SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 089

Sucre, 16 de diciembre de 2.005

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Laboral.

PARTES: Rafael Agustín Valdez Zegarra c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.).

MINISTRO RELATOR: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

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VISTOS: El recurso de nulidad fs. 150-151 interpuesto por Víctor Hugo Vargas Antezana, en representación de Rafael Valdez Zegarra contra el auto de vista No. 247/2001 de 29 de mayo de 2001 cursante de fs. 147-148, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; dentro el proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Rafael Agustín Valdez Zegarra contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.), la respuesta de fs. 153-A, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso, el Juez de Partido 2do de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió sentencia el 12 de abril de 2001 (fs. 127-128 vta), declarando improbada la demanda de fs. 11-12, y probada la excepción de pago de fs. 37-38, con costas. En grado de apelación, por auto de vista No. 247/2001 de 29 de mayo de 2001 (fs. 147-148), se confirma la sentencia apelada, con costas.

Que, contra este auto de vista, el actor por intermedio de su apoderado, plantea recurso de casación en el fondo, acusando aplicación indebida de la Resolución Ministerial No. 535/98 de 23 de septiembre de 1998, manifestando que la misma es clara al disponer que los beneficios sociales, serán considerados a cuenta de futuras liquidaciones, que se ha desconocido el valor legal de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo; que el auto de vista, incurrió en la previsión contenida por el inc. 1) del art. 253 del pdto. Civil, al no haber compulsado la prueba de fs. 1-8 incurriendo en error de derecho; por lo que solicita se case el auto de vista recurrido de 29 de mayo de 2001 y, deliberando en el fondo, se declare probada su demanda en todas sus partes.

CONSIDERANDO II: Que, corresponde analizar si lo denunciado en el recurso es evidente o no, de cuyo análisis y compulsa, se evidencia:

1).- La existencia de la relación obrero-patronal así como el pago de los beneficios sociales a favor del actor, finiquitos cursantes a fs. 10 y 36 de obrados. Estos pagos son considerados como definitivos y consolidados en aplicación del D.S. No. 21431 de 10 de noviembre de 1986, en razón de que el demandante prestó sus servicios en la entidad demandada bajo la modalidad de contratos eventuales, existiendo discontinuidad entre uno y otro; de los cuales ya cobró sus finiquitos.

2).- Las literales de fs. 1-8, reiteradas a fs. 21-24, 26-28, establecen que los tres posteriores contratos, fueron suscritos al amparo del Estatuto de Funcionario Público (Ley No. 2027 de 27 de octubre de 1999); por consiguiente resulta de aplicación inexcusable lo dispuesto por el Reglamento a la Ley General del Trabajo (D.R. No. 244 de 23 de agosto de 1943); que en su art. 1ro dispone en forma in-fine: : "No están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del ejército".

3).- Finalmente con relación a la Resolución Ministerial No. 535/98 de 23 de septiembre de 1998, aducida como infringida por el recurrente, se debe tener presente que, si bien el Ministerio de Trabajo en sujeción a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo No. 1788 (LOPE), puede emitir normas relativas a su jurisdicción y competencia de carácter administrativo; empero, carece de facultad para reconocer y definir privativamente derechos, máxime si el D.S. No. 09175 de 13 de abril de 1970, sobre el que sustenta su pedido el recurrente, se encuentra abrogado, al importar un daño económico al Estado, independientemente de atentar lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Política del Estado. Por cuyo motivo, el pago de reintegros y beneficios sociales, sólo compete el conocimiento del trámite y resolución a la judicatura laboral, en aplicación de las normas laborales en vigencia.

CONSIDERANDO III: Que, así analizado los antecedentes del proceso, se concluye que el auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, no se advierte violación de norma legal alguna, al contrario realiza correcta interpretación y aplicación, de donde resulta que el Tribunal de alzada ha obrado sin incurrir en violaciones acusadas en el recurso.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida por el inc. 1) del art. 60 de la L.O.J., en cumplimiento a los arts. 271 inc. 2) y 273 del Pdto. Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 158, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 150-151, con costas.

Se regula honorario de abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará cumplir el tribunal de alzada.

Relator:Ministro Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 16 de diciembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda