SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 085

Sucre, 12 de diciembre de 2.005

DISTRITO: La Paz PROCESO: Laboral de Beneficios Sociales.

PARTES: Wálter Hoz de Vila y otros c/ CORDEPAZ (PIL LA PAZ)

MINISTRO RELATOR: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 180-181 deducido por Adolfo Ustárez Centellas en representación de la Prefectura del Departamento de La Paz, contra el auto de vista No. 310/97 de 15 de septiembre de 1997 cursante de fs. 175, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso laboral de beneficios sociales que sigue Wálter Hoz de Vila y otros contra CORDEPAZ (PIL-LA PAZ); el dictamen del Fiscal General de la República de fs. 185, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido 2do del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió sentencia el 23 de diciembre de 1994 (fs. 155-156), declarando probada en parte la demanda (de fs. 29-30), con referencia al actor Walter Hoz de Vila, ordenando que se cancele sus beneficios sociales con aplicación del D.S. 23381; e improbada con relación a los demás actores Gonzalo Adriázola, Jhonny Rivas, Orlando Paravicini y Amador Rengel.

Que, en grado de apelación, por auto de vista No. 310/97 de 15 de septiembre de 1997 (fs. 175 y vta.), se confirma en todas sus partes la sentencia de fs. 155, sin costas por ser ambas partes apelantes.

Que, contra el auto de vista, la Prefectura del Departamento de La Paz, plantea recurso de casación en la forma y solicita nulidad de oficio, impetrando se anule obrados hasta el vicio más antiguo por no haber intervenido el Ministerio Público en el proceso, en apoyo de los arts. 81 y 82-a) de la Ley del Ministerio Público; 34 inc. b) del Código del trabajo y 252 del Pdto. Civil.

CONSIDERANDO II: Que, así expuesto el fundamento del recurso, corresponde establecer el marco normativo y jurisprudencial relacionado con la intervención del Ministerio Público, en aquellos procesos en los que la entidad demandada es una institución pública. En ese orden, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido por los arts. 124 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), el Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad, a quienes representa en el marco de la Ley.

Que, a este efecto, siendo deber del Tribunal Supremo fiscalizar, intra proceso, si los tribunales inferiores observaron en la tramitación y resolución de la causa, las normas que hacen a los actos y actuaciones procesales, conforme determina el art. 15 de la L.O.J.; de la revisión de obrados, se colige que el tribunal de apelación no ha advertido la omisión en que se incurrió a tiempo de emitir el auto de vista; por cuanto el art. 82 inc. a) de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 1469 de 19 de febrero de 1993, bajo cuya vigencia se tramitó el proceso, establece: "los fiscales deben intervenir en los juicios sociales en que sean demandadas instituciones estatales o entidades del sector público". A su vez, el art. 35 de la misma ley determina "la participación y la acción del Ministerio Público es obligatoria en todo proceso judicial y administrativo en que tenga interés el Estado"; finalmente por imperio del art. 30 en su segunda parte, en forma in-fine, dispone: "En los casos señalados por ley, la no intervención del Ministerio Público en los procedimientos judiciales y trámites administrativos, será causal de nulidad".

Que, de su parte el art. 34 inc. b) del actual Código Procesal del Trabajo (C.P.T.), previene que el Ministerio Público estará representado por un fiscal que, con carácter permanente y exclusivo, dictamine para sentencia, "cuando el demandado sea el Estado en alguno de sus Ministerios o en las Prefecturas de Departamento, siendo suficiente en estos casos la simple notificación al Ministerio Público"; en concordancia con este precepto normativo el art. 127-I del Pdto. Civil, preceptúa: "Cuando el Estado fuere el demandado, será citado en la persona del fiscal y el jefe de la repartición correspondiente". Estas normas legales citadas son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por imperio del art. 90 del compilado adjetivo civil.

CONSIDERANDO III: Que, en el caso sub-lite, siendo la institución demandada, una entidad dependiente del Estado, en virtud a las disposiciones legales contenidas en el inciso a) del segundo considerando del auto de vista recurrido, es de inexcusable cumplimiento la intervención del Ministerio Público, al evidenciar de obrados que los de instancia, han infringido las normas anteriormente citadas; por cuanto no consta del expediente haber sido citado ni notificado con ningún acto desarrollado en el curso del proceso, es decir, no se le citó con la demanda, no emitió su dictamen antes del pronunciamiento de la sentencia. En segunda instancia tampoco se le dio intervención, habiéndose pronunciado el auto de vista impugnado sin su dictamen. Esta omisión, conforme se tiene fundamentado, motiva la nulidad de obrados al tenor de lo dispuesto por los arts. 252 y 254-7) del Pdto. Civil, por incumplimiento de normas procesales de orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. Así lo estableció este Tribunal en casos similares, a través de los Autos Supremos 111 de 27 de abril de 2005 y 110 de 20 de diciembre de 2004, entre otros.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contendida por los arts. 15 y 60 inc. 1) de la L.O.J., y 271 inc. 3) del Pdto. Civil, de acuerdo con el dictamen fiscal de fs. 185, ANULA obrados hasta fs. 155 inclusive, vale decir hasta el estado de remitirse el proceso ante el Ministerio Público, a efecto de que emita a la brevedad posible dictamen para sentencia, conforme al art. 34 del Código Procesal del Trabajo y, posteriormente, se dicte la sentencia que corresponda, dejándose sin efecto la nota de fs. 154 vlta. Sin responsabilidad por ser excusable.

Relator:Ministro Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 12 de diciembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda