SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA AUTO SUPREMO: Nº 052

Sucre, 22 de noviembre de 2.005

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Beneficios Sociales.

PARTES: Marcos Quispe Gonzáles c/ Empresa importadora y venta de repuestos CRESPO S.R.L.

MINISTRO RELATOR: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

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VISTOS: El recurso de fs. 110-111 interpuesto por Jeanette Quiroga Fernández, en representación de María Elizabeth Crespo Tarifa, propietaria de la empresa importadora y venta de repuestos "Crespo S.R.L.", contra el auto de vista No. 218/2001 de 8 de mayo de 2001 cursante de fs. 107-108, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; dentro el proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Marcos Quispe Gonzáles contra la recurrente, la respuesta de fs. 114-116, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso, el Juez de Partido 2do de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió sentencia el 24 de marzo de 2001 (fs. 71-72 vta), declarando probada la demanda de fs. 7-9, e improbada la excepción de pago de fs. 35-36, ordenando que María Elizabeth Crespo Tarifa en su calidad de propietaria de le empresa "Crespo S.R.L." en 3ro día de ejecutoriada la sentencia pague al demandante Marcos Quispe Gonzáles el monto de la liquidación de Bs. 9.499,69, más los reajustes previstos por el D.S. No. 23381 de 29 de diciembre de 1992, por el retraso en el pago de los beneficios sociales.

Que, en grado de apelación, por auto de vista No. 218/2001 de 8 de mayo de 2001 (fs. 107-108), se confirma la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Que, contra este auto de vista, la demandada por intermedio de su apoderada, plantea recurso de casación en el fondo, impetrando se case el auto de vista de 8 de mayo de 2001 y, deliberando en el fondo, revoque la sentencia de 24 de marzo de 2001 y se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que, del examen del proceso y la revisión del recurso de casación en el fondo, la recurrente acusa violación de los Arts. 6 de la Ley General del Trabajo (L.G.T.); 6 de su Decreto Reglamentario de 23 de agosto de 1943; 519 del Código Civil y 19 de la Ley 1760 de 28 de febrero de 1997; así como error de derecho y error de hecho en la aplicación de la prueba.

Al efecto, hace alusión que tanto la sentencia como el auto de vista, desconocen el valor legal del contrato de trabajo de fs. 32-33, además que con este documento ha acreditado el promedio salarial que percibía el demandante; que es parcializado sostener que es confesión provocada, el hecho de haber incluido en su liquidación de fs. 35 vta., desahucio e indemnización, ya que por el otrosí de dicho memorial hizo presente que se toma en cuenta en la liquidación conceptos que no le corresponden percibir al actor; finalmente que el monto consignado en el cheque de fs. 34 coincide con la liquidación de fs. 35 vta., con el que se hubiera pagado la integridad de los beneficios sociales; por esta razón considera que estuviera probada la excepción de pago.

CONSIDERANDO III: Que, en este marco legal corresponde analizar si lo denunciado por la recurrente es evidente, de cuyo estudio y compulsa, se llega a la siguiente conclusión:

1).- El contrato de trabajo a plazo fijo de 16 de enero de 1988 (fs. 32-33), no se ajusta a la verdad, por cuanto consta de obrados que la fecha de ingreso del trabajador fue el 2 de mayo de 1997, y dicho contrato tiene fecha posterior, aspecto que ha sido corroborado por la misma recurrente al establecer que el actor trabajó 2 años, 9 meses y 22 días; por lo demás el demandado demostró que trabajó hasta el 24 de febrero de 2000, fecha en que fue despedido injusta e intempestivamente de su fuente laboral y acusado por delito de hurto y recluido en el penal de Arocagua, en cuyo proceso fue sobreseído.

2).- El demandante no ha reconocido como suya la firma que aparece en el contrato de fs. 32-33, conforme consta del acta de fs. 63, además expresa que en reiteradas oportunidades fue falsificada su firma. Ante tal situación, siendo perjudicial para el trabajador dicho documento, es menester la aplicación de los arts. 162 de la Constitución Política del Estado (C.P.E.) y 4 de la L.G.T., por cuanto el informe pericial al que hace referencia la recurrente, no fue propuesto como prueba en primera instancia, además fue presentado después de dictada la sentencia y no acredita su autenticidad con otro medio probatorio, tampoco fue ratificado en calidad de prueba en segunda instancia, menos solicitó la demandada apertura de término de prueba en función a lo previsto por el art. 232 del Pdto. Civil, concordante con los arts. 208 y 252 del Código Procesal del Trabajo (C.P.T.).

3).- Finalmente, consta de obrados que la demandada no obstante las conminatorias de fs. 38 vta. y 43, no presentó las planillas de pago de los últimos meses, solicitadas por el actor, omisión que constituye presunción de verdad (arts. 167 y 182 C.P.T.), hecho que ratifica el promedio salarial de Bs. 1.224 como se asevera en la demanda; situación que no fue desvirtuada por la recurrente dentro la tramitación del proceso, no obstante la inversión de prueba prevista por los Arts. 3 incs. g) y h); 66 y 150 del citado Cdgo. Procesal del Trabajo. En la especie, es de aplicación la primacía de la realidad establecida en materia social, de tal manera, el trabajador tiene derecho al desahucio, indemnización y demás beneficios sociales; por consiguiente, el cheque de fs. 34 no comprende la liquidación total que corresponde al actor, y al no existir recibo debidamente suscrito por el demandante manifestando conformidad, como establece el art. 135 del C.P.T., tampoco procede la excepción de pago como acertadamente han determinado los de instancia.

CONSIDERANDO III: Que, si bien la demandada cita algunas disposiciones supuestamente violadas, sin embargo no precisa de qué manera se hubiera infringido o en qué consiste la vulneración acusada, porque lo argumentado no desvirtúa la pretensión del actor, en razón de que los beneficios asignados por la sentencia de primera instancia y confirmado por el auto de vista recurrido, se hallan enmarcados en la normativa vigente en defensa del trabajador; máxime si tampoco se advierte ninguna infracción a normas legales, peor aún la demandada no acreditó, conforme dispone la última parte del inc. 3) del art. 253 del pdto. Civil, en qué consiste el error de derecho y error de hecho en la aplicación de la prueba.

Que, contrariamente, es menester la aplicación de los Arts. 19 de la L.G.T.; 1ro de la Ley de 9 de noviembre de 1949 y 11 del D.S. 1592 de 19 de abril de 1949; los cuales establecen que, el sueldo o salario indemnizable comprende el conjunto de dineros que perciba el trabajador. En el caso de análisis, el actor ha afirmado que percibía como salario mensual la suma de Bs. 1.224, en consecuencia este monto resulta el promedio salarial, como acertadamente han considerado los tribunales de instancia; tomando en cuenta además que es deber primordial del Estado proteger los derechos de los trabajadores, en cumplimiento a los principios de primacía de la realidad, de proteccionismo y del principio de inversión de prueba en materia laboral, consagrados en nuestra legislación.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida por el inc. 1) del art. 60 de la L.O.J., en cumplimiento a los arts. 271 inc. 2) y 273 del Pdto. Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 110-111 interpuesto por la parte demandada, con costas.

Se regula el honorario profesional, en la suma de Bs. 500 que mandará pagar el tribunal ad quem.

Relator:Ministro Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado: Dr. Eddy Walter Fernández Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído: Sucre, 22 de noviembre de 2.005

Ma. del Rosario Vilar G.

Secretaria de Cámara de la Sala Social y Administrativa Segunda