SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 097

Sucre, 19 de diciembre de 2.005

DISTRITO: La Paz PROCESO: Contencioso Tributario.

PARTES: Asociación para la Promoción Cultural y Social APROCS c/ Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 109-110, interpuesto por Hernán Pereira Fernández, Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista de fs. 106 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de ese Distrito, dentro del proceso contencioso tributario seguido por el representante legal de la Asociación Para la Promoción Cultural y Social (APROCS), representada por Mario Pagani Casas y Martín Casas Vizcaya, contra la entidad recurrente; la concesión del recurso efectuada mediante resolución de fs. 112, el dictamen Fiscal de fs. 114, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que tramitado el proceso contencioso tributario señalado, el 21 de marzo de 1998, la Jueza de primera instancia, declaró probada en parte la demanda interpuesta a fs. 14-19 y dejó sin efecto la intimación D.R.M. U.I. 11/97 de 10 de marzo de 1997 y el Auto de fs. 23, ordenando el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la Asociación actora por la gestión 1995 con las penalidades y accesorios determinados por el art. 58 del Código Tributario (CTb) y no así por la gestión 1994.

En apelación deducida por la entidad demandada, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, revocó en parte la sentencia apelada y deliberando en el fondo declaró probada la demanda dejando sin efecto la intimación D.R. No. U.I. 11/97 de 10 de marzo de 1997 y el Auto de fs. 23.

Frente a estos hechos, el Director de Recaudaciones de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, interpuso recurso de casación conforme consta a fs. 109-110 de obrados, solicitando se case el Auto de Visa impugnado y deliberando en el fondo se mantenga firme y subsistente la intimación No. D.R.M. U.I. 11/97 de 10 de marzo de 1997 y el Auto de 15 de abril del mismo año, cursante a fs. 23 del expediente.

CONSIDERANDO: Que así expuestos los fundamentos del recurso, se advierte que el mismo no cumple a cabalidad con la adecuada técnica jurídica para su interposición, pues, el recurrente, no señaló con precisión si interpuso recurso de casación en el fondo, para lo cual debió adecuar los hechos denunciados a las previsiones del art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC), o, recurso de casación en la forma, circunscribiendo su denuncia a los casos del art. 254 del procedimiento citado. Por otro lado, tampoco acusó de manera clara, concreta y precisa la infracción, aplicación indebida o errónea interpretación de algún precepto normativo, haciendo alusión, de manera general, al contenido de las leyes 843 de Reforma Tributaria, 1551 de Participación Popular, al Código Tributario y al DS 24204 de 23 de diciembre de 1995, lo que implica el incumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 258 del CPC, fundamentos que por su imprecisión no abren la competencia de este Tribunal Supremo a efectos de resolver la demanda extraordinaria interpuesta.

Sin embargo, no se puede soslayar, que las facultades otorgadas por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, permiten a este Tribunal Supremo la revisión de oficio del trámite de la causa, a efectos de determinar si los jueces y funcionarios de instancia observaron los plazos y leyes que norman su tramitación y conclusión.

En ese marco, conviene señalar que la presente acción surge de la impugnación de los informes ATJ No. 136/96 (fs. 8-9) y ATJ No. 042/97 (fs. 10-12), y, principalmente, de la carta D.R.M. No. U.I. 11/97 de 11 de marzo de 1997 (fs. 13), a la que, con posterioridad a la iniciación de la demanda acaecida el 20 de marzo de 1997, la Administración Municipal demandada le otorgó el carácter de intimación a través del Auto de 15 de abril de 1997, cursante a fs. 23 del expediente, ordenándose el Pliego de Cargo contra APROCS, sin que medie la determinación de oficio o la autodeclaración del propio contribuyente de la cuantía del crédito tributario para la cobranza coactiva del impuesto de los bienes inmuebles de su propiedad por las gestiones fiscales 1994-1995, supuestamente impagos por no haber tramitado oportunamente su reconocimiento como entidad exenta ante la Administración Municipal, en cumplimiento de los arts. 19.1) de la Ley 1551 de 20 de abril de 1994; 53.b) de la Ley 843, Texto Ordenado en 1995; 101 de la Ley Orgánica de Municipalidades de 10 de enero de 1985 y 10.a) del DS 24204 de 23 de diciembre de 1995. Quedando claro, que la carta aludida, no constituye Auto intimatorio base del pliego de cargo que se ordena con Auto de 15 de abril de 1997, como confusamente pretende el sujeto activo del tributo y también entienden tanto el actor como los jueces de grado.

Debe tomarse en cuenta, que por disposición del art. 174 de CTb, los actos de la administración por los que se determinen tributos o se apliquen sanciones pueden impugnarse por quien tenga un interés legítimo en vía administrativa, a través del recurso de Revocatoria, o, en vía jurisdiccional, conforme al procedimiento Contencioso Tributario previsto en el Título VI del mismo código, a opción del interesado, importando la elección de una vía la renuncia de la otra, dispositivo legal del que se infiere que la competencia de la autoridad jurisdiccional, jueces y Tribunales competentes dependientes del Poder Judicial, se abre únicamente en el supuesto de impugnarse en la vía Contenciosa Tributaria dichos actos administrativos para su correspondiente control de legalidad, no así, como en el presente caso, por la impugnación de informes y/o cartas, como las ATJ No. 036/96, ATJ No. 042/97 y D.R.M. No. U.I. 11/97 de 11 de marzo, que se aluden en la demanda, sin que tan sustancial hecho haya sido observado por el a quo ni corregido por el ad quem, dando lugar a la tramitación del presente proceso sin jurisdicción ni competencia, por tratarse de la impugnación de un acto de la administración municipal que no determina tributos ni impone sanciones, como expresamente exige el art. 174 del Código Tributario antes mencionado, dando lugar a la nulidad de obrados.

Por lo expuesto, se concluye, sin lugar a dudas, que corresponde dar aplicación a la norma prevista por el art. 252 del CPC, aplicable al caso de autos por mandato del art. 297 del CTb, Ley 1340 de 28 de mayo de 1992.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, con la facultad que le confieren los arts. 15 y 60.1) de la Ley de Organización Judicial, 252 del Código de Procedimiento Civil, en desacuerdo con el dictamen Fiscal de fs. 114, ANULA obrados hasta fs. 21 inclusive. Con responsabilidad que se gradúa en la suma de Bs. 100.- para los Vocales que suscribieron del Auto de Vista impugnado y Bs. 100 para el a quo, a ser descontados por planilla.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 19 de diciembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda.