SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 45

Sucre, 11 de febrero de 2.009

DISTRITO: Chuquisaca PROCESO: Social

PARTES: Guadalupe Sandoval Domínguez c/ Colegio Santa Ana.

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 70-75, interpuesto por Guadalupe Sandoval Domínguez, contra el Auto de Vista Nº 325/2007 de 4 de octubre de 2007 cursante a fs. 66-67, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Distrito Judicial de Chuquisaca, en el proceso social por cobro de reintegro de beneficios sociales y sueldos devengados, seguido por la recurrente contra el Colegio Particular "Santa Ana", representado legalmente por Esther Hortensia Mendieta Frías, la formulación de la respuesta de fs. 78-81 vta., los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso laboral, el Juez 1º de Partido de Trabajo y Seguridad Social del Distrito Judicial de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 048/2007 de 26 de julio de 2007, que declaró improbada la demanda de fs. 5-6 con costas y probadas las excepciones perentorias de pago documentado y de cosa juzgada de fs. 28 a 31 con costas.

En grado de apelación, promovida por la demandante (fs. 50-52) mediante Auto de Vista Nº 325/2007 de 4 de octubre de 2007 cursante a fs. 66-67, se confirmó en todas sus partes la Sentencia Nº 048/2007 de 26 de julio de 2007, con costas en ambas instancias.

Contra dicho auto de vista la demandante interpone recurso de casación, cursante a fs. 70-75, en el que denunció violaciones de normas sustantivas y adjetivas de orden social e indicó que se case el auto de vista y la revocatoria de la sentencia de fs. 46 a 47, toda vez que en la resolución de vista se confirmó la premeditada y deliberada parcialización del a quo con el Colegio "Santa Ana" al haber dictado injusta resolución.

Acusó también la violación de los arts. 162 de la Constitución Política del Estado, art. 4, 12, 13, 19 y 20 de la Ley General del Trabajo y los arts. 5, 8 y 12 de su Decreto Reglamentario, como también señaló que los de grado han incurrido en "omisión de pruebas documentales" de fs. 8 a 27, violación de los arts. 159, 161-a) del Código Procesal del Trabajo, arts. 1287 y 1289 del Código Civil, con relación a los arts. 374-1) 398, 399 y 400-1) del Código de Procedimiento Civil, existiendo asimismo en error de derecho y de hecho - según indica - porque se ha incurrido en falsa apreciación y valoración de la prueba documental de fs. 8 a 27, 12 a 14 y 21 de obrados.

Pidió que el más alto tribunal de justicia de la nación en aplicación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, realice un nuevo análisis de las pruebas de fs. 8 a 27, que son los contratos sucesivos y contínuos por más de dos años, las pruebas de fs. 12 a 14 que le permiten acceder al contrato de trabajo por tiempo indefinido, pruebas que hacen a la vida del proceso. Denunció violación del art. 202 del Código Procesal del Trabajo y de los arts. 158 y 159 del mismo cuerpo legal, con relación a los arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, reiteró la acusación de premeditada y deliberada parcialización en la que incurrieron los tribunales de grado al emitir sus injustas resoluciones que no se ajustan a los datos del proceso, incurriendo en franca violación del contenido del art. 202 del Código Procesal del Trabajo y art. 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

Concluyó solicitando se case el auto de vista de fs. 66 a 67 y la revocatoria de la sentencia de fs. 46 a 47 o en su caso anular obrados.

CONSIDERANDO II: Que de los antecedentes procesales se tiene lo siguiente:

1.- El recurso presentado desordenado y confuso, denota que la recurrente no tiene conocimiento de la correcta interposición de la acción extraordinaria de casación, pues ha denunciado la violación de múltiples normas legales y la ausencia, en los fallos de los de grado, de la valoración de las pruebas aportadas dentro del proceso; sin embargo, de la lectura del recurso se advierte que en él se demandó el REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES, aspecto que evidentemente no fue considerado por los de grado, quienes entraron en la confusión de resolver, en el presente proceso, improbada la demanda y probada la excepción de pago documentado; toda vez que cursa en el expediente copia legalizada de la Sentencia Nº 18/2007 de 7 de marzo de 2007 (fs. 22-23), que declaró probada esa demanda de Beneficios Sociales, otorgándole una indemnización de Bs. 1.300.- a la actora, la misma que fue confirmada por el Auto de Vista Nº 169/2007 de 26 de abril de 2007 (fs. 24), acción interpuesta por la demandante en oportunidad anterior a la presente, situación que mereció una confusión de los de instancia, que no advirtieron que en el caso de autos la demanda es de reintegro de beneficios sociales, tornándose en evidentes las denuncias de la recurrente.

2.- Si bien es cierto que la recurrente era maestra de un colegio privado, cuya relación laboral fue contractual a plazo fijo, no es menos cierto que conforme establece el art. 2 del D.S. Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, concordante con el artículo único de la R.M. 193/72 de 15 de mayo de 1972, no está permitido la suscripción de más de dos contratos sucesivos a plazo fijo y en caso de evidenciarse la infracción de estas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato por tiempo indefinido, por lo que, a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, los contratos adquieren dicha calidad, lo que ocurrió en el caso de autos, a raíz de la suscripción de los contratos de fs. 1 a 4, que demuestran fehacientemente lo expuesto precedentemente.

En esa lógica, lo que demanda ahora la recurrente es el REINTEGRO de sus beneficios sociales, correspondiéndole la cancelación del desahucio y los sueldos devengados de enero y febrero de la gestión 2007, toda vez que en estricta aplicación de la norma precedentemente citada, a la tercera contratación efectuada por el Colegio "Santa Ana" con la actora, la relación laboral se tornó en indefinida, razón por la que en sujeción de lo previsto por el art. 12 y 13 de la Ley General del Trabajo, se debe cancelar el desahucio correspondiente a 90 días de sueldo y los haberes devengados de enero y febrero 2007. Por esta razón, la recurrente ha denunciado que los de grado no valoraron correctamente las pruebas aparejadas al proceso de fs. 8 a 27, toda vez que en éstas, se evidencian la contratación de varios años sucesivos y contínuos que hacen al plazo indefinido del contrato de servicios y al no existir el pre-aviso de los 90 días, previstos en el art. 12 de la Ley General del Trabajo, corresponde en definitiva el pago del citado beneficio.

3.- Al ser este aspecto el punto principal que se pidió analizar por este supremo tribunal, es evidente la infracción acusada en el recurso sobre la no valoración de las pruebas aportadas dentro del proceso, toda vez que las pruebas de fs. 22 a 24 demuestran que anteriormente ya se inició un proceso laboral similar al actual, donde únicamente se le canceló indemnización de un año, vale decir la suma correspondiente de un haber que equivale a Bs. 1.300, empero, en esta liquidación no se analizó el hecho de que, para la actora, era el cuarto año consecutivo que venía suscribiendo contratos de trabajos, que a tenor del art. 2 del D.S. Nº 16187 el contrato se tornó indefinido, correspondiéndole el pago del desahucio, como ya se tiene fundamentado en el párrafo anterior.

Que ese marco legal, se concluye que es evidente las acusación sobre reintegro de beneficios sociales realizada en el recurso, correspondiendo dar aplicación conforme establecen los arts. 271 inc. 4) y 274 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, aplicables por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución conferida en el Art. 60 numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, Arts. 271 inc. 4) y 274 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista Nº 325/2007 de 4 de octubre de 2007, cursante a fs. 66 a 67 y deliberando en el fondo dispone la cancelación del desahucio y el pago de haberes devengados de enero y febrero de la gestión 2007, por ser derechos consolidados, de acuerdo con la siguiente liquidación:

TIEMPO DE SERVICIOS 4 AÑOS

SUELDO PROMEDIO INDEMNIZABLE: Bs. 1.300.-

DESAHUCIO Bs. 3.900.-

HABERES DEVENGADOS (enero y febrero) Bs. 2.600.-

TOTAL........................................................... Bs. 6.500.-

Son: Seis mil quinientos 00/100 Bolivianos, que el Colegio "Santa Ana" deberá cancelar a la actora, a través de su representante legal; monto que en ejecución de fallos se practicará conforme establece el art. 2 del D.S. Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992. Sin multa por ser excusable.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Interviene en esta resolución para conformar sala, la Ministra Beatriz A. Sandoval Bascopé, Presidenta de la Sala Social y Administrativa Primera, según convocatoria que cursa a fs. 85 de obrados.

RELATOR: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Julio Ortiz Linares.

Min. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 11 de febrero de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.