SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 104

Sucre, 21 de diciembre de 2.005

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Social.

PARTES: Ramiro Antonio Crespo Callau c/ Empresa NUEVA TEL PCS de BOLIVIA

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 103-104 vta., interpuesto por Martín R. Crespo Callau, en representación de Ramiro Antonio Crespo Callau, contra el Auto de Vista No. 276 de 16 de junio de 2001, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social instaurado por el apoderado del recurrente contra la empresa NUEVA TEL PCS DE BOLIVIA; la concesión del mismo efectuada mediante resolución de fs. 112, los antecedentes proceso, y:

CONSIDERANDO: Que dentro del proceso de referencia, el 9 de mayo de 2001, la Jueza Primera del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronunció la sentencia de fs. 83-84 vta., declarando probada en parte la demanda de fs. 19-20, y dispuso que la empresa demandada, pague a favor del actor la suma de $us. 11.750.-

Deducida la apelación, por la empresa demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Cochabamba, mediante Auto de Vista No. 276 de 16 de junio de 2001 (fs. 99-100), revocó la sentencia apelada y declaró improbada la demanda, sin costas por la revocatoria.

Este fallo, motivó que el actor, a través de su apoderado, interponga recurso de casación en el fondo y en la forma, conforme consta a fs. 103 y 104 vta. de obrados.

CONSIDERANDO Que, por permisión expresa de la norma prevista por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), los aspectos no previstos en la referida ley, deben regirse por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y por las del procedimiento civil, siempre que no se violen los principios generales del Derecho Procesal Laboral. En tal virtud, se infiere que cuando se interpone el recurso extraordinario de casación o nulidad, los actores deben circunscribir su demanda a las previsiones del Capítulo IV del Título V, arts. 250 al 282 del adjetivo civil, referidos expresamente, al recurso en análisis.

Dentro de este marco normativo, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido de manera reiterada que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo o recurso de casación en la forma, sin que exista óbice alguno para que ambos recursos se interpongan al mismo tiempo, conforme establece la norma prevista por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil.

En ese orden, cabe precisar que la finalidad del recurso de casación en el fondo es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas de nuestro país creando la jurisprudencia correspondiente. En tanto que la finalidad del recurso de casación en la forma es la de anular la resolución recurrida o un proceso, cuando al ser dictado en su sustanciación, se violaron formas esenciales sancionadas con nulidad por la Ley, por ello, la interpretación de las leyes que regulan las nulidades debe ser uniforme. En ambos casos es de inexcusable cumplimiento los requisitos establecidos en el art. 258 del CPC. Así, el recurrente deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, especificaciones que necesariamente deben hacerse en el memorial del recurso.

CONSIDERANDO: Que en el caso de Autos, el recurso planteado no se adecua al marco normativo anteriormente descrito, a saber.

De la lectura de los fundamentos expuestos en el memorial del recurso, se infiere que constituye, más bien, una relación de los antecedentes procesales y de los hechos que motivaron la interposición de la demanda, en la que se expresan argumentos a manera de alegatos en conclusiones, sin que se advierta la denuncia expresa sobre la vulneración o infracción de precepto normativo alguno.

En efecto, si bien es cierto que el recurrente interpuso tanto el recurso de casación en el fondo y en la forma, no es menos evidente que no circunscribió los argumentos de su denuncia al marco normativo establecido por los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, en relación al art. 258 del adjetivo citado, toda vez que, en la interposición del recurso de casación en el fondo, no hizo un análisis sobre la existencia de errores in judicando en el trámite del proceso; y en el de forma, tampoco efectuó un análisis respecto de los errores in procedendo que afecte a las formas esenciales con las que se debe tramitar toda causa, siendo evidente, en ambos casos, la ausencia de fundamentación en términos claros concretos y precisos sobre las normas que se presumen infringidas, la forma en que han sido vulneradas y la posible solución jurídica a la situación planteada, al punto que, no existe precepto normativo acusado como infringido, indebidamente aplicado o erróneamente interpretado, situación que, lógicamente, impide se abra la competencia de este Tribunal a efectos de resolver el recurso planteado.

En cuanto a la valoración y compulsa de la prueba, de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, se tiene que la misma constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia, incensurable en casación, a menos, que se demuestre la existencia de error de hecho o de derecho en su valoración. En el caso de autos, es evidente la ausencia de fundamentación respecto de estos aspectos, omisión que constituye defecto en la interposición del recurso planteado y que no puede ser subsanado por este Tribunal, cuya competencia se encuentra limitada a los puntos resueltos por el inferior, con relación al planteamiento del recurso, el que, como se ha fundamentado, adolece de vicios formales en su planteamiento, deviniendo por ello su improcedencia.

Por lo expuesto, siendo evidente el incumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 258, en relación con los arts. 253 y 254 del CPC, corresponde aplicar lo dispuesto por los arts. 271.1) y 272.2) del procedimiento citado, aplicables al caso de autos en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, con la facultad que le confiere el art. 60.1) de la Ley de Organización Judicial, declara IMPROCEDENTE, el recurso de fs. 103-104, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 21 de diciembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda.