SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 11

Sucre, 08 de enero de 2.009

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Coactivo Fiscal

PARTES: H. Alcaldía Municipal de Santa Cruz c/ Empresa E.C.U. Ltda.

MINISTRO RELATOR: Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1182-1195, interpuesto por Percy Fernández Añez, Alcalde del Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, contra el Auto de Vista Nº 0143 de 22 de abril de 2007 (fs. 1177-1179 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la entidad recurrente contra Empresas Constructoras Unidas "ECU Ltda." y otros, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso coactivo fiscal, el 6 de octubre de 2006, el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la sentencia de fs. 1033-1039 vta. declarando probada en parte la demanda de fs. 244-247, disponiendo dejar sin efecto los cargos contenidos en las Notas de Cargo Nos. 130 a 155 (fs. 265-291), 156 a 159 (fs. 292-295) y 161 a 165 (fs. 297-304), correspondientes a los ítems de cordones de acera, trabajos complementarios y espesores insuficientes. Por otro lado, mantuvo el cargo por concepto de estabilización de camino secundario contenido en la Nota de Cargo No. 160/2003 de fs. 296, por lo que ordenó se gire pliego de cargo contra el representante de ECU Ltda., en forma solidaria con Carlos Wilfredo Soruco Llanos, Hubert Ricardo Gil Elías y Hans Alfredo Durán Mendia, para que paguen la suma de $us. 15.004,20, más intereses bajo apercibimiento de ley. Este fallo fue complementado a fs. 1055.

Deducida la apelación por la entidad coactivante (fs. 1059-1066 vta.), por Auto de Vista Nº 0143 de 22 de abril de 2007 (fs. 1177-1179 vta.), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, confirmó en todas sus partes la resolución apelada con costas.

A consecuencia de esta decisión, El Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz a través de su representante legal a fs. 1182-1195 promovió recurso de casación en la forma y en el fondo cuyo compendio se expone a continuación:

Recurso de casación en la forma: a través de esta acción extraordinaria, el recurrente denunció la falta de citación con la demanda a los coactivados Juan Carlos López Aparicio, Carlos Wilfredo Soruco Llanos, Bogdan Shelemen Barrancos, Víctor Hugo Cuellar Ortiz, Rafael Nota Menacho, Hubert Ricardo Gil Elías, Guido Guardia Parada, Alberto Pérez Franco y, la Asociación Accidental Empresas Constructoras Unidas E.C.U. que fue citada a fs. 306 y vta. únicamente con la Nota de Cargo No. 130/2006 de fs. 265-266 y con las Notas de Cargo Nos. 152/2003 y 153/2003 de fs. 288 y 289, no habiendo sido citada con las demás notas de cargo giradas en el presente proceso, circunstancia que implica la violación del art. 11 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal (LPCF), por lo que en virtud a lo dispuesto en el art. 247 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), en relación al art. 251 del Código de Procedimiento Civil (CPC), refiere que corresponde determinar la nulidad de obrados.

Por otro lado, denunció la vulneración del derecho a la defensa del Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz, por cuanto no se le notificó con la resolución de rechazo del incidente de nulidad cursante a fs. 972, impidiendo de esta manera el uso de los recursos previstos por ley, por lo que solicita se disponga la nulidad de obrados.

Continua, denunciando que los coactivados no fueron notificados con ninguna resolución posterior a su citación con la demanda lo que en apariencia implicaría que el proceso se tramitó entre el Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz y la Empresa Constructora ECU Ltda., vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que corresponde sanear el proceso disponiendo la anulación de obrados. Agrega, que este punto constituía un agravio expuesto en el recurso de apelación que, sin embargo, no fue considerado por el tribunal de alzada.

Con estos argumentos solicitó se declare la nulidad de obrados hasta la correcta citación a los coactivados.

Recurso de casación en el fondo: a través de esta acción el recurrente denunció la mala valoración de la prueba relacionada con: a) la construcción de cordones de acera; b) los trabajos complementarios realizados que ya estaban consignados dentro de los ítems del contrato; c) los espesores insuficientes de pavimento, toda vez que los coactivados no presentaron prueba que demuestre que la losa de hormigón construida contaba con el espesor acordado en el contrato.

Señaló que corresponde disponer la casación del auto de vista y deliberando en el fondo declarar probada la demanda con el consiguiente giro de los pliegos de cargo contra los coactivados.

Finalmente, denunció que no correspondía la condena en costas al Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz en virtud a lo dispuesto por el art. 39 de la Ley 1178.

CONSIDERANDO II: Que con carácter previo a resolver las incidencias denunciadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo promovido por el Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz, es menester hacer uso de la facultad conferida por el art. 15 de la LOJ, en relación a los arts. 90 y 252 del CPC, toda vez que es deber del Tribunal Supremo fiscalizar, intra proceso, si los tribunales inferiores observaron en la tramitación y resolución de la causa las normas que rigen los actos procesales así como los plazos establecidos, para en su caso aplicar, además de las sanciones correspondientes, la nulidad de oficio.

También es menester señalar que en nuestro ordenamiento jurídico, se requiere como condición de buen ejercicio de la función de administrar justicia, que las decisiones de los jueces sean fundadas en derecho, requisito que suele expresarse sosteniendo que la decisión debe constituir una "derivación razonada del derecho vigente". La ausencia de tal cualidad puede determinar que la sentencia sea declarada nula por carecer de un elemento esencial para que pueda ser reconocida como acto jurisdiccional.

En sustento de lo afirmado, el art. 190 del CPC, exige que la sentencia que pone fin al litigio en primera instancia contenga decisiones expresas, positivas y precisas, recayendo sobre las cosas litigadas en la manera en la que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso, pudiendo en caso de ser necesario, fundarse en los principios generales del derecho, leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico.

CONSIDERANDO III: Que de la minuciosa revisión de antecedentes, se puede verificar que el presente proceso fue tramitado de una manera totalmente descuidada, tanto por el a quo, como por el personal del juzgado, que no cumplieron adecuadamente con las funciones asignadas, circunstancias que no fueron advertidas por el tribunal de alzada que a su vez, no ejerció las facultades inherentes a su institución y que este tribunal no puede pasar por alto porque constituyen actos procesales que atentan contra las garantías del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, en ese entendido, luego del análisis del expediente se pudo verificar lo siguiente:

1.- Que las citaciones con la demanda y con las notas de cargo giradas contra los coactivados son totalmente irregulares, pues en algunos casos, como se verifica en los formularios de fs. 813-815, los coactivados Juan Carlos López Aparicio, Carlos Wilfredo Soruco Llanos, Bogdan Shelemen Barrancos, Víctor Hugo Cuellar Ortiz, Rafael Nota Menacho, Hubert Ricardo Gil Elías, Guido Guardia Parada y Alberto Pérez Franco, fueron notificados con notas de cargo que no estaban giradas en su contra, situación que, sin embargo, fue subsanada al haberse procedido a la citación y notificación de los coactivados mediante edictos.

También es evidente que la Asociación Accidental Empresas Constructoras Unidas E.C.U. Ltda., fue citada a fs. 306 y vta. únicamente con la Nota de Cargo No. 130/2006 de fs. 265-266 y a fs. 288 y 289 se le citó con las Notas de Cargo Nos. 152/2003 y 153/2003, sin que conste en el expediente la citación y notificación con las otras 36 notas de cargo giradas en su contra, circunstancia que implica la vulneración del art. 11 de la LPCF. Sin embargo de dicha infracción, en atención a las emergencias del trámite de la causa, no se puede soslayar que dichas omisiones fueron subsanadas, conclusión a la que se arriba en virtud a la defensa asumida por Empresas Constructoras Unidas E.C.U. Ltda. toda vez que presentó descargos por todos los ítems que propiciaron la emisión de las notas de cargo giradas en su contra, concluyéndose en definitiva, que si bien no se generó indefensión respecto de las notas de cargo que no fueron expresamente notificadas en el marco de lo previsto en el art. 11 de la LPCF, empero se advierte un irregular trámite del proceso que no fue debidamente sancionado por el juez de la causa al personal de apoyo de su Despacho.

2.- Luego del atento análisis de la sentencia, se advierte que si bien cumple con los requisitos de forma, empero no así con los requisitos de contenido previstos en los arts. 190 y 192 del CPC. Así, se extraña el cumplimiento de lo previsto en el inciso 3) del art. 192 del mismo adjetivo que establece que la parte resolutiva deberá contener decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes en el marco de las pretensiones expuestas en la demanda así como los argumentos que sustentan la defensa.

En la especie, a fs. 310-344 vta. Sergio Eduardo Giunta a tiempo de contestar la demanda coactiva deducida en contra la Asociación Accidental ECU Ltda., opuso las excepciones de "oscuridad en la demanda por deficiencia en la forma y en el fondo" y "cosa juzgada" medios de defensa que por principio constitucional, debían ser considerados y resueltos por el juzgador de primera instancia en el marco de lo establecido por los arts. 8, 9 y 10 de la LPCF, puesto que su omisión atenta contra las garantías del debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, circunstancia que no fue advertida por el tribunal de alzada y que ahora debe ser enmendada por este tribunal.

3.- Por lo referido, corresponde determinar la nulidad de obrados en el marco del art. 15 de la LOJ y 252 del CPC, aplicables por disposición de las normas remisivas establecida en el art. 1º de la LPCF.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confiere el art. 60 numeral 1) de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta el cargo de ingreso a despacho de fs. 1032 vta., para que, sin espera de turno y en forma inmediata se pronuncie nueva sentencia bajo conminatoria de proceso administrativo. Sin multa por ser excusable.

Relator: Ministro Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Julio Ortiz Linares.

Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Sucre, 08 de enero de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.