SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO: Nº 055

Sucre, 25 de noviembre de 2.005

DISTRITO: La Paz PROCESO: Social.

PARTES: Juan Carlos Lazo Bravo c/ Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

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VISTOS: El recurso de casación de fs. 97 y vta., interpuesto por Julio Quintanilla Gosalvez, en representación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), contra el Auto de Vista No. 308/2000-SSA-I de fs. 84 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso social instaurado por Juan Carlos Lazo Bravo contra el recurrente; la concesión del recurso efectuada mediante resolución de fs. 99, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que, dentro del proceso de referencia, el 22 de octubre de 1998, el Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social pronunció la sentencia de fs. 71-72, declarando probada en parte la demanda de fs. 9-10 de obrados, con costas, debiendo la empresa demandada cancelar a favor del demandante la suma de Bs. 5.748,33.- conforme a la liquidación elaborada.

Deducida la apelación por el representante de COMIBOL, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, confirmó parcialmente la sentencia impugnada, con la modificación de que se excluya de la liquidación los importes correspondientes a desahucio, indemnización y subsidio de lactancia, quedando como saldo a cancelar la suma de Bs. 2.076,33.- sin lugar a la indexación, por no constituir beneficios sociales. Sin costas por la modificación.

En virtud a este fallo, el representante legal de COMIBOL interpuso recurso de casación en el fondo, conforme consta a fs. 97 y vta. de obrados, en el que acusó la infracción del art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

CONSIDERANDO: Que, por permisión expresa de la norma señalada por el art. 252 del CPT, los aspectos no previstos en la referida ley, deben regirse por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y por las del procedimiento civil, siempre que no se violen los principios generales del Derecho Procesal Laboral. En tal virtud, se infiere que cuando se interpone el recurso extraordinario de casación o nulidad, los actores deben circunscribir su demanda a las previsiones del Capítulo IV del Título V de los recursos, arts. 250 al 282 del adjetivo civil, referidos, expresamente, al recurso en análisis.

Dentro de ese marco normativo, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido de manera reiterada que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos, conforme establece la norma prevista por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

A tal efecto, cabe precisar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo, se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el art. 253 del CPC, cumpliendo las exigencias previstas por el art. 258 del citado procedimiento; es decir, que el recurrente debe indicar en términos claros concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

CONSIDERANDO: Que en el caso de Autos, el recurso planteado no se adecua al marco normativo anteriormente descrito, toda vez que el recurrente acusó la infracción del art. 253 del CPC, norma que se refiere exclusivamente al recurso de casación en el fondo y los casos en que éste procede, así por ejemplo, cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. En este contexto, el recurrente debió circunscribir los fundamentos de su recurso a una de las causales de procedencia de la acción extraordinaria planteada, a efectos de que éste Tribunal verifique si tales infracciones son evidentes o no; al no hacerlo, motivó la improcedencia de su acción extraordinaria por no cumplir con la adecuada técnica jurídica en su interposición.

Por otro lado, y a mayor abundamiento, es preciso señalar que los fundamentos del recurso constituyen la relación de los antecedentes por los que discurrió el proceso, en el que no se citó los preceptos normativos que supuestamente fueron violados o aplicados falsa o erróneamente por los juzgadores de instancia. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo estableció a través del AS 115 de 20 de diciembre de 2004, que: "El recurso con las limitaciones antes señaladas en su contenido, no cumple con el voto del citado Art. 258 - 2) en cuanto aquel debe responder a la exigencia inexcusable de la cita clara, concreta y precisa del folio del expediente, la ley o leyes violadas o mal aplicadas falsa o erróneamente, especificando en que consiste la violación, falsedad o error; cualquiera sea la naturaleza jurídica del recurso, ya sea en el fondo, en la forma o en ambos, extremo que tampoco se especifica; sin que sea suficiente la acusación genérica de violación de la ley, ni la invocación de normas para la viabilidad procesal de aquél. Consecuentemente, dada la omisión en la que incurre el recurso no se abre la competencia del tribunal para su conocimiento en el fondo, inviabilizándolo al no existir en el mismo, materia sobre la que pueda pronunciarse el Tribunal de Casación, por lo que corresponde dar aplicación al Art. 272 - 2) del Código Adjetivo Civil".

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, con la facultad que le confiere el art. 60.1) de la Ley de Organización Judicial, en aplicación de los arts. 271.1) y 272.2) del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, de acuerdo con el dictamen fiscal de fs. 101, declara IMPROCEDENTE, el recurso de fs. 97 y vta., con costas.

No se regula honorario profesional por no haber sido respondido el recurso.

Relator:Ministro Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 25 de noviembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. Segunda.