SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 088

Sucre, 16 de diciembre de 2.005

DISTRITO: Oruro PROCESO: Pago de beneficios sociales.

PARTES: Gonzalo Guzmán Antezana c/ Ministerio de Trabajo

MINISTRO RELATOR: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 211-212 interpuesto por Gonzalo Guzmán Antezana contra el auto de vista No. 207/2001 de 22 de mayo de 2001 (fs. 200-201), pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro el proceso social de reincorporación y pago de beneficios sociales, seguido por el recurrente contra el Ministerio de Trabajo; el dictamen del Fiscal General de la República de fs. 217, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, la Juez de Partido 1ro del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, dictó sentencia el 12 de marzo de 2001 (fs. 189-193), declarando probada la demanda de fs. 27-29, subsanada a fs. 31, con costas, determinando que el Ministerio de Trabajo, proceda a la reincorporación inmediata al actor, a su fuente de trabajo como Director Departamental del Trabajo de Oruro, con el mismo nivel salarial e item que tenía antes de su destitución, y que en ejecución de sentencia se debe liquidar los sueldos, aguinaldos y vacaciones que no percibió durante el tiempo que se encuentra cesante en sus funciones.

Que, pese a no existir apelación a dicho fallo, en consulta esta resolución en sujeción al art. 197 del Pdto. Civil, por auto de vista No. 207/2001 de 22 de mayo de 2001 (fs. 200-201), fue anulado el proceso hasta fs. 42, vale decir, hasta que se cumpla la última parte del art. 73 del Código Procesal del Trabajo.

Que, contra el auto de vista el demandante plantea recurso de casación, con el argumento de que no existe necesidad de aplicar el art. 73 del C.P.T., por cuanto el Ministerio del Trabajo fue citado legalmente como consta a fs. 51 vta., pero por memorial de fs. 56-57, dándose por legalmente citado se apersona en tiempo hábil Jaime Guillermo Álvarez Fortún, al estar desempeñando interinamente el cargo de Ministro de Trabajo y Microempresa; asimismo a fs. 194 consta que, con la sentencia, fue legalmente notificado el abogado de la entidad pública demandada; por lo que solicita se case el auto de vista recurrido, dejando sin efecto la nulidad de obrados y se confirme la sentencia de fs. 189 a 193.

CONSIDERANDO II: Que, siendo deber del Tribunal Supremo fiscalizar intra proceso, en observancia a la facultad de revisión de oficio prevista por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (L.O.J.), respecto de los jueces de alzada y de primera instancia, de verificar si en las causas sometidas a su conocimiento se han aplicado correctamente las leyes que rigen su tramitación.

Que, de la revisión del expediente, se advierte con indudable precisión la naturaleza de "entidad pública" que reviste el Ministerio del Trabajo, conforme también han advertido los de instancia, no sólo a tiempo de pronunciar la sentencia, sino también el auto de vista en consulta.

En la especie, es imperioso ejercer la obligación fiscalizadora contenida por el art. 15 de la L.O.J., de aplicación inexcusable por la garantía al debido proceso, toda vez que las omisiones que se observa dentro el proceso son causa de nulidad; por cuanto de acuerdo al Decreto Ley 07375 de 5 de noviembre de 1965 y Decreto Supremo 08125 de 31 de octubre de 1967 y art. 28-c) de la Ley 1178 (SAFCO), establecen: todo funcionario que reciba remuneración con fondos provenientes del Tesoro General de la Nación, cualquiera sea la institución en la que presta servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, es considerado como "funcionario público". En consecuencia, el actor no está sujeto a las disposiciones de la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario de 23 de agosto de 1943, que en su Art. 1ro dispone en forma in-fine: "No están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo ni de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del ejército".

Además, resulta extraño que la Juez a quo, no obstante de haber reconocido expresamente que tratándose el demandante de un funcionario público, que ejerció el cargo de Director Departamental del Trabajo de Oruro, hubiera pronunciado el auto de fs. 62 declarando improbada la excepción de incompetencia, incurriendo en igual error el tribunal de apelación al confirmar el fallo de primera instancia por auto de vista de fs. 170, desconociendo así las disposiciones legales antes citadas. Por último, al emitirse en consulta el auto de vista recurrido de fs. 200-201, tampoco se ha advertido el error en la tramitación del proceso, disponiendo el rechazo de la acción laboral por tratarse, precisamente, de una acción interpuesta por un funcionario público no sujeto a la Ley General del Trabajo (L.G.T.), sino al Estatuto del funcionario público y disposiciones afines, conforme ha dispuesto este Supremo Tribunal mediante Autos Supremos Nos. 288/02, 345/02, 163/03, 081/04, 317 de 8 de noviembre de 2005, entre otros.

En consecuencia, al advertirse que tanto la Juez a-quo como el Tribunal ad-quem han obrado sin competencia, con infracción de disposiciones legales de orden público, se impone la sanción con nulidad, conforme previene el art. 252, con relación al art. 254-1) ambos del Pdto. Civil, aplicables en el caso presente con la permisión impuesta por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo (C.P.T.); de manera que en virtud a lo expresado, releva a este Tribunal considerar el recurso interpuesto por el recurrente.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contendida por los arts. 15 y 60 inc. 1) de la L.O.J., y 271 inc. 3) del Pdto. Civil, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 217, ANULA obrados hasta fs. 29 inclusive, debiendo la a-quo pronunciarse sobre su competencia o incompetencia para conocer la demanda.

No siendo excusables las omisiones incurridas, se sanciona a la Juez de primera instancia y a los Vocales suscribientes del auto de vista recurrido, con una multa de Bs. 100 a ser descontados de sus haberes por habilitación.

Relator:Ministro Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 16 de diciembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda