SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 1

Sucre, 05 de diciembre de 2.009

DISTRITO: Tarija PROCESO: Coactivo Fiscal

PARTES: Prefectura del Departamento de Tarija c/ Jorge Morón Quiles.

MINISTRO RELATOR: Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 200-202 vta., interpuesto por William Caba Figueroa, en representación legal de Jorge Morón Quiles, contra el Auto de Vista de 6 de septiembre de 2007, cursante a fs. 197 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la Prefectura del Departamento de Tarija contra Jorge Morón Quiles, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso coactivo fiscal, en base a los Informes de Auditoría Nº ET/EP13/S00-R1 preliminar, ET/EP13/S00-C1 aprobado por el Contralor General de la República, que emitió el Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR-1/D-104/2002 de 14 de noviembre de 2002 (fs. 96-100), el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Tarija, emitió la Sentencia Nº 06/2007 de 19 de julio de 2007 (fs. 180-181 vta.) declarando probada la demanda coactiva fiscal de fs. 101-102 de obrados, consiguientemente resuelve mantener firme la Nota de Cargo Nº 28/2003 y girar Pliego de Cargo Nº 04/2007 por la suma líquida y exigible de $us. 6.560.- en contra del coactivado Jorge Morón Quiles por concepto de deuda personal, se le concede un plazo de 5 días desde su legal notificación para que cancele a la cuenta de la entidad afectada Prefectura del Departamento de Tarija, más intereses previstos por el art. 20 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal y demás consecuencias calculadas al día de pago, bajo conminatoria de embargarse sus bienes en caso de incumplimiento; sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178.

En apelación deducida por el coactivado (fs. 183-184), la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, mediante Auto de Vista de 6 de septiembre de 2007, confirmó totalmente

la sentencia apelada, manteniendo firme el Pliego de Cargo Nº 04/2007.

La referida determinación motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 200-202 vta., interpuesto por el apoderado William Caba Figueroa en el que acusó:

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:

Que el auto de vista recurrido violó los arts. 236 y 252 del Código de Procedimiento Civil, porque aduce que no existe acumulo de puestos pagados con fondos públicos, pues el Consejo Departamental es un órgano colegiado de consulta, cuyos miembros no perciben sueldo y/o salario por la prestación del servicio, sino una dieta asignada por cada sesión que asisten, aspecto que difiere de la relación de un salario asignado a un trabajador común y que el art. 78 inc. a) de las Normas Básicas de Administración de Personal, refiere a la prohibición de puestos pagados con fondos públicos, pero el acumulo de cargos consiste en la acción de reunir dos o más cargos con la posibilidad de percepción de dos o más prestaciones iguales.

Señaló también que las sesiones del Consejo se realizan una vez al mes y que su representado pedía licencia a Y.P.F.B. para asistir a las mismas, además manifestó que está probado documentalmente que el cargo de Consejero Departamental con el de Y.P.F.B. no es incompatible, porque según informe legal de la Prefectura de Tarija de 1º de julio de 1998, se le certificó que no existe incompatibilidad. Asimismo, acusó que en el segundo considerando del auto de vista sólo se han tomado en cuenta dos agravios y omitieron resolver los otros dos agravios, desconociendo su propia competencia por lo que vulneraron los arts. 236 y 252 del Código de Procedimiento Civil. Pidió que se pronuncie auto supremo anulando el auto de vista, ordenando al tribunal ad quem resolver todos los puntos apelados.

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

El apoderado del coactivado acusó que en la resolución de vista se incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, pues el Consejo Departamental es un órgano colegiado de consulta, de control y de fiscalización de los actos administrativos del Prefecto, cuyos requisitos se encuentran comprendidos en la ley - no señala ninguna específicamente - no percibiendo sueldo o salario por la prestación del servicio sino una dieta que es pagada por cada sesión que asiste. También manifestó que no hay subordinación y dependencia directa.

El art. 78 inc. a) de las Normas Básicas de Administración de Personal, se refiere a la prohibición de acumulo de puestos pagados con fondos públicos, pero el término de acumulo de cargos consiste en la acción de reunir dos o más cargos con la posibilidad de percepción de dos o más prestaciones genéricamente iguales, que en el caso presente no se da.

Reitera que no existe incompatibilidad porque así lo dice el documento oficial de la Prefectura, firmado por el Director General de Asuntos Jurídicos, porque si hubiese sido negativo, su representado no habría asumido esas funciones y cuando asistía a las sesiones se le autorizaba su salida con cargo a vacación, por lo que el auto de vista al no valorar estas pruebas estaría violando el art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, solicitó casar los fallos de segundo y primer grado y "por consecuencia lógica" declarar improbada la demanda con costas.

CONSIDERANDO II: Que así planteado el recurso y revisando minuciosamente el expediente, se establece lo siguiente:

1.- Sobre el recurso de casación en la forma:

a) El recurso de casación en la forma, se dirige a invalidar una

resolución cuando hubiere sido pronunciada o el proceso sustanciado con violación de las formas esenciales establecidas por ley. En este marco, un acto jurídico es nulo cuando la ley le priva de los efectos que regularmente debía producir y, de acuerdo con la doctrina, siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico mediante las cuales se debe desarrollar el juicio, la nulidad debe ser declarada cuando los jueces se apartan de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley.

En consecuencia, se debe tener en cuenta los principios procesales esenciales como el de especificidad o legalidad, es decir que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, ella debe ser expresa, específica y además estar prescrita por la ley. Asimismo, también se debe tener presente el principio de finalidad del acto, en razón del cual, el acto es legítimo si ha sido efectuado de un modo apto para el logro de la finalidad a que estaba destinado; finalmente es de aplicación el principio de trascendencia, en sentido que no es dable admitir la nulidad por la nulidad misma, significando con ello que el recurrente al invocar el vicio formal, debe probar que el mismo le acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad.

b) En la especie, el apoderado del coactivado acusó que la resolución de vista violó los arts. 236 y 252 del Código de Procedimiento Civil, empero, el objeto del proceso es el pago indebido a Jorge Morón Quiles, quien siendo trabajador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.) cobró también las dietas como Consejero Departamental, situación irregular que los de grado acertadamente resolvieron disponiendo la devolución de éstos, pues constituyen

percepción indebida de dietas, infracción cometida por el coactivado Jorge Morón Quiles, al percibir doble remuneración del Estado, con fondos del Tesoro General de la Nación (T.G.N.).

La resolución de vista claramente especificó que tanto el Gobierno Departamental como Y.P.F.B. son entidades públicas cuyos emolumentos, sueldos y dietas provienen de fondos públicos, no existiendo otros recursos de otra fuente que no sea el T.G.N., razón por la cual corresponde su devolución. Asimismo, corresponde señalar que la resolución de vista cumple los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, consagrados en los arts. 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil, al circunscribirse a los puntos resueltos en sentencia y que fueron objeto de la apelación, no siendo evidente la infracción que se acusa.

2.- Sobre el recurso de casación en el fondo:

a) Cuando en el recurso se denuncia la errónea valoración de la prueba, el recurrente deberá ser preciso en identificar si los juzgadores de instancia incurrieron en error de hecho, en cuyo caso deberán demostrar mediante documentos o actos auténticos la equivocación en la que incurrieron éstos - o errores de derecho - a cuyo fin deberán demostrar que el valor otorgado a un medio probatorio o elemento de juicio es diferente al consignado en la ley.

En autos, el recurrente apoderado del coactivado, no cumplió con las exigencias anteriormente descritas, toda vez que se limitó a denunciar "el error de derecho o error de hecho" como si fueran institutos sinónimos, sin especificar con claridad en qué tipo de error verdaderamente han incurrido los de grado o si incurrieron en ambos, aspecto que se advierte porque además no hace ninguna fundamentación, soslayando la adecuada técnica procesal con la que se debe interponer el

recurso de casación en el fondo, olvidando que la competencia de este supremo tribunal para realizar una nueva valoración y compulsa de la prueba se abre, únicamente, cuando se demuestra la existencia de los errores señalados.

Por otro lado, la simple cita del art. 78 inc. a) de las Normas Básicas de Administración de Personal, no es fundamento suficiente, para casar el auto de vista impugnado, máxime si en este artículo, precisamente se encuentra la prohibición del acúmulo de puestos pagados con fondos públicos, razón por la que los argumentos del recurso no son válidos.

b) De esta situación fáctica se infiere, que los de instancia aplicaron correctamente la norma contenida en el art. 4 parágrafo II del D.S. Nº 24997 en concordancia con el art. 78 inc. a) de las Normas Básicas de Administración de Personal, D.S. Nº 217064 de 23 de mayo de 1997, consecuentemente corresponde que el coactivado devuelva el monto cobrado por dietas a sesiones del Consejo Departamental recibidas por Jorge Morón Quiles.

c) A mayor abundamiento, la jurisprudencia constitucional ha determinado en la S.C. Nº 0033/2005-CDP de 19 de diciembre de 2005, en los fundamentos de la resolución punto II.5 que: "...toda doble percepción de sueldo, salario o dietas de parte del Estado, es ilegal, por lo que..."(sic); con este razonamiento y en aplicación del art. 7 del D.S. Nº 27431 de 2 de abril de 2004, es causal de impedimento para ejercer el cargo de Consejero Departamental, ser funcionario de la administración pública, consecuentemente el Informe Legal Nº 352/98 de 1º de julio de 1998 - referido por el recurrente - no se ajusta a las disposiciones legales señaladas.

Que en ese marco legal se concluye que al no ser evidentes las

denuncias formuladas por el apoderado del coactivado en la acción extraordinaria que se resuelve, corresponde dar cumplimiento a la forma prevista por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición de los arts. 1º y 24 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución conferida en el art. 60 numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 200 a 202 vta., sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, Ley SAFCO.

RELATOR: Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Min. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Min. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 05 de enero de 2009

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.