SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

AUTO SUPREMO: Nº 073 Sucre, 5 de diciembre de 2.005

DISTRITO: La Paz PROCESO: Contencioso tributario.

PARTES: Empresa Textiles Punto Blanco S.A. c/ Dirección Distrital de Grandes Contribuyentes de La Paz GRACO.

MINISTRO RELATOR: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 36-37 vta., interpuesto por Juan Wilfredo Oblitas Tudela, en representación de la Dirección Distrital de Grandes Contribuyentes de La Paz, GRACO, contra el Auto de Vista de fs. 31, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso contencioso tributario, seguido por la Empresa Textiles Punto Blanco S.A. contra la Administración Regional de Impuestos Internos de La Paz; los antecedentes del proceso, el dictamen del Sr. Fiscal General de la República de fs. 43, y

CONSIDERANDO: Que, planteada la demanda de fs. 1-3 del testimonio, es tramitada conforme a ley y el Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, pronuncia el Auto motivado de fs. 12 vta. a 14, declarando IMPROBADA la excepción previa de falta de competencia, opuesta por la Administración Regional de Impuestos Internos de La Paz. En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial, mediante el Auto de Vista de fs. 31, CONFIRMA la resolución apelada; fallo éste que motivó el recurso de casación que se examina, el cual acusa la errónea interpretación y aplicación de los arts. 238 del Código Tributario y 337 del Código de Procedimiento Civil; pidiendo que la Corte Suprema case el auto de vista recurrido.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los antecedentes procesales y fundamentos expuestos en el recurso en estudio, se deriva lo siguiente:

1) Que, tal cual consta en el cuaderno testimoniado, la Administración Tributaria expidió las Intimaciones de Pago Nos. 36412-595-3, 36413-595-2, 36414-595-3 y 36415-595-0, en apoyo de los arts. 136 y 160 del Código Tributario, habiendo notificado con ellas al sujeto pasivo, Textiles Punto Blanco S.A., con el fin de que cancele la diferencia no pagada en sus declaraciones juradas por el IVA e IT. Al no haber merecido la impugnación que correspondiera, se giraron los Pliegos de Cargo Nos. 409/95 y 413/95, los cuales son objetados por la empresa contribuyente, a través de la demanda contencioso tributaria de fs. 13 del expediente original, a cuya consecuencia, el órgano tributario suscitó la excepción previa de incompetencia, la que fue declarada improbada por el Juez a quo y confirmada por el Tribunal ad quem; causa del recurso en examen.

2) En ese orden, se advierte que el fundamento de las resoluciones de grado, para declarar improbada la excepción de incompetencia, basadas en la aplicación del art. 337 del Adjetivo Civil, es completamente errado. Es más, el a quo expresa un razonamiento también equívoco, al entender que, lo que se refuta, es su competencia para el conocimiento de procesos contencioso tributarios, por demandas originadas en actos que determinen tributos y, en general, de las relaciones jurídicas emergentes de la aplicación de leyes tributarias, cuando lo cierto es que se lo hace, pero, sobre títulos coactivos suficientes, que se encuentran en la fase de cobranza coactiva, como es el caso sub lite. Por eso, corresponde establecer diferencias entre aquellos actos que pueden ser impugnados en la vía contencioso tributaria y los otros que, por su estado, no tienen expediente ulterior.

3) Que, conforme el Tribunal Supremo ha dejado establecido en la uniforme jurisprudencia expedida en la materia, la declaración jurada presentada por el contribuyente ante el ente recaudador y fiscalizador, en sometimiento a lo dispuesto por los arts. 133, 136 y 304 del Código Tributario, concreta una efectiva autodeterminación impositiva; por cuanto el contribuyente, al momento de inscribirse, asume la obligación legal de presentar periódicamente sus declaraciones impositivas, emergentes de aquellos hechos previstos en la ley, como generadores de una obligación tributaria; autodeterminación a la que la Administración Tributaria se subordina, en el marco de los arts. 136 y 304 antes citados, para que, en base a los resultados de la información obtenida en el sistema, proceda a intimar el pago de lo declarado y no pagado, o de lo que faltare pagar en caso de haberse cancelado parcialmente, o ante el incumplimiento del plan de pagos propuestos por el sujeto pasivo, o de los pagos a cuenta determinados por el órgano tributario conforme a ley, incluidos aquellos emergentes de los errores aritméticos que éste hubiere advertido. En todos estos casos, existe un crédito en monto líquido y exigible, reconocido y admitido por el contribuyente y, aconteciendo ello, no se requiere de un proceso de fiscalización para la determinación de esa suma adeudada, correspondiendo girarse y notificarse al contribuyente con la intimación y, ulteriormente, con el pliego de cargo, circunstancia en la que se ingresa a la etapa de cobranza coactiva, que debe efectuar el órgano tributario, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 304 del Código Tributario, incluidas "[...] las autodeclaraciones juradas presentadas por los sujetos pasivos y que fueron pagados total o parcialmente.".

4) Por lo manifestado, resulta que en el presente caso, el sujeto pasivo, al no haber impugnado oportunamente los actuados procesales, en observancia del art. 174 del Código Tributario, por los cuales se estableció el adeudo impositivo, consintió en la ejecutoria de los pliegos de cargo señalados y, por eso mismo, se encuentran en la fase de cobranza coactiva, cuyo cumplimiento es obligatorio, a tenor del art. 305 del Código Tributario, que a la letra ordena: "Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado". Precepto abonado por el art. 307 del mismo cuerpo de leyes, cuando expresa: "La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla...".

5) De otra parte, el auto de vista recurrido, ciertamente, incurre en errónea interpretación y aplicación del art. 337 del Código de Procedimiento Civil, invocando la permisión del art. 214 del Código Tributario, cuando manifiesta que las excepciones dilatorias deben ser opuestas en el término de 5 días fatales desde la citación con la demanda y antes de la contestación a ella, concluyendo que la excepción opuesta por el sujeto activo, se presentó fuera de dicho término, ignorando el expreso mandato del art. 238 del Código Tributario, que en forma incontestable determina que: "Las excepciones dilatorias habrán de presentarse todas al mismo tiempo y antes de la contestación". Por lo que, el discernimiento que efectúa el Tribunal de alzada, aplicando la primera norma citada, resulta forzada; y no solo eso -errada interpretación-, sino también transgrede los arts. 214, 238, 304, 305, 306 y 307 del Código de la materia, que resulta, en todo caso, siendo una ley especial, de preferente aplicación, como también infringe los arts. 337 del Adjetivo Civil y 157 de la Ley de Organización Judicial.

Consecuentemente, estando demostradas las infracciones denunciadas en el recurso, corresponde pronunciar resolución en la forma prevista por el art. 274 del Código de Procedimiento Civil, observando la facultad remisiva del art. 297 del Código Tributario.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución conferida por el artículo 60, atribución 1ª) de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 43, CASA el Auto de Vista de fs. 31 y, deliberando en el fondo, declara probada la excepción previa de falta de competencia, opuesta por la Administración Regional de Impuestos Internos de La Paz. Sin responsabilidad por ser excusable.

Relator:Ministro Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 5 de diciembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda