SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 43

Sucre, 11 de febrero de 2.009

DISTRITO: Potosí PROCESO: Social

PARTES: Tomasa Quispe Llanos y otros. c/ Servicios Eléctricos Potosí S.A.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Tomasa Quispe Llanos, contra el Auto de Vista No. 82/2007 de 29 de octubre (fs. 247-250), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales instaurado por Moisés Coro Loza, Margarita Loza Castro y la recurrente representando a su hija Zelma Coro Quispe, contra Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA S.A.), los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitada la demanda señalada, el 1 de septiembre de 2007, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de Potosí pronunció la Sentencia No. 31/2007 de fs. 194-200, modificada mediante resolución de fs. 210 vta. y 211 de 5 de septiembre de 2007, declarando probada la demanda de pago de beneficios sociales y prima a favor de Zelma Coro Quispe, Moisés Coro Loza y Margarita Loza Castro, como consecuencia del deceso de su causante Valentín Coro Oros, estableciéndose un total de Bs. 143.294,22 de los cuales, Margarita Loza Castro recibe Bs. 95.529,48, Moisés Coro Loza y Zelma Coro Quispe, reciben cada uno a Bs. 23.882,37. Asimismo, dispuso que no corresponde el reajuste y multa previstos en el art. 9 del D.S. No. 28699 de 1 de mayo de 2006, toda vez que no hubo despido injustificado ni negativa al pago de beneficios sociales y prima. Sin costas.

Deducida la apelación por Tomasa Quispe Llanos (fs. 215-216 vta.), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, mediante Auto de Vista No. 82/2007 emitido el 29 de octubre (fs. 247-250), confirmó en forma parcial la sentencia apelada, modificando los montos que deben recibir los litigantes de la siguiente manera: a Margarita Loza Castro le corresponde Bs. 54.040,84; a Moisés Coro Loza y Zelma Coro Quispe les corresponde a Bs. 44.626,13 a cada uno, manteniéndose las demás decisiones contenidas en la sentencia de primera instancia y su auto complementario.

A consecuencia de esta decisión, Tomasa Quispe Llanos promovió recurso de casación en el fondo (fs. 252-253 vta.) en el que acusó que no se tasó con ecuanimidad el documento de fs. 8 y que se vulneró el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), porque el tribunal de apelación no ejerció la facultad de revisión de oficio del proceso. Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y se aplique el art. 271-3) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los argumentos del recurso de casación en el fondo, corresponde señalar que, cuando se denuncia la errónea valoración de la prueba es obligación del recurrente señalar si en el ejercicio de esa atribución los juzgadores de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho, así lo establece el art. 253-3) del CPC, requisito que se extraña en el caso de autos cuando se denuncia que no se tasó con ecuanimidad el documento de fs. 8, consistente en el acuerdo suscrito entre partes sobre distribución de beneficios sociales que le correspondían al fallecido Valentín Coro Oros, imposibilitando de esta manera que este tribunal realice una nueva compulsa de la prueba toda vez que, la valoración de la prueba, constituye una atribución exclusiva de los juzgadores de instancia, incensurable en casación a menos, claro está, que se denuncie la existencia de errores de hecho y de derecho, como se tiene dicho.

En cuanto a la vulneración del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, es menester señalar que la atribución ahí contenida implica la revisión de las formas esenciales del proceso, toda vez que se trata de fiscalizar los procesos a objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que lo hacen eficaz, si se cumplieron los plazos y leyes que norman la tramitación y su conclusión y, fundamentalmente, que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

En ese orden, a través del recurso de casación en el fondo, no se pueden conocer y resolver cuestiones relacionadas con el recurso de casación en la forma, pues, se estaría desconociendo la naturaleza jurídica que caracteriza a cada una de estas acciones extraordinarias, instituidas con un determinado fin. Así, en el recurso de casación en el fondo se deben denunciar cuestiones relacionadas con la existencia de errores "in judicando", enmarcando las mismas dentro de los preceptos del art. 253 del CPC, en tanto que, en el recurso de casación en la forma, se deben denunciar cuestiones relacionadas con la existencia de errores "in procedendo", conforme el catálogo establecido en el art. 254 del adjetivo civil antes citado.

En consecuencia, al no existir mérito para disponer la casación del auto de vista recurrido, toda vez que las infracciones acusadas en el recurso de casación son infundadas, corresponde fallar conforme los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 60-1. de la Ley de Organización Judicial (LOJ), declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 252-253, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500 que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Relator: Ministro Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Julio Ortiz Linares.

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Sucre, 11 de febrero de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.