SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 14

Sucre, 14 de enero de 2.009

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Social

PARTES: María Esther Rojas Terrazas c/ Laboratorio Bioanalítico "California".

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por la demandada Maria Teresa Ortiz Vda. de Klaric, propietaria del Laboratorio Bioanalítico "California" (fs. 174-175) y por Ibón Martha Morales de Ortega, como abogada y apoderada de la demandante María Esther Rojas Terrazas (fs. 179-182), contra el Auto de Vista Nº 261/2007 de 29 de agosto de 2007 (fs. 168-170 y vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social por cobro de beneficios sociales y otros derechos, sustentado entre las indicadas recurrentes, la respuesta de fs. 179-182 vta. y 186 y vta., el auto que ordena la remisión del expediente ante este tribunal (fs. 187), los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso social, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, el 18 de abril de 2005, pronunció Sentencia, declarando probada en parte la demanda de fs. 1-2 vta., disponiendo que Maria Teresa Ortiz Alarcón en su condición de representante del Laboratorio Bioanalítico "California", pague en tercero día más la actualización prevista por el D.S. Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992, la suma de Bs. 27.923,64, por indemnización, vacaciones, salarios devengados y bono de antigüedad (fs. 93.96).

Deducida la apelación por ambas partes (fs. 118-119 vta. y 147-152), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 261/2007 de 29 de agosto de 2007 (fs. 168-170 y vta.), confirmó la sentencia, modificando el importe de los bonos de antigüedad a tres salarios mínimos nacionales, conforme establece el D.S. Nº 23474 de 20 de abril de 1993, e incrementando el pago de las primas por dos gestiones, disponiendo que la demandada cancele a la actora la suma de Bs. 49.146,26, sin costas.

Esta decisión motivó los recurso de casación formulados por la demandada Maria Teresa Ortiz Vda. de Klaric, propietaria del Laboratorio Bioanalítico "California" (fs. 174-175) y por Ibón Martha Morales de Ortega, como abogada y apoderada de la demandante María Esther Rojas Terrazas (fs. 179-182), cuyo detalle es el siguiente:

1.- El recurso de casación en el fondo formulado por la demandada, fundamentó la infracción del D.S. Nº 11478 de 16 de mayo de 1974 y el art. 13 de la L.G.T., porque -indica- conforme se demostró a fs. 10, 31-32, 76-77 y 79, la demandante, junto a sus dos compañeras de trabajo, optó por retirarse voluntariamente de su trabajo, pese a que se les invitó a que retornen a sus puestos, implicando con ello además, que no cumplió con el pre-aviso de ley, consiguientemente se ha infringido el art. 12 de la L.G.T., debiendo descontarse de la liquidación que le corresponda la suma de Bs. 3.150.

Afirma también que a la actora le corresponden por vacaciones solo 30 días y no 40, como erradamente se reconoció en el auto de vista, habiéndose con ello infringido el art. 44 de la L.G.T., y los DD.SS. Nº 3150 de 19 de agosto de 1952 y Nº 17288 de 18 de marzo de 1980.

Concluyó solicitando que este tribunal case el auto de vista, y disponga dejar sin efecto el desahucio, se descuente el importe del pre aviso y las vacaciones indebidamente otorgadas.

2.- Por su parte, la abogada apoderada de la demandante, a tiempo de responder el recurso de casación formulado por la demandante, interpuso también recurso de casación en el fondo, denunciando la infracción del art. 19 de la L.G.T., Ley de 9 de noviembre de 1940 y D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, solicitando se disponga una nueva liquidación de los beneficios sociales y derechos laborales otorgados, sea en base al sueldo promedio incluido el bono de antigüedad y no como erradamente se consideró el auto de vista, en base a una efectiva percepción de dineros en los últimos tres meses, es decir, el sueldo promedio corresponde al total ganado y no al líquido pagable.

Concluyó solicitando se case el auto de vista y se liquide los beneficios sociales y derechos laborales en base al sueldo promedio, incluido el bono de antigüedad.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos de los dos recursos de casación, corresponde resolverlos en base a los hechos denunciados y las normas invocadas conforme a lo siguiente:

1.- Revisando los folios citados en el recurso, se advierte que no es evidente la infracción de los arts. 12, 13 de la L.G.T. ni del D.S. Nº 11478 de 16 de mayo de 1974, porque, si bien es cierto que el día de la audiencia conciliatoria llevada a cabo el 6 de enero de 2005 ante el Ministerio de Trabajo, luego del cierre de la empresa el 22 de diciembre de 2004, la demandada solicito a la actora para que retorne a su trabajo, esta solicitud, no dejó sin efecto el despido intempestivo a que fue sometida al fallecimiento de su anterior empleador señor Ivo Klaric, más aún si esa propuesta era para que desarrolle el trabajo solo por 90 días, porque la empresa no tenía recursos para cancelar ni aguinaldo, menos las indemnizaciones.

Es decir, esa afirmación vertida por la parte empleadora, no implica que la relación laboral perduraba luego del despido o que a contrario sensu, el rechazo de la trabajadora para no retornar al trabajo, implican una renuncia a su empleo y sin el pre aviso que la ley exige, porque conforme se tiene señalado el despido fue anterior a la señalada audiencia conciliatoria y lógicamente la referida propuesta fue formulada únicamente para retrasar en el tiempo el pago de los beneficios y derechos demandados, consiguientemente fue acertada la determinación del tribunal de alzada, al incluir en la liquidación practicada, el pago del desahucio.

Tampoco es evidente la denunciada y alegada infracción del art. 44 de la L.G.T. y los DD.SS. Nº 3150 de 19 de agosto de 1952 y Nº 17288 de 18 de marzo de 1980, porque conforme consta de los datos del proceso, la demandante prestó sus servicios a la empresa "Laboratorio Bionalítico California" por 7 años, 4 meses y 22 días, implicando con ello, que por cada gestión vencida, tiene derecho a 20 días de vacación y al no haberse acreditado que ese derecho fue ejercido en aplicación del art. 33 del R.L.G.T., corresponde ahora que se rompió la relación laboral, sea compensado económicamente, conforme se determinó en sentencia y en el auto de vista.

Al no ser evidentes las infracciones acusadas en este recurso, corresponde dar aplicación a las previsiones de los arts. 271-2) y 273 del Cód. Pdto. Civ., por permisión del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

2.- Analizando los fundamentos del recurso de casación de la demandante, quien denuncia que no se incluyó en el sueldo promedio indemnizable el bono de antigüedad y consiguientemente se habría disminuido indebidamente la indemnización liquidada y los otros derechos demandados, resolviendo los mismos, se advirtió que dicha denuncia es evidente, pues en cumplimiento del art. 19 de la L.G.T., Ley de 9 de noviembre de 1940 y D.S. Nº 1592 de 19 de abril de 1949, es verdad que para el cálculo de la indemnización, se toma en cuenta el termino medio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses, importe que debe liquidarse del total ganado, en el que se deben incluir el sueldo básico, las bonificaciones legales y en general todas las remuneraciones sin exclusión alguna, siempre que reúnan carácter de regularidad, dada la naturaleza del trabajo que se trata.

En autos, se ha demostrado que la empresa demandada, no había cancelado junto con los sueldos mensuales de la demandante, el bono de antigüedad que le corresponde por ley, consiguientemente ese importe, en aplicación de las normas citadas, complementadas con las previsiones contenidas en los D.S. Nos. 23474 de 20 de abril de 1993 y 27049 de 26 de mayo de 2003, que instituyen la forma de cálculo de dicho bono y el monto del Sueldo Mínimo Nacional correspondiente a dicha gestión, corresponde enmendar la liquidación practicada por el tribunal de alzada, conforme se determinará en la parte resolutiva de esta resolución, implicando con ello que debe casarse en parte el auto de vista recurrido.

Consiguientemente, al haberse advertido que interpretó erróneamente las normas citadas en el recurso de casación formulado por la demandante, corresponde dar aplicación a las previsiones de los arts. 271-4) y 274 del Cód. Pdto. Civ., por permisión del art. 252 del Cód. Proc. Trab.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 60-1. de la L.O.J., declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 174-175 y resolviendo el recurso de casación de fs. 179-182, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 261/2007 de 29 de agosto de 2007 (fs. 168-170 vta.) y deliberando en el fondo, declara probada en parte la demanda de fs. 1-2 vta., disponiendo que la propietaria del Laboratorio Bioanálitico "California", María Teresa Ortiz Vda. de Klaric, cancele a tercero día a favor de María Esther Rojas Terrazas, la suma de Bs. 49.951,08 conforme al detalle siguiente, más la actualización prevista en el D.S. Nº 23381 para los beneficios sociales, a ser liquidada en ejecución de sentencia por el juez a quo:

Sueldo Promedio Indemnizable (Sueldo básico más Bono de Antigüedad): Bs. 3.295,20

Desahucio Bs. 9.885,60

Indemnización por antigüedad (7 años, 4 meses 22 días):

Bs. 23.066,40

Vacaciones dos gestiones (40 días) Bs. 4.393,60

Primas dos gestiones Bs. 6.590,40

Reintegro de Bono de antigüedad (2002-2003) Bs. 3.488,76

Salarios devengados de 23 días Bs. 2.526,32

Total: Bs. 49.951,08

Sin costas ni multa por ser excusable.

Para resolución, previa convocatoria de fs. 190, interviene la Ministra Presidenta de la Sala Social y Administrativa Primera de este Supremo Tribunal, Dra. Beatríz Sandoval Bascopé de Capobianco.

Relator: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Julio Ortiz Linares.

Min. Beatriz Sandoval de Capobianco.

Sucre, 14 de enero de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.