SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 079

Sucre, 7 de diciembre de 2.005

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Social.

PARTES: Mario Ricardo Flores Vaca c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos "Y.P.F.B." representado por Marcelo Zamora Toledo

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 103-105, interpuesto por Marcelo Zamora Toledo, representante legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), contra el Auto de Vista de fs. 97-98, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso social instaurado por Mario Ricardo Flores Vaca contra la entidad recurrente; la concesión del recurso efectuada mediante resolución de fs. 106, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que tramitado el proceso de referencia, el 6 de enero de 2001, el Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social, pronunció la sentencia de fs. 81-82 vta., declarando probada la demanda de fs. 18-19, con costas y ordenando a la empresa demandada pague el importe de Bs. 33.666,57.- de conformidad a la liquidación que cursa en el memorial de la demanda, menos el importe de la prima, por no haberse acreditado utilidades. A tal efecto, dispuso la observancia del DS 23381 de 29 de diciembre de 1992.

Deducida la apelación por el representante de YPFB, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 15 de mayo de 2001 (fs. 97-98), confirmó en parte la sentencia impugnada, con la modificación de incluirse en los beneficios sociales la prima demandada, aprobando en consecuencia la liquidación que corre en la demanda de fs. 18-19, debiendo cancelar la empresa demandada la suma de Bs. 41.666,57.-.

En virtud a este fallo, la empresa demandada interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, en base a los siguientes argumentos:

Recurso de casación en el fondo: aduce que se han violado los principios de administración de justicia, de legitimidad y probidad, en el entendido de que las pruebas de fs. 1-10, no fueron debidamente compulsadas, pues no se advierte la existencia de parámetros para aseverar que el demandante haya trabajado desde 1994 hasta 1997. Asimismo señala que los informes de fs. 8, 58 y 59 de ninguna manera pueden decidir sobre la verdad de los hechos. La prueba que cursa de fs. 39 a 54, afirma, no se la consideró en absoluto, pues esas facturas son el reflejo de que el incoante no era trabajador de YPFB. De igual manera, aduce la vulneración de los arts. 2, 5, 6, 152 y 153 de la Ley General del Trabajo; de su procedimiento; art. 1 de la Ley de Organización Judicial y Decretos Supremos de la materia, "al interpretar de forma errónea y asociar aspectos civiles con los laborales" (sic).

Recurso de casación en la forma: afirma que el fallo del Tribunal ad quem es ultra petita por haber modificado e incrementado el monto establecido en sentencia, con el argumento de que la empresa demandada no presentó el balance anual, sin especificar de que año.

CONSIDERANDO: Que en virtud a lo dispuesto por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) en relación al art. 90 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Tribunal Supremo fiscalizar intra proceso, si los tribunales inferiores observaron en la tramitación y resolución de la causa las normas que rigen los actos procesales, así como los plazos establecidos, para en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Con esta facultad, de la revisión de los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal, se advierte que tanto en la sentencia de primera instancia como en el Auto de Vista impugnado, los juzgadores de instancia no cumplieron con el precepto normativo establecido en el art. 202.b) del CPT, referido a las reglas que deben observarse para el pronunciamiento de la sentencia y que señala: "en la parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con determinación obligatoria e inexcusable de la cuantía de las obligaciones que debe pagar el demandado. La liquidación que contenga deberá referirse a todos y cada uno de los conceptos a que se refiere el auto de prueba previsto en el artículo de este Código, bajo responsabilidad". De lo que se infiere, que la liquidación de los beneficios sociales constituye un elemento esencial de la sentencia, en virtud al cual se determinará la cuantía que deben cancelar los demandados, en aquellos procesos en los que se declare probada la demanda.

En efecto, en la sentencia de primera instancia, el a quo no realizó la liquidación exigida en el precepto normativo anteriormente invocado, pues se limitó a señalar que la misma se encuentra en el memorial de la demanda, obviando el hecho de que por mandato de esa disposición legal, era su obligación efectuar la liquidación correspondiente haciendo constar de manera detallada todos y cada uno de los conceptos establecidos en el Auto de relación procesal que han sido debidamente probados y que deben ser cancelados por la entidad demandante.

Por otro lado, esta omisión, que amerita la nulidad de obrados por incumplimiento de normas procesales de orden público, no fue observada por el Tribunal de alzada al momento de pronunciar su resolución, por el contrario, incurrió en el mismo error que el a quo, toda vez que modificó los alcances de la sentencia apelada y haciendo una nueva compulsa de los elementos probatorios acumulados al expediente, determinó que, además de lo establecido en sentencia, le corresponde al demandante la cancelación de la prima anual; empero, no efectuó la liquidación que ameritaba la aludida modificación, infringiendo de esta manera los designios del art. 202.b) del CPT, situación que motiva, indudablemente, la anulación de obrados conforme estableció este Tribunal en los Autos Supremos 175 y 176 de 15 de abril de 2004, entre otros.

Consecuentemente, al haberse infringido una norma de orden público y de cumplimiento obligatorio al tenor de lo dispuesto por el art. 90 del CPC, corresponde la anulación de obrados de conformidad a los arts. 254.4) y 275 del procedimiento citado, aplicables al caso por disposición del art. 252 del CPT.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 60.1) de la LOJ, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 109-110, ANULA obrados hasta fs. 80 vta. inclusive, debiendo el a quo pronunciar nueva sentencia de acuerdo a los fundamentos del presente Auto Supremo. Con responsabilidad, para el Juez de Primera instancia de Bs. 100.- y para los Vocales que suscribieron el Auto de Vista impugnado, Bs. 200.-, para cada uno de ellos.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 7 de diciembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda.