SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 092

Sucre, 19 de diciembre de 2.005

DISTRITO: La Paz PROCESO: Contencioso Triburario.

PARTES: Empresa "AXIS S. A." c/ Servicio Nacional de Impuestos Internos Regional La Paz.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 107-108 vta., interpuesto por Franz Adriazola Vargas, representante de la empresa "AXIS S.A.", contra el Auto de Vista de fs. 89, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por el recurrente contra el Servicio Nacional de Impuestos Internos; la concesión del recurso efectuada mediante resolución de fs. 114, el dictamen de fs. 116, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que tramitado el proceso contencioso tributario señalado, el 2 de junio de 1998, el Juez Cuarto Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, dictó sentencia declarando probada la demanda interpuesta a fs. 18-19 e improbada la excepción perentoria opuesta a fs. 54-56, en consecuencia, declaró nulo y sin efecto legal el pliego de cargo No. 366/97 de 22 de mayo de 1997, girado por el Administrador Regional de Impuestos Internos de La Paz, cursante a fs. 25 de obrados.

En apelación deducida por la entidad demandada, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, revocó la sentencia apelada y declaró probada la excepción de plazo vencido debiendo continuar la ejecución coactiva, en el entendido que la presente demanda fue interpuesta fuera del término previsto por el art. 174 del Código Tributario (CTb).

Este fallo, motivó que el representante de la empresa demandante interponga recurso de casación en el fondo, conforme consta a fs. 107-108 vta. de obrados, aduciendo la infracción de los arts. 134, 135, 168, 169, 170 y 304 del Código Tributario y arts. 90, 91 y 140 del Código de Procedimiento Civil (CPC). Asimismo, señala que el Tribunal ad quem, al revocar la sentencia de primera instancia, no consideró que cuando un acto es nulo de plena nulidad, puede ser impugnado en cualquier momento o instancia procesal, siempre que dicho acto no haya sido convalidado por otra actuación posterior, toda vez que no puede causar ejecutoria o adquirir la calidad de cosa juzgada, un acto viciado de nulidad; consiguientemente, no puede, bajo ningún criterio, correr el plazo o término para la interposición de la demanda si el antecedente administrativo de ese plazo es nulo, pudiendo impugnarse el mismo en el momento en que se intente su ejecución. Los actos nulos no causan estado, afirma, y pueden ser impugnados aún después de vencidos los plazos establecidos por ley. Concluye solicitando se case el Auto de Vista impugnado.

CONSIDERANDO: Que así expuestos los fundamentos del recurso, se advierte que el mismo no cumple a cabalidad con la adecuada técnica jurídica para su interposición, pues, de manera general, el recurrente acusó la vulneración de varios preceptos normativos, sin especificar de manera clara, concreta y precisa, en qué consiste dicha infracción o en su caso, si los juzgadores de instancia incurrieron en aplicación indebida o errónea interpretación de la ley, lo que implica el incumplimiento del art. 258.2) del Código de Procedimiento Civil (CPC).

No obstante de lo señalado, conviene hacer las siguientes consideraciones:

La presente acción emerge de la impugnación del pliego de cargo No. 366/97 de 22 de mayo de 1997, girado por la Administración Tributaria conforme a la previsión del art. 304 del Código Tributario (CTb), con base a la intimación A.R. No. 42667-530, para el cobro coactivo de Bs. 273.552.- correspondientes al impuesto a la Renta Presunta de las Empresas por el período fiscal de diciembre de 1994, determinado sobre las declaraciones juradas del contribuyente, pliego de cargo con el que fue notificado personalmente el 20 de junio de 1997, conforme consta a fs. 1 y 25 vta. de obrados.

Interrumpiendo la cobranza coactiva de la obligación tributaria autodeterminada por el actor, el 25 de noviembre de 1997, se interpone la demanda contencioso tributaria pretendiendo la nulidad del Pliego de Cargo No. 366 de 22 de mayo del mismo año, supuestamente por carecer de acto administrativo alguno que establezca o determine la real existencia del adeudo tributario, es decir, sin la expedición previa de una Vista de Cargo y Resolución Determinativa expresa que determine, de oficio, el monto efectivo del crédito tributario que pueda ser impugnable de conformidad al art. 174 del CTb, con lo que, según afirma y ratifica en el memorial del recurso, se conculcaron los arts. 134, 135, 168, 170 y 304 del Código Tributario y arts. 90, 91 y 140 del CPC.

Dentro de este contexto, cabe señalar que la declaración jurada para efectos tributarios, es la manifestación realizada por el contribuyente o responsable ante la Administración Tributaria, sobre la ocurrencia de los hechos previstos en la ley como generadores de la obligación tributaria, los créditos tributarios determinados por los contribuyentes o responsables en sus declaraciones juradas, se consideran, para todos los efectos, firmes, líquidos y exigibles, consiguientemente, susceptibles de cobranza coactiva, como dispone expresamente el art. 304 del CTb. En el caso de autos, toda vez que fue el propio recurrente quien determinó el monto que debe pagar por concepto del Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas por el periodo fiscal 12/94, se establece la validez y eficacia del pliego de cargo No. 366/97, por constituir título suficiente que contiene la orden de pago de la obligación tributaria del actor, cuya ejecución no puede interrumpirse por ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla, salvo las excepciones expresamente previstas, conforme disponen los arts. 306 y 307 del Código Tributario.

Por lo expuesto, se concluye, sin lugar a dudas, que no son evidentes las infracciones acusadas, correspondiendo resolver el recurso planteado en la forma prevista por el art. 273 del procedimiento civil, aplicable al caso de autos por disposición del art. 297 del Código Tributario, ley 1340 de 28 de mayo de 1992.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, con la facultad que le confiere el art. 60.1) de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 116, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 107-108 vta., con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer efectivo el Tribunal de alzada.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 19 de diciembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda.