SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO: Nº 057

Sucre, 25 de noviembre de 2.005

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Social.

PARTES: Sandro Agreda Rodríguez c/ Honorable Alcaldía Municipal de Vinto.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 74-75, interpuesto por Ivonne Agreda Rodríguez en representación de Sandro Agreda Rodríguez, contra el Auto de Vista No. 208/2001 de fs. 71 y vta. de obrados, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social instaurado por la recurrente contra la Honorable Alcaldía Municipal de Vinto; la concesión del recurso efectuada mediante resolución de fs. 77 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que, dentro del proceso señalado, el 15 de marzo de 2001, la Jueza de Partido Primero del Trabajo y Seguridad Social, pronunció la sentencia de fs. 58 y vta., declarando probada la demanda de fs. 8-10 e improbada la excepción perentoria de prescripción formulada a fs. 34, en consecuencia, conminó a la Alcaldía Municipal de Vinto para que cancele a favor del demandante la suma de Bs. 3.892,58.- más los reajustes dispuestos por el DS 23381 de 29 de diciembre de 1992.

En apelación deducida por el representante legal de la institución demandada, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, revocó la sentencia impugnada declarando improbada la demanda, con el argumento de que el demandante fue encontrado en horas de trabajo bebiendo en un local de expendio de bebidas alcohólicas, y que junto a su alarife realizaba trabajos particulares ajenos a la institución, antecedentes que debieron haberse hecho constar en el memorando de despido, puesto que importan incumplimiento del contrato de trabajo sancionado por el art. 16.e) de la Ley General del Trabajo (LGT), razón por la que no tiene derecho al desahucio, a la indemnización ni a las duodécimas de aguinaldo de acuerdo al art. 51 del DR No. 224 de 23 de agosto de 1943.

En virtud a este fallo, el demandante, a través de su apoderada, interpuso recurso de casación y o nulidad, aduciendo que en primera instancia se estableció que la extinción del vínculo laboral se debió a la reestructuración administrativa y no a las causales previstas por los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, como determinó el Tribunal de apelación, situación que implica la vulneración de los arts. 4, 13 y 19 de la LGT, la Ley de 18 de diciembre de 1944 y el art. 162 de la Constitución Política del Estado. Concluye solicitando se case el Auto de Vista impugnado y se declare probada la demanda en todas sus partes.

CONSIDERANDO: Que, atendiendo los principios inherentes a la legislación laboral, como el in dubio pro operario, el de primacía de la realidad y de la razonabilidad, es pertinente analizar los fundamentos del recurso tomando en cuenta las razones de decisión del Auto de Vista impugnado, en contraste con los hechos denunciados en la presente acción extraordinaria y los antecedentes del proceso, siendo imprescindible establecer, de manera precisa, las causas por las que el representado de la recurrente fue retirado de su fuente de trabajo.

En ese orden, cabe indicar que de la revisión de los antecedentes que informan el proceso, se evidencia que a fs. 2 del cuaderno procesal, cursa el memorando sin número de 10 de julio de 1998, dirigido a Sandro Agreda Rodríguez designándole topógrafo municipal de la H. Alcaldía Municipal de Vinto, documento firmado por el Alcalde Romeo Claros A.

Posteriormente, a fs. 3, consta el memorando sin número de 4 de diciembre de 1998, dirigido a Sandro Agreda Rodríguez, mediante el cual, el Alcalde Municipal de Vinto, por motivos de reestructuración administrativa le agradece por los servicios prestados y prescinde de ellos.

Ahora bien, de la lectura de este documento, se evidencia con meridiana claridad que en virtud a la "reestructuración administrativa" que se implementó en la Honorable Alcaldía Municipal de Vinto, se prescindió de los servicios que prestaba el representado de la recurrente y no así por las diferentes llamadas de atención de las que fue objeto en el ejercicio de sus funciones, conforme consta en los documentos de fs. 49, 50 y 51 de obrados, pues tales hechos no constan en el aludido memorando como causales de despido, por ello, es lógico concluir que Sandro Agreda Rodríguez, fue retirado de su fuente laboral por causa ajena a su voluntad, con todos los efectos que ello implica.

Cabe señalar también, que la norma del art. 16 de la LGT, en concordancia con el art. 9 de su Decreto Reglamentario, establecen de manera precisa cuáles son las causales por las que no procede el pago del desahucio ni indemnización a favor de los empleados u obreros; pues bien, si lo que se pretende es retirar a un determinado funcionario de su fuente laboral por haber incurrido en una de estas causales, debe hacerse constar expresamente ese hecho en su memorando de agradecimiento de funciones, para en base a ello, determinar los derechos y obligaciones que le asisten al trabajador despedido. En el caso de Autos, la institución demandada no acreditó este extremo, pues si bien es cierto que en el ejercicio de sus funciones Sandro Agrega Rodríguez fue objeto de diversas llamadas de atención, no es menos evidente que su retiro no se debió a estas circunstancias, toda vez que el memorando de fs. 3, claramente señala que la prescindencia de sus servicios se debe a la reestructuración administrativa de la institución, correspondiendo en consecuencia el pago de todos los beneficios sociales conforme establece el art. 13 de la LGT.

Consiguientemente, se infiere que el Tribunal de alzada, en una errónea apreciación de los elementos probatorios presentados en el trámite del proceso y vulnerando las disposiciones del art.13 de la LGT, revocó la sentencia de primera instancia con el simple argumento de que debió hacerse constar en el memorando de agradecimiento de servicios, las diferentes llamadas de atención de las que fue objeto Sandro Agreda Rodríguez, siendo evidente, en consecuencia, las infracciones acusadas por el recurrente en su memorial del recurso, en el entendido de que el empleado mencionado fue retirado por una causa ajena a su voluntad, correspondiéndole, como no podía ser de otra manera, el reconocimiento de sus beneficios sociales tal cual se estableció en primera instancia.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, con la facultad que le confiere el art. 60.1) de la Ley de Organización Judicial, en aplicación del art. 274 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 80, CASA el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo mantiene firme y subsistente la sentencia de primera instancia. Sin responsabilidad por ser excusable.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 25 de noviembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda.