendo la controversia en función del art. 236 del CPC, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil, conforme faculta el art. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.

CONSIDERANDO III: Que en cumplimiento de esta obligación procesal, velando por el acatamiento de las normas citadas, revisando el expediente y conforme consta en el primer considerando de la presente resolución, se hizo un detallado análisis de las resoluciones emitidas en el caso presente, advirtiéndose que el tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista Nº 21/08 de 26 de enero de 2008 (fs. 138 y vta.) y revocar la resolución impugnada Nº 1532.06 de 29 de septiembre de 2006, disponiendo que el SENASIR expida nueva resolución tomando en consideración lo observado en dicha resolución, no emitió una resolución congruente que resuelva la controversia sometida a su conocimiento.

En efecto, en la aludida resolución de vista, el tribunal de apelación haciendo un compendio de las pretensiones del asegurado, estableció que "el SENASIR debe revisar con la documentación existente en el expediente, para determinar si es evidente que para la renta básica tiene el apelante 348 cotizaciones y no 253 y entre estas cotizaciones aportó al régimen complementario al existir una gran diferencia, sin justificativo legal, debiendo determinarse asimismo su trabajo y aportes realizados en la Honorable Alcaldía Municipal de Sica Sica, según papeletas de pago a los efectos de cobrar los aportes devengados (...) vulnerando las normas de cumplimiento obligatorio Arts. 247 del Código de Seguridad Social y su Reglamento en perjuicio de los aportantes en aplicación del Art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social y Art. 13, 14 del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004" (sic); criterio que nos lleva a inferir que no cumplió con el mandato del art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), toda vez que no verificó siquiera la cantidad precisa de las cotizaciones realizadas por el asegurado, delegando esta tarea nuevamente al ente gestor y retrotrayendo el trámite de la causa hasta el inicio de la causa, de modo tal que la "revocatoria" dispuesta tiene efecto anulatorio, contraviniendo así la normativa que regula la adecuada interposición y resolución de los recursos de apelación, puesto que, al disponer la revocatoria de la resolución de la Comisión de Reclamación, era su obligación analizar el fondo de la problemática y definir la situación jurídica del asegurado.

En definitiva, el tribunal de apelación abstrayéndose de las funciones inherentes a su institución, no resolvió los agravios expuestos en el recurso de apelación de fs. 131-132 promovido por el asegurado Celso Javier Helguero Palomeque, vulnerando así el debido proceso en sus elementos de la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa que no pueden ser soslayados por este tribunal.

A lo expuesto, se debe agregar que la resolución de vista tampoco es exhaustiva en las consideraciones y en las decisiones que asume, pues, no contiene fundamentos jurídicos que sustenten la decisión asumida en dicha resolución, que además, es necesario reiterar, no resuelve la controversia sometida a su conocimiento, limitándose a retrotraer el trámite de la causa hasta su inicio.

Consiguientemente, estos aspectos demuestran la existencia de incongruencia, contradicción, falta de motivación y pertinencia de la resolución emitida y especialmente la omisión del cumplimiento de las normas citadas precedentemente, impidiendo que este tribunal pueda analizar el recurso de casación en el fondo, formulado por la representación del SENASIR, pues no puede emitirse criterio jurídico respecto de circunstancias de fondo que no fueron resueltas por el tribunal de alzada.

En consecuencia, al advertirse que se incumplieron normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde fallar conforme lo dispuesto por los arts. 252 y 275 del CPC, aplicables al caso presente por mandato del art. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición y arts. 630 y 633 del RCSS.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sujeción a lo estipulado por los arts. 60 núm. 1 de la LOJ, ANULA el proceso hasta el sello del sorteo de fojas 137 inclusive, disponiendo que el tribunal de alzada, sin espera de turno y previo sorteo, bajo responsabilidad, pronuncie un nuevo auto de vista que guarde congruencia entre la parte considerativa y la parte dispositiva, sea exhaustivo, motivado, resuelva el fondo de la causa y todos los agravios expresados en el recurso de apelación.

Al no ser excusables las omisiones en las que incurrió el tribunal de alzada y ante las reiteradas llamadas de atención en casos similares, se impone una multa de Bs. 100 a cada uno de los Señores Vocales signantes, que será cobrado por el consejo de la judicatura.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 26 de febrero de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.