SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 144

Sucre, 28 de mayo de 2.008

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Coactivo Fiscal

PARTES: Aduana Nacional c/ Agencia Despachadora de Aduanas ATLAS INTERNACIONAL S.R.L.

MINISTRO RELATOR: Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

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VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 330-332 y 336-340, interpuestos por Roberto Claure Blanco y Mario Unzueta Gualterio, el primero y Fernando Rivas Téllez, representante legal de la Agencia Despachadora de Aduanas ATLAS INTERNACIONAL S.R.L., el segundo respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 020/2002 de 23 de abril de 2002 (fs. 327), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; dentro el proceso coactivo fiscal que sigue la Aduana Nacional, contra los recurrentes, la respuesta de fs. 345-346, el dictamen fiscal de fs. 352-354, los antecedentes del proceso y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso coactivo fiscal, sustentado en los informes de auditoria especial Nº EC/EN03/Y99 R1, preliminar y Nº EC/EN03/Y99-C1, complementario, practicados ante la Sub Administración de Aduana de Zona Franca Cochabamba, los que fueron aprobados mediante el Dictamen de Responsabilidad Civil Nº CGR-1/D-013/00, el Juez Segundo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Departamento de Cochabamba, sobre la base de la competencia asumida por los arts. 1º y siguientes de la Ley de Pdto. Coactivo Fiscal, 7º y 130 numeral 1º del Cód. Pdto. Civ., emitió Sentencia el 27 de diciembre de 2001 (fs. 259-269), declarando probada en parte la demanda (Fs. 98-99) y en consecuencia liberó de responsabilidad civil a los coactivados Max Catacora Bernal (ex jefe de almacenes SOFRACO S.A.) y Serapio Zeballos Jaimes (ex administrador de SOFRACO S.A.).

Asimismo, determinó con fundamento en el Art. 31-c) de la Ley Nº 1178 y en su calidad de deudores del Estado, la responsabilidad civil solidaria de los coactivados Roberto Claure Blanco (ex sub administrador de Aduana), Mario Unzueta Gualterio (vista de Aduana) y Fernando Rivas Téllez, representante de la empresa despachante de aduana ATLAS INTERNACIONAL S.R.L., por defraudación de fondos públicos, con fundamento en el Art. 77-A) de la Ley del Sistema de Control Fiscal, manteniendo el cargo original de Bs. 58.353.- equivalentes a $us. 10.629.-, en previsión del Art. 16 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, disponiendo la cancelación del adeudo al Estado en moneda nacional, más su consiguiente actualización al momento de efectivizarse el pago, en previsión de los arts. 39 de la Ley 1178 y 20 del Pdto. Coactivo Fiscal.

Esta resolución se declaró ejecutoriada por auto de 16 de febrero de 2002, al haber sido formulados extemporáneamente los recursos de apelación de ambas partes (fs. 273-275 y 277-286), girando el Pliego de Cargo Nº 001/2002 de 16 de febrero de 2002 (fs. 293).

Contra el Pliego de Cargo, Roberto Claure Blanco, Mario Unzueta Gualterio a fs. 295-299 y Fernando Rivas Téllez a fs. 301-302, aclarado a fs. 305, interpusieron recursos de apelación, que fueron resueltos mediante Auto de Vista Nº 020/2002 de 23 de abril de 2002 (fs. 327), por el que se confirmó el Pliego de Cargo de Fs. 293.

Los coactivados Roberto Claure Blanco y Mario Unzueta Gualterio, por una parte y por otra, Fernando Rivas Téllez, interpusieron recursos de casación en el fondo, conforme los fundamentos que contienen los memoriales fs. 330-332 y 336-340, respectivamente.

CONSIDERANDO II: Que revisando minuciosamente los antecedentes remitidos a este tribunal, se advierte que el Juez de primera instancia, por auto de 16 de febrero de 2002 (fs.291), declaró ejecutoriada la sentencia, girando el Pliego de cargo, como un acto separado de la sentencia, contra los que se formularon los recursos de apelación de fs. 330-332 y 336-340, es decir, en aplicación de las previsiones del Art. 518 del Código de Procedimiento Civil, en ejecución de sentencia.

Toda resolución emitida en ejecución de sentencia sólo puede ser apelada en el efecto devolutivo, no siendo su impugnación susceptible de derivar en el recurso extraordinario de casación o nulidad, que a su vez procede únicamente contra las resoluciones expresamente nominadas en el Art. 255 de la misma norma procesal, entre los cuales no figuran las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, como son el Pliego de Cargo impugnados en el caso presente, habiendo omitido dicho tribunal, aplicar la potestad otorgada por el art. 262 inc. 3) del Cód. Pdto. Civ., complementado por el art. 26 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar Nº 1760, determinando que dicho recurso sea declarado improcedente por cuanto no se abrió la competencia de este máximo Tribunal.

Corresponde aclarar, dos aspectos:

a) El erróneo procedimiento que impuso el juez a quo, a momento de dictar la sentencia, sin emitir en forma conjunta los pliegos de cargo, ciertamente evidencian un incumplimiento al procedimiento instituido por los Arts. 16 y 17 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, pero que no acarrean la nulidad de obrados, sobre la base del principio de especificidad instituido por el Art. 251 parágrafo I, del Código de Procedimiento Civil.

b) Ciertamente el Art. 21 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, D.L. Nº 14933 de 29 de septiembre de 1977, elevado a rango de Ley por el art. 52 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, hace una diferenciación, respecto del efecto en los que se deben concederse las apelaciones formuladas contra las decisiones adoptadas en primera instancia dentro de los procesos coactivos fiscales; empero, partiendo de la interpretación contextualizada tanto de los Arts. 51 y 52 de la Ley Nº 1178, 23 y 24 de la referida Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, se concluye que esta última norma, sólo rige para las determinaciones asumidas en primera instancia y no así en apelación y casación, pues todas ellas, remiten como normas supletorias aplicables a estos recursos, a las normas del Código de Procedimiento Civil, acontecimiento ratificado por el ya citado Art. 51 de la Ley Nº 1178, cuando expresa que: "Se eleva a rango de Ley el Decreto Ley 14933 de 29 de septiembre de 1977, sólo en lo correspondiente al Procedimiento Coactivo Fiscal que regirá en tanto entre en vigencia la ley a que se refiere el artículo anterior, salvo los casos en apelación que serán conocidos por el Tribunal Fiscal de la Nación", (las negrillas son añadidas), tribunal que actualmente, forma parte del Poder Judicial, en aplicación de la Ley de Organización Judicial Nº 1455 de 18 de febrero de 1993 y que fuera adecuadamente implementado por el "Reglamento para la Incorporación de la Corte Nacional del Trabajo, Corte Nacional de Minera, Tribunal Fiscal de la Nación y sus Órganos dependientes al Poder Judicial", que fue aprobado por el Acuerdo de Sala Plena de 31 de mayo de 1995, en cuyo art. 3º establece la normativa que se aplicará; específicamente en materia Coactiva Fiscal, la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal y supletoriamente el Código de Procedimiento Civil, en todo lo que no se oponga a las normas especiales o sobre las cuales no exista previsiones legales concretas.

Consiguientemente, corresponde dar aplicación a lo previsto en los Arts. 271 inc. 1) y 272 inc. 1) del Cód. Pdto. Civ., aplicables al caso por mandato de la norma remisiva de los arts. 1º y 24 de la L. Pdto. C.F.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el Art. 60 inc. 1) de la L.O.J., en desacuerdo con el dictamen fiscal de Fs. 352-354, declara IMPROCEDENTES los recursos de casación en el fondo de Fs. 330-332 y Fs. 336-340, con costas.

Se regula el honorario profesional en Bs. 500, que mandará cancelar el tribunal de alzada.

Relator:Ministro Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Hugo R. Suárez Calbimonte.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Sucre, 28 de mayo de 2008

Proveído: Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.