SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 107

Sucre, 21 de diciembre de 2.005

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Social.

PARTES: María del Carmen Antezana c/ UNIVALLE

MINISTRO RELATOR: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 521-522, interpuesto por Jorge Montaño Muñoz en representación de Gonzalo Ruiz Martínez representante legal de la Universidad Privada del Valle "UNIVALLE", impugnando el auto de vista No. 272/2001 de 11 de junio de 2001 cursante de fs. 518-519, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; dentro el proceso social por pago de beneficios Sociales seguido por María del Carmen Antezana contra Univalle, la respuesta de fs. 524, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido 1ro del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió sentencia el 12 de abril de 2001 (fs. 85-86), declarando probada en parte la demanda de fs. 7-8, ordenando a la Universidad Privada del Valle "UNIVALLE", para que por intermedio de su representante, pague a María del Carmen Antezana Asturizaga de Vargas, dentro de 3ro día de ejecutoriada la sentencia y bajo conminatoria de ley, el monto de la liquidación de beneficios sociales que asciende a Bs. 13.202,07 más el reajuste previsto por el D.S. 23381 de 29 de diciembre de 1992.

Que, en grado de apelación, por auto de vista No. 272/2001 de 11 de junio de 2001 (fs. 518-519), se confirma la sentencia.

Esta resolución, motivó el recurso de casación en el fondo, acusando infracción del art. 253 incs. 1) y 3) del Pdto. Civil, con el argumento de que, a tiempo de dictar el auto de vista, no se realizó valoración de la prueba, incurriendo en error de derecho en la interpretación de la prueba de descargo, entre ellas las testificales de fs. 49-52 de las cuales se infiere que la actora cobraba para inscripción de alumnos sumas inferiores a los fijados por la Universidad; que se ha desconocido el valor probatorio que le asignan los arts. 169 del Código Procesal del trabajo y 1330 del Código Civil; además el informe de auditoría demuestra que la demandante, como encargada del sistema de computación e inscripciones, se ha apropiado indebidamente de dinero ajeno causando daño económico tanto a la Institución como a los alumnos, concluye solicitando que el Tribunal Supremo, dicte resolución casando el auto de vista declarando improcedente la demanda de fs. 7-9, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso, corresponde a este Tribunal establecer si lo denunciado es evidente o no, por consiguiente del análisis y compulsa, se llega a las siguientes conclusiones:

I.- En principio, se colige que el memorial del recurso no cumple los requisitos exigidos por ley, al sintetizar lo obrado de manera intrascendente, por cuanto no obstante de citar algunas disposiciones legales, el recurrente no precisa de qué manera han sido presuntamente infringidas, tampoco ha demostrado en qué consiste la violación, interpretación o aplicación indebida de la ley y el error de derecho incurrido en la apreciación de la prueba; porque el recurrente tampoco demuestra con documentos o actos auténticos la equivocación manifiesta del juzgador como exige la última parte del art. 253 inc. 3) del Pdto. Civil; concluyéndose entonces que no se equipara con una demanda de puro derecho como es el recurso de casación, cuya finalidad, en caso de demostrarse, es restablecer el imperio de la ley infringida.

II.- No obstante lo aseverado en el punto anterior, de la revisión de las pruebas aportadas por las partes al proceso, se establece que la actora ha trabajado en la Universidad Privada del Valle como encargada del sistema de computación e inscripciones, que durante el mes de enero de 2001 realizó cobros de dinero por matrículas e inscripciones los que no ingresaron a caja, ocasionando perjuicio económico tanto a la institución demandada como a los estudiantes; esta prueba fue valorada acertadamente por los de instancia, incluyéndose la cursante de fs. 532-537, referente a la sentencia condenatoria en materia penal que si bien no se halla debidamente ejecutoriada, merece el valor probatorio que le asigna el art. 151 de Código Procesal del Trabajo (C.P.T.), que demuestran la infracción cometida por la actora en su fuente de trabajo, por cuyo motivo no es acreedora al pago de desahucio ni indemnización como previenen los incs. e) y g) del art. 16 de Ley General del Trabajo (L.G.T.), y art. 9 de su Decreto Reglamentario. Sin embargo, al haber prestado servicios en dicha institución por más de seis años, por expresa disposición del art. 2 del D.S. No. 11478 de 16 de mayo de 1974, le corresponde indemnización por el primer quinquenio; de igual manera tiene derecho al pago de vacación por duodécimas al ser un derecho adquirido, en apoyo a lo dispuesto por los D.S. No. 3150 de 19 de agosto de 1952 y No. 12058 de 24 de diciembre de 1974.

III.- Finalmente, en aplicación a los principios de proteccionismo y de primacía de la realidad establecidos en materia laboral, resulta de inexcusable cumplimiento lo impuesto por los arts. 162 de la Constitución Política del Estado (C.P.E.) y 4 de la L.G.T, porque siendo las normas laborales de orden público, son de cumplimiento obligatorio, por cuanto los derechos adquiridos por los trabajadores son irrenunciables. Por esta razón corresponde a la actora el pago de los beneficios sociales conforme se consigna en la sentencia de fs. 85-86.

CONSIDERANDO III: Que, en ese marco legal, se concluye que el recurso resulta insuficiente, contrariamente el auto de vista realiza correcta interpretación y aplicación de normas legales que han servido de fundamento a dicha resolución, no se advierte la infracción denunciada, tampoco existe error de apreciación de pruebas; en consecuencia, el Tribunal de alzada ha obrado sin incurrir en las violaciones acusadas en el recurso; por lo que corresponde aplicar lo dispuesto por los arts. 271 inc. 2) y 273 del Pdto. Civil.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida por el inc. 1) del art. 60 de la L.O.J., y arts. 271 inc. 2) y 273 del Pdto. Civil, aplicable por mandato del artículo 252 del Código Procesal del Trabajo, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 521 a 522, con costas.

Se regula el honorario profesional, en la suma de Bs. 500.-, que mandará pagar el tribunal ad quem.

Relator:Ministro Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 21 de diciembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda