SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 52

Sucre, 16 de febrero de 2.009

DISTRITO: Potosí PROCESO: Reclamación

PARTES: María Delgado Arando c/ SENASIR.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 285 y vta., interpuesto por Grover Vargas Lezcano y Mirvia Arrieta Montesinos, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), como apoderados de David Laura Bobarín, contra el Auto de Vista Nº 003/2008 de 8 de enero, cursante a fs. 280-281, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del recurso de reclamación por Renta Única de Vejez, que sigue María Delgado Arando, contra el SENASIR, representado legalmente por los recurrentes como apoderados del Gerente General Ejecutivo a.i., el dictamen fiscal de fs. 290-291, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso administrativo, la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones, mediante Resolución Nº 011032 de 10 de septiembre de 2001 (fs. 33-34), resolvió desestimar la solicitud de Renta Única de Vejez interpuesta por la demandante, por haber prescrito su derecho y en virtud a las razones expuestas en la parte considerativa de dicha resolución, relativa a que conforme prevé el art. 57 del Manual de Prestaciones, la acción del asegurado para reclamar rentas o pagos globales por invalidez y riesgos profesionales prescribe en el término de tres años, a contar desde la fecha de retiro o fecha en la que acaeció el accidente y, en la especie, el retiro de la asegurada se produjo en marzo de 1993 y la solicitud de renta la realiza en diciembre de 1998, habiendo trascurrido 5 años y 9 meses, operándose la prescripción.

Formulado el recurso de reclamación de renta única de vejez la beneficiaria (fs. 37), la Comisión de Reclamación, mediante Resolución Nº 036.05 de 14 de febrero de 2005, confirmó la decisión Nº 011032 de

10 de septiembre de 2001, de fs. 220-222, emitida por la Comisión Calificadora de Rentas, por encontrarse de acuerdo a las normas legales en vigencia y datos del expediente de trámite de Renta Única por Invalidez.

Promovido el recurso de apelación por el demandante (fs. 232-233), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció el Auto de Vista Nº 003/2008 de 8 de enero (fs. 280-281), mediante el cual revocó la resolución apelada de fs. 70-71 y dispuso que la oficina de SENASIR cumpla en pronunciarse sobre la conversión de trámite genérico. Sin costas.

Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la entidad demandada (fs. 285 y vta.), en el que acusa que el auto de vista recurrido no resuelve lo solicitado por la asegurada, por lo que no ha cumplido con lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al no referirse a los puntos que fueron objeto de apelación.

Concluye solicitando se case el auto de vista recurrido, cursante a fs. 145 a 147, manteniendo firme la Resolución Nº 036.05 pronunciada por la Comisión Calificadora de Rentas.

CONSIDERANDO II: Que antes de considerar los fundamentos del recurso, se debe tener presente lo siguiente:

1.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si los jueces y tribunales inferiores, observaron las leyes y plazos que rigen la tramitación y conclusión de éstos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes, conforme establece el art. 15 de la Ley de Organización Judicial y, si correspondiere disponer la nulidad de obrados

 

de oficio, según prevé el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

A su vez el art. 190 del Adjetivo Civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma, de aplicación general, impone además a los tribunales de alzada observar estos preceptos, ajustando su resolución de segunda instancia y decidiendo la controversia en función del art. 236 de la norma procesal civil con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del Código de Procedimiento Civil, conforme faculta el art. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación.

2.- En cumplimiento de dicha obligación procesal y velando la aplicación de las normas citadas precedentemente, revisado el expediente, se advierte que el tribunal de alzada al momento de emitir el Auto de Vista Nº 003/2008 de 8 de enero (fs. 280-281) y revocar la resolución apelada, no consideró todos los aspectos denunciados en el recurso de apelación de fs. 232-233, pues se observa que en ejercicio del control del acto administrativo, omitió revisar de oficio el expediente y pronunciarse sobre todos los aspectos denunciados por la recurrente, tales como su enfermedad profesional, la aplicación de una Resolución Administrativa del Vice Ministerio de Pensiones y Seguros Nº 003 de 4 de marzo de 2003, posterior a la iniciación de su trámite de jubilación, violentando la irretroactividad de la ley y la exclusión del Principio del In Dubio Pro Operario, aplicable en la materia, según se denunció; empero, pese a que se examinó el proceso, no se pronunció sobre lo peticionado.

En ese entendido, se ha advertido que cuando se emitió la Resolución Nº 036.05 de 14 de febrero de 2005 cursante a fs. 220-222, no resolvió ninguno de los fundamentos del recurso de reclamación formulado por la solicitante a fs. 37, circunstancia que en aplicación del principio de informalismo que rige en los procesos administrativos no se puede determinar la nulidad de obrados, pero sí obliga al tribunal de alzada a pronunciarse sobre estos aspectos omitidos, sobre la base de la revisión de oficio de los actos administrativos.

Por otra parte, el tribunal de alzada, tampoco motivó razonablemente la resolución de vista, toda vez que cayó en el mismo error incurrido en sede administrativa, omitiendo pronunciarse sobre los aspectos citados precedentemente conociendo que fueron objeto de apelación y sin emitir criterio alguno sobre éstos, revoca equívocamente la resolución apelada, cuando debió anular la misma y disponer que en base a la fundamentación realizada en la resolución de vista que se emita, se corrijan estos aspectos, pronunciándose además sobre la pertinencia o no de la otorgación de la renta de invalidez solicitada.

Consiguientemente, al advertirse que se incumplieron normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde dar aplicación a lo previsto por los arts. 252 y 275 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso presente conforme establece el art. 15 del Manual de Prestaciones de Renta en Curso de Pago y Adquisición y los arts. 630 y 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución conferida en los arts.

15 y 60 numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 289-290 de obrados, ANULA el proceso hasta fs. 279 vta., disponiendo que el tribunal de alzada, sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa y previo sorteo, pronuncie un nuevo auto de vista, resolviendo en el fondo de la causa y todos los agravios expresados en el recurso de apelación de fs. 232-233. Sin multa por ser excusable.

RELATOR: Ministro Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Julio Ortiz Linares.

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Sucre, 16 de febrero de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.